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En el limbo, informe sobre prisiones secretas de la CIA

Mark Mazzetti y Matt Apuzzo / New York Times News Service | Sábado 14 Noviembre 2015

Washington— Un funcionario de seguridad del Senado de Estados Unidos salió al frío decembrino para entregar sobres marcados “ULTRA SECRETO” en el Pentágono, la CIA, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Dentro de cada uno había un disco con 6,700 páginas de un informe clasificado sobre el programa de prisiones secretas de la CIA y una carta de la senadora Dianne Feinstein en la que exhortaba a los funcionarios a leerlo para asegurarse de que no se perdieran las lecciones en el tiempo.

Hoy, esos discos están intactos en bóvedas por todo Washington, todavía en sus sobres originales. La FBI todavía no recoge una copia que está reservada para ella en la caja de seguridad del Departamento de Justicia. Funcionarios del Departamento de Estado, quienes guardaron la suya y la marcaron como “Archivo congresal. NO ABRIR”, tan pronto como llegó, tampoco lo han leído.

Casi un año después de que el Senado dio a conocer 500 páginas de un resumen desclasificado del informe, el destino de todo el documento sigue siendo el limbo, el tema de batallas en tribunales y en el Congreso estadounidense. Mientras no se resuelvan esas disputas, el Departamento de Justicia ha prohibido que los funcionarios de las dependencias del gobierno que lo tienen abran el informe, con lo cual, efectivamente, se ha impedido que la gente encargada del futuro del contraterrorismo en Estados Unidos lea una historia de su pasado. También existe la posibilidad de que los documentos pudieran permanecer para siempre en una bóveda del Senado.

En una carta dirigida a la procuradora general Loretta E. Lynch la semana pasada, Feinstein, demócrata por California, dijo que el Departamento de Justicia estaba evitando que el gobierno “aprendiera de sus errores del pasado para asegurarse de que no se repitan”.

Si bien Feinstein está ansiosa por ver el documento que se hizo circular, el Senado ahora está bajo control republicano. Su sucesor como jefe del Comité de Inteligencia, el senador Richard M. Burr de Carolina del Norte, ha exigido que el gobierno de Obama regrese todas las copias del documento. Burr ha declarado que el informe no es otra cosa más que “una nota a pie de página en la historia”.

Siempre estuvo claro que el informe completo quedaría resguardado, lejos de la vista de todo el mundo, durante años, si no es que décadas. Sin embargo, la exigencia de Burr, que significa que podría ser que ni siquiera los funcionarios con alto grado de autorización de seguridad puedan leerlo, les ha recordado a algunos funcionarios la escena final de “Raiders of the Lost Ark”, cuando se coloca al Arca de la Alianza en un cajón de embalaje junto con miles de otros secretos en una bodega del gobierno.

El informe cuenta la historia de cómo, en los meses posteriores a los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, la CIA empezó a capturar gente y a interrogarla en prisiones secretas, más allá del alcance de los sistemas judiciales y militares legales de Estados Unidos. La conclusión central del informe es que los métodos de interrogación del organismo de espionaje –incluida la simulación de ahogamiento, la privación del sueño y otros tipos de tortura– fueron muchísimo más brutales y muchísimo menos efectivos de lo que reconoció la CIA ante los formuladores de políticas, el Congreso y la población.

Por ahora, es la crónica a mayor profundidad de uno de los programas de contraterrorismo más controvertidos, después de los ataques del 11 de septiembre.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha demandado a la CIA para tener acceso al documento y, en este momento, el caso depende de quién tiene la propiedad. Los documentos del Senado están exentos de las leyes sobre los registros públicos, pero los del poder ejecutivo no. En mayo, un juez federal falló que, aun cuando Feinstein distribuyó el informe en el poder ejecutivo, sigue perteneciendo al Congreso. Esa decisión se apeló y los expedientes vencen este mes.

Funcionarios del Departamento de Justicia defienden su posición diciendo que el manejo del documento en alguna forma podría influir en el resultado de la demanda. Dijeron que un funcionario del Departamento de Estado que abrió el informe, loe leyó y los resumió podría llevar a un juez a determinar que se trata de un expediente del poder ejecutivo, lo cual alteraría el resultado de la demanda. El Departamento de Justicia también ha prometido no regresarle los expedientes a Burr mientas un juez no haya resuelto el asunto.

“Es bastante extraño, y no puedo pensar en un precedente”, comentó Steven Aftergood, el director del Proyecto sobre Confidencialidad Gubernamental de la Federación de Científicos Estadounidenses. Dijo que hay cualquier cantidad de documentos confidenciales del Senado que se comparten con organismos de inteligencia y siguen siendo expedientes congresales, aun si los leen miembros del poder ejecutivo.

Las conclusiones del informe sobre el programa de prisiones secretas siguen siendo tema de un debate fiero. Un grupo de ex altos funcionarios de la CIA publicaron un libro en el que cuestionan las conclusiones y la metodología del informe, y los republicanos en el Senado han ridiculizado a la investigación como mal hecha y partidista.

John O. Brennan, el director de la CIA, dijo en una conferencia el mes pasado que el informe contiene “muchas, pero muchas, caracterizaciones erróneas” del trabajo del organismo de espionaje en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre. Dijo que si bien se centra en “algunas deficiencias reales” del programa de detenciones, “no toma en cuenta el tremendo sacrificio y el servicio de los agentes de la CIA para mantener seguro al país”.

No se espera que el informe completo aporte evidencias de las técnicas de interrogación previamente reveladas, pero se dice que se describen esas sesiones a gran detalle, junto con miles de fotografías. En el informe, se explican los orígenes del programa, los nombres de los funcionarios involucrados y se identifica a gobiernos extranjeros que cooperaron. Asimismo, da detalles sobre el papel de cada organismo en el programa de prisiones secretas.

Incluso, el Departamento de Justicia, que jugó un papel central en la aprobación de los métodos de interrogación, ha prohibido que sus propios funcionarios lean el informe completo.

“El Departamento de Justicia estuvo entre esas partes del poder ejecutivo a las que se engañó sobre el programa, y que los funcionarios de esa dependencia conozcan la historia es crítico para su papel institucional en adelante”, escribió Feinstein al Departamento de Justicia la semana pasada, en una carta que firmó junto con el senador Patrick J. Leahy de Vermont, el más alto demócrata en el Comités Judicial.

En el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia estuvieron de acuerdo en el argumento de Burr de que el documento le pertenece al Congreso. Como evidencia, señalan un acuerdo entre la CIA y el Senado cuando el Comité de Inteligencia empezó su prolongada investigación. El Senado estaba bajo control demócrata en ese entonces.

El acuerdo dice que cualquier “documento, borrador y recomendación final, informe u otro material” generado durante la investigación es un documento congresal. “Como tales, estos expedientes no son documentos de la CIA, de conformidad con la Ley de libertad de información”, dice el acuerdo.

La ACLU dice que el acuerdo quedó sin efecto una vez que Feinstein mandó el informe a las dependencias del gobierno. Debido a que es evidente que ella pretendía que el poder ejecutivo utilizara el informe, sostiene la ACLU, el comité renunció al control del documento.

Si Burr lograra que le regresen las copias del informe al Comité de Inteligencia, dijo Aftergood, poco a poco, podría hacer que fuera irrelevante.

“Entre más tiempo esté enterrado, menos relevante se vuelve”, notó.

Fuente: http://diario.mx/Nyt/2015-11-14_f73ce1d1/en-el-limbo-informe-sobre-prisiones-secretas-de-la-cia/


 

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