DHS: ¿Legitimizando al Alguacil Joe Arpaio?
16/10/09
Maribel Hastings
El “Sheriff más rudo del Oeste”, Joe Arpaio, ya no tendrá (teóricamente)
autoridad bajo el acuerdo 287(g) para arrestar en las calles a sospechosos de
ser indocumentados, pero el alguacil desafió al gobierno federal y condujo
otro operativo en las calles del condado de Maricopa, que incluye a Phoenix,
echando mano de la ley estatal anti-coyote, que acusa de conspiración a
indocumentados por haber pagado a algún traficante de personas para ingresar
ilegalmente a Estados Unidos.
El programa 287(g) autoriza a la policía local actuar como agentes de
inmigración. Se aplica para identificar indocumentados en las cárceles y en las
calles.
El DHS anunció
que completó 55 acuerdos 287(g) con agencias policiales locales. Otros 12 fueron
aprobados y todavía deben ser firmados por las agencias locales.
Pero la pregunta es, ¿por qué el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) le
renueva a Arpaio el acuerdo 287(g), así sea sólo para aplicarlo en las cárceles,
cuando el alguacil es investigado por el propio Departamento de Justicia por
violaciones de derechos civiles? Arpaio echa mano de perfiles raciales para
detener a personas que se sospeche son indocumentados, y en el proceso ha
detenido a residentes legales, ciudadanos estadounidenses y ha aterrorizado a
vecindarios latinos enteros.
De hecho, durante entrevistas recientes para alardear de que desafiaría al
DHS, Arpaio dijo que la ley federal le autoriza detener personas basándose en su
vestimenta, cómo hablan, y si se encuentran en zonas donde haya concentración de
indocumentados.
El problema es que el lenguaje citado por Arpaio se basa en una
interpretación legal inexacta.
El alguacil echó mano de un "análisis" legal preparado por un grupo conocido
por sus posturas anti inmigrantes: la Federación para una Reforma Migratoria
Estadounidense (FAIR) al que el Southern Poverty Law Center designó como una
organización que promueve el odio racial.
Las tácticas de Arpaio han resultado en 3,500 demandas en su contra y una
investigación
por parte de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
Mientras tanto, miles de órdenes de arresto por delitos serios se siguen
acumulando en el condado.
Frank Sharry, director ejecutivo y fundador de America’s Voice, declaró que
“a Arpaio hay que frenarlo, no reautorizarle acuerdos”.
“La capacidad de las agencias del orden público de reducir la criminalidad se
afecta cuando grandes segmentos de la población temen y desconfían de las
autoridades. Arpaio, basándose en los consejos legales de una organización anti
inmigrante extremista, ha desvirtuado este principio fundamental de la
vigilancia comunitaria. En el mundo de Arpaio, los latinos, las mismas personas
que pueden colaborar con las autoridades para identificar a verdaderos
criminales, se convierten en blanco de sus tácticas. Esperemos que el
Departamento de Justicia intervenga y haga lo que el DHS no ha hecho para
ponerle punto final a este reino de terror”, declaró Sharry.
Los operativos en los vecindarios del condado de Maricopa, por cierto, han
resultado en sólo 294 detenciones de indocumentados en los pasados dos años.
Mientras tanto, en las cárceles del condado han identificado 33,000
indocumentados en el mismo periodo de tiempo.
Las leyes federales de inmigración deben ser aplicadas por el gobierno
federal, aunque en este caso se requiere una reforma de esas leyes porque las
actuales simplemente no funcionan y resultan en situaciones como la de Arpaio:
aterrorizando comunidades enteras en nombre de presuntamente ejercer mano dura
contra los indocumentados aunque en el proceso se lleven por delante a
ciudadanos y residentes legales y se violenten los derechos civiles
indiscriminadamente.
Aparentemente al gobierno del cambio eso no le perturba.
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