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21 de agosto de 2015

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Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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Consideran Centro de ICE en L.A.

Complejo privado albergará a 2,200 reos encarcelados por delitos de inmigración

Un nuevo centro de detención federal de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podría empezar a construirse en los próximos meses en el área que circunda a la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con una licitación pública dada a conocer por ICE, el organismo busca a un contratista que pueda construir y operar un centro de detención ubicado en un radio de 120 millas con respecto al centro de Los Ángeles que tenga capacidad para alojar 2,200 camas.

Virgina Kice, portavoz de ICE, dijo a este diario que aunque esta información ha sido publicada, aún no es un hecho que el centro vaya a ser construido en esta zona. "Esta es simplemente una notificación de solicitud formal pero apenas se va a evaluar su viabilidad, sólo se está en el proceso preliminar de quienes tienen interés en el contrato", comentó.

Kice señaló que el proyecto obedece a la creciente demanda para alojar a los detenidos por cargos relacionados con inmigración. Actualmente ICE puede albergar hasta 1,400 detenidos en una instalación propiedad del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles; en esta área también algunas agencias de policía local alojan en sus prisiones a detenidos por los mismos cargos.

En octubre de 2007 un centro de detención federal que operaba en San Pedro fue cerrado debido a que se requería de un mantenimiento profundo de sus instalaciones; ICE aún evalúa si es costeable invertir en la restauración de este complejo.

Para Tom Barry, director del Proyecto Transfronterizo del Centro de Política Internacional (CPI) en Washington D.C., la idea de que se construya un centro de detención cuya operación estará en manos de una corporación privada no es novedad.

"Desde el año 2000 ICE sólo opera este tipo de contratos", explica Barry, quien ha investigado las ganancias de las empresas que manejan prisiones privadas en el país. "ICE firma el contrato y en alguna manera se asegura que habrá un cierto número de internos por ciertos años, y estas empresas tienen gente que hace cabildeo en Washington; cuando la ocupación en estas prisiones es menor del 95%, se empiezan a poner nerviosos", comentó.

Algunos estudios publicados por el propio CPI demuestran que en esas condiciones se reduce la posibilidad de hacer un seguimiento de la situación de los detenidos; se dificulta la transparencia y la rendición de cuentas y las personas suelen ver prolongados sus tiempos de detención.

Pero la operación de estos centros es buen negocio. Uno de los grupos que trabajan con ICE, GEO Group, recibió durante el año 2007 un poco más de 100 millones de dólares por manejar estas instalaciones. El otro corporativo, CCA, vio un aumento de 15% en sus ganancias durante el mismo año; 40% de ellas proviene de este rubro.

Si bien en el caso de Los Ángeles un centro de detención federal podría traer algunos beneficios como el hecho de que los inmigrantes no se encuentren detenidos junto a quienes han cometido crímenes, Barry recordó que, debido a que el alojamiento de los detenidos es supuestamente temporal, éstos no cuentan con las facilidades de una prisión para detenidos a largo plazo. El problema, explica, es que los procesos por inmigración llegan a prolongarse a veces hasta ocho meses.

Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición de Los Ángeles para los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), coincide con esta opinión. Sin embargo asegura que con instalaciones de este tipo, muchos de los detenidos que son trasladados a centros de detención en Nuevo México o Arizona, ahora podrían quedarse en condado y estar más cerca de sus familias.

"Pero por supuesto que lo mejor para nosotros sería que no hubiera más centros de detención; creemos que es negocio prolífico para las compañías privadas y el sufrimiento de muchos latinos no debe ser negocio para nadie", aclaró. "El dinero que se paga a estos corporativos lo seguiremos pagando los contribuyentes mientras no avance una política a largo plazo que prevenga la inmigración indocumentada a este país".


 

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