EEUU a Maher Arar: 7 años de rendición, tortura y
negación de justicia
Kenneth J. Theisen
5 noviembre 2009
El 2 de noviembre de 2009, el Tribunal Estadounidense de Apelaciones del
Circuito Segundo de New York rechazó, en una decisión de 7-4, la demanda del
ciudadano canadiense Maher Arar a varios oficiales estadounidenses por su
actuación ilegal al enviarlo a Siria para ser torturado e interrogado por un
año. Arar es una víctima más del programa gubernamental estadounidense de
secuestros y tortura conocidos como rendición extraordinaria. Ahora también es
una víctima de la “justicia americana.”
El tribunal de apelación estableció que Arar no puede utilizar los tribunales
para sus reclamos legales contra el gobierno a menos que el poder legislativo
apruebe una ley que le permite eso y que, además, explica de forma detallada
cómo proceder en un caso tan único como el de Arar y señala los recursos legales
disponibles. El tribunal sostuvo que escuchar ese caso sería “ofender la
separación de poderes e aniquilar la política extranjera de este país.” Dijo
además que no crearía “ningún recurso nuevo para daños que el Congreso no habría
aprobado… Incluso investigar estos asuntos conllevaría el riesgo de que otros
países llegaran a estar menos deseosos de cooperar con Estados Unidos al
compartir recursos de inteligencia para contrarrestar el terrorismo.”
Así el tribunal falló efectivamente que la justicia para el individuo es
supeditada a las necesidades del imperialismo estadounidense. Además sostuvo que
el gobierno tiene el derecho de decidir quién lo pueda demandar en casos de
violación de los derechos del individuo y en que oficiales estadounidenses
violan la ley. Irónicamente, el gobierno puede determinar quién y cuándo alguien
lo puede demandar. ¿Y eso es justicia?
Arar está representado por el Centro pro Derechos Constitucionales (CCR), el
cual ha acudido a la corte repetidamente para desafiar las acciones del gobierno
estadounidense en su guerra ilegal de terror. El tribunal de apelación concluyó
que el caso de Arar saca a relucir demasiados temas delicados de política
exterior y de secretos para permitir cualquier desagravio judicial – en otras
palabras expondría los crímenes del gobierno estadounidense a los ojos del
mundo. La decisión del tribunal deja libres a los funcionarios federales
involucrados en el abuso a Arar de cualquier responsabilidad legal por los
crímenes que cometieron.
Maher Arar escribió la siguiente declaración en respuesta a la decisión del
tribunal: “Después de siete años de dolor y de lucha dura, mi esperanza era que
la corte escuchara mi petición y actuara como un cuerpo independiente del poder
ejecutivo.
Desafortunadamente, esta reciente decisión y las decisiones tomadas en otros
casos similares demuestran que el sistema judicial de Estados Unidos ha llegado
a ser básicamente una herramienta que el poder ejecutivo puede manipular con
facilidad a través de alegatos sin fundamento y de sembrar el miedo. En todo
caso, esta decisión es una pérdida para todos los estadounidenses y para el
imperio de la ley.”
Bajo Obama, el Departamento de Justicia (DOJ) ha acudido a las cortes en
repetidas ocasiones con el fin de solapar y defender las acciones del régimen de
Bush en la guerra de terror estadounidense. Este caso es simplemente uno de los
más recientes de una larga lista de casos de “seguridad nacional” en que la
administración Obama ha promovido la trayectoria fascista política que comenzó
con Bush.
David Cole, profesor de leyes de la Universidad Georgetown y colaborador del
CCR quien argumentó el caso Arar, declaró: “Esta decisión dice que los
funcionarios estadounidenses pueden enviar intencionadamente a un hombre para
ser torturado en el extranjero, prohibir su acceso a los tribunales al hacerlo,
y al final evitar cualquier responsabilidad legal después. Efectivamente la
decisión coloca a los funcionarios ejecutivos por encima de la ley, incluso
cuando se los acusa de conspirar conscientemente para torturar. Si es que el
imperio de la ley significa algo, debe significar que los tribunales pueden
escuchar la protesta de un hombre inocente sujeto a una tortura que viola
nuestros compromisos constitucionales más básicos.” Pero ahí está el problema –
el imperio de la ley no significa nada para el gobierno estadounidense si impide
los intereses de los imperialistas estadounidenses. Usan la ley cuando conviene
a sus propósitos y la pasan por alto cuando presenta obstáculos.
María LaHood, abogada superior del CCR, dijo: “Con esta decisión, hemos
perdido mucho más que el caso de Maher Arar contra la tortura – hemos perdido el
imperio de la ley, la nobleza moral, la independencia de nuestro sistema
jurídico y nuestro compromiso con la Constitución de los Estados Unidos.”
El caso Arar se escuchó nuevamente ante doce jueces del Segundo Circuito
después de la decisión poco común en agosto de 2008 de escucharlo sua
sponte, o sea, por decisión propia, incluso antes de que Arar solicitara una
segunda audiencia. Esta fue una decisión política para prevenir nuevas
revelaciones de crímenes del gobierno estadounidense, pues el caso ya ha sacado
a luz más vilezas de las que el gobierno habría deseado que el público supiera
jamás.
El Sr. Arar, nacido en Siria pero naturalizado canadiense, fue detenido en el
aeropuerto JFK [Nueva York] en septiembre de 2002 mientras transbordaba de avión
en ruta a Canadá. El régimen de Bush lo tildó como miembro de Al Qaeda y lo
envío contra su voluntad, no a Canadá, su país de residencia y de ciudadanía,
sino a las autoridades de inteligencia sirias, muy conocidas por sus métodos de
tortura. Fue torturado, interrogado, y detenido en una pequeña celda bajo tierra
por casi un año antes de que el gobierno sirio lo dejara libre, declarando que
no había encontrado conexión con ninguna organización o actividad criminal o
terrorista.
Irónicamente, Siria estaba en la lista de países que el Departamento de
Estado estadounidense dice que apoyan al terrorismo y en otra de países que
violan los derechos humanos al torturar. Tanto el régimen de Bush como el
gobierno de Obama han declarado repetidamente que no envían “sospechosos de
terrorismo” a otros países para ser torturados y, además, que reciben una
promesa del país que recibe a los sospechosos de que no los torturará. Sin
embargo, esa es una más de las muchas mentiras que ambas administraciones han
dicho.
En enero 2004, tres meses después de regresar a su casa en Canadá tras su
dolorosa experiencia, el CCR entabló una demanda en nombre de Arar contra el
entonces secretario de Justicia John Ashcroft y otros funcionarios
estadounidenses, el primer caso que desafía la política del gobierno de la
“rendición extraordinaria,” conocida también como la “tercerización de la
tortura.”
El gobierno canadiense realizó una exhaustiva investigación pública que
determinó que el Sr. Arar no tenía conexiones con el terrorismo y, en enero
2007, le pidió disculpas por la actuación de Canadá en su rendición y le pagó
una indemnización multimillonaria. Pero en Estados Unidos, tanto el poder
ejecutivo como el judicial han bloqueado cualquier investigación del caso y
rehúsan responsabilizar a nadie por arruinar la vida de un hombre inocente.
Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha sido del todo exitoso en evitar
que el caso esté bajo la lupa.
El caso de Arar se trató en dos audiencias del Congreso en octubre de 2007.
El 18 de octubre de 2007, el Sr. Arar dio testimonio vía video al Comité Mixto
de la Cámara de Representantes que se había convocado para discutir su rendición
de Estados Unidos a Siria para ser interrogado mediante la tortura. Durante esa
audiencia – la primera vez que se le permitió al Sr. Arar dar testimonio ante un
organismo del gobierno estadounidense – uno representantes individuales se
disculparon públicamente con él, pero el gobierno estadounidense todavía no ha
presentado ninguna disculpa formal. La semana siguiente, el 24 de octubre, la
secretaria de Estado Condaleezza Rice tuvo que admitir durante una audiencia del
Comité de Asuntos Extranjeros que el gobierno estadounidense no manejó bien el
caso. Su verdadero lamento es que el caso llegó a la atención pública.
El caso de Arar no es el único caso de rendición extraordinaria visto en los
tribunales estadounidenses en los cuales el DOJ de Obama ha acudido a la corte
con la intención de suprimir la verdad. La ACLU ha entablado una demanda contra
el subsidiario de Boeing, Jeppesen DataPlan Inc., por su actuación en el
programa de rendición. Jeppesen contribuyó de una manera critica, al planificar
los vuelos y proveer apoyo logístico a los aviones y los tripulantes que la CIA
empleaba para hacer desaparecer forzosamente a las personas con el propósito de
detenerlas e interrogarlas. En ese caso, el DOJ está argumentando que ver el
caso pondrá en peligro la seguridad nacional, al divulgar “secretos de estado.”
El caso Jeppesen está en el Tribunal de Apelaciones del Circuito Noveno.
En abril de este año, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del
Circuito Noveno anuló la desestimación de esta demanda que hizo un tribunal más
bajo. El caso de Jeppesen trata de cinco hombres que fueron secuestrados,
desaparecidos a la fuerza y transferidos secretamente a prisiones bajo el mando
de Estados Unidos o a agencias extranjeras de inteligencia, donde fueron
interrogados mediante la tortura. La administración de Obama está apelando esa
decisión [que dice efectivamente que el caso puede seguir adelante] y un panel
“en “banc” de 11 jueces decidirá sobre la apelación. Irónicamente, uno de
los jueces del circuito noveno es Jay Bybee. El juez Bybee tuvo que inhibirse
[inhabilitarse] del caso. ¿Por qué? Porque Bybee fue uno de los abogados del DOJ
bajo el régimen de Bush que escribió memos legales que justifican la tortura, la
rendición y varios crímenes del régimen. Bybee fue el supervisor de John Yoo.
Por su participación en esos crímenes, se le nombró a un puesto vitalicio en el
tribunal federal
Dice mucho acerca de la justicia estadounidense cuando los jueces deben
inhibirse por su complicidad en los meritos crímenes sobre los cuales deben
decidir. ¿Hay alguna duda sobre por qué vemos fallos escandalosos como el del
caso de Arar?
Los abogados del CCR dicen que es probable que apelen el último veredicto en
el caso de Arar. El Mundo No Puede Esperar continuará reportando sobre este y
otros casos de “seguridad nacional.”
Para ver más sobre el caso Arar, véase: http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/arar-v.-ashcroft
Para más información acerca del caso de ACLU y Jeppesen, véase: http://www.aclu.org/safefree/torture/29921res20070530.html
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