DERECHOS HUMANOS-EEUU: Secretismo pierde el juicio
William Fisher
IPS
29 de abril de 2009
NUEVA YORK - El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados
Unidos, en la ciudad de Phoenix, determinó que el gobierno sólo puede recurrir a
su facultad del "secreto de Estado" para impugnar evidencias específicas, y no
para impedir un proceso antes de su inicio.
El dictamen, aplaudido por activistas de derechos humanos, se refiere a una
querella contra la empresa Jeppesen DataPlan por su participación en el programa
de "entregas extraordinarias" ("extraordinary rendition") durante la presidencia
de George W. Bush (2001-2009).
Los demandantes acusan a Jeppesen de planificar vuelos y brindar apoyo
logístico a aviones y tripulaciones involucradas en el secuestro de cinco
hombres por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y en su entrega a
cárceles dirigidas por Estados Unidos o agencias de inteligencia
extranjeras.
Las "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions") constituyen un
mecanismo empleado por Washington durante el gobierno de Bush para capturar a
"sospechosos de terrorismo" y transferirlos, sin pasar por tribunales, a
terceros países notorios por el uso de la tortura.
Jeppesen, subsidiaria de la compañía aeroespacial Boeing, fue demandada por
la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la más antigua de
las organizaciones de derechos humanos de este país.
El gobierno de Bush logró que se le reconociera en febrero de 2008 la
facultad del "secreto de Estado", cuando el caso fue atendido por un tribunal de
primera instancia.
El gobierno del sucesor de Bush, Barack Obama, siguió el mismo camino que su
predecesor y reivindicó el privilegio. Pero el Tribunal de Phoenix revirtió el
fallo anterior el martes.
"Esta histórica decisión marca el comienzo, y no el fin, de este litigio",
dijo el abogado Ben Wizner, del Proyecto Seguridad Nacional de ACLU, que
participa en la acusación.
"Nuestros clientes, apenas cinco entre miles de víctimas de tortura durante
el gobierno de Bush, han esperado años sólo para poner el pie en el umbral de
los tribunales. Ahora, podrán entrar", dijo Wizner.
Los tres miembros del Tribunal de Apelaciones resolvieron por unanimidad que
el gobierno sí tiene la facultad de tomar medidas para proteger secretos de
Estado mientras el caso transcurre.
"Según la teoría del gobierno, los jueces deberían custodiar efectivamente
todas las acciones gubernamentales secretas del escrutinio judicial, inmunizando
a la CIA y a sus socios de toda demanda y de los límites de la ley", escribió en
el fallo el jeuz Michael Hawkins.
Admitir los argumentos de Washington "alentaría perversamente al presidente a
clasificar información políticamente embarazosa sólo para dejarla fuera del
alcance de los jueces", agregó.
Los jueces tienen un importante papel que cumplir en la revisión de las
acusaciones contra el gobierno de acciones secretas que violan las libertades
individuales, añadió.
"Como bien lo sabían los fundadores de esta nación, la prisión arbitraria y
la tortura son un 'grosero y evidente acto de despotismo' bajo cualquier
circunstancia", sostiene el fallo.
Otro abogado de ACLU, Steven Watt, dijo a IPS que "el programa de 'entregas
extraordinarias' es bien conocido en todo el mundo" pero acotó que "el único
lugar donde no se ha discutido es donde es más necesario examinarlo: los
tribunales estadounidenses".
Lograr que la justicia de Estados Unidos considere el asunto "es como ganar
la lotería", dijo a Watt uno de los demandantes, Bisher Al-Rawi, liberado el año
pasado de la cárcel instalada en la base naval estadounidense en Guantánamo,
Cuba, sin haber sido acusado de delito alguno.
El Congreso legislativo de Estados Unidos tiene a estudio el proyecto
denominado Protección de Secretos de Estado, que convertiría en ley una
definición muy similar a la del Tribunal de Apelaciones en Phoenix.
Los cinco demandantes fueron supuestamente secuestrados por la CIA en 2001 y
2002.
Al-Rawi, ciudadano iraquí y residente permanente en Gran Bretaña, terminó en
Afganistán, donde fue torturado en dos instalaciones de la CIA antes de ser
transferido en Guantánamo, donde pasó más de cuatro años antes de ser liberado
en marzo de 2007. Volvió a radicarse en Londres.
Al etíope Binyam Mohammed lo desnudaron, le vendaron los ojos, lo encadenaron
y lo trasladaron a Marruecos, donde estuvo sin que nadie lo supiera 18 meses
preso durante los cuales fue interrogado por los servicios de inteligencia
marroquíes. Sufrió el mismo tratamiento luego en Afganistán y en Guantánamo. Fue
liberado en febrero.
Al ciudadano italiano Abou Elkassim Brittel le pusieron esposas, capucha y
pañales para su traslado de Pakistán a Marruecos, donde también fue
torturado.
El egipcio Ahmed Agiza voló en diciembre de 2001 de Suecia a su país de
origen, donde sufrió graves abusos y torturas. Sigue preso allí.
En octubre de 2003, Mohammed Farag Ahmad Bashmilah fue detenido por el
Departamento General de Inteligencia de Jordania, donde lo torturaron e
interrogaron. Agentes de la CIA lo golpearon antes de ponerle cadenas y pañales
para transportarlo en secreto a Afganistán. Lo liberaron en marzo de 2006, sin
ser acusado de delito alguno.
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