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De cómo EEUU paga la muerte y destrucción causadas en Afganistán

Nuestras “condolencias”

Cora Currier
The Intercept
5 de marzo de 2015

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.

· Un blindado atropella a un niño de seis años por las piernas: 11.000 dólares.

· “Por error, vuelan por los aires” un camión típicamente decorado: 15.000 dólares.

· Una detonación controlada rompe los cristales de ocho ventanas de una mezquita: 106 dólares.

· Un niño se ahoga en una zanja antitanques: 1.916 dólares.

· Un camión de diez toneladas arrasa una cosecha de pepinos: 180 dólares.

· Los disparos de un helicóptero “alcanzan y matan a siete vacas”: 2.253 dólares.

· Se destruyen 200 parras de vid, 30 moreras y un pozo: 1.317 dólares.

· Se rompen los espejos de un puesto ambulante: 4.057 dólares.

· Un niño muere en una operación de combate: 2.414 dólares.

Estas son algunas de las cantidades que EEUU ha pagado a los afganos comunes y corrientes en el curso de las operaciones militares estadounidenses por el país, según las bases de datos obtenidos, en virtud del Acta de Libertad de Información, por The Intercept que cubren miles de esas transacciones. Muchos de los pagos son por incidentes rutinarios como episodios de tráfico o daños a propiedades, aunque en el monótono lenguaje burocrático hay otros que se refieren a “la muerte de su mujer y dos hijas menores”, “heridas en la cabeza, brazos y piernas de un hijo”, “muerte del marido, padre, tío, sobrino…”

Las bases de datos están incompletas, en reflejo de los fragmentados registros que se realizan en Afganistán, sobre todo en la cuestión de los daños a civiles. Los pagos que The Intercept ha analizado y presentado en el gráfico que acompaña esta historia no representan un panorama completo pero ofrecen una pequeña ventana a los miles de vidas fracturadas y tragedias personales que se han estado produciendo a lo largo de más de una década de guerra.

El precio de una vida

Los datos que The Interceptobtuvo proceden de dos sistemas diferentes que el ejército estadounidense utiliza para enmendar las cosas.

El Acta de Reclamaciones Exteriores, aprobada en 1942, concede a los ciudadanos extranjeros capacidad para reclamar el pago de los daños causados por el personal militar de EEUU. Pero la ley sólo cubre los incidentes que se producen fuera de las situaciones de combate, lo que significa que los civiles atrapados en las batallas no disponen de ningún recurso para reclamar.

Sin embargo, desde la guerra de Corea, el ejército estadounidense ha comprendido que a menudo es conveniente para sus intereses hacer pagos simbólicos a los civiles por los daños, incluso cuando se producen en combate. Con los años, el Pentágono ha autorizado “pagos de condolencia” cuando el ejército decidía que era culturalmente adecuado.

Esos pagos de condolencia se aprobaron en Iraq pocos meses antes de la invasión estadounidense de 2003, y en Afganistán a principios de 2005, convirtiéndose pronto en parte del enfoque de la contrainsurgencia para “ganar los corazones y las mentes”. Por decirlo de otra forma y con las palabras de un manual del ejército, se trataba de “utilizar el dinero como arma”.

Aunque parezca cínico ofrecer compensaciones simbólicas por una vida humana, las organizaciones humanitarias acogieron tal política como una vía para que se reconozcan las muertes y las duras realidades económicas de las zonas de guerra.

Los pagos de condolencia están destinados a ser gestos simbólicos, y actualmente en Afganistán tienen por lo general un tope de 5.000 dólares, aunque pueden aprobarse mayores cantidades.

Los pagos en función del Acta de Reclamaciones Exteriores tienen en cuenta cualquier negligencia por parte del reclamante, así como la legislación local. Douglas Dribben, un abogado del Servicio de Reclamaciones del Ejército en Fort Meade, Maryland, dijo que hay oficiales que investigan sobre el terreno, consultando en ocasiones con USAID o el Departamento de Estado, para determinar el coste de reponer las propiedades dañadas, “¿cuánto vale un pollo en mi área frente a lo que vale en el centro de Kabul?”

Las reclamaciones por lesiones incorporan el coste de la atención médica, y en caso de muerte por error, la potencial renta del afectado y las circunstancias. “Si se trata de un doctor de 28 años, van a pagar más de lo que pagarían por un niño de cuatro”, dijo Dribben. “Desgraciadamente, en Afganistán, es probable que en el caso de una niña paguen menos que por un niño”.

Sin embargo, el sistema es imperfecto. Quienes viven en áreas remotas casi nunca tienen acceso a los lugares donde el ejército estadounidense reparte dinero en efectivo. Las sumas asignadas, o si se pagan en su totalidad, dependen a menudo de la iniciativa de soldados individuales, por lo general los fiscales militares que se ocupan de las reclamaciones o los comandantes que pueden autorizar el pago de condolencias.

En 2007, la Unión Americana por las Libertades Civiles obtuvo una serie de documentos en los que se detallaban alrededor de 500 reclamaciones presentadas en virtud del Acta de Reclamaciones Exteriores, principalmente en Irak. Se trataba de los registros originales de los incidentes, a menudo escritos a mano, la investigación de los mismos y la decisión final del ejército de pagar o rechazar la reclamación. Jonathan Tracy, un ex fiscal militar que atendió miles de reclamaciones en Irak y después dedicó años a estudiar el sistema, analizó todo el conjunto de datos y halló que con frecuencia las decisiones se tomaban en función de definiciones amplias o arbitrarias de las situaciones de combate y que a la gente a la que se le denegaban las reclamaciones, se les concedían pagos de condolencia sólo en determinados casos. El profesor de Derecho de Yale John Fabian Witt señaló también que “las compensaciones por pérdidas relativamente menores sufridas en la propiedad rivalizaban a menudo con los pagos por muertes en las valoraciones en dólares”.

“Lo presentan como si fuera una cuestión de negro sobre blanco, como si ahí estuviera el conjunto de cosas por las que tuviéramos que pagar y tu decides si el incidente está dentro o no de ese conjunto, pero las cosas no son así”, dijo Trace a The Intercept. “Y resulta que tienes a dos fiscales distintos haciendo cosas distintas, y civiles que sufren la misma situación se encuentran recibiendo indemnizaciones distintas”.

El pasado año, el proyecto de ley anual de asignaciones de la defensa incluía una disposición, apoyada por el Senador Patrick Leahy, demócrata por Vermont, que instruye al Pentágono para que establezca un proceso permanente para administrar los pagos de condolencia. La medida trata de evitar el retraso y las inconsistencias que complicaron el sistema en los primeros años en Irak y Afganistán, y mejorar el mantenimiento de registros para que el Pentágono no empiece desde cero en cada nuevo conflicto.

Un funcionario de defensa dijo a The Intercept en una declaración por correo que el Pentágono no ha puesto en marcha aún la disposición, pero que está “revisando los procesos relativos a los pagos ex gratia para determinar si hay áreas en que pueden introducirse mejoras”.

Marla Keenan, directora gerente del Centro para Civiles en Conflicto, cree que “como el conflicto ha sufrido una escalada en Irak y Siria, están empezando a ver una razón para la existencia de este tipo de prácticas políticas. Es lamentable que se actúe en función de impulsos”.

Encontrando datos

EEUU y sus aliados no hacen recuento de las muertes de civiles en Afganistán. Las Naciones Unidas sólo comenzaron a llevar un registro de víctimas civiles a partir de 2009, utilizando una forma de recuento conservadora que necesita las aportaciones de tres fuentes en cada uno de los incidentes. La ONU informa ahora de que en los últimos cinco años de lucha, han muerto más de 17.700 afganos inocentes, la mayoría de ellos asesinados, al parecer, por los talibanes o por otros grupos que luchan contra las fuerzas gubernamentales afganas y las fuerzas de la coalición.


Formulario afgano de reclamación

Las indemnizaciones pagadas bajo el Acta de Reclamaciones Exteriores o en los pagos de condolencia es una vía para conocer los daños causados por la presencia estadounidense. Sin embargo, es difícil sacar conclusiones a partir de los registros del ejército porque son confusos e incompletos, según admiten ellos mismos.

Cada provisión de documentos publicados viene con advertencias. Por ejemplo, The Nation obtuvo miles de páginas de registros de pagos por condolencias y otros “daños de batalla” en 2013. Al preguntar por las cifras totales, un portavoz del ejército dijo a la revista: “Puedo abrirme paso entre las cifras lo mejor que pueda pero serían suposiciones y probablemente inexactas”

The Intercept recibió los datos de varios años recientes de los pagos de condolencia del ejército a través de una petición apelando al Acta de Libertad de Información. Esos registros procedían de la base de datos del ejército tras hacer un seguimiento del Programa de Respuestas de Emergencia del Comandante, un fondo monetario especial para proyectos de “buena voluntad”.

Los registros son escuetos, sólo aportan la información básica de quién ha muerto o quién ha resultado herido, sin detallar cuándo o cómo se produjo el incidente. La localización aparece sólo a nivel provincial. Sin embargo, los datos representan el recuento más claro del Pentágono de cuánto dinero se gasta en pagos de condolencia. (Este dato no incluye la “solatia” que, al igual que los pagos de condolencia, indemnizan por muertos y heridos. Pero se pagan con independencia de los fondos operativos de una unidad, y el Pentágono declaró anteriormente que no dispone de cifras globales de solatia).

Según los datos que recibimos, en los años fiscales de 2011 a 2013, el ejército concedió 953 pagos de condolencia que totalizaron 2,7 millones de dólares. 1,8 millones de esa cantidad se destinaron a indemnizar por los casos de muerte; el pago medio por muerte fue de 3.426 dólares. Los pagos por las lesiones causadas tenían una media de 1.557 dólares.

Algunos pagos se efectuaron en casos de varias personas afectadas en un solo incidente. Por ejemplo, el pago único más alto, en 2012, ofrece 70.000 dólares por “la muerte de una madre y sus seis niños”. El pago más alto por una única muerte se produjo en 2011, cuando el padre de “un nacional local” asesinado recibió más de 15.000 dólares. Algunas familias recibieron tan sólo 100 dólares por la muerte de un pariente.


Los accidentes de tráfico motivan las reclamaciones más habituales bajo el Acta de Reclamaciones Exteriores

Foto: Rahmat Gul/AP; Wakil Kohsar/AFP/Getty Images

Al preguntarle al Pentágono por los registros de los pagos efectuados antes de 2011, remitieron las preguntas a la oficina de prensa de las fuerzas de la coalición en Afganistán, que no ha contestado a las repetidas indagaciones hechas por The Intercept.

También en virtud del Acta de Libertad de Información, The Intercept recibió datos del ejército obtenidos del Acta de Reclamaciones Exteriores. Al igual que en el caso de los pagos de condolencia, la base de datos no incluye la documentación existente en cada demanda. Lo que hace es mostrar un breve resumen, la fecha y la suma de cada reclamación concedida.

En total, el ejército publicó 5.766 reclamaciones en Afganistán, presentadas entre febrero de 2003 y agosto de 2011, de las cuales se pagaron 1.671, por un total de 3,1 millones de dólares. De esas reclamaciones, 753 se rechazaron en su totalidad y el resto fueron a parar a varios tipos de limbos contables.

Esta es sólo una porción de las reclamaciones que realmente se presentaron y se pagaron. Douglas Dribben, el fiscal de la oficina del ejército describió la base de datos como “G.I.G.O.” [siglas en inglés del equivalente a la expresión basura que entra, basura que sale].

Se supone que los fiscales militares sobre el campo actualizan de forma habitual la base de datos con las reclamaciones recibidas y pagadas, pero el acceso irregular a Internet y los horarios erráticos lo hacen a menudo imposible. Tracy, el ex fiscal del ejército, dijo que en Iraq tenía que introducir todas las reclamaciones que recibía semanalmente. En la práctica, “eso nunca sucedió realmente”, dijo.

Una guía de 2010 para funcionarios encargados de las reclamaciones adopta un tono suplicante: “Sabemos que los pagos [por reclamaciones] no son vuestra única misión y que lo último de lo que realmente queréis encargaros es de otro informe más, pero con toda honestidad, lo último que nosotros queremos es que se gasten los fondos sin autorización”.

Una estimación más fiable, dijo Dribben, nos llega de los datos del presupuesto del ejército, que refleja la cantidad de dinero transferida al campo para pagar las reclamaciones. El Servicio de Reclamaciones del Ejército no proporcionó esa información, pero una guía de formación de 2009 afirma que el ejército tuvo que pagar en ese año fiscal 1,35 millones de dólares para 516 demandas en Afganistán, rechazándose 202.

El total para Iraq en ese año fue de más de 18 millones de dólares; en general, en Afganistán hubo menos reclamaciones y por menor valor que en Irak debido a la remota geografía y a la menor cantidad de tropas desplegadas. Las cantidades fijadas para reponer bienes destruidos o salarios perdidos fueron por lo general más bajas, dijo Dribben.

En los datos de las reclamaciones faltan palabras, la redacción es confusa, hay errores obvios en varios de los campos de registro. La mayoría aluden a un “reclamante”. Algunas figuran en primera persona. Unas cuantas docenas no presentan ningún resumen. Muchas son completamente enigmáticas: ¿qué sucedió cuando un “demandante temió que los soldados abrieran fuego y se quedó aterrorizado”? Al reclamante se le pagaron más de 3.200 dólares.

“Disponíamos de sólo 30 segundos para hacer los registros”, dijo Tracy. “No había espacio ni tiempo para exponer una narrativa”.

La base de datos clasificaba sólo 18 pagos por muertes por error entre 2003 y 2011, un recuento claramente muy a la baja, dijo Driben. La media de esos pagos fue de 11.000 dólares; la mayor cifra que se pagó fue de 50.000 dólares, que se pagó a alguien en el este de Afganistán porque “las fuerzas de la coalición mataron a su padre”.

Margot Williams y Josh Begley colaboraron en la investigación de este informe. Asimismo Eric Sagara, que con anterioridad formó parte de ProPublica. Puede contactarse con la autora del artículo en: cora.currier@theintercept.com

Fuente: https://firstlook.org/theintercept/2015/02/27/payments-civilians-afghanistan/


 

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