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21 de agosto de 2015

El Mundo no Puede Esperar moviliza a las personas que viven en Estados Unidos a repudiar y parar la guerra contra el mundo y también la represión y la tortura llevadas a cabo por el gobierno estadounidense. Actuamos, sin importar el partido político que esté en el poder, para denunciar los crímenes de nuestro gobierno, sean los crímenes de guerra o la sistemática encarcelación en masas, y para anteponer la humanidad y el planeta.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


Invitación a traducir al español
(Nuevo)
03-15-11

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Liberan a un médico que robó bebés durante la dictadura

Corte Suprema de Argentina reactiva ley que reduce penas a torturadores

Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 6 de mayo de 2017, p. 20

Buenos Aires.

El ex mayor médico del ejército Norberto Bianco, quien atendía los partos de detenidas en Campo de Mayo durante la pasada dictadura y fue condenado a 14 años de cárcel por el robo sistemático de bebés nacidos en cautiverio, fue puesto en libertad ayer, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que decidió aplicar la Ley del 2x1 (derogada en 2001) para reducir las penas a los condenados por ilícitos de lesa humanidad, mientras otros magistrados decidieron enfrentar a la Corte.

El tribunal oral número cinco rechazó el beneficio del 2x1 para reducir la condena en el recurso presentado por el coronel retirado Héctor Salvador Giribone, sentenciado por entregar a una familia a un niño nacido en cautiverio y robado a sus padres desaparecidos durante la pasada dictadura. Había interpuesto el recurso sólo 48 horas después del fallo de la CSJ, que posibilitó la excarcelación de numerosos responsables de delitos de lesa humanidad.

Giribone entregó al niño –ahora el nieto 101– Pablo Javier Gaona Miranda, recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo.

Ante el pedido de otro represor que solicitó el beneficio, el apropiador de niños Víctor Gallo, condenado a 15 años de prisión en 2012, la fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos, Ángeles Ramos, solicitó ante el tribunal oral federal 6 la declaración de inconstitucionalidad del fallo de la CSJ, que resolvió extender los beneficios de la Ley del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Organismos de derechos humanos y sectores políticos atribuyen eso a una acción del gobierno del presidente Mauricio Macri, quien ya había enviado señales de que propiciaría ese fallo, al contar con dos jueces nuevos en la Corte, a quienes nombró por decreto poco después de asumir el poder, en diciembre de 2015.

Ramos advirtió: “El Estado terrorista avasalló los derechos fundamentales suprimiendo para ello las normas básicas de convivencia democrática y que el Ministerio Público rechazara los pedidos de excarcelación de los genocidas, considerando que si Gallo no cumpliera su condena estaría comprometida la responsabilidad internacional del Estado argentino.”

En Mendoza, el tribunal oral federal 2 rechazó un pedido similar realizado por el ex comisario Norberto Mercado, en prisión preventiva desde 2012 por la desaparición de 14 personas. No puede obviarse que la pretensión de la defensa está desprovista de un mínimo de razones sobre la pertinencia del instituto que reclama, señalaron los jueces.

De hecho, la CSJ tomó su decisión con base en el caso del represor Luis Muiña, quien actuó en secuestros, torturas y desapariciones en el hospital Posadas, tomado por militares, quienes convirtieron la casa donde vivía el director en un centro de torturas.

El testimonio de una de sus víctimas, la enfermera Gladys Cuervo, en televisión y otros medios, produjo una verdadera conmoción aquí, al relatar las torturas a que fue sometida.

“El fallo de la Corte Suprema me dejó anonada,” dijo Gladys. Sostuvo que se trata de un indulto encubierto y “un golpe terrible para la democracia y la humanidad, pero además abre la puerta para que 752 represores pidan lo mismo que Muiña. Yo no quiero encontrarme con El Tigre Acosta, (Alfredo) Astiz, con (Jorge) Radice. Sería horrible”, sostuvo en referencia a ese grupo de tareas, el más brutal que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma).

Lo mismo que Ricardo Miguel Cavallo, quien fue miembro del Grupo de Tareas 33.2 de la Esma como los anteriormente mencionados, quien trabajaba con total impunidad como director del Registro Nacional de Vehículos en México, donde fue descubierto y detenido en 2000 por solicitud del entonces juez Baltasar Garzón en España, adonde fue extraditado ya con los juicios abiertos en Argentina. El 26 de octubre de 2011, Cavallo fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta, sentencia que se confirmó en 2014.

El solo hecho de que todos pudieran salir en libertad resulta desesperante, abrumador y peligroso para sus víctimas, revictimizadas por este fallo, denuncian organismos de derechos humanos.

“Algunos se preguntan cómo resistirán ese golpe las Madres y Abuelas, así como los militantes de los derechos humanos. Aguantarán como lo hicieron cuando se consagró la impunidad y no dejaron de luchar un solo día para revertirla,” dice un comunicado de Memoria, Verdad y Justicia. El próximo 18 de mayo los organismos habrá una manifestación contra ese fallo y en contra de la impunidad.


 

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