La apuesta de Trump puede estar por encima de la ley
De Fire John Yoo
08 de mayo de 2020
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 13 de mayo de 2020
La siguiente semana, la Suprema Corte escuchará los
argumentos de los abogados acerca de que la supuesta inmunidad absoluta que
tiene el presidente mientras está en el poder, escriben los profesores de
derecho Claire Finkelstein y Richard Painter.
“Lo
que está en riesgo es, ni más ni menos, que la responsabilidad de un presidente
con el estado de derecho si las justicias apoyan este punto de vista
extremo, será imposible hacer a este presidente, y a los futuros, responsables
en tribunales por sus acciones”.
Los abogados de Donald Trump han introducido un
argumento novedoso: que el presidente no debería ser distraído de la crisis de
Covid-19 (como si se hubiera tomado la molestia de enfrentarla, cerca de
sacrificar miles de vidas por la salud del mercado de valores).
El presidente ha apegado de la teoría de John Yoo “teoría
executiva unitaria”, declarándose “jefe encargado de la aplicación de la
ley” del país, “con el derecho a ignorar la independencia tradicional del
Departamento de Justicia”.
Si la Suprema Corte le da la razón al acusado en Trump v. Vance, las justicias harán imposible que esto suceda
y los futuros presidentes serán encontrados responsables por sus acciones.
Qué vergüenza, John Yoo. Qué vergüenza el derecho en Berkeley
Claire O. Finkelstein y Richard W. Painter
De The New York Times
La Suprema Corte de los Estados Unidos. Crédito: Christopher Lee
para el The New York Times
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El martes, la Suprema Corte de los Estados Unidos
tiene programada una audiencia para uno de los casos más consecuentes jamás
considerados en privilegio ejecutivo. Trump v. Vance tiene que ver con un
citatorio emitido por el abogado de distrito de Manhattan a los contadores del
presidente Trump exigiendo que le entreguen las declaraciones de impuestos y
otros documentos financieros a un gran jurado.
Lo que está en juego no es ni más ni menos que la responsabilidad de un presidente
sobre el estado de derecho.
El Sr. Trump dice que un presidente tiene “inmunidad absoluta temporal”, queriendo decir que no puede ser criminalmente investigado
mientras esté en el poder. De hecho, en un argumento oral ante la Corte de
Apelaciones de Estados Unidos para el segundo circuito en Nueva York, sus
abogados dijeron que si el presidente le disparara a alguien en la
Quinta Avenida, no podría ser investigado o encontrado culpable sino hasta que
dejara el poder.
Si la justicia apoya este punto de vista extremo, será imposible encontrar a este presidente y a los futuros, responsables en
tribunales por sus acciones.
La posición legal del Sr. Trump contradice el claro precedente de la Suprema Corte. En U.S. v. Nixon, una Suprema Corte unánime
le ordenó al ex presidente Richard Nixon entregar las Cintas de la Oficina Oval
citadas por el procurador especial del Watergate Archibald
Cox. En Clinton v. Jones el tribunal unánime
sostuvo que un presidente actual podía ser forzado a testificar en respuesta a
un citatorio en una litigación civil. Tomados juntos, estos casos dejan claro
que un presidente no es inmune para ser investigado, ya sea de manera criminal
o civil, mientras esté en el poder.
Lo que dice el Sr. Trump acerca de inmunidad absoluta
es todavía más débil que las aserciones de los ex presidentes Nixon y Bill
Clinton. El citatorio fue emitido por un estado, en lugar de un fiscal federal.
La décima enmienda de la Constitución de Estados Unidos
permite a los estados cierto grado de autonomía en una investigación y en la
persecución de delitos. Aunque los procedimientos de gran jurado son secretos,
el Sr. Vince está, también, probablemente investigando si la empresa del
presidente, Organización Trump, falsamente rindió cuentas por pagos para
silenciar realizados en la campaña presidencial del 2016 a dos mujeres que
declararon haber tenido amoríos con el Sr. Trump. Negarle a Nueva York el
derecho a ejercer sus “poderes policiacos” sobre crímenes financieros serios
debería darles un descanso a los jueces de los tribunales conservadores.
El Sr. Trump lleva ya un camino peligroso de avance con su teoría de
inmunidad absoluta. Crédito: Doug Mills/The New York Times
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Además, el citatorio no fue emitido para el Sr. Trump, sino para Mazars, sus contadores. El Sr. Trump mantiene que la inmunidad de un
presidente actual es tan fuerte que se extiende a todo su imperio de negocios e
incluso a los negocios de terceras personas que tienen información personal.
Basado en esa lógica, el ex presidente Clinton podría haber bloqueado el
citatorio para la tintorería de Mónica Lewinsky, si hubiera sido el caso, para
prevenir que le entregara al consejo independiente que lo investigaba, el
infame vestido azul antes de ser limpiado.
El equipo legal del Sr. Trump asegura que la ley federal se antepone a la ley estatal, argumentando que su inmunidad desciende
directamente desde la autoridad constitucional presidencial bajo el Artículo II
de la Constitución. Presentamos un amicus brief en el caso oponiéndonos a la afirmación cambiante acerca de la inmunidad presidencial con
base en el lenguaje del Artículo II, la historia de su redacción y la
subsecuente interpretación por parte de los tribunales federales contradicen la
interpretación del Sr. Trump.
Más aún, su afirmación se conflictúa con la posición de la administración en otro reciente caso de la Suprema Corte sobre derechos
de los estados: Kansas v. Garcia. El solicitante general
de la administración ha tomado partido con Kansas en contra del reclamo del
inmigrante acerca de que la ley federal de inmigración previene a Kansas de
perseguirlo por robo de identidad.
Lo mismo debería de aplicar en Trump v. Vance: la Constitución le da al abogado de distrito de Manhattan la amplia latitud para
investigar mala conducta financiera en negocios cuya sede principal está en
Nueva York, a menos que la ley federal expresamente lo prohíba. Ninguna ley
federal lo hace.
Las autoridades normalmente citadas para la premisa de
que un presidente actual no puede ser acusado son dos memorandos del
Departamento de Justicia. En lugar de ofrecer un análisis legal basado en el
Artículo II, los memos son ampliamente pragmáticos, aconsejando que sería poco
inteligente distraer al presidente con un proceso legal cuando requiere estar
concentrado en intereses nacionales. Tal como son, estos memos son solo un
consejo para los fiscales del Departamento de Justicia. No están vinculando en
ninguna manera a los fiscales estatales.
En un escrito
del 27 de marzo para el tribunal, los abogados del presidente dieron un nuevo
giro, que es incluso más importante no distraer al presidente dada la crisis
del Covid-19, porque “la Nación requiere la atención completa del presidente”.
Pero, como lo observe el juez Antonin Scalia en los argumentos
orales en Clinton v. Jones, cuando un presidente está tan ocupado “que
nunca se le verá jugando golf por el resto de su gobierno”, entonces y solo
entonces, debiera la corte preocuparse por sus citatorios interfiriendo con su
habilidad para hacer su trabajo.
El requerimiento para que los contadores del Sr. Trump cumplan con el citatorio en Nueva York seguramente no interfiere con el manejo
del presidente de la crisis del Covid-19, si es que se ha tomado la molestia de
manejarla si quiera. Incluso el presidente Franklin Roosevelt no hubiera tenido
argumento de inmunidad si hubiera enfrentado un citatorio similar de una
tercera parte después de Pearl Harbor en 1941.
En un artículo del 2009 del Minnesota Law Review, el juez Brett
Kavanaugh propuso que el congreso aprobara un estatuto que inmunizaría al
presidente de una investigación criminal. Sugiriendo que se necesita tal ley,
el juez Kavanaugh implícitamente reconoció que la Constitución sola no
establece la inmunidad presidencial. Esto es lo mismo que Brett Kavanaugh, en
una manera, quien mandó el memo a su jefe en ese momento, el
consejero independiente de Whitewater Ken Starr, explicándole por qué se
“oponía fuertemente” a darle al presidente Clinton “un descanso en el
interrogatorio” durante la preparación para su deposición en relación con la
Srta. Lewinsky y quien redactó una serie de preguntas gráficas para que el Sr.
Starr le preguntara al presidente.
El Sr. Trump ya está lleva un avance peligroso con su teoría de inmunidad absoluta. En Committee on the Judiciary v. McGahn el
Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito del Columbia, falló
que el congreso no puede forzar sus citatorios a través de los tribunales
federales. Los senadores republicanos confiaron en la teoría de “inmunidad
testimonial absoluta” cuando se negaron a llamar testigos en el juicio de destitución.
También es preocupante que el presidente se haya hecho merecedor de la “teoría
de unidad ejecutiva” al declararse comandante en jefe del cumplimento de la
ley del país, reafirmando el derecho a ignorar la independencia tradicional del
Departamento de Justicia.
Si la Suprema Corte se alía con el Sr. Trump en el caso Vance y está de acuerdo con sus otras alegaciones de autoridad ejecutiva,
aquí es donde estará parada la responsabilidad presidencial: un presidente
actual no puede ser acusado o investigado a través de autoridad estatal o
tribunales federales, no puede ser investigado por el congreso o enjuiciado en
una manera significativa para destitución en el senado. Y bajo la amplia teoría
del Sr. Trump acerca de su autoridad sobre la rama ejecutiva, un presidente
podrá ser capaz de presionar a las agencias federales en servicio a esconder
corrupción de la vista del público.
Claire O. Finkelstein, una profesora de leyes y filosofía de
la Universidad de Pensilvania, en donde es la directora de la facultad del
Centro de Éticas y Estado de Derecho. Richard W. Painter es un profesor de la Escuela de Derecho de
la Universidad de Minnesota y fue abogado en jefe de éticas de la Casa Blanca
bajo el presidente George W. Bush.
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