“General Guillermo García debe ser deportado”, dice juez en EE.UU.
15 de abril de 2014
Tribunal migratorio encontró suficiente evidencia de la
participación del ex ministro de Defensa en violaciones a DD.HH; defensa prepara apelación
Juan José Dalton
El juez de la Corte de Inmigración de la ciudad estadounidense de Miami, Michael C. Cuerno, decidió que el exministro de
Defensa de El Salvador, general José Guillermo García, otrora aliado
de Washington en la guerra contrainsurgente en la década de 1980, debe ser
deportado por su participación en una serie de violaciones de derechos humanos,
incluyendo el asesinato de un arzobispo, de cuatro monjas y la masacre de más
de 1.000 campesinos, según publicó el viernes The New York Times.
La decisión fue emitida el pasado 26 de febrero, pero no fue hecha pública por la Corte hasta que el diario estadounidense
solicitó darla a conocer bajo la Ley de Libertad al Derecho de Información.
Tras la solicitud, los funcionarios judiciales determinaron que “el interés
público en la divulgación de la información era mayor que el interés en la
privacidad del general García”, según aclara
la autora de la nota, la periodista Julia Preston, conocedora del drama salvadoreño desde la guerra civil
(1980-1992).
De acuerdo al reportaje el fallo del juez Cuerno fue más allá de procesos
judiciales anteriores y encontró que el general García había desempeñado un
papel directo en algunos de los asesinatos más atroces en El Salvador en
momentos en que Washington apoyaba al ejército salvadoreño en su lucha contra
los insurgentes del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), en la actualidad convertido en partido político y desde 2009
partido gobernante.
Contra el general García, y contra el también
general y exministro de Defensa, Eugenio Vides Casanova, se han abierto varios
procesos judiciales en el pasado en el Estado de la Florida. Uno de ellos en una corte civil en
la que los demandantes Juan Ramagoza, Neris González y Carlos Mauricio, de
origen salvadoreño, acusaron en1999 a los exmilitares por torturas sufridas
cuando estuvieron prisioneros. El juicio fue ganado por las víctimas y los
exmilitares obligados a pagar indemnizaciones por más de 50 millones de dólares
a las víctimas. Otro juicio por el asesinato, el 2 de diciembre de 1980, de
cuatro monjas estadounidenses dela Orden Maryknoll, también fue ganado por las
víctimas y los militares obligados a cancelar millonarias indemnizaciones.
En este último caso de la Cortede Inmigración en el que se procesaba solo al general García por fraude migratorio, el juez
Cuerno encontró “pruebas claras y convincentes” de que el general García
“asistido o no, participó en 11 episodios de violencia que marcaron a El
Salvador, incluyendo el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo
Romero, cuando oficiaba una misa el 24 de marzo de 1980 en la capilla de un
Hospital de cancerosos”.
De acuerdo al juez de Miami también encontró que el general García
ayudó a ocultar la participación de los soldados que mataron a cuatro
religiosas estadounidenses más tarde ese año. Él “sabía o debería haber sabido”
que las tropas del ejército habían matado a los aldeanos, entre ellos mujeres y
niños, en la población de El Mozote en diciembre de 1981, considerada una de
las más grandes atrocidades de la guerra salvadoreña ejecutadas por el ya
fallecido coronel Domingo Monterrosa.
“Estas atrocidades formaban parte de la
política militar deliberada del general García como ministro de Defensa”, dice
el texto del fallo, en el que se agrega que García “fomentó, y se deja crecer,
un ambiente institucional en el que las Fuerzas Armadas salvadoreñas apresaba a
civiles indefensos con el pretexto de la lucha contra la subversión comunista.“
La deportación del general García no será inminente, dado que el acusado apelará la sentencia, tal
como expresó su abogada defensora, Alina Cruz, al afirmar que “discrepamos respetuosamente con las conclusiones y
resoluciones del juez de inmigración. El caso está siendo apelado y estamos seguros de que el general
García será exonerado. Lamento que no puedo comentar más sobre este caso en
curso”, manifestó la defensora de García a The New York Times.
El general García tiene de 81 años de edad y
fue ministro de Defensa desde octubre 1979 a abril 1983, años álgidos de la
guerra civil en los que se cometieron el asesinato del Arzobispo Romero, el de
las cuadro monjas estadounidenses, y de la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos de El Salvador, Marianella García Villa, así como las masacres
de El Mozote y del Río Sumpul, en contiendas contrainsurgentes llamadas de
“tierra arrasada”. Desde 1990 reside en Miami como asilado político.
En Estados Unidos hay tres casos abiertos para
deportar a exaltos oficiales del ejército salvadoreño. Además de García están procesados el general Eugenio
Vides Casanova, en Miami, y el coronel Inocente Montano, en Boston. Este último está involucrado en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y dos de
sus empleadas, hecho ocurrido el 16 de noviembre de 1989; también es uno de los
demandados por el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional de España, por el
caso abierto en Madrid de la matanza de los jesuitas, cinco de ellos de origen
español, entre los que destacan Ignacio Ellacuría e Ignacio Martín-Baró,
prominentes figuras de la Teología de la Liberación.
Las posibles deportaciones de los exmilitares
salvadoreños, dicen observadores políticos, responden a una nueva política
girada en 2011 por el presidente Barack Obama, referida a no dar refugio ni
visas de entrada a territorio norteamericano a personas involucradas en
genocidios y en graves violaciones a los derechos humanos, o crímenes de lesa
humanidad.
Fuente: http://migenteinforma.org/?p=23794
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