El discurso de Washington (segunda parte)
Al Gore denuncia el desmoronamiento de las instituciones
democráticas estadounidenses
Después de describir el poder absoluto que se atribuye George W. Bush, tanto
en Estados Unidos como a nivel mundial, Al Gore estigmatiza la filosofía
constitucional que los nuevos miembros de la Corte Suprema se disponen a imponer
para situar al presidente por encima de las leyes. Condena además el
desmoronamiento del Congreso en cuyo seno se generaliza la corrupción. Ante
nuestros ojos, los tres poderes se confunden en uno solo dando lugar a una
tiranía a la que sólo puede hacer frente una reacción del pueblo. Publicamos hoy
el final del discurso que el ex vicepresidente de Estados Unidos pronunciara, el
16 de enero de 2006, en un encuentro organizado por la American Constitution
Society y la Liberty Coalition.
Pulse aquí para leer la primera parte del discurso pronunciado
en Washington por Albert Gore
Ese mismo instinto que trata de ampliar el poder y
establecer un dominación caracterizó las relaciones entre esta administración,
los tribunales y el Congreso. En un sistema que funcione correctamente, la rama
judicial serviría de árbitro constitucional para garantizar que las instancias
de gobierno se atengan a su propia esfera de autoridad, respeten las libertades
civiles y se mantengan dentro del Estado de derecho.
La Corte Suprema en alianza con el ejecutivo
Desgraciadamente, el ejecutivo unilateral se esforzó
por minar la capacidad del poder judicial para desempeñar su papel manteniendo
los diferendos fuera de su alcance (sobre todo aquellos que hacían peligrar su
derecho a mantener detenidos a individuos sin juzgarlos), nombrando jueces que
debían mostrarse complacientes ante su manera de ejercer el poder y su apoyo a
las violaciones de la independencia de la tercera rama.
La decisión del presidente, por ejemplo, de ignorar
la ley FISA [1] era un ataque frontal al poder de los jueces que
componen esa corte. El Congreso creó la corte FISA precisamente para que
ejerciera un control sobre el poder ejecutivo.
Sin embargo, para garantizar que la corte no pudiera
ser un obstáculo para el poder ejecutivo, el presidente simplemente se abstuvo
de presentarle los casos. Además, ni siquiera hizo saber a la corte que la
estaba dejando al margen.
Las nominaciones judiciales del presidente se
efectúan claramente de manera que garanticen que los tribunales no puedan
ejercer control sobre el poder ejecutivo. Como ya sabemos todos, el juez
Alito [2] es desde hace mucho favorable a un ejecutivo fuerte,
es partidario del supuesto ejecutivo unitario [3]. Estén de acuerdo o no con su confirmación –y
respeto el hecho de que algunos patrocinadores de este evento así lo hagan–, sea
cual sea el punto de vista de ustedes, tenemos que estar de acuerdo sobre el
hecho de que él no votará como supervisor de la expansión del poder ejecutivo.
De la misma forma, el presidente de la Corte Suprema, el juez Roberts [4] no ocultó su simpatía por la expansión del poder
ejecutivo al apoyar la sumisión del poder judicial a las decisiones de los
órganos ejecutivos.
La administración apoyó también el asalto contra la
independencia judicial emprendido principalmente desde el Congreso. Ese asalto
incluía la amenaza, por parte de la mayoría senatorial, de cambiar
definitivamente las reglas para eliminar el derecho de la oposición a participar
con profundidad en los debates sobre las nominaciones del presidente.
El asalto se prolongó mediante esfuerzos
legislativos tendientes a diezmar la competencia de los tribunales sobre asuntos
que van desde el habeas corpus [5] hasta el juramento de fidelidad.
En resumen, la administración ha dado prueba de su
desprecio por el órgano judicial y ha tratado de evitar en todo momento el
examen judicial de sus acciones.
La corrupción del Congreso
Sin embargo, los más graves daños
a nuestra estructura constitucional han sido los inflingidos a la rama
legislativa.
El agudo declive del poder y de la autonomía del
Congreso en los últimos años es casi tan chocante como los esfuerzos del
ejecutivo por obtener esta gran expansión de su poder [6].
Yo fui electo al Congreso en 1976. He sido miembro
de la Cámara de Representantes durante siete años y miembro del Senado durante
ocho. Presidí el Senado durante ocho años, en calidad de vicepresidente [de
Estados Unidos].
Anteriormente, siendo un joven, vi el Congreso de
cerca, como hijo de un senador. Mi padre fue electo al Congreso en 1938 –10 años
antes que yo naciera– y dejó el Senado después de mi graduación como
universitario.
En el plano estructural, el Congreso actual está
irreconocible en comparación con aquel del cual fue miembro mi padre.
Entre los senadores y representantes actualmente en
funciones hay mucha gente distinguida y brillante. Es para mí un honor
conocerlos y haber trabajado con ellos.
Pero toda la rama legislativa del gobierno, bajo su
presidencia actual, funciona actualmente como si estuviera completamente
sometida a la rama ejecutiva.
A mi modo ver, eso es inconcebible y totalmente
ajeno a lo que debe ser el Congreso.
Además, demasiados miembros de la Cámara de
Representantes y del Senado se sienten ahora obligados a pasar más tiempo no
debatiendo los problemas de forma razonable, sino buscando fondos para comprar
espacios publicitarios de 30 segundos en la televisión.
Asimismo, hay ahora dos o tres generaciones de
congresistas que no saben realmente qué cosa es una audiencia de control.
Durante los años 70 y 80, las audiencias de control
en las que participamos mis colegas y yo examinaban el trabajo de la rama
ejecutiva sin importar qué partido estuviese en el poder.
A pesar de eso, el control parlamentario es hoy
prácticamente desconocido en el Congreso.
El papel de las comisiones de autorización ha
decaído hasta hacerse insignificante.
Las 13 leyes de reparto de finanzas apenas se votan
ahora como leyes. A menudo, vienen todas incluidas en un gran paquete familiar
que a veces ni siquiera es propuesto para su lectura ante el Congreso antes del
voto.
Es corriente ahora que los miembros de la oposición
sean excluidos de las comisiones de debate y las enmiendas son a menudo
rechazadas durante el análisis de las leyes en el Congreso.
En el Senado de los Estados Unidos, que se jactaba
antes de ser el mejor órgano de deliberación del mundo, los debates coherentes
se han convertido en algo fuera de lo común.
Incluso en vísperas del voto crucial sobre la
autorización de la invasión de Irak, el senador Robert Byrd [7] planteó la famosa pregunta «¿Por qué
está vacía esta asamblea?».
En la Cámara de Representantes, los que participan
en una verdadera competencia electoral cada dos años son generalmente menos de
una docena entre los 435 miembros.
Y demasiados congresistas han llegado a creer que la
clave para tener acceso constante al dinero para ser reelectos es estar del lado
correcto, del lado de los que tienen dinero que darles.
Por otra parte, en el caso del partido mayoritario,
el proceso en su conjunto es ampliamente controlado por el presidente en
funciones y su organización política. La voluntad del Congreso de oponerse a la
rama ejecutiva se verá así más limitada aún cuando el partido controla a la vez
el Congreso y la administración.
El ejecutivo ha limitado repetidamente el papel del
Congreso. Y el Congreso ha sido reiteradamente cómplice voluntario de la
renuncia a su propio poder.
Analicen, por ejemplo, el papel del Congreso en el
control del programa masivo de escuchas de cuatro años que parece ser una
abierta violación de la Bill of Rights [8]
El presidente dice que él informó al Congreso. Lo
que eso significa en realidad es que habló del asunto al presidente de la
comisión conjunta de inteligencia y a los principales miembros de ésta y, a
veces, a los dirigentes de la Cámara y del Senado.
Ese pequeño grupo afirma a su vez que no le
presentaron los hechos en su totalidad, aún cuando por lo menos uno de los
responsables de la comisión escribió una carta expresándole su inquietud al
vicepresidente.
Además, aunque comprendo la posición ambigua y
difícil en la que fueron puestos esos hombres y mujeres, no puedo estar en
desacuerdo con la Liberty Coalition cuando dice que tanto los demócratas como
los republicanos del Congreso deben compartir la responsabilidad por no haber
sido lo suficientemente activos en protestar y tratar de impedir lo que esa
organización considera como un programa decididamente anticonstitucional.
Muchos lo hicieron. Además, en todo el Congreso,
tanto en la Cámara como en el Senado, la creciente importancia del dinero en el
proceso de reelección, que viene a agregarse al severo declive del debate y de
la deliberación razonada, engendró una atmósfera favorable a la corrupción
institucionalizada a la que algunos se han hecho vulnerables.
El escándalo Abramofs [9] es la parte visible de un gigantesco iceberg que
amenaza la integridad de nuestra rama legislativa de gobierno.
Y es el estado deplorable de nuestro sistema
legislativo lo que explica en esencia el fracaso de nuestro tan elogiado sistema
de control y de equilibrio mutuo de los poderes en cuanto a la prevención del
peligroso acaparamiento por la rama ejecutiva que amenaza en lo adelante con
transformar radicalmente el sistema estadounidense.
Exhorto a los miembros del Congreso de ambos
partidos a que hagan honor a su juramento y defiendan la Constitución. Dejen de
seguir la corriente para permanecer en la corriente. Empiecen a actuar como la
rama independiente e igual del gobierno estadounidense que se supone que sean,
según la Constitución de nuestro país.
La responsabilidad final pertenece al pueblo
Pero, queda aún otro factor. Queda un factor
constitucional cuyas faltas deben ser tomadas también en cuenta y cuyo papel
debe ser examinado para poder comprender el desequilibrio que acompañó esos
esfuerzos de la rama ejecutiva por dominar el sistema constitucional.
Nosotros, el pueblo, somos colectivamente el
elemento clave de la supervivencia de la democracia estadounidense. Debemos
autoanalizarnos. Como decía Lincoln, hasta nosotros aquí tenemos que analizar
nuestro propio papel como ciudadanos en la aceptación y en el hecho de no
prevenir la descomposición intolerable, la pérdida de la esencia y la
degradación de la democracia estadounidense.
Es hora de levantarse por el sistema estadounidense
que conocemos y defendemos.
Es hora de insuflar una vida nueva a la democracia
estadounidense.
Thomas Jefferson dijo «Una ciudadanía
informada es la única garantía verdadera de la voluntad del pueblo.»
Estados Unidos se basa en la convicción de que
podemos gobernarnos nosotros mismos y ejercer el poder del autogobierno.
El ideal de Estados Unidos se basaba en el sólido
principio según el cual el poder justo proviene del consentimiento de los
gobernados. Ese sistema complicado y finamente equilibrado, hoy en grave
peligro, fue creado con la participación más amplia y total del conjunto de la
población.
Los Federalist Papers [10] fueron, en su época, ensayos periodísticos
ampliamente leídos. Además eran solamente una de las 24 recopilaciones que
poblaban el terreno lleno de ideas en el que granjeros y mercaderes repasaban
los prolijos debates que se desarrollaban en Filadelfia.
Más tarde, cuando la Convención había hecho su mejor
esfuerzo, fue el pueblo el que, en sus variadas manifestaciones, se negó a
confirmar el resultado hasta que, debido a su insistencia, la Bill
of Rights se desarrolló integralmente en los documentos sometidos a
ratificación.
Y somos nosotros, el pueblo, quienes tenemos ahora
que encontrar de nuevo la capacidad que teníamos antes para desempeñar un papel
integral en la salvación de nuestra constitución.
Hay razones para sentir inquietud y abrigar a la vez
grandes esperanzas. La era de los panfletos y ensayos políticos impresos cedió
su lugar hace mucho a la de la televisión, un medio que distrae y absorbe, que
parece más destinado a divertir que a informar y educar.
El memorable llamado de Lincoln durante la Guerra
Civil es aplicable ahora, de una manera nueva, a nuestro actual dilema: «Tenemos que despertarnos de nuestro sopor,» dice, «y después salvar nuestro país.»
La degradación del debate público
Cuarenta años han transcurrido desde que la mayoría
de los estadounidenses adoptaron la televisión como principal fuente de
información. Y ese predominio es ahora tan amplio que virtualmente toda
comunicación política está limitada a un escandaloso spot publicitario de 30
segundos, y no son los Federalist Papers.
La economía política, apoyada por esos cortos pero
costosos anuncios televisivos, es tan diferente de la animada política de los
cien primeros años de Estados Unidos como lo era ésta del feudalismo que
prosperaba gracias a la ignorancia de las masas de la era oscura.
El escaso lugar que ocupan las ideas en el actual
sistema político estadounidense favoreció los esfuerzos de la rama ejecutiva
llevándola a creer que puede y que debe controlar el flujo de información como
forma de control de la toma de decisiones importantes que sigue estando en manos
del pueblo.
La administración afirma con vehemencia su
posibilidad de mantener sus acciones en secreto. Después de todo, si las demás
ramas no saben lo que sucede, no pueden desempeñar su papel como elementos de
control y equilibrio.
Por ejemplo, cuando la administración trataba de
persuadir al Congreso para que aceptara el programa de prescripciones de
medicamentos Medicare [11], muchos en el Congreso y el Senado expresaron sus
inquietudes sobre el costo y el establecimiento de ese programa.
Sin embargo, en vez de establecer un debate abierto
sobre la base de hechos concretos, la administración mantuvo hechos en secreto e
impidió activamente al Congreso oír el testimonio que quería obtener por parte
del principal experto de la administración que tenía en su poder los datos que
mostraban antes del voto que los verdaderos costos estimados estaban mucho más
allá de las cifras presentadas al Congreso por el presidente. El funcionamiento
del programa debía resultar incluso muy diferente de lo que se había dicho al
Congreso.
En vez de ello, privado de esas informaciones y
creyendo en las cifras erróneas que le fueron presentadas, el Congreso aprobó el
programa, y –trágicamente– toda la iniciativa se está derrumbando ahora a través
del país. Este mismo fin de semana, la administración lanzó un llamado pidiendo
a las principales compañías de seguros que expresen su voluntariedad para sacar
a flote el programa.
Pero el pueblo estadounidense, que tiene derecho a
pensar que sus representantes electos buscarán la verdad, actuarán sobre la base
de conocimientos y recurrirán a la razón, se vio abandonado.
Para poner otro ejemplo, advertencias de científicos
sobre las consecuencias catastróficas del calentamiento global galopante fueron
censuradas por un consejero político de la Casa Blanca que no tenía la más
mínima formación científica.
En este momento uno de los expertos científicos más
distinguidos del mundo en lo tocante al calentamiento global, que trabaja en la
NASA, ha recibido la orden de no hablar con periodistas. Se le ordenó anotar
detalladamente cada una de las personas con las que se reúne para que la rama
ejecutiva pueda seguir y controlar los conocimientos que intercambia sobre el
tema del calentamiento global.
Se trata de una crisis mundial. Tenemos la
obligación de hablar de ello de manera sincera y razonada.
El argumento del miedo
Otro medio utilizado por la administración para
tratar de controlar el flujo de información es el uso constante de la semántica
y de la política del miedo para impedir el debate e imponer su agenda sin tener
en cuenta los hechos ni el interés público.
El presidente Eisenhower [12] dijo lo siguiente: «Quien actúa
como si la protección de la libertad residiera en la eliminación, la sospecha y
el miedo, confiesa una doctrina ajena a Estados Unidos.» El miedo elimina la
razón. El miedo suprime la política del discurso y abre el camino a la política
de la destrucción. El Juez Supremo Brandeis [13] escribió: «Los hombres temían a las
brujas y quemaban mujeres.»
Los fundadores de nuestro país se veían ante graves
amenazas. De haber fracasado en su intento, habrían sido colgados como
traidores. La existencia misma de nuestro país estaba en juego. Ante tales
peligros, insistieron sin embargo en establecer la Bill of
Rights en su totalidad.
¿Está nuestro Congreso más amenazado hoy que su
predecesor cuando el ejército británico avanzaba sobre el Capitolio?
¿Es más peligroso el mundo de hoy que cuando
estábamos frente a un enemigo ideológico armado con decenas de miles de misiles
nucleares que podían ser utilizados en cualquier momento para aniquilar
totalmente el país?
¿Corre acaso más peligro Estados Unidos ahora que
cuando estábamos ante al fascismo mundial en marcha, cuando la última generación
tenía que luchar y ganar dos guerras mundiales simultáneamente?
Resulta simplemente insultante para quienes nos
precedieron y sacrificaron tantas cosas por nosotros pretender que tenemos más
razones que ellos para estar asustados.
A pesar de todo, ellos defendieron lealmente
nuestras libertades y ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo.
Tenemos derecho, como estadounidenses, a defender
nuestro derecho ciudadano, no sólo a la vida sino también a la libertad y a la
felicidad.
Es por ello vital, en las actuales circunstancias,
tomar medidas inmediatas para salvaguardar nuestra Constitución del actual
peligro que constituye el acaparamiento intruso por parte de la rama ejecutiva y
la permanente creencia del presidente de que él no está sometido al estado de
derecho.
Quiero retomar las palabras de Bob Barr cuando dice:
«El presidente ha desafiado al pueblo estadounidense a que haga
algo para remediarlo. Por el honor de la Constitución, espero que lo
haga.»
Cinco proposiciones para restablecer la democracia
El secretario de Justicia debería nombrar
inmediatamente un fiscal especial para resolver aquellos conflictos de intereses
manifiestos que les impiden investigar sobre lo que podrían ser serias
infracciones de la ley por parte del presidente.
Tuvimos una reciente demostración de cómo puede una
investigación independiente, realizada de forma íntegra por un fiscal especial,
restituir la confianza en nuestro sistema de justicia.
Patrick Fitzgerald [14] no se ha mostrado, hasta el momento, ni temeroso
ni entusiasta en cuanto a examinar las acusaciones según las cuales la rama
ejecutiva violó otras leyes.
Los miembros del Congreso, tanto demócratas como
republicanos, deberían apoyar el llamado bipartidista de la Liberty Coalition a
la nominación de un fiscal especial con vistas al examen de las cuestiones
criminales que plantean las escuchas de estadounidenses efectuadas sin mandato
por el presidente. Esto debería ser, además, una cuestión política en todas las
campañas, independientemente del partido, del lugar del país donde se
desarrolle, de la cámara del Congreso o de cualquier persona que se oponga a la
nominación de un fiscal especial en esta situación peligrosa en la que nuestra
Constitución está en riesgo.
Segundo: Habría que definir nuevas protecciones para
quienes lancen la alarma [15] destinadas a los miembros de la rama ejecutiva
que informan pruebas de abusos, especialmente cuando ello implica abusos de
poder en sectores sensibles, como la seguridad nacional.
Tercero: Las dos cámaras del Congreso deberían, por
supuesto, organizar audiencias profundas y no sólo superficiales sobre estas
serias alegaciones de actividades criminales cometidas por el presidente.
Y deberían seguir la pista de los indicios
dondequiera que conduzcan.
Cuarto: Los nuevos y extensos poderes solicitados
por la rama ejecutiva en su proposición de extender y ampliar la Patriot Act no deberían ser concedidos a menos que y hasta que
existan puntos de referencia adecuados y aplicables para proteger la
Constitución así como los derechos del pueblo estadounidense ante el tipo de
abusos recientemente revelados.
Quinto: Toda empresa de telecomunicaciones que haya
proporcionado al gobierno acceso a información privada sobre las comunicaciones
de estadounidenses sin que se le haya presentado un mandato apropiado tendría
que poner fin inmediatamente a esa intrusión aparentemente ilegal en la vida
privada de ciudadanos estadounidenses.
La libertad de comunicarse es un requisito previo
esencial para recuperar la salud de nuestra democracia.
Resulta especialmente importante que se proteja la
libertad de Internet contra el control del gobierno o los esfuerzos de grandes
conglomerados mediáticos que tratan de controlarla. El porvenir de nuestra
democracia depende de ello.
Para terminar, quiero decir que, además de razones
para estar inquietos, existen razones para abrigar esperanzas.
En este momento y lugar, estoy lleno de optimismo
ante la idea de que Estados Unidos puede encontrarse cerca de una era dorada en
la que la vitalidad de nuestra democracia sea restablecida por el pueblo y
florezca más que nunca. Así lo siento, efectivamente, en esta sala.
Como un día dijera el Dr. King, puede ser que un
nuevo espíritu se levante entre nosotros. Si así fuera, sigamos sus movimientos
y recemos porque nuestro ser interior sea sensible a su guía ya que necesitamos
muchísimo un nuevo camino más allá de la oscuridad que tan cerca parece de
nosotros.
Muchas gracias.
[1] El Foreign
Intelligence Surveillance Act (FISA) fue aprobado por el Congreso en 1978. Como
él mismo lo recuerda anteriormente, el propio Al Gore votó ese texto en aquella
época. El objetivo era, luego de las revelaciones de la comisión Church sobre
los crímenes de la CIA, establecer un marco jurídico para limitar la práctica de
escuchas telefónicas. La ley autoriza ese método únicamente en los casos de
vigilancia de extranjeros sospechosos de espionaje. La ley excluye la vigilancia
de ciudadanos estadounidenses. La ley somete además las escuchas a la aprobación
de una comisión de 11 magistrados profesionales. Pero, en 2004, la
administración obtuvo la aprobación de una enmienda que extiende la aplicación
de esa ley a los «lobos solitarios». Los magistrados no tienen ahora ningún
medio de evaluar la legitimidad de la vigilancia y no pueden oponerse a
ella.
[2] El presidente
George W. Bush nombró al juez Samuel Alito en la Corte Suprema de Estados
Unidos. El discurso tiene lugar en momentos en que el Senado realiza sus
audiencias sobre esa nominación. Para evitar entrar en detalles polémicos sobre
el compromiso político pasado del interesado de los que se hicieron eco los
periódicos, Al Gore se concentra en lo más importante: la ideología de Samuel
Alito.
[3] La teoría del
ejecutivo unitario es el equivalente actual del FührerPrinzip.
Fue difundida en Estados Unidos por la Federalist Society, a la que pertenecen
todos los consejeros jurídicos de George W. Bush. Según esta teoría, el
presidente es el ejecutivo, y los poderes legislativo y judicial no pueden
restringir su acción. Debido a ello, por un lado, el presidente es el único
habilitado para dirimir litigios entre agencias gubernamentales y, por otro
lado, no puede ser juzgado en forma alguna. Basándose en esa teoría, el
presidente Bush empezó a adjuntar a la firma de las leyes que promulga reservas
sobre la aplicación de éstas. De esa manera, al firmar la ley McCain que prohíbe
el uso de la tortura, indicó que dicha ley no podía restringir las acciones
emprendidas por el ejecutivo para hacer frente al terrorismo.
[4] El 19 de
julio de 2005, George W. Bush nombró a John G. Roberts presidente de la Corte
Suprema. Roberts ha negado siempre haber sido miembro de la Federalist Society,
aunque su nombre aparece en un anuario interno de miembros de la asociación.
Roberts apoyó la legalidad de los tribunales militares de excepción en el marco
de la lucha contra el terrorismo.
[5] Elhabeas corpus ad subjiciendum es un procedimiento, utilizado en
Inglaterra desde el siglo XII y adoptado definitivamente en el siglo XIV, que
limita al máximo la detención provisional. Es el orgullo de la justicia
anglosajona y sirve de base a su concepción de los derechos humanos.
[6] En negrita en
el texto entregado a la prensa.
[7] Robert
Byrd, representante demócrata por Virginia Occidental, el más veterano de
los congresistas estadounidenses en funciones y su decano. Nuestros lectores ya
conocen su célebre intervención «La
Vérité se révèlera» (Voltaire, 30 de mayo de 2003).
[8] Una Bill of Rights define los derechos concretos de los reos de la
justicia ante las instituciones. En Estados Unidos, los Padres Fundadores, que
deseaban fundar una forma aristocrática de gobierno, se negaron a redactar una
Bill of Rights y a incluirla en la Constitución. Pero el
primer Congreso impuso una mediante la adopción de 10 enmiendas.
[9] El cabildero
Jack Abramoff se hizo célebre durante los años 80 por su defensa del régimen
sudafricano del apartheid ante los congresistas. Más tarde se convirtió en
dirigente del Partido Republicano y en el cabildero más influyente de
Washington. Implicado en varios casos de corrupción, se declaró culpable en
enero de 2006. Los procedimientos judiciales tienen lugar debido al estallido de
un gran escándalo que reveló la envergadura de la corrupción en el seno del
Congreso. Es posible, sin embargo, que el asunto no vaya más allá puesto que
Abramoff parece haber estado en contacto con varias de las personas que el FBI
acusa de haber secuestrado aviones y cometido los atentados del 11 de septiembre
de 2001 y nadie quiere saber qué tipo de vínculos tenía con los supuestos
terroristas.
[10] Los Federalist Papers son una recopilación de artículos de James
Madison, Alexander Hamilton y John Jay en la que éstos explican su proyecto
constitucional. Esta recopilación sirve de referencia para la interpretación de
la Constitución de Estados Unidos.
[11] Medicare
es un programa de seguro y salud destinados a los ancianos y los impedidos
físicos. Ver nuestro artículo «Le
modèle bushien d’assurance sociale» por Paul Labarique, Voltaire, 23 de mayo de 2004.
[12] El general
Dwight Eisenhower fue comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa
durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde el presidente número 34 de Estados
Unidos (de 1953 a 1961). Aunque era republicano, trató de contener la cacería de
brujas del senador McCarthy y el belicismo del complejo militar-industrial.
[13] Louis
Brandeis fue el fundador del movimiento sionista en Estados Unidos. Woodrow
Wilson lo nombró juez de la Corte Suprema, en 1916. Su jurisprudencia fue muy
progresista, sobre todo en lo tocante al respeto de la vida privada y la
superioridad de la ley sobre los contratos privados.
[14] Ya célebre
por haber enjuiciado al magnate de la prensa Lord Conrad Black, el fiscal
Patrick J. Fitzgerald investiga actualmente el caso Palme. No dudó en emitir
cargos contra Lewis Libby, jefe del equipo del vicepresidente Cheney, e
investiga la posible responsabilidad de Kart Rove, el consejero político del
presidente Bush.
[15] Referencia
a los funcionarios que, al revelar ilegalidades cometidas por sus superiores,
violan deliberadamente el secreto al que están obligados, como en el caso de
Daniel Ellsberg cuando transmitió a la prensa los Pentagon
Papers revelando así |
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
| 
