El asesinato policial de
Ismael López: La consolidación del fascismo en práctica y por ley
16 de octubre de 2019 | revcom.us
Ismael López era un inmigrante de 41 años de edad de México. Había vivido en Estados
Unidos durante décadas, y tenía un taller de reparación de autos en Southaven,
Misisipí, un suburbio de Memphis. Él y su esposa, Claudia Linares, se casaron
en el condado de Crittenden, Arkansas.
A eso de la medianoche del 24 de julio de 2017, dos cerdos del departamento de
policía de Southaven balearon y mataron a López dentro de su casa. Los policías
dijeron que buscaban a un hombre en una casa al otro lado de la calle de la
casa rodante de López. López no había cometido ningún crimen, y no había
órdenes de arresto en su contra. Pero estos cerdos abrieron a golpes la puerta
de su casa rodante y abrieron fuego varias veces en la casa oscura. Uno de esos
disparos penetró el cráneo de Ismael López, se alojó en su cerebro y lo mató.
Exoneraron a los asesinos de Ismael López tanto un gran jurado en Misisipí como
el FBI.
En junio de 2019, Claudia Linares presentó una demanda de 20 millones de dólares
por muerte por negligencia ante un tribunal federal. La demanda dice que los
policías asesinos violaron los derechos civiles de López, específicamente la
Cuarta Enmienda, que establece que “No se violará” el derecho del pueblo “a la
seguridad de sus personas, [y] hogares... contra allanamientos e incautaciones
fuera de lo razonable”; y la Decimocuarta Enmienda, que dice que ningún estado
“privará a persona alguna [nuestro énfasis] de su vida, su libertad o su propiedad sin el debido procedimiento
legal...”.
Un argumento por una casta jurídica de “no personas”
En septiembre el municipio de Southaven respondió. Su argumento jurídico es que en vista de
que Ismael López estaba en Estados Unidos sin papeles, él “...aunque fuera una
persona en suelo estadounidense, no era uno de los ‘Nosotros, el pueblo de los
Estados Unidos’ con derecho a los derechos civiles invocados en esta demanda”.
Piense en lo que esto significa. Los funcionarios de Misisipí argumentan en los
tribunales federales que millones de inmigrantes son “no personas” que
no tienen los derechos protegidos por la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Este argumento declara
que sectores enteros de seres humanos son “infrahumanos”, “roedores”, sin incluso la
pretensión de derechos jurídicos. Eso se parece a lo que los nazis en Alemania habían declarado que
fueran los judíos, a medida que avanzaban hacia crear los campos de exterminio
que aniquilaron a millones de personas.
Lo que están argumentando los abogados de Misisipí ya lo están repitiendo los
funcionarios locales en una zona particularmente atrasada e históricamente
racista de Estados Unidos. Pero el sector dominante de la clase dominante de
Estados Unidos, y una gran parte de la sociedad estadounidense, aceptan la
perspectiva detrás de este argumento. Si los tribunales federales defienden
este argumento —y Trump ha venido llenando el poder judicial con fanáticos
fascistas cristianos durante casi tres años—, eso representará un gran salto en
la consolidación total del fascismo supremacista blanco. Le dará luz verde sin
restricciones a la policía de todo pelaje para matar y brutalizar a los
inmigrantes, y a las personas que “sospechan” de ser inmigrantes. Proporcionará
una defensa jurídica para todo tipo de violencia contra aquellos los que, por
ley, son “no personas”.
Esto es un genocidio en formación. Los ataques a los inmigrantes se basan en
corrientes profundas y centenarias de supremacía blanca y de odio por los
inmigrantes en la sociedad estadounidense. Tienen el potencial, aquí y ahora,
de convertirse en horrores más allá de la imaginación.
Un Dred Scott del siglo XXI
Poco antes del estallido de la Guerra Civil de Estados Unidos, la Corte Suprema
rindió su tristemente célebre decisión en el caso de Dred Scott. Resolvió que
la gente negra “no está incluida, y no era la intención de que estuviera
incluida, bajo la palabra ‘ciudadanos’ en la Constitución”, y que los negros
“no tienen derechos que el hombre blanco esté obligado a respetar”.
Ahora, 160 años después, un argumento está cobrando impulso en las cortes federales que se propone establecer por ley
en Estados Unidos que los inmigrantes sin papeles —que se calcula constituyen
unos 10.5 millones de personas— no cuentan con derechos que la policía esté
obligada a respetar.
Todavía no se ha resuelto la demanda de Claudia Linares. Pero el argumento en su contra
representa un componente mortalmente serio en una nueva redacción y
reconfiguración fascista de la ley y algunos de sus preceptos subyacentes de
vieja data. Se están triturando lo que se supone que son derechos civiles y
legales para todos.
Pase lo que pase en este caso, sirve de advertencia ominosa del rumbo en que la
sociedad se está encaminando rápidamente. Debería ser una llamada de atención
que mueva a actuar a todos los que se niegan a vivir en un mundo en el que se
permite cazar y arrestar, encarcelar y matar con impunidad a sectores enteros
de la población.
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