Cuarto millón de americanos demandan juicio por torturas
Mandy Simon, ACLU, (202) 675-2312;
media@dcaclu.org
Publicado: 23 de
April de 2009
WASHINGTON – Una coalición de grupos defensores de derechos presentarán
peticiones conteniendo cuarto millón de firmas al Fiscal General Eric Holder
demandando que designe a un fiscal independiente que investigue el uso de
tortura en los sospechosos de terrorismo de la administración Bush. Las
peticiones fueron reunidas por American Civil Liberties Union,
MoveOn.org Political Action, the Center for Constitutional Rights,
Firedoglake.com, Democrats.com y otros grupos de derechos humanos. Las
peticiones serán entregadas durante el testimonio ante el subcomité de
Apropiaciones de la Casa.
La semana pasada, a través de la demanda de Freedom of Information Act, ACLU
obtuvo cuatro memos producidos por Justice Department's Office of Legal Counsel
(OLC) señalando el marco legal de la administración Bush por sus políticas de
tortura. Esta semana, un reporte del congreso fue comunicado por el comité de
servicios armados del Senado reafirmando la coordinación entre la Casa Blanca de
Bush y otros oficiales del gobierno de alto nivel en la creación e
implementación de políticas de tortura.
Dada la sustancial cantidad de evidencia de nueva totura presentado a los
americanos la semana pasada, el Departamento de Justicia está obligado a
designar a un fiscal independiente para investigar estos crímenes. El hecho es
que todos los crímenes fueron cometidos para restaurar la regla de la ley. La
idea de que nuestras leyes deberían ser cumplidas no debería ser controversial
en una democracia.
De hecho, una reciente encuesta de USA Today y Gallup muestra que dos tercios de los americanos apoyan
investigaciones en el uso de tortura por la administración Bush y un 40% apoya
los procesos criminales.
“La tortura es un crimen. Es trabajo del fiscal general asegurar
investigaciones que ocurren para determinar exactamente quién autorizó, sancionó
y llevó a cabo eso para que esas personas sean responsables," dijo Caroline
Fredrickson, Directora de la oficina legislativa de ACLU en Washington. “Estamos
apremiando al Fiscal General Holder a que rápidamente designe un fiscal
independiente para que nuestro país avance para restaurar la regla de la
ley.”
"La tortura es ilegal bajo las leyes de nuestra nación--esto no es una
pregunta de izquierda o derecha; es una pregunta del liderazgo moral de
America," dijo Justin Ruben, director ejecutivo de MoveOn.org Political Action.
"Esta semana nuestros miembros se unieron al creciente coro de voces pidiendo al
Fiscal General que investigue a aquellos responsables de estos abusos. Mostrar
estas acciones tiene consecuencias reales; debemos asegurarnos que nada más como
esto suceda de nuevo."
“Es tarea del Fiscal General mantener la ley, no decidir cuáles leyes
sostener basado en el cálculo político del presidente. La administración Bush
comprometió la independencia del Departamento de Justicia, volcándola en un
brazo político de la Casa Blanca", dijo el director ejecutivo del Centro para
Derechos Constitucionales, Vincent Warren. “Esperemos que Eric Holder entienda
que lo que el presidente desea y la ley requiere no es siempre la misma
cosa.”
Jane Hamsher, fundadora de firedoglake.com: "El comunicado de memos de tortura demuestra
cuán crítico es que el Fiscal General Holder designe a un fiscal especial que
investigue el uso de la tortura. No podemos avanzar y realizar el cometido del
presidente Obama para restaurar la moral de la nación hasta que se limpie el
legado de nuestro pasado."
David Swanson, de Washington Director of Democrats.com: "La tortura a las
personas para obligar acuerdos con justificaciones ficticias por guerra sugiere
de que no hemos avanzado mucho durante el pasado milenio. Y todavía sé que
tenemos y podemos probarlo haciendo cumplir nuestras leyes en la cara del miedo
y el malentendimeinto. Una demora no puede ser justificada por la carencia de
evidencia (la evidencia es abrumadora) o por un cálculo político. La designación
de un consejero especial independiente que haga cumplir nuestras leyes daría una
nueva base para el progreso en nuestras relaciones con el mundo, una explicación
para mejorar nuestro código criminal, y el espacio necesario para que
el congreso apropiadamente persiga la responsabilidad y prevención de futuros
abusos de poder.
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