Corte española enjuiciaría a funcionarios estadounidenses
29 de marzo de 2009
MADRID (AP) - Una corte española acordó analizar la apertura de un caso
contra seis ex funcionarios del gobierno del presidente estadounidense George W.
Bush, incluyendo al ex secretario de Justicia Alberto Gonzales, por su presunto
encubrimiento de torturas en la base naval de Guantánamo, informó un abogado en
el caso.
Un grupo de abogados por los derechos humanos llevó el caso ante el juez
antiterrorismo Baltasar Garzón, que aceptó enviarlo a los fiscales para decidir
si merece desarrollarse, indicó el sábado a The Associated Press Gonzalo Boye,
uno de los abogados que presentó los cargos.
Los ex funcionarios del gobierno de Bush son Gonzales; el ex subsecretario de
la Defensa para la política, Douglas Feith; el ex jefe de cartera del
vicepresidente Dick Cheney, David Addington; los funcionarios del Departamento
de Justicia John Yoo y Jay S. Bybee, y el abogado del Pentágono William
Haynes.
Se enviaron correos electrónicos a Yoo y Feith, pero éstos no fueron
respondidos inmediatamente.
La ley española permite que las cortes puedan realizar juicios
internacionales en casos de tortura o crímenes de guerra bajo la doctrina de la
justicia universal, aunque el gobierno indicó recientemente que espera limitar
el alcance de estos procesos legales.
Garzón se hizo famoso por presentar cargos contra el ex dictador chileno
Augusto Pinochet en 1998. Otros jueces españoles han aceptado investigar
presuntos abusos, desde el Tíbet hasta la "Guerra Sucia" en Argentina y los
conflictos en El Salvador y Ruanda.
Pero hasta ahora los resultados no han sido tan positivos y sólo uno de los
sospechosos ha sido extraditado a España. Cuando se interpuso un caso similar
contra funcionarios israelíes a comienzo de este año, el ministro de asuntos
exteriores Miguel Angel Moratinos le aseguró a su homólogo de Israel que el
proceso se desecharía.
En el caso de que se entreguen acusaciones formales a los ex funcionarios
estadounidenses está poco claro si se realizarán arrestos. Los ex funcionarios
deberán viajar fuera de Estados Unidos a un país dispuesto a tenerlos bajo
custodia antes de una posible extradición a España.
Los funcionarios fueron señalados por crear una fachada legal a métodos de
interrogatorio como la amenaza de ahogamiento con agua a los sospechosos de
terrorismo en Guantánamo, que según los abogados españoles por los derechos
humanos, son una forma de tortura.
Boye indicó que esperaba que la Audiencia Nacional prosiguiera con el caso y
negó los temores de que esto podría afectar las relaciones bilaterales con
Estados Unidos. Indicó que algunas de las víctimas de las presuntas torturas
eran españolas, por lo que esto fortalece el argumento para la jurisdicción
española.
El abogado subrayó que el caso no fue interpuesto para los interrogadores que
pudieron cometer los crímenes, sino para los abogados y otros importantes
funcionarios que dieron la protección a estas acciones.
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El periodista de The Associated Press Harold Heckle en Madrid contribuyó con
este despacho.
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