Corte Suprema de EEUU convalida
detención de yemenita en cárcel de Guantánamo
afp.com
10 de junio de 2019
© Sylvie LANTEAUME La entrada
principal de la cárcel de Guantánamo, en una foto del 16 de octubre de 2018 |
La Corte Suprema de Estados Unidos convalidó el lunes la detención de un
yemenita preso de desde hace 17 años en la base militar de Guantánamo, en
territorio cubano, sin haber sido nunca inculpado ni juzgado.
El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por Moath al-Alwi,
detenido en la frontera entre Afganistán y Pakistán en diciembre de 2001 y
trasladado en Guantánamo en enero de 2002.
Nacido en 1977, el yemenita fue acusado de haber sido guardaespaldas del
líder de Al-Qaida asesinado Osama bin Laden, algo que él niega. Es considerado
un "combatiente enemigo", una figura que permite su detención hasta
el fin del conflicto.
La guerra en Afganistán y contra Al-Qaida "difiere de conflictos del
pasado que inspiraron las leyes de la guerra, y crea un riesgo de prisión
perpetua" para Al-Alwi, contrario a la Constitución estadounidense y al
derecho internacional, sostuvieron sus abogados.
Esos argumentos no convencieron a la Corte Suprema, que no está obligada a
justificar sus decisiones.
El magistrado Stephen Breyer expresó una opinión disidente.
"Al-Awi se ve confrontado a la perspectiva de pasar el resto de sus
días en prisión sobre la base de un estatuto de combatiente enemigo que remonta
a una generación atrás, a pesar de que el conflicto actual es muy diferente a
lo que estaba previsto en momentos en que fue redactada la ley", señaló.
Abierta en 2002, poco después de la detención de los primeros yihadistas en
el marco de la intervención estadounidense en Afganistán en respuesta a los
atentados del 11 de septiembre de 2001, Guantánamo albergó a un máximo de 780
detenidos. Hoy mantiene a 40.
La prisión -cuya existencia y condiciones de detención han sido denunciadas
por organismos humanitarios internacionales- no recibe nuevos presos desde
2008, pero el presidente Donald Trump firmó en enero de 2018 un decreto en el
que ratifica la continuidad de su funcionamiento y destaca su intención de
enviar a nuevos detenidos.
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