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La Justicia avanza por primera vez sobre crímenes de la dictadura
España investiga torturas del franquismo
Más de 50 años después, un tribunal español aceptó una querella contra integrantes de un escuadrón policial que
detuvo y torturó a 13 estudiantes. La irrupción de partidos de ultraderecha
sensibilizó a la sociedad.
Agustín Fontenla
Página|12
14 de enero de 2019
Es la primera vez que se abre una investigación
por torturas durante el régimen de Franco en España.
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Desde Madrid
El 24 de abril de 1971, Juan José López Hernando fue detenido en la casa de sus padres por la Brigada
Política Social, la policía secreta del dictador español Francisco Franco.
Junto a otros doce estudiantes universitarios apresados en la madrugada
anterior fue retenido durante 19 días, y sometido a torturas. Más de 50 años
después, un juzgado de instrucción español ha aceptado una querella contra
integrantes de aquel escuadrón policial de la ciudad de Valencia, y abrirá
diligencias para investigar las torturas sufridas por López Hernando y sus compañeros.
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“Fue una pequeña sorpresa porque pensábamos que las denuncias presentadas aquí en España no tenían
recorrido jurídico”, afirma López Hernando. “Por otro lado, recibimos la
noticia con mucha alegría porque creemos que se empieza a abrir una vía de
reparación.”
Durante los últimos años, las víctimas del franquismo solo pudieron acudir a la justicia en tribunales
argentinos, donde la jueza María Servini de Cubría mantiene abierto el único
caso que investiga los crímenes de la dictadura franquista. Un intento que, sin
embargo, no logró los resultados esperados puesto que el Gobierno español se
negó en su momento (2014) a cumplir con las órdenes de detención emitidas por
la magistrada.
“Esta es la primera vez que se abre una investigación por torturas durante el régimen de Franco en España”,
dice Ariada Ruiz, la abogada que representa la querella impulsada por López
Hernando y otras cinco víctimas. “Solo se habían abierto causas por las fosas,
por desapariciones forzadas, aunque fueron archivadas a los pocos días”, precisa.
Al igual que López Hernando, Ruiz recibió la noticia con asombro. “Siempre que se ha intentado
impulsar una investigación, siempre el juez ha tenido problemas, como sucedió
con Baltasar Garzón, que lo sustituyeron de su cargo por iniciar una causa para
juzgar los crímenes del franquismo.”
Ni López Hernando ni Ruiz están muy seguros sobre cuáles son las razones que explican el giro que ha
tomado el reclamo judicial, pero ambos apuntan a la situación política, y a que
la sociedad se ha sensibilizado respecto a los crímenes de la dictadura
franquista. “La irrupción de partidos de extrema derecha en el espectro
político ha aumentado la sensibilidad hacia las opiniones radicales y a los
riesgos que conllevan”, apunta López Hernando en referencia al partido Vox que
entre sus consignas exige la anulación de la Ley de Memoria Histórica que reconoce
a las víctimas del franquismo.
“Con el cambio de gobierno, el debate sobre la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos,
y la aparición de la extrema derecha, se ha empezado a hablar mucho del
franquismo en los medios de comunicación”, señala Ruiz. “Es posible que el
debate haya despertado cierta sensibilidad en algunos jueces, y que haya
envalentonado a alguno que aprovechó que el tema está en boga en la sociedad.”
En efecto, una de las medidas estrellas del gobierno de Pedro Sánchez, que asumió en junio tras una
moción de censura contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, ha sido la
exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, donde se encuentran
sepultadas miles de víctimas de la guerra civil española. En estos días, el
ejecutivo socialista libra una enrarecida batalla en la justicia con la familia
del dictador, y otra con el prior de la abadía donde reposan los restos, que
amenaza con extender aún más el proceso de exhumación que se aprobó en agosto
del 2018. Un claro ejemplo de las dificultades que surgen en el país ibérico
cuando se trata de juzgar al franquismo.
A pesar del impulso que tomó la discusión sobre los crímenes de Franco con la iniciativa del Gobierno
español, la abogada de López Hernando desconfía sobre el curso que continúe la
querella que presentó. “El auto que emitió el juez abriendo diligencias fue
publicado en la página del Consejo General del Poder Judicial, ahí publican
solo aquello relevante, que es necesario destacar, y creo que ahora mismo este
juez está recibiendo llamadas”, afirma Ruiz. “No sé hasta qué punto tendrá
resistencia para seguir esta batalla.”
Distinto es el escenario en el caso de que la justicia de Argentina dicte nuevas órdenes de detención. Ruiz
es optimista, y cree que si “el gobierno (español) se está atreviendo a exhumar
a Franco, sería contradictorio negar la extradición de presuntos culpables de
crímenes de lesa humanidad, y sería muy difícil explicarle a sus votantes que
no van a hacerlo”.
El contexto político-electoral del país ibérico puede ser un factor determinante en la causa de López
Hernando, y en la discusión sobre el franquismo por más que se insista en la
estricta separación de poderes que rige en la democracia española. Desde que
irrumpió Vox, y con la sucesión de Mariano Rajoy por el impulsivo Pablo Casado
en el Partido Popular (PP), el discurso de la derecha ya no oculta su rechazo a
debatir el franquismo. “Hablar de alguien que murió hace 43 años es una pérdida
de tiempo”, dijo Casado a la periodista Ana Pastor en una entrevista televisiva.
En la Comunidad Autonómica de Andalucía, donde esta semana asumirá un nuevo gobierno liderado por el PP,
la formación de Casado espera llegar más lejos. En un acuerdo firmado con Vox,
una de las fuerzas que hará posible la formación del ejecutivo regional,
prometió anular la Ley de Memoria Histórica que aprobó el parlamento de esa
autonomía en el 2017. La norma obligaba al Estado a realizar la apertura de
fosas comunes y recuperar los cuerpos de los desparecidos forzados en la
región. Se estima que un tercio de los 150 mil desparecidos por la dictadura se
encuentra enterrado en suelo andaluz.
Según precisa Ruiz, la cantidad de personas que sufrieron torturas durante el franquismo también
asciende a miles. Sin embargo, en la actualidad, solo se presentaron 18
querellas por este delito en todo el territorio español. “Somos unos de los
pocos países de Europa y América Latina donde se han producido crímenes de lesa
humanidad, y nadie ha tenido la oportunidad de denunciarlo”, afirma.
López Hernando y el resto de las víctimas de la Brigada Política Social en aquellos meses de 1971, son uno de los pocos
españoles que estos días pueden considerarse la excepción de esa penosa
realidad estadística. Por eso, aunque comprenden las presiones que puede
recibir el juez que investiga la causa, y son conscientes del impacto que
podría causar el debate político, no pierden la esperanza. “Espero que en este
país haya alguna reparación y algún reconocimiento de lo que suponía la
dictadura, y el esfuerzo de muchos demócratas por traer la libertad a España”.
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