Reed Brody analiza el plan del
Gobierno de Trump para desmantelar la Corte Penal Internacional en momentos en
que EE.UU. está cometiendo crímenes de guerra en Irán
21 de julio de 2026
Democracy Now!
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Nos acompaña el experimentado abogado Reed Brody, especialista en crímenes de guerra, para
analizar la arremetida de Trump contra la Corte Penal Internacional (CPI),
en el marco de la cual se han impuesto sanciones de gran alcance a jueces,
fiscales y organizaciones sociales que han denunciado a Israel ante el tribunal
internacional por sus crímenes de guerra. Brody plantea que la negativa del
Gobierno de Estados Unidos a someterse a la jurisdicción de la CPI no
tiene que ver con la defensa de la “soberanía estadounidense”, como afirma el
Gobierno de Trump, sino con mantener la “impunidad”, tanto para sí mismo como
para aliados suyos como Israel. “Marco Rubio sabe que bombardear Irán sin la
autorización del Consejo de Seguridad [de las Naciones Unidas] constituye el
delito de agresión conforme a la Carta de la ONU”, señala
Brody. “Es una póliza de seguro para evitar rendir cuentas por delitos que el
Gobierno de Trump está cometiendo a plena vista”.
Brody también analiza las declaraciones del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, acerca de
que su oficina podría intentar ejecutar la orden de arresto emitida por
la CPI contra Benjamin Netanyahu cuando el primer ministro israelí asista a la Asamblea
General de las Naciones Unidas en septiembre. Además, Brody comenta el reciente
anuncio del presidente nicaragüense Daniel Ortega de que ya no se celebrarán
elecciones en el país, lo que afianza aún más el carácter autoritario del
Gobierno de quien fuera parte de la revolución nicaragüense.
Transcripción
Esta es una transcripción preliminar. Es posible que el texto no sea definitivo.
AMY GOODMAN: Comenzamos el programa de hoy con una importante escalada en la campaña de la
Administración Trump contra la Corte Penal Internacional, la CPI. El secretario
de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha anunciado nuevos planes para desmantelar
sistemáticamente la CPI, y cito textualmente, «ladrillo a ladrillo». La semana
pasada, Rubio publicó un artículo
de opinión en The Wall Street Journal y difundió un vídeo en el que
atacaba al tribunal con sede en La Haya, acusándolo de extralimitarse.
SECRETARIO DE ESTADO MARCO RUBIO: Pero, en estos mismos momentos, la
CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país, no con balas
ni misiles, sino con estatutos, convenios y la fuerza del llamado «derecho
internacional». Cuando se creó la CPI hace 24 años, nos dijeron que se trataba
simplemente de un mecanismo de respaldo limitado, un tribunal mundial que
intervendría para juzgar únicamente los delitos más graves, como el genocidio y
los crímenes de guerra, y solo cuando los tribunales de un país no pudieran
juzgarlos por sí mismos. Pero la verdad es que era algo mucho más radical y
extremo. Se trataba de un tribunal mundial integrado por burócratas globalistas
no elegidos que afirman que su poder es casi ilimitado.
El peligro que supone este tribunal mundial no ha hecho más que aumentar. Hoy en día, amenaza
todos los aspectos de nuestro sistema político y jurídico: a los agentes de la
Patrulla Fronteriza que expulsan a delincuentes violentos de nuestro país, a
los marines estadounidenses que arriesgan sus vidas para defender nuestra
patria, a los fiscales que trabajan para desarticular complots terroristas
destinados a atacar y matar a estadounidenses. Si nos quedamos de brazos
cruzados, todos ellos quedarían a merced de jueces extranjeros a miles de
millas de distancia, enfrentándose al riesgo constante de ser procesados e
incluso encarcelados por el supuesto delito de defender su propio país.
AMY GOODMAN: En su artículo del Wall Street Journal, Rubio señaló específicamente a varias
organizaciones de derechos humanos, entre ellas "Democracy for the Arab World
Now" (DAWN), por apoyar los esfuerzos internacionales en materia de rendición
de cuentas. Los ataques de Rubio se produjeron justo cuando DAWN ha presentado
una importante demanda ante un tribunal federal de EE.UU. en la que impugna las
sanciones de la Administración Trump dirigidas contra la Corte Penal
Internacional. La demanda sostiene que las sanciones, y cito, "violan el
derecho constitucional de los estadounidenses a participar en la defensa de los
derechos humanos relacionados con Palestina", fin de la cita.
El ataque de Rubio contra la CPI se produce dos años después de que el fiscal jefe de la corte, Karim Khan, anunciara en
2024 que solicitaba órdenes de detención contra el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, el entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, así
como contra tres líderes de Hamás, por presuntos crímenes de guerra y crímenes
contra la humanidad. Desde entonces, Khan ha sido acusado de conducta sexual
inapropiada por una colaboradora. Este viernes, los 125 Estados miembros de la
CPI tienen previsto celebrar una sesión especial en las Naciones Unidas para
votar sobre el futuro de Khan.
Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, reiteró el lunes que sigue estudiando la posibilidad de detener
al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si este visita Nueva York con
motivo de la Asamblea General de la ONU en septiembre.
ALCALDE ZOHRAN MAMDANI: En lo que respecta a Benjamin Netanyahu,
estamos hablando de alguien contra quien pesa una orden de detención de la
Corte Penal Internacional. Y es objeto de esta orden de detención por presuntos
crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y es el artífice del
genocidio contra los palestinos en Gaza en su calidad de primer ministro de
Israel. No se trata de una valoración personal mía, sino de hechos de dominio
público. Y creo que cuando alguien es objeto de una orden de detención de la
Corte Penal Internacional, es algo que debe tomarse en serio, ya se trate de
Benjamin Netanyahu, de Vladimir Putin o de cualquier otra persona. Lo que
también he dejado claro es que mi administración cumplirá todas las leyes
locales aplicables.
AMY GOODMAN: Para saber más, nos trasladamos a Toulouse, Francia, donde nos acompaña Reed
Brody, fiscal especializado en crímenes de guerra, miembro de la Comisión
Internacional de Juristas y autor de To Catch a Dictator: The Pursuit and
Trial of Hissène Habré (A la caza de un dictador: la persecución y el juicio
de Hissène Habré). También forma parte de la junta directiva de DAWN.
Reed Brody, ¡bienvenido de nuevo a Democracy Now! ¿Qué opinas de que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, haya
escrito en The Wall Street Journal que quiere desmantelar la Corte Penal
Internacional "ladrillo a ladrillo"?
REED BRODY: Claro. Gracias de nuevo, Amy.
Mira, esto no es una defensa de la soberanía estadounidense frente a un tribunal fuera de control. Es una póliza de seguro
contra la rendición de cuentas por los delitos que la Administración Trump está
cometiendo a plena vista. Mira, Marco Rubio sabe que bombardear Irán sin la
autorización del Consejo de Seguridad constituye una agresión según la Carta de
las Naciones Unidas, que volar barcos en el Caribe y matar a sus ocupantes sin
juicio constituye un asesinato, que entregar a migrantes a una prisión
salvadoreña de mala fama, donde fueron torturados, puede acarrear
responsabilidad penal. Y, de hecho, sancionar a jueces y fiscales por hacer su
trabajo es en sí mismo un delito según el… un delito contra la administración
de justicia según el estatuto del tribunal. Así que esto no tiene que ver con
la soberanía estadounidense; tiene que ver con la impunidad.
JUAN GONZÁLEZ: Y, Reed, ¿cómo crees que ha abordado la administración Trump el derecho
internacional, sobre todo en su segundo… en el segundo mandato de Trump?
REED BRODY: Ya sabes, quiero decir que, obviamente, el cumplimiento del derecho internacional
por parte de Estados Unidos siempre ha sido selectivo y, a menudo, hipócrita.
Piensa, por ejemplo, en la invasión de Irak o en el programa de tortura de
Bush. Y, ya sabes, Washington siempre ha defendido los tribunales de crímenes
de guerra siempre y cuando juzgaran a otros, ¿verdad? A los derrotados, a los
marginados, a los enemigos de Occidente. Pero, ya sabes, incluso en sus
momentos más hipócritas, Estados Unidos rendía homenaje a las normas. Afirmaba
que sus guerras eran legales. Redactaba memorandos para argumentar que la
tortura no era tortura. La hipocresía, como se suele decir, es el tributo que
el vicio rinde a la virtud.
Pero Trump ha dejado incluso de fingir. Ya sabes, bombardea Irán y apenas se molesta en buscar una justificación legal.
Hace estallar barcos y publica los vídeos. El secretario de Estado habla del
«supuesto derecho internacional», ya sabes, y promete desmantelar la corte
penal internacional «ladrillo a ladrillo». Así que, quiero decir, los
presidentes anteriores violaban las normas mientras fingían respetarlas, y
Trump, creo, simplemente está, ya sabes, intentando destruir las normas.
JUAN GONZÁLEZ: ¿Y qué hay de la afirmación de Marco Rubio de que la Corte Penal Internacional
se ha excedido con creces en su mandato original? ¿Cuál es su respuesta a eso?
REED BRODY: Verá, cuando escuchas a Marco Rubio, oyes hablar de un tribunal que libra una
guerra con los estatutos. Eso lo dice todo. Quiero decir que, para este Gobierno,
la propia ley es el enemigo. Y creo que, si lo pensamos bien, están intentando
hacer en el extranjero lo mismo que hacen en casa, ¿no? Pisotear el derecho
internacional igual que pisotean el derecho nacional, al tiempo que socavan
todas las instituciones que podrían interponerse en su camino: los tribunales y
la CPI, los periodistas, las organizaciones de la sociedad civil. Así que, en
mi opinión, esto encaja perfectamente con lo que la Administración está
haciendo en Estados Unidos.
AMY GOODMAN: Reed, ¿puedes hablarnos del bombardeo de las plantas desalinizadoras y de su
importancia? Y, en general, ¿qué opinas de que la gente de todo el mundo esté
observando lo que está sucediendo y se plantee si debe tomarse en serio las
denuncias de crímenes contra los derechos humanos?
REED BRODY: Ya sabes, quiero decir, el principio fundamental de las leyes de la guerra es que
solo se pueden atacar objetivos militares, ¿verdad? Nunca a civiles, nunca a
bienes de carácter civil. Y los Convenios de Ginebra, en particular, protegen
los bienes que son indispensables para la supervivencia de la población civil,
y en ellos se mencionan específicamente las instalaciones de agua potable. Así
que, ya sabes, atacar de forma deliberada, o incluso imprudente, el suministro de
agua de una población sería un crimen de guerra, y punto.
Y, ya sabes, en este caso, tenemos a Trump amenazando públicamente. Dijo antes, ya sabes, que posiblemente atacarían todas
las plantas desalinizadoras. Así que, cuando un presidente anuncia su intención
de destruir la infraestructura de la que dependen los civiles para sobrevivir,
y luego lo hace, ya sabes, eso parece un ataque deliberado contra el sustento
vital de una población civil. Ahora bien, el presidente Trump y los mandos
militares que ejecutan estas órdenes podrían, algún día, enfrentarse a un
proceso judicial por estos hechos.
Quiero decir, recordemos que la CPI ya ha imputado a generales rusos precisamente por esto, por atacar la infraestructura
de Ucrania, las redes eléctricas. Y en DAWN, hemos instado a Irán y a los
Estados del Golfo a que concedan a la CPI jurisdicción sobre los crímenes
cometidos en sus territorios. Y, de hecho, eso es precisamente por lo que Rubio
nos señaló específicamente.
JUAN GONZÁLEZ: Y, Reed, quería preguntarte sobre la posibilidad que ha planteado el alcalde de
Nueva York, Zohran Mamdani, de intentar detener a Benjamin Netanyahu cuando
venga a Nueva York para la Asamblea General. ¿Es siquiera posible que un
alcalde local o una fuerza policial local ejecute una orden de detención
internacional como esta?
REED BRODY: Bueno, creo que hay muchas cuestiones jurídicas complejas de por medio,
incluida su posible inmunidad como primer ministro en ejercicio, y el acuerdo
de las Naciones Unidas con Estados Unidos que exige a este país permitir que
las personas, ya sabes, hablen y acudan a las Naciones Unidas.
Pero, ya sabes, creo que es realmente importante que haya dicho esto. Quiero decir, Netanyahu es objeto de una orden
de detención de la CPI por crímenes contra la humanidad. Puede que Estados
Unidos esté obligado a permitir que Netanyahu intervenga en la ONU, pero no
está obligado a tenderle la alfombra roja. No está obligado a invitarlo a, ya
sabes, dirigirse al Congreso. Quiero decir, el alcalde está diciendo lo que
debería decir el presidente, que es que un hombre buscado por crímenes contra
la humanidad no es un invitado de honor.
Y, ya sabes, no pasemos por alto la cuestión más importante, que es la complicidad estadounidense en estos mismos crímenes.
Tal y como alegó DAWN el año pasado en un escrito presentado ante el tribunal
—antes de que las sanciones de EE.UU. impidieran a DAWN seguir cooperando con
el tribunal—, las bombas que Israel utilizó para destruir colegios, hospitales
y viviendas en Gaza eran bombas estadounidenses. La campaña de asesinatos y
persecución de Israel se ha llevado a cabo con el apoyo político, financiero y
diplomático de EE.UU. Así que, para mí, el verdadero escándalo no es que el
alcalde de Nueva York se pregunte si puede detener a Netanyahu. Es que el
presidente de Estados Unidos está protegiendo a Netanyahu y sancionando a los
jueces que están juzgándolo —ya sabes, que lo han imputado.
AMY GOODMAN: Y explícanos cómo han sido sancionados, Reed, cómo han sido sancionados los
jueces de la CPI, y la demanda presentada por la organización de la que formas
parte, DAWN, "Democracy for the Arab World Now".
REED BRODY: Pues sí, así es. Quiero decir, ya sabes, es que… La orden ejecutiva de Trump, en
primer lugar, autoriza una lista… para sancionar a una serie de personas. Y esa
lista de personas se ha ampliado. Empezó con el fiscal de la CPI. Luego se
amplió a los dos fiscales adjuntos y ahora incluye a ocho jueces de la CPI,
todos los jueces que se han pronunciado sobre la cuestión de Israel o, anteriormente,
hace muchos años, sobre posibles crímenes de guerra en Afganistán. Y, ya sabes,
estas sanciones están paralizando a la Corte. Y en el caso de los jueces y
fiscales a título individual, significa no solo que no pueden venir a Estados
Unidos, sino que no pueden tener cuentas bancarias, no pueden usar tarjetas de
crédito, no pueden hacer muchas de las cosas que hacemos nosotros. Y ahora creo
que este anuncio sobre el desmantelamiento de la Corte, ladrillo a ladrillo,
sugiere que esas sanciones se ampliarán.
Pero en lo que respecta a DAWN y… ya sabes, este es el riesgo en términos concretos. Me refiero a que el decreto de Trump
tipifica como delito federal prestar un servicio —«servicio»— a cualquier
persona que haya sido sancionada. Y eso incluye, como he dicho, a los jueces y
a los fiscales. También incluye a las tres principales organizaciones
palestinas de derechos humanos, como el grupo de nuestro amigo Raji Sourani, ya
sabes, que están documentando la destrucción de Gaza y compartiendo esas pruebas
con el tribunal. Incluye a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese.
Así pues, si un abogado estadounidense o un grupo como DAWN comparte pruebas de
crímenes de guerra con la CPI o colabora con los grupos palestinos de derechos
humanos, nos arriesgamos a ser procesados a nivel federal. Y DAWN solicitó al
Departamento del Tesoro en tres ocasiones, por escrito, que confirmara que
nuestra labor en materia de derechos humanos es lícita, y el Tesoro nunca
respondió. Por eso, DAWN se ha visto obligada a autocensurarse, a no presentar
alegaciones ante el tribunal y a suspender su colaboración con los grupos
palestinos. Y ese es el objetivo de las sanciones: no solo castigar a La Haya,
sino, ya sabes, silenciar a los estadounidenses.
Por eso hemos presentado esta demanda, que se basa en dos argumentos fundamentales. El primero es la Primera Enmienda. En
virtud de la Primera Enmienda, el Gobierno no puede castigar a los
estadounidenses por lo que dicen, incluido lo que declaran ante un tribunal, ni
por las personas con las que nos relacionamos en el ámbito de la defensa de los
derechos humanos. Y, en segundo lugar, que el presidente se ha extralimitado en
sus competencias: cuando el Congreso otorgó a los presidentes la facultad de
imponer sanciones, les prohibió expresamente restringir las comunicaciones
personales y el intercambio de información.
Y no somos los únicos que hemos presentado demandas. De hecho, tres de los propios jueces del tribunal han presentado una
demanda en Nueva York. Dos profesores de Derecho han presentado su propio
recurso. Y un juez federal de Manhattan prohibió de forma permanente que el
Gobierno aplicara las sanciones contra su labor, amparándose en la Primera
Enmienda. Otro juez federal de Maine bloqueó la aplicación de las sanciones
contra dos activistas de derechos humanos por los mismos motivos. Así pues,
hasta ahora, todos los jueces federales que han examinado la cuestión han
dictaminado que las sanciones van demasiado lejos.
AMY GOODMAN: Por último, Reed, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha declarado que su
país ya no celebrará elecciones. Hizo el anuncio el domingo en Managua, durante
la conmemoración de la Revolución Sandinista de 1979 que derrocó la dictadura
de Anastasio Somoza, respaldada por Estados Unidos. Esto es lo que dijo.
PRESIDENTE DANIEL ORTEGA: [traducido] Aquí ya no habrá más
elecciones para que intenten hacerse con el Gobierno y con el poder. … Se han
acabado los días en los que los partidos respaldados por los yanquis y los
somocistas volvían al poder. Nunca más.
AMY GOODMAN: Ha sido la primera aparición pública de Ortega en dos meses. En 2021, se aseguró
un cuarto mandato como presidente tras una campaña de represión contra la
disidencia que se prolongó durante meses, durante la cual fueron detenidos
decenas de figuras de la oposición, entre ellas siete candidatos
presidenciales. Un informe de la ONU publicado a principios de este año reveló
que Ortega y su esposa, Rosario Murillo —a quien nombró copresidenta—,
eliminaron todos los controles y contrapesos a su poder para construir un
Estado autoritario en Nicaragua. Usted, Reed Brody, es fiscal especializado en
crímenes de guerra y uno de los expertos del Grupo de Expertos en Derechos
Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua que publicó ese informe. ¿Algún
comentario final en este último minuto?
REED BRODY: Bueno, lamentablemente, llevamos observando el descenso de Nicaragua hacia la
dictadura desde 2018, cuando el Gobierno disparó contra manifestaciones
pacíficas masivas y mató a unas 350 personas. En las últimas elecciones de
2021, prácticamente todos los candidatos fueron detenidos y, desde entonces, se
les ha exiliado y se les ha despojado de su ciudadanía. Todos los medios de
comunicación independientes y las ONG han sido clausurados y sus miembros
exiliados. No hay partidos políticos independientes. El año pasado, se modificó
la Constitución para eliminar formalmente la separación de poderes y concentrar
todo el poder en manos de los dos copresidentes, Daniel Ortega y su esposa,
Rosario Murillo.
Así que, en realidad, esto es simplemente… ya sabes, es como cuando cae la otra bota. Es simplemente… ya sabes, acabar de
una vez con toda la farsa de que en Nicaragua existen derechos, de que hay
alguna posibilidad de unas elecciones justas. Y esto es realmente… como sabes,
Amy, mi relación con Nicaragua se remonta a hace 40 años, a la época de la
revolución, y, ya sabes, Daniel Ortega, que formó parte de un grupo que se
levantó para luchar contra una dictadura familiar, ahora ha creado una dictadura
familiar. Y es una auténtica tragedia para el pueblo de Nicaragua.
AMY GOODMAN: Reed Brody, fiscal especializado en crímenes de guerra, miembro de la Comisión
Internacional de Juristas y autor de To Catch a Dictator: The Pursuit and
Trial of Hissène Habré (Atrapar a un dictador: la persecución y el juicio de
Hissène Habré). ¡Reed, feliz cumpleaños!
REED BRODY: Gracias, Amy.
AMY GOODMAN: A continuación, analizamos el Mundial con el exfutbolista Jules Boykoff. No te vayas.
[pausa]
AMY GOODMAN: "Crumb Clean", de The Corner Laughers.
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