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21 de agosto de 2015

El Mundo no Puede Esperar moviliza a las personas que viven en Estados Unidos a repudiar y parar la guerra contra el mundo y también la represión y la tortura llevadas a cabo por el gobierno estadounidense. Actuamos, sin importar el partido político que esté en el poder, para denunciar los crímenes de nuestro gobierno, sean los crímenes de guerra o la sistemática encarcelación en masas, y para anteponer la humanidad y el planeta.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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El régimen fascista maniobra para aumentar detenciones de niños en campos de concentración y la deportación en masa de inmigrantes

28 de agosto de 2019 | revcom.us

La satanización, criminalización y deportación de los inmigrantes (en inglés)

Compliamente en las redes sociales

Un corto del discurso Por qué nos hace falta una revolución real y cómo concretamente podemos hacer la revolución

Lea el corto en español aquí y el discurso completo en español aquí.





Centro de Detención, Weslaco, Texas, 11 de junio de 2019. Foto: Oficina del Inspector General, Dpto. de Seguridad Interna







El 21 de agosto, el régimen de Trump y Pence anunció dos medidas crueles contra los inmigrantes. Una es una nueva regla que permitiría al gobierno (en caso de que no la revoquen los tribunales) encarcelar indefinidamente a padres y madres indocumentados y sus hijos y también retener a sus hijos en condiciones aún más terribles que en la actualidad. La otra medida fue el anuncio de Trump de que “contempla con muchísima seriedad” la eliminación de la “ciudadanía por nacimiento”, lo cual, si él lo lograra, implicaría que los bebés que nacieran en Estados Unidos de madres que no sean ciudadanas no serían ciudadanos; efectivamente serían consideradas “ilegales” y por lo tanto al nacer, estarían sometidos a la detención y la deportación.

En conjunto, el propósito de estas medidas es llevar la demonización y persecución de cientos de miles, incluso millones, de inmigrantes a nuevos abismos de inhumanidad.

Crueldad institucionalizada

En las décadas de los años 1980 y 1990, grandes cantidades de centroamericanos emprendieron la peligrosa travesía de casi 5.000 kilómetros desde sus países de origen a Estados Unidos. Huían de un infierno de matanzas genocidas en su contra infligidas por guerras auspiciadas y respaldadas por Estados Unidos. (Para conocer más sobre esto, lea la serie Crimen Yanqui en revcom.us sobre Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.)

La mayoría de los que no fueron arrestados en la frontera o detenidos en redadas de la Migra —la policía migratoria— fueron apiñados en los tugurios de Los Ángeles y otras ciudades. Muchos fueron explotados en trabajos de mierda de baja paga. Los arrestados fueron metidos en “centros de detención”, mejor dicho, campos de concentración. El New York Times describió las condiciones en un centro en el sur de California que suscitó una larga batalla en los tribunales para obtener tratamiento digno para los niños inmigrantes detenidos: “Una barricada de alambre de concertina rodeaba a un viejo motel… donde los inmigrantes fueron encerrados en cuartos apiñados, niños y adultos todos revueltos durante semanas… no les ofrecieron [a los niños] educación, recreo, médicos ni visitas con parientes”.

Ahora el edicto del régimen de Trump y Pence revocaría los resultados de esa batalla en los tribunales —el Acuerdo Flores— que por 22 años ha establecido un marco jurídico para el tratamiento de niños inmigrantes bajo detención, y que supuestamente proveía un estándar mínimo de derechos jurídicos y tratamiento digno para los niños (ver recuadro).

A pesar de esas supuestas protecciones y directrices, los niños y otros inmigrantes han sido detenidos en condiciones sucias, apiñadas, insalubres y sin supervisión. De rutina separan a los niños de sus madres y padres. Según el noticiero CBS News, este año, al menos siete niños han muerto dentro o inmediatamente después de salir de la detención y campos de concentración de la Patrulla Fronteriza y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

En una entrevista con la revista The Atlantic, la profesora de derecho de la Universidad de Columbia Elora Mukherjee describió las condiciones que encontró este año en el campo de concentración de Clint, Texas. Dijo que lo que presenció fue “…espantoso. En mis 12 años de representar a niños inmigrantes detenidos, jamás he visto tal degradación e inhumanidad. Los niños estaban sucios, asustados y con hambre.

“La inmensa mayoría de los niños a los que yo entrevisté no habían tenido la oportunidad de ducharse o bañarse desde que cruzaron la frontera [días y semanas antes]. Vestían la misma ropa que tenían puesta cuando cruzaron la frontera. La ropa estaba empapada de fluidos corporales, entre ellos orines y leche materna en el caso de las madres adolescentes que amamantaban.

“Casi todos los niños con los que hablé me dijeron que tenían hambre porque no les habían dado suficiente comida. En Clint, sirven la comida racionada en bandejas. Todos reciben bandejas idénticas, sin importar la edad, sea de un año o 17 años, o sin importar ser una madre adolescente que amamantaba que requiere más calorías. Todos los días les sirven la misma comida, y ninguno de los niños recibe fruta, vegetales o leche”.

Pero para los fascistas desalmados que controlan las riendas del poder hoy en Estados Unidos, todo eso no es suficiente. Trump tiene por objeto revocar el Acuerdo Flores, lo cual le permitiría al gobierno detener a las familias indefinidamente y/o deportarlas rápidamente. Le daría una luz verde al gobierno para construir campos de concentración por todo Estados Unidos, con poca o ninguna reglamentación de las instalaciones.

Según el jefe de Departamento de Seguridad Interna (DHS), Kevin McAleenan, tan sólo en lo que va del año han llegado a Estados Unidos 475.000 familias inmigrantes, en su mayoría en cruces de la frontera con México. La anulación del Acuerdo Flores, junto con otras medidas impuestas por el DHS, tales como por ejemplo “expulsiones aceleradas”, indican que el gobierno tiene toda la intención de llevar a cabo horripilantes crímenes contra la humanidad a una escala verdaderamente masiva.

No se puede permitir eso

Las medidas y amenazas que se anunciaron esta semana todavía no han entrado en vigor. Después de que el DHS presentó oficialmente las nuevas reglas el 23 de agosto, están programadas para entrar en vigor a 60 días de esa fecha. Indudablemente habrá contrademandas. Para cambiar la ley sobre la ciudadanía por nacimiento, se requeriría una enmienda a la Constitución federal. Pero la realidad es que, por horripilante que sea la amenaza de Trump de privarles de ciudadanía a los niños que nacen con madres inmigrantes, la “lógica de la lógica” que impulsa a este régimen supremacista blanco podría llevar a estos fascistas a extender estas medidas propuestas a otros sectores no blancos de la población (recuerden el comentario reciente que Trump lanzó contra algunas congresistas de color que son ciudadanas, de que “se regresen a sus países”).

Los ataques que vomitan Trump y sus golpeadores fascistas son parte de una escalada extremadamente siniestra y peligrosa. Ya han tenido un efecto escalofriante sobre millones de inmigrantes en Estados Unidos. Envalentonan y alientan a los supremacistas blancos y a las fuerzas neonazis por toda la sociedad con su virulento y asesino odio por los inmigrantes. Estas maniobras destripan toda apariencia de legalidad y compasión y en su lugar imponen la represión cada vez más abierta y el cruel desdén. Siguen fortificando una frontera que ya está militarizada a un grado surrealista.

El 21 de agosto, Trump dijo que todos estos ataques contra los inmigrantes se están “juntando como un hermoso rompecabezas”. Los fascistas en el poder nos están diciendo cuáles son sus intenciones. La pregunta es, ¿qué hará la gente, es decir los miles de personas y con el paso del tiempo, los millones de personas?

Desde ya hay que derrotar estos atropellos, y hay que enfrentársele con una oposición masiva y sostenida.

 


El Acuerdo Flores

El Acuerdo Flores lleva el nombre de Jenny Flores, una joven salvadoreña de 15 años que fue tratada brutalmente cuando estuvo detenida en Pasadena, California, en los años 1980. En 1985, un abogado presentó una demanda en su nombre y en nombre de “todos los menores de edad detenidos por el Servicio de Inmigración y Naturalización” (hoy Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) en su región occidental. La demanda dice que las políticas sobre la manera en que el gobierno detiene y pone en libertad a los menores de edad van en contra de la Constitución, al igual que las condiciones abismales en las que los menores de edad fueron mantenidos.

Después de 12 años de acciones y casos en los tribunales, en 1997 por fin se resolvió el Acuerdo Flores, el cual estableció un límite de tiempo en que se podía detener a los menores de edad en los centros de detención, y decretó que se detuviera a los niños en condiciones “seguras y sanitarias”, que se les proporcionara una adecuada cantidad de alimentos, agua y tratamiento médico y que se les reunificara “expeditamente” con parientes, y otras condiciones.

Tanto las administraciones republicanas como demócratas han tratado de socavar el Acuerdo Flores y eludir su aplicación. Eso estuvo especialmente pronunciado en los años de Obama. En 2014, la cantidad de centroamericanos que intentaban entrar a Estados Unidos empezó a aumentar dramáticamente. La administración de Obama trató de reducir la cantidad de familias que solicitaran asilo mintiéndolas en detención, para luego procesarlas y deportarlas lo más pronto posible. Esta desalmada medida contribuyó a que a Obama llegara a conocerse como el “deportador en jefe”.

En 2015, la jueza federal Dolly Gee extendió el Acuerdo Flores para incluir no solo a los niños sino a sus madres y padres también, porque los centros de detención en que estaban retenidos no cumplían con los estándares adecuados. Ordenó que la administración de Obama pusiera en libertad a los niños y sus madres y padres. Además, ordenó que todos los niños en detención fueran puestos en libertad en cosa de 20 días.

En mayo de 2018, como parte de la política de “tolerancia cero” del régimen de Trump y Pence de encerrar y procesar a todos los que cruzan la frontera sin documentos, entre ellos los que solicitan asilo, el gobierno empezó a arrebatar los hijos a sus madres y padres, algunos de estos niños que tenían menos de 5 años de edad. Cuanto estallaron protestas por todo Estados Unidos, Trump dijo que iba a dejar de separar las familias en la frontera. Pero casi en el mismo pronunciamiento, del otro lado de la boca dijo que su administración iba a ordenar que fueran encarceladas las familias sin separación, casi las mismas medidas que Gee había prohibido bajo Obama.

Pero Trump aún se sentía restringido por Flores. En septiembre de 2018, su régimen publicó un plan de 200 cuartillas que esboza las reglas que pondrían fin a Flores por completo. Se convirtió en fundamento de las medidas que se están inscribiendo oficialmente en el Registro Federal. Como Jennifer Podkul, la directora de política de Kids in Need of Defense (Niños con necesidad de una defensa, KIND por sus siglas en inglés), le dijo a la revista The New Yorker, este es “un ataque frontal contra los niños en custodia”.


 

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