El irresistible ascenso del dron en
el imaginario antiterrorista
La política antiterrorista deja de regirse por criterios de legalidad para pasar a ser una
cuestión puramente técnica, cuyo debate se circunscribe a la capacidad de matar
“eficientemente” a la persona designada.
ENRIC LUJÁN
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
27 de marzo de 2016
En la imagen, el
senador independiente y aspirante a la candidatura presidencial Demócrata
Bernie Sanders. EFE |
“Pienso que tenemos que usar los drones de manera selectiva y eficiente”, afirmaba en una entrevista el candidato a la
presidencia de Estados Unidos Bernie Sanders. “[Criterios] que no siempre se
han cumplido”, añadía inmediatamente. El senador de Vermont, antiguo opositor a
la guerra de Vietnam, llegó a votar en 2013 contra la nominación del actual
director de la CIA John Brennan, principalmente debido a sus discrepancias por
la política de ataques con drones en Oriente Medio.
Brennan, oficial de la CIA durante los años de la administración Bush, llegó a
defender públicamente el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas”, el
eufemismo por el cual el ejecutivo se refería a los programas secretos de
tortura sistemática llevados a cabo por la inteligencia americana en lugares
como Abu Ghraib o Guantánamo. El mismo Brennan, que hoy ejerce como asesor
antiterrorista para la administración Obama, es también uno de los principales
impulsores de la actual campaña de asesinatos selectivos mediante aviones no
tripulados. El pasado 2011 elogiaba “la excepcional precisión” de los ataques
con drones, la cual supuestamente había permitido “no tener que lamentar una
sola muerte colateral” en el uso de fuerza letal [sic].
Observamos que, pese a la desconfianza aparente que le merece Brennan, Sanders
basa su defensa del programa dron partiendo de su mismo criterio: su
eficiencia. Lo supedita por lo tanto a la condición de usar estas armas de modo
“selectivo” y “eficiente”, algo que, de hecho, es lo que oficialmente ya
vendría a caracterizar los métodos de la actual administración, cuyo artífice
no es otro que Brennan. Lo novedoso del enunciado de Sanders es que no supone
novedad alguna, dado que también el ejecutivo presidido por Obama aduce un
componente quirúrgico a las intervenciones que realiza.
“Solamente autorizamos una operación contra una determinada persona si tenemos
un alto grado de certeza de que es el terrorista que buscamos [y] que civiles
inocentes no serán heridos o muertos, salvo en la más rara de las
circunstancias” (…) Los estándares que seguimos a la hora de identificar un objetivo y evitar la pérdida de vidas
inocentes exceden los requeridos por la ley internacional en un campo de
batalla convencional”, dijo el actual director de la CIA al describir sus
propios procedimientos, requisitos que bien podría haber suscrito Sanders,
partidario de unos ataques con drones que tengan como prioridad su carácter
“selectivo” y “eficiente”.
Para ambos, la excelencia atribuida al arma es suficiente para justificar la existencia de un
programa clasificado autorizado por el ejecutivo
estadounidense para que sus departamentos de inteligencia puedan cometer
asesinatos selectivos en cualquier rincón del mundo contra supuestos objetivos
terroristas. Al parecer, el (¿elevado?) grado de precisión de las aeronaves no
tripuladas convierte en irrisorio un debate acerca de su legalidad. Y que sea
precisamente Sanders el que fundamente su defensa del programa dron al nivel de
“eficiencia” que es capaz de asumir, revela un aspecto alarmante de la
situación política actual en Estados Unidos: la normalización en el plano de lo
político (incluso entre sus “enfants terribles”, como Sanders) de un modelo
según el cual el presidente de Estados Unidos, en representación del poder
soberano, puede decretar matar a placer sin tener que rendir cuentas a procesos
de legalidad, tutela o evidencia.
La política antiterrorista deja de regirse por criterios de legalidad para
pasar a ser una cuestión puramente técnica, cuyo debate se
circunscribe a la capacidad de matar “eficientemente” a la persona designada,
como si los aspectos legales dejaran de ser aplicables debido al componente
quirúrgico de las intervenciones (el cual no he querido valorar aquí, pero que
sí he hecho en otro lado para desmontar algunos mitos acerca de su supuesta precisión). El
perfeccionamiento de los ataques pareciera habilitar una especie de “seguro de
impunidad” que inevitablemente genera episodios como el del pasado 7 de marzo
en Somalia, donde 150 personas murieron a causa de un bombardeo de Estados
Unidos. Un comunicado de 5 frases afirmaba, sin aportar prueba alguna al
respecto, que se trataba de un campo de entrenamiento el grupo terrorista
somalí Al Shabaab (sin siquiera nombrar alguna de las identidades de los
objetivos abatidos, las cuales se siguen desconociendo). Y de la ausencia de
declaraciones al respecto por parte del candidato Sanders no solamente cabe
entender la aprobación tácita del asesinato extrajudicial de 150 personas en un
territorio que no se encuentra en guerra contra Estados Unidos, sino también el
alto grado de semejanza de sus “rigurosos estándares” con los de la actual
administración en materia de ataques “selectivos”.
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