EEUU teme que se investiguen sus crímenes de guerra en Afganistán
Ricardo Carnevali
Opinión
11 de septiembre de 2018
En otro acto de prepotencia imperial, Estados Unidos amenazó este lunes con
arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal
Internacional (CPI) si el tribunal emprende acciones por crímenes de guerra
contra estadounidenses que invadieron y masacraron civiles en Afganistán.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional estadounidense afirmó que esa
instancia "está muerta para nosotros" y la calificó de ilegítima, y
acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de
guerra y de lesa humanidad de ser "ineficaz, irresponsable y francamente
peligrosa para Estados Unidos, Israel y otros aliados".
"Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a EEUU. Vamos a
aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadounidense y
vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial", advirtió.
Desde enero de 2009 la invasión “aliada” ha causado más de 27.000 muertos y
casi 50.000 heridos entre la población civil. El reporte anual de 2017 de la
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, señaló que la
mayoría de las 3.448 muertes y 7.015 heridos (para un total de 10.453 víctimas
civiles) sólo el año pasado, fueron a causa de ataques suicidas, artefactos
explosivos, combates y ataques aéreos.
La guerra contra el “terrorismo” lanzada en 2001 a raíz de los atentados
del 11-S en EEUU ha dejado un total de 149.000 muertes directas en Afganistán y
Paquistán, según un estudio del Instituto Watson para los Estudios
Internacionales de la estadounidense Universidad de Brown, que señala que los
muertos por los ataques de drones estadounidenses se sitúan en entre 1.900 y
3.800, la mayoría civiles.
"Lo que sí es seguro es que los ataques de drones perturban las vidas
de la gente, destruyen infraestructuras y, como resultado, contribuyen al
desplazamiento, la malnutrición y la enfermedad", manifestó la directora
del proyecto, Neta C. Crawford.
“El costo humano de esta horrible guerra -las muertes, la destrucción y el
inmenso sufrimiento- es demasiado alto”, aseguró Tadamichi Yamamoto, el
representante especial del Secretario General de la ONU en Afganistán.
Y en un tácito reconocimiento a los crímenes de guerra cometidos por
soldados propios y mercenarios a su servicio y de desconocimiento a los
tratados internacionales, Bolton señaló ante la organización conservadora
Federalist Society, en Washington, que su gobierno hará “lo mismo con cualquier
compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadounidenses".
Para Estados Unidos cualquier iniciativa sobre las acciones de efectivos de
seguridad suyos sería "una investigación completamente infundada e
injustificable". Cabe recordar en noviembre de 2017, la fiscal de la CPI,
Fatou Bensouda, anunció que pediría a los jueces la autorización para
investigar crímenes de guerra cometidos en el conflicto armado afgano,
principalmente por el ejército estadounidense, que encabeza, aún hoy, una
coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.
Bolton, quien fuera embajador de Washington en la ONU durante el gobierno
de George W. Bush, dijo que la principal objeción de la administración Trump es
la idea de que la CPI podría tener mayor autoridad que la Constitución de
Estados Unidos y su soberanía, un alegato dirigido a insuflar el supuesto
“nacionalismo” de los ciudadanos, en vísperas de las elecciones parlamentarias
que pueden dejar al gobierno sin mayoría legislativa.
"En cualquier momento la CPI podría anunciar la apertura de una
investigación formal contra esos patriotas estadounidenses", explicó el
consejero de Donald Trump, tras un mensaje amenazador a la Corte: “Utilizaremos
todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de
nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima".
La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, tratado
ratificado por 123 países. Su fiscal está capacitado para abrir sus propias
investigaciones sin permiso de los jueces, siempre y cuando impliquen a un país
miembro, en este caso, Afganistán.
Paralelamente, el gobierno de EEUU anunció el mismo día el cierre de la
misión de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington,
al acusar a los palestinos de "no haber dado pasos para avanzar en el
inicio de negociaciones directas y significativas con Israel".
El gobierno palestino replicó que se trata de una represalia a su decisión
de acusar a Tel Aviv de crímenes de guerra, en particular durante la guerra de
Gaza en 2014, y los vinculados a la colonización.
Ricardo Carnevali
Doctorando en Comunicación Estratégica, Investigador del Observatorio en
Comunicación y Democracia, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/195245
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