Confundidos con indocumentados
Los ciudadanos de EEUU tienen pocos derechos si ICE cree que son
inmigrantes
Segunda y última parte de una serie
René Saldívar (izquierda), estuvo desaparecido por varios meses. Primero, lo
deportaron a Tijuana; luego lo arrestaron en Arizona y negaron a su familia que
se hallara allí. Aquí en la casa de con su cuñado, el pastor Aquiles Rojas,
quien finalmente lo encontró. [Foto: AP] |
WASHINGTON DC.— Nahuel Castrucci no contó con abogado alguno cuando se
presentó por primera vez ante un juez de inmigración. Tampoco lo tuvo en la
segunda o en la tercera comparecencia.
Simplemente se sentó mudo y esposado ante el juez que estaba por expulsarlo
de su propio país.
De pronto, su madre se levantó en la corte y gritó: "¡Es un ciudadano! ¡Es un
ciudadano estadounidense y no debería estar aquí!"
La mujer tenía razón; su exclamación hizo que el juez pidiera a los abogados
realizar más investigación en el caso, lo que a la postre llevó a la liberación
de Castrucci, nacido en Argentina pero nacionalizado estadounidense.
El sistema judicial estadounidense dice que toda persona es inocente hasta
que se demuestra su culpabilidad, y garantiza un proceso justo, en que el
acusado tiene derecho a un abogado. Pero nada de eso existe en los casos de
inmigración.
En esas situaciones se ejercitan un menor número de derechos del sospechoso.
Y dado que el sistema encargado de manejar esos asuntos está presionado por el
surgimiento de innumerables casos nuevos, la situación deriva en una verdadera
maraña legal.
Uno de los resultados es que ni siquiera los ciudadanos estadounidenses,
detenidos al ser confundidos con indocumentados o residentes sujetos a ser
deportados, pueden confiar en que la ley los protegerá.
Las probabilidades están en su contra. Según entrevistas, demandas y
documentos obtenidos mediante la Ley de la Libertad de Información, AP llegó a
saber de más de 55 de esos casos en el año 2000, y los abogados de inmigración
señalan que hay cientos más.
Las personas identificadas como sospechosas por el sistema legal de
inmigración pueden ser detenidas sin una orden judicial. No se les leen sus
derechos a menos que se les involucre en un caso penal. No cuentan con un
abogado si no pueden pagarlo o encontrar a alguien dispuesto a defenderlos
gratis.
Pueden ser deportados sin audiencia en los tribunales. Y hasta enero, no les
era posible hacer una llamada telefónica sin costo.
"Están deportando a muchas personas de manera expedita, muchas veces tras una
somera revisión de la corte", dijo Daniel Kanstroom, director del Programa
Internacional de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho del Boston College.
"La deportación de los ciudadanos es tan sólo la punta del iceberg... Hay una
necesidad urgente y desesperada de una reforma en todo el sistema".
Jim Hayes, director de detenciones y deportaciones del Oficina de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE), dijo que su agencia no lleva registro de cuántos
ciudadanos son recibidos ahí, ni de cuántos casos resultan sustentados. Añadió
que lo más común es que los ciudadanos afirmen que son extranjeros para evitar
una sentencia penal, y no que los ciudadanos sean confundidos con
inmigrantes.
"No solemos detener a la gente accidentalmente. No deseamos arrestar a
ciudadanos estadounidenses y ponerlos bajo custodia por infracciones de
inmigración", dijo Hayes.
Sin embargo, reconoció que las autoridades deben ser cuidadosas para
determinar la ciudadanía.
"Creo que es nuestro deber el seguir adecuadamente los procedimientos e
investigar a profundidad, y asegurar que alguien sea, de hecho, un ciudadano
estadounidense antes de liberarlo", dijo Hayes.
Castrucci es un ejemplo de cuán complejos pueden ser los casos de
inmigración, especialmente si involucran a gente nacida en el extranjero, que
adquirió su ciudadanía mediante sus padres, nacidos en Estados Unidos o
naturalizados.
Un grupo de agentes armados lo detuvo hace más de dos años, tras irrumpir en
su alcoba en Chelsea, Massachusetts y acusarlo de pertenecer a una pandilla. El
acusado sostuvo que había dejado la banda unos dos meses antes.
Castrucci, de 22 años, dijo que se consideraba un ciudadano porque su madre
lo era, y pidió a los agentes revisar su número de Seguridad Social, pero no lo
hicieron. Aunque no había cargos penales, las autoridades de inmigración lo
mantuvieron bajo custodia.
En esas condiciones encontró a Laura Murray Tjan, abogada del Proyecto de
Representación para el Asilo Político y la Inmigración, quien se encargó de sus
caso.
Pasó un mes antes de que se verificara la ciudadanía de Castrucci y se le
liberara.
"Fue cuestión de los recursos tan limitados que tenemos; hay cientos de
detenidos y yo soy sólo una", dijo Tjan en un correo electrónico. "Pero lo que
supe al final en estos casos de ciudadanía es que el ICE no detectó en repetidas
ocasiones lo que yo percibía como aspectos my evidentes... Ellos sabían dónde
dormía, pero no sabían si era ciudadano ".
Tjan aseguró que tuvo cuatro o cinco casos de ciudadanos estadounidenses
detenidos y sometidos a trámites de deportación en un año.
"Y no soy la única persona que atiende casos similares", señaló.
Desaparecido
René Saldívar, de 41 años, de Riverbank, California, obtuvo la ciudadanía
gracias a su padre, quien nació en Colorado. Pero fue detenido lejos de su casa
y no tuvo forma de demostrar que era ciudadano, pues no contó con abogados ni
con documentos como el certificado de ciudadanía.
Saldívar se expresa como un niño tímido. Su familia dice que tiene la
capacidad mental de un adolescente.
En octubre del 2007 fue arrestado por no cumplir con los términos de libertad
condicional, luego de ser acusado de posesión de elementos para consumir
drogas.
Cuando completó su sentencia, su cuñado Aquiles Rojas fue a recogerlo, pero
no lo encontró en el centro de detención donde se suponía estaba. Le informaron
que se lo había llevado el Servicio de Inmigración, pero nadie sabía dónde.
Durante seis meses la familia no supo dónde estaba Saldívar. Había
simplemente desaparecido. Pensaron que se había ido a Tijuana, México. O que
estaba muerto.
Hasta que Saldívar se acordó del nuevo número de teléfono de su hermana y la
llamó, luego de que otro detenido le prestó una tarjeta telefónica.
Resultó que la familia había llamado al centro de detención donde se
encontraba, en Eloy, Arizona, pero allí no dieron con él porque habían escrito
mal su nombre y lo habían fichado como "Saldídar".
"Tuve miedo. Nunca había estado en una cárcel grande como esa, tan lejos de
mi casa", declaró Saldívar.
Tomó otros ocho meses demostrar que Saldívar era ciudadano. Fue finalmente
liberado cuando, con ayuda del congresista George Radanovich, la familia
consiguió documentos que corroboran que el padre había nacido en este país y
trabajado en el FFCC de Colorado.
Hayes sostuvo que para el ICE, Saldívar era un residente legal con varias
condenas relacionadas con el tráfico de drogas, por las que podía ser deportado.
Las leyes estipulan que una persona con permiso de residencia puede ser
deportada si ha cometido ciertos delitos, incluso si cumple su condena.
"No nos dijo que era ciudadano", expresó Hayes. "No había indicios de que lo
era. Había pruebas de que era residente legal. Esta fue una situación muy
particular".
El sistema legal del servicio de inmigración está desbordado. Dana Marks,
presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que el año
pasado 214 jueces atendieron 350 mil casos.
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