La corte debe encontrar culpable a la rama ejecutiva por ataques de drones
Marjorie Cohn
Truthout
13 de julio de 2017
Un MQ-9 Reaper despegando el 8 de agosto de 2007, en
la base aérea de Creech en Indian Springs, Nevada. (foto: Ethan Miller / Getty
Images) |
En el 2012, la familia de Ali Jaber se reunió en Kashmir, Yemen, para una boda. A Ahmed Salem bin Ali Jaber (Salem) le pidieron
dar un discurso, que pediría a al Qaeda justificar sus ataques a civiles. En
respuesta, tres hombres desconocidos llegaron a ver a Salem.
Con miedo de problemas, Salem le pidió a Waleed bin Ali Jaber (Waleed), un policía, que lo acompañara a ver a estos tres hombres.
Un drone operado por Estados Unidos lanzó cuatro misiles Hellfire, matando a
los cinco hombres. Salem y Waleed no eran los objetivos del ataque. Los tres
hombres desconocidos no eran objetivos valiosos de alto nivel para los Estados
Unidos. Este fue un “ataque firmado” (signature strike) con el cual el gobierno
ataca sospechosos militantes anónimos basándose únicamente en un patrón de comportamiento.
El gobierno yemení ordenó que las familias de las víctimas recibieran aproximadamente $55,000 como “pagos de condolencias”. Cuando un
miembro de Buró de Seguridad Nacional de Yemen ofreció a la familia $1,000,000,
el oficial declaró que el dinero provenía del gobierno estadounidense, para más
tarde retractarse cuando Faisal bin Ai Jaber (Faisal) le pidió que lo pusiera
por escrito.
Faisal, quien era el cuñado de Salem y el tío de
Waleed, demandó al gobierno estadounidense en una corte de distrito federal.
Solicitó una disculpa por las muertes erróneas de sus familiares y una
declaración de que el drone estaba violando la ley doméstica e internacional.
En
la demanda, el demandante hizo las siguientes alegaciones:
-No había urgencia militar ni propósito o emergencia que justificara el ataque del drone
-Asesinar a los objetivos no era estrictamente inevitable para defender a los Estados Unidos y sus aliados de una inminente
amenaza de muerte y
-el riesgo para los civiles que se encontraban en las
cercanías era excesivo en comparación con el objetivo militar ya que no había
evidencia de que estos tres hombres fueran legítimos objetivos militares y no
había fuerzas policiacas yemenís o estadounidenses u objetivos militares en la
cercanía que necesitaran protección de esos jóvenes yemenís.
La corte de distrito descartó el caso, concluyendo que no tenía jurisdicción para adjudicar legalidad al ataque del drone porque había
una “cuestión política” reservada a la rama ejecutiva.
El 20 de junio, un panel conformado por tres jueces de la Corte de Apelaciones del para el Circuito del Distrito de Columbia apoyaron
la decisión de ser descartada. Apoyándose en la decisión previa del Circuito
DC, los jueces proclamaron que las cortes no pueden revisar decisiones
militares de objetivos por parte del ejecutivo sin violar la doctrina de
separación de poderes.
La juez Janice Rogers Brown escribió para el panel: “no es el papel del poder Judicial poner en duda la determinación del poder
Ejecutivo, en coordinación con el Legislativo, que los intereses de los Estados
Unidos llaman por una acción militar particular en la todavía activa Guerra
contra el Terror (War on Terror)”.
Las cortes son competentes para revisar las decisiones de objetivos ejecutivas
Como mencionan los profesores de derecho Mary Ellen O’Connell y Douglas Cassel durante el informe en este caso, las cortes
regularmente adjudican la legalidad del uso de fuerza militar. Citaron el
Charter de las Naciones Unidas, que permite que un país ataque a otro
únicamente en defensa propia o con la aprobación del consejo de seguridad.
“La fuerza militar en defensa propia puede ser usada solo en respuesta a un ataque significativo y solo cuando la respuesta es
necesaria y proporcionada a la amenaza”, escribieron
los profesores, citando un caso de la Corte Internacional de Justicia, el brazo
jurídico del sistema de la ONU. “Más que nada, la respuesta puede ser dirigida
solo contra el territorio, aviones o barcos del Estado responsable del ataque
inicial”, añadieron.
Los profesores notaron que en Hamid v. Rumsfeld (2004), la Suprema Corte dijo que los juzgados
deben revisar los asuntos ejecutivos e incluso militares. Discutieron si la
decisión tomada por la corte distrital debería de ser anulada y el caso ser
mandando de regreso a la corte para adjudicarle méritos legales de las
supuestas matanzas ilegales.
La juez Brown invita a las cortes a revisar la legalidad de los ataques de drones
Sumándole el hecho de haber escrito la mayoría en opinión, el juez Brown también fue autor de una concurrencia separada en la
cual invitó a las cortes a revisar la rama executiva de toma de decisiones para
objetivos de drones. Tomando el asunto con la aplicación de la doctrina de
cuestionamientos políticos del Circuito de DC, Brown cuestionó “si los jueces
no revisan este poder externo, ¿quién lo hará? Declaró: “nuestra democracia
está rota”.
Brown citó comentario, incluyendo al experto en seguridad anti terrorista del Medio Oriente, Daniel L. Byman, quien notó que
“se ha convertido en algo más políticamente aceptable para los Estados Unidos
matar antes que detener a los sospechosos de terrorismo.”; el periodista
ganador del Premio Pulitzer, David Rhode, observó que la rama ejecutiva ha
“adoptado una política de no captura-mata en la “guerra contra el terror””,
Michael C. Horowitz, autor y profesor de ciencias políticas, declaró que la
tecnología actual de drones “anima el uso de fuerza militar”. Brown escribió
que “incluso después de ser ejecutado un ataque firmado, el gobierno todavía
desconoce las identidades de la persona o las personas que mató”.
Tres ex miembros de la Fuerza Aérea estadounidense, cuyos trabajos apoyaron el programa de drones, Brandon Bryant, Lisa Ling y Cian
Westmoreland – presentaron un reporte amicus
en el caso. En su opinión, Brown citó del informe: “Mientras servía en la
Fuerza Aérea, fue testigo deliberadas fallas de clasificación y expansión de
las muertes como “enemigo asesinado”. En situaciones en donde los objetivos
fueron desconocidos, la clasificación fue la misma.
El informe de los veteranos también afirmaba que “en un incidente, un amigo vio a un niño atravesar un tiro de misil. El reporte
posterior militar, clasificó al niño como perro. La cultura interna favorece la
clasificación individual como “combatientes” a “no combatientes” y las muertes
como “muerte de enemigo” en lugar de “baja civil””.
The Drone Papers,
un Tesoro de documentos militares secretos entregados al The Intercept en el 2015 por un miembro anónimo del medio de
Inteligencia, indica que la administración de Obama etiquetó a hombres no
identificados asesinados en zona de ataque como “enemigos asesinados en
acción”, a menos que hubiera evidencia posterior que demostrara que no eran
terroristas o “enemigos combatientes”.
Westmoreland escribió un capítulo para la próxima edición de mi libro “Drones y asesinatos
dirigidos: asuntos legales, morales y geopolíticos”. En una entrevista con
Truthout, él dijo “Yo voy a apoyar el camino de Faisal para encontrar
respuestas hasta que las encuentre, ya sea que tome un año o el resto de mi
vida hacerlo”. Siendo alguien cuyo trabajo llevó a las muertes de tantas
personas que tranquilamente podrían haber sido inocentes, como los familiares
de Faisal, a través de un programa que carece de transparencia necesaria para
encontrar culpables, mi propia experiencia lo demanda”.
No se sorprendió de que la demanda de Faisal fuera descartada. “Lo que muestra este caso, ahora, de cualquier manera, es que un
juez federal acepta que la democracia está rota cuando la corte no tiene
permitido revisar información relevante y necesaria para determinar la
legitimidad de la fuerza utilizada por las fuerzas gubernamentales operando
dentro de nuestras fronteras. Encomiendo a la juez Brown sugiriendo que los
jueces activos deben de tomar responsabilidad en corregir esto”.
Responsabilidad por asesinar civiles
Nadie del gobierno de Bush, Obama o Trump ha sido legalmente encontrados culpables por las matanzas ilegales de miles de civiles.
Aunque Bush usaba drones armados, el programa de asesinato de objetivos alcanzó su cima durante la administración de Obama. Le
tomó tres años cumplir con su compromiso de ser transparente acerca del
programa letal de drones de los Estados Unidos. Pero la administración de Obama
declara que las bajas civiles son significativamente más bajas que las
documentadas por organizaciones no gubernamentales (ONGs).
“Cualquier registro público (raro), oficial, hecho por la administración de Obama acerca del programa de drones, ha sido demostrado
como falso o profundamente confuso”, Reprieve
(organización internacional de derechos humanos) reportó. “Más aún, la
administración repetidamente cambió las metas, secretamente re definiendo quién
podría ser objetivo y qué significa ser un civil”.
La
información utilizada para definir objetivos para los drones es notoriamente de
poca confianza. El ex director de la CIA, Michael Hayden dijo “matamos gente basándonos en
la meta data”. Pero Ars
Technica reveló que el programa SKYNET de la NSA, que usa algoritmos para
recopilar esos datos y poder identificar y señalar objetivos sospechosos de
terrorismo en Pakistán, Somalia y Afganistán, resultaron en 99,000 falsos positivos.
La administración de Trump está matando civiles a un ritmo sin precedentes. “Casi 1000 muertes de no combatientes fueron adjudicadas
a las acciones de la coalición en Irak y Siria en marzo- dicen” comenta
Airwars, una ONG que monitorea las bajas civiles provocadas por ataques
aéreos en el Medio Oriente. “Estas bajas reportadas llegan a niveles comparados
con los peores periodos de actividad rusa en Siria”. Un ataque aéreo
estadounidense infligió la mayoría de las bajas en los ataques de la coalición,
según esta organización.
De hecho, tantos civiles han muerto por ataques aéreos de la coalición desde que Trump tomó la presidencia, que Airwars está
reduciendo su trabajo a “supuestas acciones rusas en Siria – enfocándose en los
recursos limitados para continuar un monitoreo propio y otorgar bajas
reportadas por Estados Unidos y sus aliados”.
Las cortes deben ejercer su poder para proveer monitoreo legal de las ejecuciones por parte del Ejecutivo. El caso de Faisal debería ser
apelado en la Suprema Corte, que podría invertir la decisión de la otra corte y
ordenar a la distrital considerar los méritos legales.
Una decisión definitiva de la responsabilidad del ataque de drones por la muerte de los familiares de Faisal como ilegal mandaría
un fuerte mensaje al presidente de que debe apegarse a la ley cuando use fuerza militar.
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