Condenan a 38 militares en Argentina tras un juicio histórico
Jonathan Gilbert
The New York Times Es
26 de agosto de 2016
Nora de Cortiñas, presidenta de las Madres de la Plaza de
Mayo. Credit Natacha Pisarenko/Associated Press
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BUENOS AIRES, Argentina — Un juicio histórico relacionado con los derechos humanos terminó el
jueves con la condena
de 38 exoficiales del ejército por su participación en el secuestro, la tortura y el asesinato de varios cientos de
víctimas durante la dictadura militar en las décadas de los 70 y 80.
28 de los acusados, entre los que había un general, fueron condenados a cadena perpetua y
otros 10 recibieron sentencias de entre dos años y medio y 21 años. Cinco
acusados fueron absueltos.
Miles de personas reunidas afuera del tribunal en Córdoba, la segunda ciudad más poblada de
Argentina, celebraron el veredicto sosteniendo imágenes de las víctimas en
sepia.
En el juicio se examinaron en conjunto las atrocidades cometidas en unos 20
casos de centros de detención y tortura en Córdoba. El más conocido de ellos es
el de La Perla. Agrupar los casos fue un avance importante para la
fiscalía y las organizaciones de derechos humanos que trabajan para que se haga
justicia con los crímenes de la dictadura que se extendió de 1976 a 1983.
En países vecinos no ha sido posible llevar ante la justicia los crímenes de las dictaduras
sudamericanas. Pero en Argentina, a lo largo de la última década, los progresos
han sido emblemáticos, con un gran número de juicios
en los que ya se ha condenado a más de 600
personas. El país ha sido capaz de llevar los procesos más allá de sus
fronteras este año.
El veredicto del jueves era algo esperado porque el juicio fue uno de los más completos que se
hayan celebrado. Implicaba 716 víctimas y testimonios de cientos de testigos.
Duró casi cuatro años.
También fue un hito, según los fiscales, porque era la primera vez que también se juzgaron en
Córdoba a escuadrones de la muerte por crímenes cometidos antes del
golpe de estado que terminó con una junta militar en el poder en 1976. En otros
lugares del país ya se habían juzgado crímenes cometidos antes de 1976.
Las organizaciones de derechos humanos han intentado que la justicia acelere los
procesos, pero varios de los acusados han muerto durante el juicio. Uno de
ellos se suicidó.
Uno de los casos juzgados fue el de Sonia Torres, de 86 años. Su nieto fue apropiado por los
militares que secuestraron a su hija, que estaba embarazada y dio a luz en
cautiverio. Después del juicio Torres dijo a los medios: “Acaba de pasar la
mitad de lo que me propuse, ahora tengo que encontrar a mi nieto”.
Se calcula que el número de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres
que fueron criados por familias cercanas al ejército llega a 500. Una
organización de derechos humanos, las Abuelas de Plaza de Mayo, ha ayudado a
120 de esos niños, ya adultos, a descubrir su verdadera identidad y los ha
reunido con sus familias biológicas.
El exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, de 89 años, quien ya cumple sentencias de cadena
perpetua por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, fue
condenado por el caso de Torres y un muchos más. Otros acusados de alto
perfil, como el excomandante paramilitar Héctor Pedro Vergez, de 73 años, o el
teniente Ernesto Guillermo Barreiro, de 68, recibieron cadenas perpetuas.
Otro megajuicio como el que terminó el jueves en Córdoba está celebrándose en Buenos Aires con
un número similar de víctimas y acusados.
Las organizaciones de derechos humanos calculan que 30.000 personas vinculadas con
grupos e ideologías de izquierda fueron asesinados o
desaparecidos —secuestrados y asesinados sin que su paradero haya sido
revelado— durante la dictadura. Otros dicen que el número es menor.
Debido a algunos comentarios recientes por parte de altos funcionarios argentinos, muchos en
Argentina creen que el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri no apoyará las causas judiciales contra los
crímenes de la dictadura. Macri lo ha desmentido.
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