Las ganancias por encima de las personas: cómo el mundo alimenta la
guerra en Sudán
Laura Wittebroek
Counterpunch
20 de febrero de 2026
Fotografía de Nathaniel St. Clair
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Un refresco estabilizado con goma arábiga. Oro refinado en Dubái. Carne importada para una comida festiva. Estos objetos
parecen estar muy alejados de la guerra de Sudán. Pero no es así.
Desde abril de 2023, Sudán se ha visto envuelto en un brutal conflicto armado que comenzó en Jartum entre
las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), de
carácter paramilitar. Desencadenados por disputas sobre la reforma del sector
de la seguridad durante una transición democrática estancada, los combates se extendieron
rápidamente por todo el país, devastaron zonas civiles, atrajeron a otros
grupos armados y aplastaron las frágiles esperanzas suscitadas por el
derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019.
La guerra tiene sus raíces en la historia poscolonial de Sudán, marcada por un régimen militarizado, el
abandono de las regiones periféricas y la represión externalizada. Desde la
independencia, los sucesivos regímenes han gobernado mediante la fuerza en
lugar del consentimiento, librando guerras prolongadas contra las regiones
marginadas. La secesión de Sudán del Sur en 2011 puso fin a un conflicto, pero
afianzó un Estado de seguridad que dependía de grupos armados proxy en lugar de
instituciones civiles.
Bajo el mandato de al-Bashir, este sistema se formalizó. Las milicias que solían aterrorizar
Darfur —entre las que destacan los yanyauid, acusados de genocidio— no fueron
desmanteladas, sino institucionalizadas como la RSF, lo que arraigó la
violencia racializada y la impunidad en el seno del Estado.
Las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) no eran enemigos históricos,
sino antiguos aliados: pilares del régimen de Al-Bashir que sobrevivieron a su
caída conservando intactas sus armas, su riqueza y el respaldo extranjero. La
revolución de 2018-2019 dejó entrever brevemente otra posibilidad cuando
millones de sudaneses se unieron para derrocar a un dictador que antes se creía
inamovible. Pero, aunque los manifestantes derrocaron a al-Bashir, heredaron un
Estado vaciado por décadas de militarización. Las fuerzas civiles iniciaron un
proceso de transición sin control sobre el aparato de seguridad, mientras que
las SAF y las RSF conservaron su poder y su respaldo internacional. La
transición fracasó no por la apatía popular, sino porque las élites armadas
nunca fueron apartadas del poder. Cuando la reforma del sector de seguridad amenazó
estas bases de poder paralelas, los antiguos aliados se enfrentaron entre sí,
desencadenando la guerra.
El coste humano ha sido catastrófico. Decenas de miles de civiles han resultado muertos o heridos
por ataques aéreos, fuego de artillería y asaltos terrestres en zonas
densamente pobladas, mientras que barrios enteros, aldeas y campamentos de
desplazados han quedado destruidos. La violencia
sexual y de género, incluidas las violaciones y las violaciones en grupo, se ha
utilizado sistemáticamente para aterrorizar a las comunidades, a menudo delante
de las familias de las víctimas. Los saqueos generalizados y la destrucción de infraestructuras
civiles esenciales —centros médicos, mercados, sistemas de abastecimiento
de alimentos y agua, y campamentos— han violado aún más los derechos
económicos, sociales y culturales. Muchos de estos actos constituyen crímenes
de guerra y crímenes
contra la humanidad, incluidos el exterminio y la persecución.
Sudán se ha convertido en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento
del mundo. Más de 11 millones de personas se encuentran desplazadas
internamente, otros millones han huido al extranjero, mientras que la hambruna
y la desnutrición masiva amenazan a millones de personas, especialmente a los niños.
Las organizaciones de derechos humanos advierten de que el genocidio y la peor
crisis de hambre del mundo podrían estar desarrollándose simultáneamente.
Es fundamental señalar que esta violencia no puede entenderse como un fenómeno puramente interno. Se
genera y se mantiene gracias a Estados extranjeros y actores corporativos que
proporcionan armas, financiación y respaldo político a ambas partes. A través
de las transferencias de armas, la extracción de recursos, las relaciones
comerciales y el control de la migración, las potencias externas están
integradas en la economía de guerra de Sudán y están creando incentivos para
mantener la violencia en lugar de resolverla. Sudán encaja así en un patrón
global recurrente: la violencia se localiza, la responsabilidad se difumina y
los beneficios se internacionalizan, una estructura que se repite desde el
Congo hasta Gaza y Papúa Occidental.
Armas
La guerra de Sudán se sustenta en una extensa red internacional de armas, lo que da lugar a un flujo
casi sin obstáculos de armamento. Los países vecinos sirven como rutas de
tránsito clave, mientras que tanto las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) como las
Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) siguen recibiendo armas a pesar del embargo de
larga data de la ONU sobre Darfur. Esto pone de relieve la complicidad de la
comunidad internacional, donde la legalidad y su aplicación son secundarias
frente a los intereses estratégicos.
Los Emiratos Árabes Unidos (EAU)
desempeñan un papel fundamental en el armamento de las RSF. Numerosas investigaciones
documentan transferencias continuadas e incluso intensificadas
desde 2023, entre las que se incluyen drones chinos,
armas de fabricación israelí
y otro tipo de equipamiento. También están implicados Estados occidentales y
fabricantes de armas de todo el mundo: se han rastreado componentes procedentes
del Reino
Unido, Francia,
Canadá,
Bulgaria y Estados Unidos en los arsenales de las RSF, a menudo desviados de
exportaciones legales desde los EAU.
Los flujos de armas no se limitan a las RSF. Ambas partes han recibido
armas de China, Rusia, Turquía, Serbia, Yemen e Irán. Chad, Sudán del Sur,
Libia, la República Centroafricana, Eritrea y Etiopía han sido identificados
como rutas de suministro de armas, combustible y combatientes.
Las armas matan en el presente, ya que permiten una destrucción inmediata, pero son inseparables de
la explotación a largo plazo que alimenta el conflicto. En conjunto, estas
pruebas demuestran que la guerra de Sudán no solo es tolerada, sino que es
sostenida activamente por actores internacionales. A pesar de la abrumadora
documentación de las atrocidades, los embargos de armas se aplican de forma
laxa y se violan de manera habitual. Esto plantea una pregunta fundamental:
¿por qué, ante el sufrimiento masivo de la población civil, los desplazamientos
y la hambruna, los Estados siguen permitiendo transferencias de armas que, como
es previsible, propician más violencia? Para la población civil de Sudán, la
respuesta parece tristemente coherente: los beneficios globales y la influencia
geopolítica siguen pesando más que el valor de las vidas sudanesas. La lógica
es clara: la guerra se convierte en un mercado, y las vidas sudanesas son daños
colaterales dentro de las cadenas de suministro globales de la violencia.
Recursos y extracción
La reticencia de los Estados a hacer frente de manera significativa a las atrocidades cometidas en
Sudán no puede entenderse al margen de la lógica del capitalismo global, que
sigue dependiendo de la extracción de recursos del Sur Global en condiciones de
violencia. La economía de guerra de Sudán va mucho más allá de las balas. Se
financia a través de una red de recursos naturales, ganado y materias primas
como la goma arábiga, lo que vincula la violencia local con el consumo global.
Sudán posee importantes reservas de petróleo y vastos yacimientos de oro. Su riqueza, en oro y
petróleo, lleva mucho tiempo atrayendo a potencias extranjeras y a grupos
armados. La reciente toma
por parte de las RSF del mayor yacimiento petrolífero de Sudán ilustra cómo el
control de los recursos se traduce directamente en poder militar, mientras que
los ingresos del oro sostienen las operaciones tanto de las SAF como de las
RSF. El oro es especialmente vital para las RSF, ya que se transporta
fácilmente y se convierte rápidamente en efectivo, lo que lo hace ideal para
financiar milicias, pagar a los combatientes y comprar armas.
Los actores extranjeros están profundamente arraigados. Rusia explota minas de oro a través de
entidades vinculadas al “Cuerpo
de África”, y se estima que el 10 % de sus reservas procede de Sudán, a
menudo a cambio de armas que apoyan la guerra de Rusia en Ucrania. Los Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudí son actores clave en una lucha de influencias más
amplia en el Cuerno de África, importando oro, petróleo y ganado sudaneses.
Dubái se ha convertido en un importante centro de refinado y comercio,
gestionando casi todas las exportaciones de oro registradas oficialmente
procedentes de zonas controladas por el ejército en 2024, excluyendo los flujos
ilícitos que, según la opinión generalizada, superan en gran medida a las
exportaciones legales.
Las exportaciones de ganado y alimentos refuerzan este patrón. Los grandes rebaños de Sudán abastecen a los
mercados del Golfo, en particular a Arabia
Saudí, cuya producción nacional no puede satisfacer la demanda durante
fiestas religiosas como el Hayy. Los actores armados a lo largo de las rutas de
transporte imponen impuestos
informales, confiscan animales y convierten el comercio en financiación de la
guerra. La demanda mundial transforma estas economías civiles en cadenas de
suministro militarizadas: los beneficios circulan a nivel internacional,
mientras que la violencia permanece localizada.
Los productos básicos menos visibles también son importantes. La goma arábiga, que se recolecta de los
árboles de acacia y se utiliza en refrescos, productos de confitería, productos
farmacéuticos y cosméticos, alimenta
ahora la economía de guerra. Alrededor del 80 %
del suministro mundial procede de Sudán, donde tanto las Fuerzas Armadas
Sudanesas (SAF) como las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) luchan violentamente por
el control de las zonas de recolección y explotan rutas informales a través de
Chad, la República Centroafricana y Sudán del Sur para llegar a las cadenas de
suministro multinacionales. Aproximadamente la mitad
es comprada por empresas europeas, lo que hace que productos de uso cotidiano
—desde Coca-Cola hasta cosméticos— lleguen a las estanterías gracias a la
coacción y al control armado, implicando a los consumidores mucho más allá de
las fronteras de Sudán.
La estructura económica de Sudán refleja el clásico modelo de extracción colonial: las materias primas
salen del país, la violencia se contiene como local y la acumulación de valor
tiene lugar en otros lugares. Gran parte de la extracción de recursos se lleva
a cabo de manera informal o ilícita, y los minerales, el petróleo, el ganado y
la goma de adeno circulan a través de redes opacas que dificultan la rendición
de cuentas. Aunque parezca que Europa importa poco directamente de Sudán, esta
visión es muy engañosa. El comercio es extenso
con los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y China, países que dominan los
flujos de recursos de Sudán. Aunque el dominio colonial formal ha terminado,
Sudán funciona como una zona de extracción neocolonial: sus recursos fluyen
hacia el exterior, su violencia se internaliza y su población queda excluida
del valor que genera.
Las implicaciones son crudas: el oro, el petróleo, el ganado y la goma arábiga sudaneses financian a actores
armados, sostienen una economía de guerra globalizada e implican a consumidores
lejanos en la violencia. El consumo cotidiano —oro refinado, refrescos, carne
importada— está ligado a muertes lejanas, lo que ilustra el coste moral de una
cadena de suministro globalizada.
Ubicación geográfica
La importancia de Sudán va más allá de sus recursos naturales y se extiende a su ubicación
geográfica estratégica a orillas del mar Rojo, lo que le proporciona acceso
al canal de Suez y lo convierte en una puerta de entrada desde Oriente Medio hacia
África. El control de los puertos sudaneses, en particular el de Puerto Sudán,
ofrece una enorme influencia geopolítica y económica, incluida la influencia
sobre el comercio marítimo en el mar Rojo y el acceso a los mercados regionales.
Los Estados del Golfo han invertido miles de millones para afianzar su presencia: Arabia Saudí respalda a
las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y los Emiratos Árabes Unidos apoyan a las
Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) con ayuda financiera, armas y apoyo diplomático.
Estas inversiones se entrecruzan ahora directamente con las operaciones
militares y el control de las rutas comerciales, los puertos y los flujos de
recursos. Al controlar las infraestructuras portuarias clave y los corredores
terrestres, los actores armados pueden supervisar y gravar el movimiento de
materias primas críticas como el oro, el petróleo, la goma arábiga y el ganado,
convirtiendo la geografía estratégica de Sudán en un nodo vital de la economía
de guerra. Los puertos y corredores de Sudán reproducen lógicas imperiales:
controlar las rutas, extraer el valor, localizar la violencia.
Migración
La actuación europea se caracteriza por el control de la migración, lo que pone de manifiesto cómo las
prioridades de seguridad prevalecen sobre los derechos humanos. En 2016-2017,
la UE pagó 160
millones de euros al Gobierno de Al-Bashir para frenar la migración hacia
Europa. Aunque la cooperación directa se suspendió tras las masacres
perpetradas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Jartum en 2019, el “Proceso
de Jartum” en su conjunto sigue vigente. Estos acuerdos migratorios
contribuyeron al auge y al fortalecimiento
de las RSF al legitimar la cooperación con un dictador acusado y su aparato de
seguridad, a pesar de que la Corte Penal Internacional ya había dictado órdenes
de detención contra al-Bashir por crímenes de guerra y genocidio en aquel momento.
Aunque el impacto inmediato de la financiación destinada a la migración pueda ser menos visible que, por
ejemplo, el de las transferencias de armas, los investigadores advierten de sus
efectos a largo plazo: los grupos armados han aprendido que manipular los
flujos migratorios puede atraer la atención, la financiación y la legitimidad
política de Europa. La seguridad fronteriza europea, al igual que la extracción
de recursos, externaliza la violencia: la comodidad, la estabilidad y el
consumo en Europa se preservan a costa de vidas sudanesas.
La guerra de Sudán no es una anomalía, sino una expresión concentrada de un sistema global que depende
del intercambio desigual, la extracción violenta y la distancia moral. La
violencia armada, los desplazamientos masivos, la hambruna y la explotación
sistémica se sustentan no solo por actores nacionales, sino también por
potencias regionales e internacionales que se benefician de la inestabilidad.
Desde el oro y el petróleo hasta la goma arábiga, el ganado y el control
migratorio, las vidas sudanesas se convierten en prescindibles dentro de las
cadenas de suministro que sustentan el consumo global y el poder geopolítico.
Un conflicto que comenzó con milicias creadas para gobernar la periferia
alimenta ahora una economía global que gobierna a través de la distancia, la
negación y el consumo.
La neutralidad es un mito. Los beneficios globales y el posicionamiento estratégico siguen pesando más que
el valor de la vida humana. La guerra no termina en las fronteras de Sudán;
termina en los estantes de los supermercados, en las refinerías y en los
puertos, donde la violencia se ha convertido en consumo habitual. Lo que
comenzó como un refresco, un lingote de oro o carne importada está ligado a una
muerte lejana y a nuestro consumo, y vuelve a nosotros como una cuestión de
responsabilidad. Hasta que las vías vitales del comercio y las finanzas se vean
interrumpidas por sanciones, regulaciones comerciales y rupturas políticas, los
llamamientos a la paz seguirán siendo meramente retóricos. La justicia exige
enfrentarse no solo a quienes matan, sino también a quienes se benefician, a
quienes consumen y a quienes miran para otro lado.
Laura Wittebroek es escritora y miembro de Clamour.
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