EL FANTASMA DE GUANTÁNAMO
Expertos de Naciones Unidas reclaman que Biden cierre
esa prisión ilegal, como prometió en 2008
POR SERGIO FERRARI
El Cohete a la luna
17 de enero de 2021
Protesta en Washington para
exigir el cierre de Guantánamo. Foto Amnistía Internacional.
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Aunque no pareciera integrar la agenda prioritaria de la nueva administración
estadounidense, Guantánamo seguirá ocupando un lugar esencial en el debate
global sobre la indignidad humana. El futuro de ese centro ilegal de detención
será un termómetro más para tomarle la “fiebre” al nuevo-viejo equipo que
ocupará la Casa Blanca en pocos días.
Las voces críticas vuelven a sintonizar la denuncia y acrecientan la exigencia de acabar
con esa instalación donde todavía se alojan 40 prisioneros. Luego de cuatro
años de ronquera sistemática y de más de una década de promesas incumplidas por
parte de los sucesivos gobiernos de ese país, hay que terminar con esa cárcel
“vergonzosa para los Estados Unidos y para la comunidad internacional en su conjunto”.
Quienes acaban de alzar la voz son un grupo de expertos de las Naciones Unidas. A
través de un comunicado,
emitido el segundo lunes de enero de 2021, reclaman el cierre del penal y la
investigación de los abusos de las garantías fundamentales cometidos en el mismo.
“Guantánamo debería haberse cerrado hace mucho tiempo”, afirman conjuntamente Nils
Melzer, relator especial
sobre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, Leigh
Toomey, Elina Steinerte, Miriam Estrada-Castillo, Mumba Malila y Seong-Phil
Hong, todos ellos integrantes del Grupo de Trabajo
sobre Detención Arbitraria. Suscriben también la posición crítica
del organismo internacional Agnes Callarmard, relatora especial sobre
ejecuciones sumarias o extrajudiciales, y la relatora especial Fionnuala Ní
Aoláin, a cargo de protección de los derechos humanos en la lucha antiterrorista.
Los relatores forman parte de los denominados Procedimientos
Especiales del Consejo de
Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del
sistema de la ONU. Investigan y supervisan situaciones de derechos humanos en
países problemáticos o dan seguimiento a temas específicos sobre ciertos
derechos esenciales violados.
Los detenidos actuales en la cárcel de la Bahía de Guantánamo –todos entre 38 y 73 años de
edad y con 13 a 19 años de encarcelamiento en sus espaldas– corren el riesgo de
morir en prisión por el rápido deterioro de su salud debido al envejecimiento y
los daños físicos y mentales causados por las condiciones crueles e inhumanas
de su encarcelamiento, subrayaron estos expertos.
De los cuarenta, sólo uno fue formalmente condenado, y cumple su pena. Varios permanecen
encarcelados, sin cargos, y podrían ser liberados pues no se los acusa de nada.
Así lo señala Yves Prigent, encargado del seguimiento de la situación en
Guantánamo para la sección francesa
de Amnistía Internacional. Quien agrega que 24 de los detenidos
están en un “limbo legal” pues, aunque se los remitió a un juez, aún no se los
ha interrogado”.
Torturas y graves violaciones de derechos
humanos como regla. Foto Amnesty Suiza. |
Diecinueve años de abusos
El centro de detención de máxima seguridad de Guantánamo está enclavado en la bahía del
mismo nombre en el sudeste de Cuba, dentro del territorio de la base naval que
los Estados Unidos establecieron allí tras la guerra hispano-estadounidense de
1898. Luego de la independencia de esa nación caribeña, los Estados Unidos se
apropiaron indefinidamente de este territorio mediante la fórmula de “arriendo
a perpetuidad”. Cuba rechaza la validez del acuerdo firmado bajo renovadas
amenazas bélicas, concretamente, de una nueva invasión, de parte del gigante
del norte.
Establecido por el gobierno del presidente George W. Bush a inicios de 2002 tras el
atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, este centro
de detención extraterritorial tuvo como propósito mantener fuera del sistema
judicial federal de los Estados Unidos a los detenidos acusados de terrorismo
en aquellas naciones donde sus fuerzas armadas promovieron operaciones
militares partir de 2002. De esta manera, los Estados Unidos han pretendido
evadir su obligación de reconocer y respetar las garantías de las Convenciones
de Ginebra, fundamentalmente el derecho a la defensa.
Guantánamo llegó a alojar más de 750 prisioneros de una veintena de países, muchos de los
cuales han padecido –y continúan padeciendo– detenciones prolongadas e
indefinidas aun cuando no han sido procesados ni condenados por ningún delito
ni por autoridad judicial competente e independiente bajo el debido proceso
legal. Sin duda alguna, algo que los relatores de las Naciones Unidas consideran
“arbitrario y que constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante e,
incluso, tortura”.
Desde sus comienzos, “la tortura y los malos tratos han sido rampantes y continúan
institucionalizados… el estado de derecho está suspendido de facto y… se niega
la justicia”.
Las tensiones entre las políticas del poder ejecutivo y el poder judicial estadounidenses en
torno a Guantánamo no tardaron en aparecer. En 2006, la Corte Suprema de los
Estados Unidos declaró ilegales los procedimientos excepcionales en esa
prisión, aunque la controversia legal al respecto perdura en la actualidad.
Tras la decisión de la Corte Suprema, la administración Bush impulsó en el Congreso una
ley que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, permite detener sin la
revisión judicial debida a cualquier individuo, como lo señala Amnistía
Internacional en un informe que acaba de publicar. Este tipo de detención
extrajudicial ha provocado olas de protestas y críticas de la opinión pública
internacional. Durante estas casi dos décadas se denunciaron numerosos casos de
tortura y condiciones de detención degradantes.
Según la prensa de los Estados Unidos, los costos de mantenimiento de Guantánamo son
millonarios. En 2018, alcanzaron aproximadamente 540 millones de dólares, lo
cual representa un promedio de 13 millones de dólares por cada detenido.
Un boomerang que vuelve a los demócratas
Luego de cuatro años de trumpismo, la pelota regresa al terreno demócrata. En 2008, el
presidente Obama había anticipado su intención, a la postre no cumplida, de
cerrar este centro penitenciario.
El entonces vicepresidente Joe Biden se comprometió a tomar decisiones claras. En la
Conferencia de Seguridad de Múnich de 2009 –tal como lo recuerda el documento
de Amnistía Internacional–, Biden afirmó: “Respetaremos los derechos de
aquellos que llevemos a la justicia. Y cerraremos el centro de detención de la
Bahía de Guantánamo… Los tratados y las organizaciones internacionales que
construyamos deben ser creíbles y eficaces”.
Amnistía Internacional interpela: “Cuando Joe Biden entre a la Casa Blanca, tendrá la
oportunidad de cumplir con lo que dijo en ese momento”. Después del período de
la administración Trump, durante el cual los Estados Unidos han ignorado o
postergado la consideración de muchas cuestiones sociales, ambientales y de
justicia, las tareas de la administración Biden son muy grandes. Sin embargo,
como insiste Amnistía International, esto no justifica que no se pueda darle
prioridad al cierre de Guantánamo a fin de empezar a trabajar rápidamente para
resolver legalmente la situación de cada caso de los detenidos y además
comprometerse nuevamente a respetar las leyes internacionales de derechos
humanos. Y enfatiza: “No se trata solamente de las 40 personas que aún están
presas en Guantánamo “sino también de los crímenes de derecho internacional de
ayer” y la falta de rendición de cuentas por los mismos.
Celda de detención en Guantánamo. Foto Emma
Reverter, ONU. |
Voces coincidentes
“Llamamos a las autoridades estadounidenses a que procesen a las personas detenidas en
Guantánamo, en pleno cumplimiento de las leyes de derechos humanos, o a que se
las libere o repatríe inmediatamente respetándose el principio de no
devolución”, reclaman los ocho expertos de las Naciones Unidas en el comunicado
del 11 de enero.
Además, insisten en que Estados Unidos debe respetar sus obligaciones legales internacionales,
llevar a cabo investigaciones inmediatas e imparciales de presuntas violaciones
de derechos humanos y brindar reparación y rehabilitación a quienes han sufrido
detenciones arbitrarias prolongadas o cualquier forma de tortura o malos tratos.
“Con la entrada de un nuevo gobierno en Estados Unidos y a medida que nos acercamos al
vigésimo aniversario del 11 de septiembre de 2001, Guantánamo debe cerrarse
para siempre”, enfatizan.
Limbo jurídico
Por otra parte, estos expertos insisten en la necesidad de la “destitución de las
comisiones militares [Tribunales militares] por considerárselas incompatibles
con las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional”.
Sostienen, además, que los detenidos en Guantánamo “han sido sometidos a torturas o son
víctimas de traumas comparables mientras viven en un limbo legal, fuera del
alcance del sistema judicial constitucional estadounidense”.
Y apuntan “que las comisiones militares todavía están en procesos previos al juicio sobre
mociones para suprimir pruebas que han resultado de actos de tortura”. Esos
procedimientos podrían tomar años, por lo que no se esperan juicios a corto
plazo, lo que significaría la detención indefinida de los reclusos.
Esas metodologías procesuales militares “violan los requisitos de imparcialidad,
independencia y no discriminación y nunca debieron haber sido utilizadas en la
forma en que se usaron en Guantánamo. Estas personas deben recibir una
audiencia justa y pública por parte de un tribunal civil competente, independiente
e imparcial previamente establecido por ley”, concluyen los expertos de la ONU.
En una nación convulsionada que no termina de reacomodarse ante los hechos vividos en los
últimos años y, muy particularmente, a partir del reciente 6 de enero, el respeto
de los derechos humanos universales podría dividir las aguas políticas del
futuro posterior al próximo 20 de enero cuando se instale el Gobierno de Biden.
La deuda de credibilidad hacia la comunidad internacional –que sigue mirando
azorada a Washington y los sucesos del Capitolio– es enorme. Derrumbar los
muros de la infamia de Guantánamo podría operar como una primera señal para el
recupere de la confianza por parte de la comunidad internacional.
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