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EX DIRECTIVOS DE FORD FUERON IMPUTADOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Los ex gerentes procesados
En marzo del año pasado la planta de Ford en Pacheco fue señalizada como
campo clandestino de detención y tortura. |
La jueza Alicia Vence procesó a tres ex directivos de la empresa trasnacional
–Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Sibilla– por considerarlos
partícipes de los secuestros y torturas que 24 trabajadores sufrieron durante la
dictadura.
Ailín Bullentini
Pagina12
22 de mayo de 2013
La jueza federal Alicia Vence ordenó lo que ex trabajadores de la empresa
Ford esperaban desde que los secuestros, torturas, robos y desapariciones
sucedidos durante la última dictadura son considerados delitos de lesa
humanidad: en un amplio y detallado fallo, la titular del Juzgado Federal en lo
Criminal y Correccional número 2 de San Martín procesó a tres ex gerentes de la
planta que la trasnacional tenía en Pacheco, al norte del conurbano bonaerense,
por considerarlos partícipes primarios penalmente responsables en 24 casos de
privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por
abuso funcional, con violencia y amenazas, e imposición de tormentos. En nueve
de esos casos, la jueza encontró un agravante más: el hecho de haberse sostenido
los delitos atribuidos durante más de un mes. “Hace diez años que trabajamos en
esta causa –remarcó el abogado Tomás Ojea Quintana– y el objetivo principal
siempre fue probar la complicidad civil en los delitos cometidos contra los
trabajadores”, muchos de ellos involucrados en la actividad gremial de la
empresa. Es el tercer caso en el que la Justicia considera la responsabilidad de
civiles, siempre vinculados con grandes empresas, en esta clase de delitos y el
primero en el que se involucra a una compañía trasnacional.
La causa en la que Vence aceleró el trámite desde marzo último, cuando citó a
declarar a los ex gerentes hoy procesados, investiga el secuestro, las torturas
y los homicidios de decenas de trabajadores de la sede de Ford en Pacheco, y
está en manos de la Justicia federal desde hace una década. “El general
(Santiago) Riveros fue fácilmente procesado, pero el objetivo fue siempre probar
la complicidad de los civiles”, señaló Ojea Quintana para dimensionar la
importancia del fallo de Vence.
En 150 fojas, la jueza imputó al ex gerente de Manufacturas de Ford en época
de la última dictadura, Pedro Müller; su par entonces en Relaciones Laborales
Guillermo Galarraga, y a quien era el jefe de Seguridad en la planta de Pacheco,
Héctor Sibilla, por “haber arbitrado los medios necesarios para señalar e
indicar al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV
del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados –menciona los
nombres de las 24 víctimas consideradas– para que de ese modo pudieran ser
detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión
implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa”. El
procesamiento dictado fue sin prisión preventiva, punto discutido por la
querella de los ex trabajadores. Hace poco menos de tres meses, Müller y
Galarraga desistieron de declarar. Sibilla negó todo.
Las víctimas supieron de la novedad el lunes a última hora, cuando la noticia
comenzó a circular. “Fue una explosión de alegría y de fuerza. Muchos se estaban
cansando de luchar”, resumió Ojea Quintana, que analizó como “lo más interesante
del fallo” la postura de la jueza frente a la complejidad que significa el
análisis de la responsabilidad civil durante el genocidio: “Vence plantea que si
en Argentina la ley penal permitiera imponer penas a personas jurídicas, en este
caso está claro que la empresa Ford es responsable de las torturas y los
secuestros. Es importante, porque ratifica lo que siempre dijimos: que la Ford
tiene responsabilidad y que como política de Memoria, Verdad y Justicia, y para
evitar que se repita, es necesario que estas entidades respondan”, concluyó.
En base a legajos de la Conadep y, sobre todo, a las declaraciones de las
víctimas –los 24 trabajadores fueron “blanqueados” después de pasar “entre 40 y
60 días” secuestrados en forma ilegal–, Vence dio por probado que Müller,
Galarraga y Sibilla “aportaron, suministraron o de algún modo brindaron la
información necesaria para que los militares de la Zona de Defensa IV pudieran
detener ilegítimamente y someter a condiciones inhumanas de vida, sometiendo a
golpizas a cada una de las víctimas”. La jueza también los imputó por “haber
permitido que se montara un centro de detención en el interior de la fábrica, en
los sectores del Campo de Deportes”, donde las víctimas “fueron golpeadas,
maniatadas, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que
ocurría”, según puntualiza el fallo.
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