Estados Unidos: Estudio bipartidista demuestra la
necesidad de investigar torturas
Evidencias “irrefutables” exigen desclasificar la información e iniciar una
investigación oficial
Detainees stand inside the Abu Ghraib prison while waiting to be released in
Baghdad on June 27, 2006.
© 2006 Reuters
“Sin ningún tipo de potestad judicial, y con sólo examinar los registros
públicos, este grupo diverso y bipartidista llegó a la conclusión de que se
produjeron hechos de tortura, lo cual demuestra la necesidad de que Estados
Unidos efectúe una investigación oficial sobre abusos contra detenidos. La
evidencia irrefutable sobre tortura plantea un interrogante ineludible: ¿qué
tiene previsto hacer el gobierno estadounidense ante esta
situación?”
Laura Pitter, asesora sobre lucha contra el
terrorismo |
HRW
17 de abril de 2013
Un estudio impulsado por ambos bloques legislativos, encontró pruebas
“irrefutables” de torturas cometidas bajo responsabilidad de los más altos
funcionarios de Estados Unidos,
por lo que el gobierno de este país debería efectuar una investigación
exhaustiva de abusos contra personas detenidas en casos ocurridos con
posterioridad al 11 de septiembre de 2001 y ofrecer una reparación a las
víctimas.
El documento de 560 páginas,
“The Report of the Constitution Project’s Task Force on Detainee Treatment”
[Informe del Grupo de Trabajo sobre Trato de Detenidos del Constitution
Project], divulgado el 16 de abril de 2013, es el resultado de un estudio de dos
años efectuado a partir de evidencias contenidas en registros públicos. El
estudio estuvo a cargo de un grupo de trabajo de ambas bancadas convocado por la
organización de interés público denominada The Constitution Project. El
grupo de trabajo está conformado por un conjunto heterogéneo de representantes
de distintos sectores profesionales y posturas ideológicas, e incluye a ex
responsables de políticas y miembros del Congreso tanto republicanos como
demócratas, generales militares retirados, jueces, abogados y académicos.
“Sin ningún tipo de potestad judicial, y con sólo examinar los registros
públicos, este grupo diverso y bipartidista llegó a la conclusión de que se
produjeron hechos de tortura, lo cual demuestra la necesidad de que Estados
Unidos efectúe una investigación oficial sobre abusos contra detenidos”, indicó
Laura Pitter, asesora sobre
lucha contra el terrorismo de Human Rights Watch. “La evidencia irrefutable
sobre tortura plantea un interrogante ineludible: ¿qué tiene previsto hacer el
gobierno estadounidense ante esta situación?”
La magnitud de las conclusiones del grupo de trabajo advierte sobre la
necesidad de que el gobierno encargue a una comisión especial la tarea de llevar
a cabo una investigación exhaustiva que permita elaborar un registro definitivo
de los abusos cometidos por autoridades estadounidenses contra personas
detenidas con posterioridad a los sucesos del 11 de septiembre, indicó Human
Rights Watch.
El grupo de trabajo examinó una gran cantidad de documentos y efectuó más de
100 entrevistas. Sin embargo, dado que se trata de una iniciativa privada,
carece de la potestad judicial para citar a personas y tampoco tiene acceso a
documentos confidenciales.
El informe concluye que “corresponde en última instancia a los más altos
funcionarios del país... la responsabilidad por permitir y facilitar que
personal estadounidense aplique técnicas ilícitas e indebidas durante los
interrogatorios de personas detenidas en contextos de hostilidades”. También
establece que muchos datos obtenidos mediante torturas y otros malos tratos no
resultaron útiles ni confiables. Las conclusiones del informe coinciden en gran
medida con las investigaciones
que realizó en forma independiente Human Rights Watch.
Estados Unidos está obligado conforme al derecho internacional e interno a
investigar denuncias de tortura, juzgar debidamente a los responsables y
asegurar que las víctimas reciban una reparación adecuada, manifestó Human
Rights Watch. Ningún funcionario estadounidense ha sido juzgado por su
participación al autorizar y aplicar torturas u otros maltratos contra presuntos
terroristas. El gobierno de Estados Unidos ha conseguido reiteradamente que se
desestimaran acciones judiciales interpuestas por ex detenidos ante la justicia
federal de ese país, argumentando que dar curso a tales demandas supondría un
riesgo para la seguridad nacional.
En diciembre, la Comisión Especial de Inteligencia del Senado (Senate Select
Committee on Intelligence) adoptó un informe confidencial de 6.000 páginas donde se
describe el programa de detenciones e interrogatorios de la CIA. Este programa,
según señala el informe del grupo de trabajo, estaría asociado con prácticas de
tortura y otros maltratos. Sin embargo, tanto el informe del Senado como gran
parte de la información relativa al trato que reciben presuntos terroristas bajo
custodia estadounidense continúan teniendo carácter confidencial.
La Comisión Especial de Inteligencia debería procurar —con el apoyo del
gobierno de Obama— que se disponga la desclasificación y difusión del informe
del Senado como primera medida para ofrecer al público una versión oficial de
las prácticas y políticas del gobierno estadounidense. Dar publicidad al informe
también evitaría que se propague información
engañosa sobre los supuestos beneficios de la aplicación de “técnicas
intensivas en los interrogatorios”, indicó Human Rights Watch.
El gobierno estadounidense debería impulsar investigaciones penales creíbles
contra los funcionarios estadounidenses que estén implicados en torturas. Si
Estados Unidos no toma esta iniciativa, otros países deberían juzgar a los
funcionarios estadounidenses involucrados en delitos contra detenidos conforme
lo exige el derecho internacional, señaló Human Rights Watch.
“El pueblo estadounidense merece conocer toda la verdad sobre las torturas
que se cometieron en su nombre”, observó Pitter. “La labor llevada a cabo por
iniciativa privada de esta comisión bipartidista advierte en forma clara que la
plena divulgación de este tema es un asunto de suma importancia para todos los
estadounidenses, con independencia de sus preferencias políticas”.
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