Ley Patriótica sigue tan campante
William Fisher
IPS
4 de noviembre de 2009
NUEVA YORK - Algunas de las más controvertidas cláusulas de la Ley
Patriota estadounidense, aprobada apresuradamente tras los atentados del
septiembre de 2001 para reprimir el terrorismo, expirarán el mes próximo a menos
que el Congreso prorrogue su vigencia.
Todo parece indicar que la mayoría de los legisladores decidirán la
ratificación de la norma, que faculta al Poder Ejecutivo con amplios poderes de
control y vigilancia para espiar a ciudadanos inocentes.
La inminente prórroga cuenta con el aval del presidente Barack Obama y es
fuertemente cuestionada por organizaciones de defensa de los derechos humanos y
las libertades civiles.
El Comité Judicial del Senado aprobó la semana pasada el proyecto denominado
Ley de Extensión de la Ley Patriota, que supone enmiendas menores a la norma
original.
"El Comité tenía la oportunidad de sofrenar una ley que ha permitido
invasiones sin control del gobierno a la vida privada. No lo hicieron: aprobaron
un proyecto que no limita los poderes asignados (al Poder Ejecutivo) en la Ley
Patriota", declaró la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos
(ACLU), la más antigua de las organizaciones de derechos humanos de este
país.
El presidente del no gubernamental Comité de Defensa de la Carta de Derechos,
Chip Pitts, atribuyó la decisión del cuerpo legislativo a "consideraciones
políticas y de corto plazo".
El Comité del Senado ignoró "la necesidad de un enfoque más de largo plazo,
delicado, razonado y de acuerdo con el estado de derecho", dijo Pitts a IPS.
Los activistas concentran su atención en el Comité Judicial de la Cámara de
Representantes, que ya comenzó a debatir la iniciativa. Si eventualmente aprueba
el proyecto, las diferencias entre ambos textos deberán ser conciliadas por un
comité bicameral.
Una de las cláusulas de la Ley Patriota cuya expiración está prevista para el
mes próximo es la Sección 213, que amplía la capacidad del gobierno para emitir
órdenes de allanamiento y requisas de bienes sin informar al juez durante
semanas o meses.
Otra es la denominada "disposición lobo solitario" ("lone wolf provision"),
que permite al gobierno grabar conversaciones telefónicas de cualquier
sospechoso de estar involucrado en organizaciones terroristas.
También está prevista la expiración de la Sección 215, que obliga a los
jueces a autorizar, sin más trámite, las solicitudes de una amplia gama de datos
personales como registros médicos, comerciales y de bibliotecas, formuladas por
el Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal).
La Sección 505 elimina las restricciones a la emisión de "cartas de seguridad
nacional" -- instrumentos autorizan requisas de información comercial y
empresarial, e incluso a servidores de Internet-- por parte del Departamento de
Justicia (fiscalía general).
Este recurso se convirtió en una suerte de cheque en blanco para investigar a
personas e instituciones que no están sometidas a pesquisa judicial alguna.
La "disposición de registro telefónico errante" permite al gobierno grabar
llamadas y otras comunicaciones electrónicas de cualquier sospechoso de
participar en redes terroristas a través de un instrumento que salta de línea en
línea.
Dado el gran potencial de abuso de este mecanismo en comparación con los
tradicionales, aplicados a un solo teléfono, el Congreso legislativo insistió en
salvaguardas legales que restringían su uso.
También se debate el denominado "estatuto del apoyo material", que tipifica
como delito el suministro de tal "apoyo" a terroristas, definido como bienes,
servicios o asesoramiento tangibles o intangibles.
Esta disposición fue enmendada por la Ley Patriota de modo de penalizar una
amplia gama de actividades, sin importar si sus responsables tienen o no
intención real de apoyar actos u organizaciones terroristas.
Tribunales federales declararon inconstitucionales varias previsiones del
estatuto.
También es materia conflictiva la enmienda realizada el año pasado a la Ley
de Inteligencia para la Vigilancia de Extranjeros (FISA, por sus siglas en
inglés), un mecanismo que permite al gobierno grabar llamadas telefónicas y
registrar correos electrónicos de residentes en Estados Unidos sin autorización
judicial ni sospechas fundadas.
Las investigaciones en el marco de la FISA y de "registro telefónico errante"
fueron instituidas en la Sección 206 de la Ley Patriota.
La comunidad de activistas por los derechos civiles está dedicada ahora a
presionar al Comité Judicial de la Cámara de Representantes para que establezcan
más garantías de respeto a la privacidad y las libertades básicas.
Un proyecto a estudio de la Cámara, presentado por los legisladores John
Conyers, Jerrold Nadler y Robert Scott, del gobernante Partido Demócrata,
instituye salvaguardas en ese sentido, pero deja intactas las disposiciones
sobre el "apoyo material".
Esta cláusula ha permitido acusar a colaboradores de buena fe de
organizaciones caritativas y humanitarias
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