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La apuesta de Trump puede estar por encima de la ley

De Fire John Yoo
08 de mayo de 2020

Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 13 de mayo de 2020

La siguiente semana, la Suprema Corte escuchará los argumentos de los abogados acerca de que la supuesta inmunidad absoluta que tiene el presidente mientras está en el poder, escriben los profesores de derecho Claire Finkelstein y Richard Painter.

Lo que está en riesgo es, ni más ni menos, que la responsabilidad de un presidente con el estado de derecho si las justicias apoyan este punto de vista extremo, será imposible hacer a este presidente, y a los futuros, responsables en tribunales por sus acciones”.

Los abogados de Donald Trump han introducido un argumento novedoso: que el presidente no debería ser distraído de la crisis de Covid-19 (como si se hubiera tomado la molestia de enfrentarla, cerca de sacrificar miles de vidas por la salud del mercado de valores).

El presidente ha apegado de la teoría de John Yoo “teoría executiva unitaria”, declarándose “jefe encargado de la aplicación de la ley” del país, “con el derecho a ignorar la independencia tradicional del Departamento de Justicia”.

Si la Suprema Corte le da la razón al acusado en Trump v. Vance, las justicias harán imposible que esto suceda y los futuros presidentes serán encontrados responsables por sus acciones.

Qué vergüenza, John Yoo. Qué vergüenza el derecho en Berkeley

Claire O. Finkelstein y Richard W. Painter
De The New York Times


La Suprema Corte de los Estados Unidos. Crédito: Christopher Lee para el The New York Times

El martes, la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene programada una audiencia para uno de los casos más consecuentes jamás considerados en privilegio ejecutivo. Trump v. Vance tiene que ver con un citatorio emitido por el abogado de distrito de Manhattan a los contadores del presidente Trump exigiendo que le entreguen las declaraciones de impuestos y otros documentos financieros a un gran jurado.

Lo que está en juego no es ni más ni menos que la responsabilidad de un presidente sobre el estado de derecho.

El Sr. Trump dice que un presidente tiene “inmunidad absoluta temporal”, queriendo decir que no puede ser criminalmente investigado mientras esté en el poder. De hecho, en un argumento oral ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el segundo circuito en Nueva York, sus abogados dijeron que si el presidente le disparara a alguien en la Quinta Avenida, no podría ser investigado o encontrado culpable sino hasta que dejara el poder.

Si la justicia apoya este punto de vista extremo, será imposible encontrar a este presidente y a los futuros, responsables en tribunales por sus acciones.

La posición legal del Sr. Trump contradice el claro precedente de la Suprema Corte. En U.S. v. Nixon, una Suprema Corte unánime le ordenó al ex presidente Richard Nixon entregar las Cintas de la Oficina Oval citadas por el procurador especial del Watergate Archibald Cox. En Clinton v. Jones el tribunal unánime sostuvo que un presidente actual podía ser forzado a testificar en respuesta a un citatorio en una litigación civil. Tomados juntos, estos casos dejan claro que un presidente no es inmune para ser investigado, ya sea de manera criminal o civil, mientras esté en el poder.

Lo que dice el Sr. Trump acerca de inmunidad absoluta es todavía más débil que las aserciones de los ex presidentes Nixon y Bill Clinton. El citatorio fue emitido por un estado, en lugar de un fiscal federal. La décima enmienda de la Constitución de Estados Unidos permite a los estados cierto grado de autonomía en una investigación y en la persecución de delitos. Aunque los procedimientos de gran jurado son secretos, el Sr. Vince está, también, probablemente investigando si la empresa del presidente, Organización Trump, falsamente rindió cuentas por pagos para silenciar realizados en la campaña presidencial del 2016 a dos mujeres que declararon haber tenido amoríos con el Sr. Trump. Negarle a Nueva York el derecho a ejercer sus “poderes policiacos” sobre crímenes financieros serios debería darles un descanso a los jueces de los tribunales conservadores.


El Sr. Trump lleva ya un camino peligroso de avance con su teoría de inmunidad absoluta. Crédito: Doug Mills/The New York Times

Además, el citatorio no fue emitido para el Sr. Trump, sino para Mazars, sus contadores. El Sr. Trump mantiene que la inmunidad de un presidente actual es tan fuerte que se extiende a todo su imperio de negocios e incluso a los negocios de terceras personas que tienen información personal. Basado en esa lógica, el ex presidente Clinton podría haber bloqueado el citatorio para la tintorería de Mónica Lewinsky, si hubiera sido el caso, para prevenir que le entregara al consejo independiente que lo investigaba, el infame vestido azul antes de ser limpiado.

El equipo legal del Sr. Trump asegura que la ley federal se antepone a la ley estatal, argumentando que su inmunidad desciende directamente desde la autoridad constitucional presidencial bajo el Artículo II de la Constitución. Presentamos un amicus brief en el caso oponiéndonos a la afirmación cambiante acerca de la inmunidad presidencial con base en el lenguaje del Artículo II, la historia de su redacción y la subsecuente interpretación por parte de los tribunales federales contradicen la interpretación del Sr. Trump.

Más aún, su afirmación se conflictúa con la posición de la administración en otro reciente caso de la Suprema Corte sobre derechos de los estados: Kansas v. Garcia. El solicitante general de la administración ha tomado partido con Kansas en contra del reclamo del inmigrante acerca de que la ley federal de inmigración previene a Kansas de perseguirlo por robo de identidad.

Lo mismo debería de aplicar en Trump v. Vance: la Constitución le da al abogado de distrito de Manhattan la amplia latitud para investigar mala conducta financiera en negocios cuya sede principal está en Nueva York, a menos que la ley federal expresamente lo prohíba. Ninguna ley federal lo hace.

Las autoridades normalmente citadas para la premisa de que un presidente actual no puede ser acusado son dos memorandos del Departamento de Justicia. En lugar de ofrecer un análisis legal basado en el Artículo II, los memos son ampliamente pragmáticos, aconsejando que sería poco inteligente distraer al presidente con un proceso legal cuando requiere estar concentrado en intereses nacionales. Tal como son, estos memos son solo un consejo para los fiscales del Departamento de Justicia. No están vinculando en ninguna manera a los fiscales estatales.

En un escrito del 27 de marzo para el tribunal, los abogados del presidente dieron un nuevo giro, que es incluso más importante no distraer al presidente dada la crisis del Covid-19, porque “la Nación requiere la atención completa del presidente”. Pero, como lo observe el juez Antonin Scalia en los argumentos orales en Clinton v. Jones, cuando un presidente está tan ocupado “que nunca se le verá jugando golf por el resto de su gobierno”, entonces y solo entonces, debiera la corte preocuparse por sus citatorios interfiriendo con su habilidad para hacer su trabajo.

El requerimiento para que los contadores del Sr. Trump cumplan con el citatorio en Nueva York seguramente no interfiere con el manejo del presidente de la crisis del Covid-19, si es que se ha tomado la molestia de manejarla si quiera. Incluso el presidente Franklin Roosevelt no hubiera tenido argumento de inmunidad si hubiera enfrentado un citatorio similar de una tercera parte después de Pearl Harbor en 1941.

En un artículo del 2009 del Minnesota Law Review, el juez Brett Kavanaugh propuso que el congreso aprobara un estatuto que inmunizaría al presidente de una investigación criminal. Sugiriendo que se necesita tal ley, el juez Kavanaugh implícitamente reconoció que la Constitución sola no establece la inmunidad presidencial. Esto es lo mismo que Brett Kavanaugh, en una manera, quien mandó el memo a su jefe en ese momento, el consejero independiente de Whitewater Ken Starr, explicándole por qué se “oponía fuertemente” a darle al presidente Clinton “un descanso en el interrogatorio” durante la preparación para su deposición en relación con la Srta. Lewinsky y quien redactó una serie de preguntas gráficas para que el Sr. Starr le preguntara al presidente.

El Sr. Trump ya está lleva un avance peligroso con su teoría de inmunidad absoluta. En Committee on the Judiciary v. McGahn el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito del Columbia, falló que el congreso no puede forzar sus citatorios a través de los tribunales federales. Los senadores republicanos confiaron en la teoría de “inmunidad testimonial absoluta” cuando se negaron a llamar testigos en el juicio de destitución.

También es preocupante que el presidente se haya hecho merecedor de la “teoría de unidad ejecutiva” al declararse comandante en jefe del cumplimento de la ley del país, reafirmando el derecho a ignorar la independencia tradicional del Departamento de Justicia.

Si la Suprema Corte se alía con el Sr. Trump en el caso Vance y está de acuerdo con sus otras alegaciones de autoridad ejecutiva, aquí es donde estará parada la responsabilidad presidencial: un presidente actual no puede ser acusado o investigado a través de autoridad estatal o tribunales federales, no puede ser investigado por el congreso o enjuiciado en una manera significativa para destitución en el senado. Y bajo la amplia teoría del Sr. Trump acerca de su autoridad sobre la rama ejecutiva, un presidente podrá ser capaz de presionar a las agencias federales en servicio a esconder corrupción de la vista del público.

Claire O. Finkelstein, una profesora de leyes y filosofía de la Universidad de Pensilvania, en donde es la directora de la facultad del Centro de Éticas y Estado de Derecho. Richard W. Painter es un profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Minnesota y fue abogado en jefe de éticas de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush.


 

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