EEUU revisa lo ocurrido tras el 11-S
BBC Mundo
5 de septiembre de 2009
Una corte de Estados Unidos abrió la puerta al procesamiento judicial del ex
fiscal general John Ashcroft por su política de arrestos a los llamados
"testigos materiales", personas que supuestamente tenían información sobre casos
de terrorismo tras los ataques del 11 de Septiembre de 2001.
Un tribunal de apelaciones del estado de Idaho admitió la denuncia de uno de
estos detenidos, un ciudadano estadounidense que aseguró haber sufrido
sistemáticamente la violación de sus derechos constitucionales por culpa del
entonces fiscal, miembro del gabinete de George W. Bush.
Abdullah Al-Kidd sostuvo que en 2003 permaneció arrestado durante 16 días sin
ser acusado de ningún delito y durante un año estuvo bajo supervisión judicial,
mientras las autoridades investigaban un presunto caso de terrorismo.
Según explicó desde EEUU el periodista de la BBC Charles Scanlon, este
estudiante musulmán fue arrestado cuando se disponía a tomar un avión a Arabia
Saudita.
Al-Kidd aseguró que este tratamiento, que incluía interrogatorios sin
presentar ninguna prueba ante él, respondió a una política gubernamental ilegal
ideada por Ashcroft.
"Repugnantes"
DICTAMEN DE LA CORTE
"(El gobierno de EEUU recurrió a la detención de ciudadanos de EEUU) a veces
en condiciones precarias, no porque hubiera prueba de que hubiesen cometido un
crimen, sino simplemente porque el gobierno pretendía investigarles por
supuestas fechorías o para evitar que tuvieran contacto con otras
personas" |
El tribunal definió este tipo de arrestos como "repugnantes para la
Constitución" y "un doloroso recordatorio de algunos de los capítulos más
ignominiosos" de la historia del país.
La sala de apelaciones denunció que el gobierno recurrió a la detención de
ciudadanos de EE.UU., "a veces en condiciones precarias, no porque hubiera
prueba de que hubiesen cometido un crimen, sino simplemente porque el gobierno
pretendía investigarles por supuestas fechorías o para evitar que tuvieran
contacto con otras personas".
Consecuencias
Al-Kidd presentó una denuncia en 2005 argumentando que la detención le
provocó la pérdida de una beca para estudiar en Arabia Saudita, además de causar
el fin de su matrimonio.
El demandante señaló que la secretaría que dirigía Ashcroft detenía
especialmente a personas de origen árabe o musulmanes, como él, sin que
existieran pruebas de su implicación en casos criminales.
Ashcroft, una de las piezas fundamentales en la primera administración de
Bush (2001-2004), esgrimió su posición en el Departamento de Justicia para
declararse inmune a estos cargos, algo que la corte rechazó este viernes.
También dijo que no estuvo involucrado personalmente en la política de
detenciones del Departamento.
Vía libre para más investigaciones
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"Esperamos que ahora podamos empezar el proceso de poner al descubierto la
extensión de esta política ilegal"
Lee Gelernt, abogado |
Para Lee Gelernt, el abogado de Al-Kidd, "ningún funcionario, incluyendo el
secretario de Justicia de EE.UU., puede ser inmune si adopta y aplica una ley
inconstitucional".
Según el letrado, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el
dictamen es "enormemente importante", ya que podría fomentar nuevas
investigaciones sobre las más de 60 personas que fueron arrestadas como testigos
materiales después del 11S.
"Esperamos que ahora podamos empezar el proceso de poner al descubierto la
extensión de esta política ilegal", dijo.
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