La advertencia de Núremberg: cuando la ley legitima la maquinaria del
autoritarismo
Henry Giroux
CounterPunch
2 de octubre de 2026
Fuente de la fotografía: Oficina del Gobierno Militar de Alemania, Estados Unidos – Dominio público
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La ley debe ser mi servidora y no mi ama, y mucho menos mi torturadora y mi asesina
– James Baldwin
El legado de Núremberg vuelve a estar presente entre nosotros, no tanto como recordatorio del poder
del sistema jurídico para castigar a quienes permitieron y llevaron a cabo los
horrores de la Alemania nazi, sino como advertencia de que el espíritu de
Núremberg debe recuperarse como imperativo moral y político. Ese espíritu cobra
importancia en un momento en el que el Corte Suprema está convirtiendo cada vez
más la ley en un instrumento de poder concentrado y reaccionario, profanando la
moralidad, socavando los cimientos de la democracia y reproduciendo
las peores facetas del capitalismo mafioso. Núremberg dejó claro que los
jueces y otros funcionarios no pueden utilizar la autoridad de la ley para
encubrir y legitimar acciones moralmente depravadas y políticamente
destructivas. Su lección para el presente es contundente: cuando la ley se
vacía de justicia y se utiliza para normalizar la crueldad, aniquilar los
derechos democráticos y situar el poder concentrado más allá de cualquier
rendición de cuentas, la propia legalidad se convierte en un arma para la
destrucción de la democracia. El Tribunal reaccionario se ha convertido en
parte de un orden político cuyo espíritu gobernante se asemeja cada vez más a
lo que Jeet
Heer, al referirse a Trump, denomina "estar embelesado por el romanticismo
del gangsterismo".
La
reciente sentencia del Corte Suprema que permite a la Administración Trump
ampliar el uso de su base de datos de verificación de la ciudadanía es algo
más que otra disputa sobre cómo deben gestionarse las elecciones. Por 6 votos a
3, el Tribunal anuló una orden de un tribunal inferior que impedía al
Departamento de Seguridad Nacional utilizar una versión ampliada de la base de
datos SAVE —ahora vinculada a los registros de la Seguridad Social— para ayudar
a los estados a comprobar la elegibilidad de los votantes. El peligro dista
mucho de ser abstracto. Tal y como informa Stephen
Prager en Common Dreams, la base de datos contiene errores conocidos, lo
que plantea la posibilidad de que "muchos votantes con derecho a voto corran el
riesgo de que su inscripción electoral sea cancelada indebidamente apenas unas
semanas antes de las elecciones de mitad de legislatura".
No obstante, las consecuencias electorales inmediatas pueden ser limitadas: la ley federal
prohíbe, en general, las eliminaciones sistemáticas de las listas electorales
en los 90 días previos a unas elecciones federales. Esa salvaguardia no elimina
los riesgos de eliminaciones erróneas ni las preocupaciones sobre la privacidad
planteadas por los demandantes, pero limita la magnitud de las purgas
sistemáticas de votantes en las semanas inmediatamente anteriores a las
elecciones. La sentencia no obliga a los estados a utilizar el sistema, y el
litigio subyacente sigue sin resolverse, aunque el Tribunal ha señalado su
opinión preliminar sobre el fondo del asunto, afirmando que las alegaciones de
los demandantes "probablemente carecen de fundamento" y que es probable que
revoque la resolución del tribunal de distrito según la cual la Administración
había infringido la ley federal.
El
Tribunal tampoco se ha limitado a dar el visto bueno sin más a todas las
iniciativas del Gobierno para reformar las normas electorales: a principios
de este mes, bloqueó el intento de Trump de imponer nuevas restricciones
generalizadas al voto por correo antes de las elecciones de mitad de
legislatura. La importancia de la última sentencia no radica, por tanto, en
afirmar que todas las decisiones van en la misma dirección autoritaria, sino en
afrontar lo que ocurre cuando el máximo tribunal del país elimina repetidamente
las barreras al poder concentrado, refuerza una presidencia cada vez más
autoritaria y proporciona cobertura jurídica a un proyecto político que ataca
los derechos de voto, intensifica la exclusión racial y alinea la maquinaria
del Estado con la política nacionalista blanca. Lo que está en peligro no es
simplemente el control constitucional, sino la propia democracia.
Sin embargo, no es posible comprender la importancia de estas decisiones si se tratan simplemente como
disputas jurídicas aisladas. El
concepto de "iluminación profana" de Walter Benjamin ofrece otra forma de
interpretarlas: lo particular puede iluminar de repente las fuerzas sociales
más amplias que se condensan en él. Como
sostiene AK Thompson, basándose en Benjamin, los acontecimientos concretos
pueden alertarnos sobre "el proceso social más amplio del que [ellos] derivan".
Leídas de esta manera, las sentencias del Tribunal no son meras decisiones
constitucionales aisladas. Son fragmentos de una transformación política más
amplia en la que convergen cada vez más la concentración del poder ejecutivo,
la exclusión racial, el poder político de la riqueza, los ataques al derecho de
voto y el debilitamiento de los controles democráticos. La tarea no consiste en
afirmar que cada sentencia sea fascista, sino en reconocer lo que estas
decisiones ponen de manifiesto cuando se contemplan en su conjunto: el
surgimiento de un orden político en el que las instituciones democráticas se
reorganizan cada vez más para servir a fines autoritarios. El fascismo se hace
visible no solo en un único acto espectacular, sino en la acumulación de
cambios institucionales que hacen que el poder concentrado parezca legal,
habitual y legítimo.
El peligro se hace más evidente cuando la propia ley deja de frenar el poder autoritario y comienza a
legitimarlo. Por eso es importante la Alemania de 1933: no como un equivalente
histórico, sino como una advertencia sobre lo que ocurre cuando la propia
legalidad se vuelve contra la democracia.
Por lo tanto, la comparación con la Ley de
Habilitación de Hitler, de marzo de 1933, debe hacerse con cautela. Las
situaciones no son equivalentes. Aprobada en un contexto de intimidación,
represión política y exclusión de los diputados comunistas, la
Ley de Habilitación permitió al gobierno de Hitler promulgar leyes sin la
aprobación parlamentaria, incluso cuando estas violaban la Constitución de
Weimar. No se limitó a debilitar la democracia alemana, sino que proporcionó el
mecanismo legal para destruirla.
La cuestión no radica en equiparar ambos momentos, sino en reconocer un mecanismo político. El fascismo
no necesita abolir la ley para apoderarse de su autoridad y utilizarla como
arma. Los
nazis se apoderaron de los tribunales, la función pública, la educación, la
cultura y las instituciones administrativas, y los orientaron hacia fines
autoritarios. La democracia no fue atacada desde fuera. Sus propias
instituciones fueron usurpadas, vaciadas de su esencia democrática y vueltas
contra el pueblo al que se suponía que debían proteger.
Tras visitar el Museo Nacional del Holocausto de Ámsterdam, la jurista Kim
Wehle señaló que el fascismo no siempre llega mediante actos espectaculares
de fuerza, sino que también puede avanzar "por la vía de la ley". Esta
advertencia histórica debe tomarse en serio. El poder autoritario se vuelve
especialmente peligroso cuando la represión ya no se presenta como una
violación de la autoridad legal, sino que se lleva a cabo a través de ella,
valiéndose de la legitimidad, los procedimientos y las protecciones
institucionales de la propia ley. La advertencia resuena en el presente: en la
expansión de la maquinaria de detención y deportación masiva, la ocupación
militar de ciudades estadounidenses, los ataques abiertos y peligrosos contra
la libertad de expresión y la prensa, y la purga política de las instituciones
educativas. Lo que antes era impensable se está convirtiendo en política,
mientras que la crueldad se convierte en rutina y el autoritarismo se entreteje
en la maquinaria cotidiana del Estado y en la vida cotidiana.
Los
jueces alemanes ofrecen un ejemplo especialmente escalofriante. El poder
judicial no opuso una resistencia institucional seria a la toma del poder por
parte de los nazis. Gran parte de la clase jurídica se adaptó al nuevo
régimen. La dictadura adquirió así una de sus armas más poderosas: la
apariencia de legalidad. La ley se mantuvo en vigor, pero su función política
cambió. Autorizó el poder al servicio de la dominación y la destrucción masiva,
en lugar de frenarlo.
Pero la cuestión no es simplemente cómo los gobiernos autoritarios se apropian de la ley. Se trata de
qué intereses protege la ley, qué poder refuerza y qué sufrimiento
invisibiliza. El fascismo no puede entenderse únicamente como el triunfo de los
líderes autoritarios o el colapso de las garantías constitucionales. Su
historia es inseparable de la relación entre la represión política, el poder de
clase y los intereses económicos que respaldan y se benefician del gobierno autoritario.
Ahí es donde la advertencia llega hasta el presente. Ninguna sentencia del Corte Suprema por sí sola
constituye una "Ley de Habilitación" estadounidense. El peligro radica en la
acumulación: el
debilitamiento de las garantías electorales, la ampliación del poder
presidencial, el fortalecimiento del poder político de la riqueza concentrada y
la reducción de la capacidad para cuestionar el poder ejecutivo. Lo que se
está transformando no es simplemente la doctrina constitucional, sino la
función política del propio Tribunal. Una institución encargada de controlar el
poder concentrado está construyendo, cada vez más, la arquitectura jurídica que
lo hace posible.
El
presidente del Corte Suprema, John Roberts, ha rechazado la acusación de que el
Cortel se haya convertido en una institución política, quejándose de que
demasiados estadounidenses ven ahora a los magistrados como "actores
políticos". Pero la cuestión más profunda no es si los magistrados se
comportan como políticos elegidos, sino si el Tribunal está utilizando la
autoridad de la ley para hacer que el autoritarismo parezca constitucionalmente
legítimo. Cuando se debilitan los derechos de voto, se amplía la inmunidad
presidencial, la concentración de riqueza otorga un mayor poder político y se
eliminan las barreras al poder ejecutivo, el Tribunal hace algo más que
interpretar la ley: altera las condiciones en las que la democracia puede
sobrevivir. La ley se convierte en un arma del poder concentrado, y la
autoridad constitucional se convierte en su escudo. No se trata simplemente de
un fracaso de la democracia. Está contribuyendo a construir el mecanismo
jurídico para su destrucción. El abuso de la ley no solo legitima una cultura
de la crueldad, sino que contribuye a que la crueldad parezca normal. Como
sostiene Susan Neiman Call It Evil:
Understanding the Trump Era, uno de los grandes peligros del
momento actual radica en la normalización del mal, un proceso mediante el cual
la crueldad se convierte en algo habitual, la injusticia parece aceptable y lo
impensable adquiere la fuerza del sentido común. Cuando la crueldad y la
violencia de Estado son sancionadas por la ley, el terror de lo impensable se
absorbe en el lenguaje del sentido común. Las
imágenes de agentes del ICE, al estilo de la Gestapo, golpeando a manifestantes
pacíficos se convierten en un espectáculo más en el flujo diario de la
violencia, despojando a la brutalidad de su capacidad para conmocionar,
indignar y provocar resistencia. Lo que sigue es la lenta muerte de la propia conciencia.
El Tribunal
ha ido concentrando cada vez más el poder en las altas esferas, alejándolo de
los votantes, las asambleas legislativas, los tribunales inferiores y los
organismos independientes, y dirigiéndolo hacia la presidencia y el propio
Tribunal. En este sentido, se ha convertido en una institución criminógena:
no porque sus propios jueces sean delincuentes, sino porque sus decisiones
pueden crear las condiciones jurídicas en las que resulta más difícil prevenir,
impugnar o castigar los abusos de poder. En tales circunstancias, la democracia
se ve estrangulada y las barreras de seguridad destinadas a protegerla se han
convertido en instrumentos para neutralizarla.
El caso Citizens
United contra la FEC (2010) anuló las restricciones a los
gastos políticos independientes de las empresas y los sindicatos, ampliando
enormemente la capacidad de la riqueza privada para influir en la política
electoral. No declaró formalmente que "las empresas son personas" ni autorizó
las contribuciones directas ilimitadas de las empresas a los candidatos. Hizo
algo con mayores consecuencias políticas: reforzó el poder constitucional de
las empresas y la riqueza concentrada para moldear el discurso político,
permitiendo que el poder económico ejerciera una influencia cada vez mayor
sobre la política y la vida democrática.
El
gasto de Elon Musk de más de 250 millones de dólares en apoyo a Trump y a
los candidatos republicanos en 2024 ofrece una cruda ilustración del panorama
político que se ha venido gestando. Hay una historia más larga y oscura detrás
de todo esto. El Tribunal Supremo no se ha situado en repetidas ocasiones al
margen de la historia de la supremacía blanca estadounidense, sino en su seno.
El caso Dred Scott constitucionalizó la exclusión de los negros de la
ciudadanía; el Tribunal posterior a la Reconstrucción contribuyó a destruir las
protecciones federales de la libertad de los negros; y el caso Plessy
otorgó a las leyes Jim Crow la sanción del derecho constitucional. El Tribunal
de Warren rompió de forma decisiva con partes importantes de esa historia, pero
el Tribunal de Roberts ha hecho retroceder al país. El
diputado Jamie Raskin lo expresa sin rodeos, argumentando que el Tribunal ha
“vuelto a la línea de base histórica de la supremacía política blanca”,
sobre todo mediante el desmantelamiento de las protecciones del derecho al voto.
El lenguaje ha cambiado, pero la labor política de dominación racial no
requiere el vocabulario de Dred Scott o Plessy. Puede funcionar a
través del lenguaje supuestamente neutral de la "imparcialidad racial", los
derechos de los estados, la integridad electoral y la moderación constitucional
—despojando a la ley de su historia y, al mismo tiempo, inhabilitando los
medios democráticos para hacer frente a las jerarquías raciales que la historia ha generado.
Esos antecedentes guardan una relación directa con el ataque del Tribunal a los derechos de voto. En el caso Condado
de Shelby contra Holder (2013), el Tribunal anuló la fórmula de
cobertura que hacía operativo el sistema de autorización previa de la Ley de
Derechos Electorales, desactivando así una de las protecciones más poderosas de
la ley contra las normas electorales discriminatorias. El
caso Brnovich contra el Comité Nacional Demócrata (2021) redujo aún
más el ámbito de aplicación al dificultar determinados recursos interpuestos en
virtud del artículo 2 contra las restricciones al voto.
En el caso Louisiana contra
Callais (2026), el Tribunal fue más allá, al sostener que la Sección 2
no exigía a Luisiana crear el distrito adicional con mayoría negra en cuestión
y que el distrito resultante, basado en la raza, no podía superar el escrutinio
constitucional. La decisión redujo aún más el ámbito jurídico en el que se
pueden defender la representación racial y los derechos de voto.
El ataque del Tribunal a los derechos consolidados ha ido más allá del voto. En
el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization (2022), anuló
las sentencias de los casos Roe contra Wade y Planned Parenthood
contra Casey, eliminando el derecho constitucional federal al aborto
que había estado vigente durante casi medio siglo y devolviendo a los estados
la competencia para regular el aborto. El caso Dobbs supuso algo más que
la destrucción de un derecho reproductivo de larga data. Demostró la voluntad
de la mayoría conservadora del Tribunal de utilizar su poder para despojar a
las mujeres de una protección constitucional consolidada en la que habían
confiado generaciones de mujeres.
Al mismo tiempo, el Tribunal ha ampliado los poderes presidenciales. En el caso Trump
contra Estados Unidos (2024), creó una doctrina constitucional de
inmunidad penal presidencial: inmunidad absoluta para las acciones que entran
dentro de la autoridad constitucional fundamental del presidente e inmunidad,
al menos, presunta para otros actos oficiales, dejando sin protección la
conducta no oficial. La decisión alteró de manera fundamental la rendición de
cuentas presidencial al otorgar a los presidentes una nueva protección
constitucional frente al enjuiciamiento penal por el ejercicio del poder oficial.
Esta tendencia no ha hecho más que intensificarse. En el caso Trump
contra CASA (2025), el Tribunal limitó drásticamente la facultad de los
tribunales federales inferiores para dictar medidas cautelares de alcance
general contra las medidas del Ejecutivo. En el caso Trump contra Slaughter
(2026), amplió el control presidencial sobre las agencias reguladoras
independientes. En el caso Comité
Senatorial Republicano Nacional contra FEC (2026), anuló los límites al
gasto coordinado entre partidos políticos y candidatos. Y ahora, con la
sentencia sobre la base de datos de ciudadanía, el Tribunal ha permitido a la
Administración, mientras continúa el litigio, ampliar un sistema que los
estados pueden utilizar para impugnar la elegibilidad de los votantes. Casos
diferentes, doctrinas diferentes, pero la misma trayectoria política: poder
concentrado en la presidencia, protegido para los ricos y cada vez más aislado
de las restricciones democráticas.
La Ley de Autorización contribuyó a allanar el camino para la Gleichschaltung,
es decir, la coordinación de la vida política, social y cultural alemana con el
Estado nazi. Desaparecieron los partidos políticos, se abolieron los
sindicatos, se subordinaron los gobiernos regionales, se depuró la función
pública y se sometieron al control nazi la educación, el derecho, la cultura y
la vida profesional. En seis meses, Alemania había dejado de ser una democracia multipartidista.
La cuestión, pues, no es si Estados Unidos es la Alemania de 1933. La historia no se repite a voluntad; en
cambio, deja advertencias escritas en sus ruinas. Primo Levi lo comprendió con
extraordinaria claridad cuando advirtió que “cada
época tiene su propio fascismo”, cuyos signos aparecen allí donde "la
concentración de poder niega a los ciudadanos la posibilidad y los medios de
expresarse y actuar según su libre albedrío". El fascismo, en este sentido, no
tiene por qué regresar vistiendo el uniforme del pasado. Surge a través de las
instituciones, las tecnologías, los miedos y las formas de poder propias de su
momento histórico.
No obstante, el fantasma de Núremberg se cierne sobre esta historia. Entre los procesos menos conocidos que
siguieron a los juicios contra los principales líderes nazis se encuentra el “Juicio
de los Juristas” de 1947, en el que se juzgó a jueces, fiscales y
funcionarios del Ministerio de Justicia del Reich por su participación en un
sistema jurídico que había convertido la persecución y la violencia de Estado
en instrumentos de la ley. No hay que abusar de la analogía: los delitos
juzgados en Núremberg y las decisiones del actual Corte Suprema no son
equivalentes históricos. Pero el principio que surgió de aquellos procesos
sigue siendo indispensable. El cargo judicial no sitúa a quienes ejercen la ley
al margen de las cuestiones de responsabilidad. La toga no puede convertirse en
un refugio frente a la rendición de cuentas cuando la propia ley se convierte
en un instrumento del poder autoritario. Tal
y como lo expresó con una fuerza inolvidable la sentencia del Juicio a los
juristas de Núremberg: "La daga del asesino se ocultaba bajo la toga del jurista".
La lección para el presente no es que Estados Unidos necesite otro tribunal de Núremberg. Es que la
democracia no puede sobrevivir si se considera que quienes ejercen un inmenso
poder judicial están por encima de la rendición de cuentas democrática
simplemente porque sus decisiones se presentan revestidas del lenguaje del
derecho constitucional. La cuestión más profunda que plantea el Tribunal de
Roberts no es, por tanto, simplemente si determinadas sentencias son
conservadoras, reaccionarias o profundamente injustas. Se trata de qué formas
de rendición de cuentas resultan necesarias cuando el tribunal supremo de una
nación utiliza repetidamente la autoridad de la ley para desmantelar las
condiciones mismas que hacen posible, en primer lugar, la rendición de cuentas democrática.
Esa cuestión no puede separarse de la política de la memoria. Como argumentó Marcelo Rubens Paiva en
una entrevista de 2015 citada en Disputed Pasts, de Cristina Buarque de
Hollanda y José Szwako: “El
hecho de que no se celebrara un juicio de Nuremberg en Brasil en la década de
1980 contaminó el proceso de democratización y nuestra democracia actual”.
La advertencia es crucial. Las exigencias de la resistencia deben incluir
también la labor de la memoria: contabilizar, documentar, preservar y denunciar
públicamente los abusos jurídicos, las vulneraciones democráticas y las
violaciones morales cometidos al amparo de la autoridad institucional. Es
necesario conservar el registro, no por venganza, sino porque la democracia no
puede defenderse de los abusos que se le ha enseñado a olvidar. No puede haber
una inocencia fabricada para quienes utilizan la autoridad de sus cargos para
legitimar la maquinaria del poder autoritario, ni una amnistía política comprada
a través de la amnesia nacional.
Por eso, la lucha por el derecho es también una lucha por la memoria, la responsabilidad y el futuro.
Cuando las instituciones creadas para limitar el poder se reorganizan para
servirlo; cuando los tribunales convierten la dominación en doctrina; cuando la
riqueza concentrada adquiere protección constitucional mientras se despoja a la
población de sus derechos democráticos; y cuando las medidas autoritarias ya no
necesitan violar la ley porque llegan amparadas por su propia autoridad, el
silencio se convierte en una forma de complicidad y el olvido se convierte en
una invitación a normalizar una vez más las crueldades, los crímenes y las
prácticas autoritarias que la memoria debía impedir.
Lo que a menudo se pasa por alto al analizar el derecho como instrumento de dominación es su papel como
fuerza pedagógica. El derecho hace mucho más que prohibir, castigar y excluir.
Enseña a las personas quién cuenta como agente político, quién tiene acceso al
poder y quién tiene derecho a participar en las decisiones que determinan sus
vidas. Cuando el derecho se convierte en un mecanismo de exclusión y de
desechabilidad, niega a determinados grupos tanto los derechos políticos como
el acceso a las instituciones y los espacios públicos en los que pueden
comprender cómo funciona el poder, desarrollar una conciencia crítica, imaginar
alternativa y crear solidaridades a través de movimientos sociales, la
educación y el trabajo cultural. Las ilegalidades legalizadas funcionan como
formas de exclusión que debilitan las condiciones en las que las personas
aprenden a interpretar sus experiencias, a comprender su lugar dentro de las
relaciones de poder y a actuar colectivamente para cambiarlas. Este uso
represivo de la ley restringe la capacidad de acción política al tiempo que
ataca las condiciones necesarias para su desarrollo. Se trata de una forma de
terrorismo pedagógico en la que se utiliza la ley para debilitar el
conocimiento, las relaciones sociales y las capacidades colectivas necesarias para
reconocer, resistir y transformar las relaciones de poder opresivas.
Aquí entra en juego una lógica aún más inquietante, que va más allá de la política de lo desechable
hacia lo que Brad Evans y yo hemos denominado una política de la desaparición
(de próxima publicación en Theory, Culture, & Society). Lo desechable
abandona a las poblaciones consideradas un excedente económico o político; la
desaparición va más allá, al borrar las condiciones sociales, jurídicas,
históricas y morales a través de las cuales sus vidas pueden ser reconocidas
públicamente y su sufrimiento hecho visible. La
reciente decisión del Corte Suprema de EE.UU. de permitir temporalmente que la
Administración Trump reanude las deportaciones a terceros países hace que esta
distinción sea especialmente urgente. Ahora se puede enviar a los migrantes
a países con los que no tienen ningún vínculo, sin las garantías exigidas por
el tribunal de instancia para impugnar el riesgo de persecución o tortura. La magistrada
Sonia Sotomayor advirtió, en la intervención anterior del Tribunal en el
mismo litigio, que esta política podría exponer a "miles de personas al riesgo
de tortura o muerte". Esto es más que una política de expulsión. Apunta hacia
una política de desaparición históricamente asociada a regímenes fascistas y
autoritarios, en la que quienes son señalados como indeseables quedan excluidos
de los espacios de protección jurídica, visibilidad pública y responsabilidad
moral. Entran en lo que podría denominarse un "vórtice de borrado", donde la
criminalización, la vigilancia, la detención, la exclusión burocrática, la expulsión
forzosa y el olvido organizado se refuerzan mutuamente.
Reconocer cómo la ley puede convertirse en un instrumento del poder autoritario también plantea la cuestión
de qué se necesitará para reparar el daño que ha sancionado y hecho posible. El
fascismo no siempre se manifiesta destrozando el orden jurídico. Puede avanzar
apropiándose de ese orden, vaciándolo de contenido y volviendo la maquinaria de
la democracia contra la propia democracia. Si alguna vez se quiere reconstruir
la democracia a partir de los daños del presente, la tarea no consistirá en
perdonar y olvidar en nombre de la unidad nacional, la civilidad o la vuelta a
la normalidad. Consistirá en recordar, documentar, juzgar y, cuando la ley lo
permita, exigir responsabilidades a quienes hayan cometido abusos de poder. Sin
amnesia. Sin inocencia fabricada. Sin impunidad. Sin verdad ni rendición de
cuentas, no puede haber futuro democrático.
Henry A. Giroux ocupa actualmente la Cátedra de Investigación en Interés Público de la Universidad
McMaster en el Departamento de Inglés y Estudios Culturales, y es el
Investigador Distinguido Paulo Freire en Pedagogía Crítica. Entre sus libros
más recientes se encuentran: The Terror of the Unforeseen (Los Angeles Review
of Books, 2019), On Critical Pedagogy, 2ª edición (Bloomsbury, 2020); Race,
Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (Bloomsbury,
2021); Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (Bloomsbury,
2022) e Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics
(Bloomsbury, 2023), así como, en coautoría con Anthony DiMaggio, Fascism on
Trial: Education and the Possibility of Democracy (Bloomsbury, 2025). Giroux es
también miembro del consejo de administración de Truthout.
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