Ciudadanos deportados
Reporte documenta 55 casos confirmados, pero dicen que hay cientos; el ICE
niega
Lea mañana la segunda y última parte de esta serie sobre ciudadanos
deportados.
Pedro Guzmán nació en Los Ángeles, California, pero eso no impidió que fuera
deportado a México acusado de ser inmigrante indocumentado. [Foto
AP/UCLA] |
Primera de una serie en dos partes
Pedro Guzmán nació en Los Ángeles y ha sido un ciudadano estadounidense toda
su vida. El año pasado, este hombre de 31 años con trastornos mentales, que no
sabe leer ni escribir, fue arrestado por una infracción menor y terminó firmando
documentos en los que aceptó ser deportado a México como indocumentado.
Durante casi tres meses, durmió en la calle, se bañó en ríos inmundos y comió
desperdicios encontrados en cestos de basura, mientras su madre lo buscaba
desesperadamente en morgues y hospitales de Tijuana. Finalmente fue hallado
mientras trataba de ingresar nuevamente a Estados Unidos por Caléxico, a 100
millas de distancia.
De vuelta en California, "él cambia de un momento a otro. Su cerebro lo
transporta a los días en que estuvo desaparecido", dice su hermano Michael. "Le
hablamos y le decimos que todo está bien, que nadie la va a hacer daño".
En su celo por combatir a los indocumentados, las autoridades de EEUU han
detenido, o incluso deportado, a decenas de sus propios ciudadanos en los
últimos ocho años. Una investigación de meses de la Associated Press documentó
55 casos en base a entrevistas, demandas y documentos obtenidos amparada en la
ley de libertad de información.
Estos ciudadanos estuvieron arrestados entre uno y cinco días. Algunos
abogados dicen que hay cientos de casos similares.
Es ilegal deportar a ciudadanos estadounidenses o detenerlos por infracciones
a las leyes de inmigración. No obstante, algunos ciudadanos terminan presos en
centros de detención de un sistema que está desbordado, según admitió Víctor
Cerda, quien fue uno de los máximos funcionarios de la Oficina de Control de
Inmigración y Aduanas (ICE) hasta 2005. Se espera que la detención de presuntos
indocumentados aumente un 17% este año y llegue a las 400 mil personas.
Como parte de la campaña contra los indocumentados, a veces terminan
detenidos por error los más indefensos: personas con trastornos mentales, gente
de pocos recursos, niños e individuos que tienen pendientes órdenes de arresto.
La mayoría de los arrestados, de lejos, son hispanos, según el estudio.
"Cuanta más confusión haya en el sistema, más ciudadanos estadounidenses
serán detenidos por error, y deportados por error", declaró Bruce Einhorn, juez
de inmigración jubilado que dicta clases en la Pepperdine Law School. "Son el
síntoma de un problema más grande. No hay nada más lamentable que la expulsión
de nuestros propios ciudadanos".
Jim Hayes, director de detenciones y expulsiones del ICE, dijo estar al tanto
de sólo 10 casos de ciudadanos detenidos por error en los últimos cinco años.
Agregó que la cincuentena de casos detectados por AP "no constituyen una
epidemia". Se negó a hablar de casos específicos para no violar las leyes que
protegen la privacidad.
Indicó que los agentes tratan de corroborar la información cuando alguien
dice que es ciudadano, pero que generalmente eso resulta ser mentira. Dijo que
algunos ciudadanos a veces dicen haber nacido en el exterior y aseguró que
ningún funcionario de inmigración detendrá a alguien si puede comprobar con
certeza que es ciudadano.
Es imposible saber con exactitud cuántos ciudadanos han sido arrestados por
indocumentados ya que nadie lleva la cuenta. Kara Hartzler, abogada del Florence
Immigrant and Refugee Rights Project de Arizona, declaró ante la Cámara de
Representantes el año pasado que su organización lidia con entre 40 y 50 casos
por mes en los que alguien tiene argumentos potencialmente válidos sobre su
condición de ciudadanos.
"Son casos sorprendentemente comunes", expresó.
El Vera Institute for Justice, una agrupación sin fines de lucro, detectó 322
casos de personas arrestadas por el servicio de inmigración en 13 centros de
detención que dijeron ser ciudadanas en el 2007, comparado con las 129 del año
previo. Esa cifra no toma en cuenta los casos de otros 300 centros de detención
del servicio de inmigración.
Los arrestos de indocumentados aumentaron marcadamente desde que se
reforzaron las medidas de seguridad tras los atentados terroristas del 11 de
septiembre del 2001.
Algunos sectores sostienen que se le ha dado demasiada autoridad a las
policías locales para detener personas. Uno de cada 10 hispanos nacidos en
Estados Unidos dijo que fue interrogado por las autoridades en torno a su
estatus migratorio en el 2007, de acuerdo con un estudio del Centro Hispano Pew
que involucró a más de 2000 personas.
Guzmán fue expulsado del país por un Departamento del Sheriff de de Los
Ángeles . Fue detenido cerca de su casa en la localidad californiana de
Lancaster el 31 de marzo del 2007, por agentes del Sheriff, a raíz de una
infracción menor, luego de intentar abordar tres veces un avión privado
mostrando boletas de la lotería, según dice el informe policial. También había
robado un auto, supuestamente porque el vehículo de su madre se había roto.
Un juez lo condenó a tres meses de prisión por vandalismo y a tres años de
libertad condicional.
En la cárcel, Guzmán le dijo a las autoridades que había nacido en
California. Pero un empleado del Sheriff le hizo firmar un documento en el que
se comprometía a ser deportado sin una audiencia judicial.
El día que llegó a México, Guzmán llamó a un familiar y le dijo que no sabía
donde estaba. Le preguntó a alguien que pasaba por allí, quien respondió:
Tijuana. A esa altura se interrumpió la llamada.
Guzmán regresó a California legalmente en agosto.
Ahora no soporta el sol porque le recuerda a México. Su familia no lo deja
hablar del tema porque lo altera demasiado. Va con frecuencia a sesiones de
terapia, pero se lo nota frágil, tartamudea y dice que escucha voces, según su
hermano.
"Esa persona que deportaron es nuestro hermano, el hijo de alguien", afirmó
Michael Guzmán. "California es como una capital latinoamericana. No importa si
uno es ciudadano o no. Si uno tiene aspecto de hispano, lo interrogan. Y
cualquiera puede ser deportado".
Ni la oficina de alguaciles ni los funcionarios del servicio de inmigración
hablan del caso, porque hay un proceso pendiente, ya que la familia de Guzmán
demandó al condado de Los Ángeles y al gobierno nacional.
"Cuando se conozca toda la historia, la gente entenderá lo que sucedió",
expresó Steve Whitmore, de la oficina de Sheriff del condado de Los Ángeles.
La madre de Guzmán, María Carbajal, mientras tanto, trabaja el turno nocturno
en un Jack in the Box porque teme dejar a su hijo solo durante el día.
Ciudadanos de EEUU también fueron víctimas de las redadas en sitios de
trabajo y se están procesando varias demandas.
En el 2007, 114 ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes radicaron
demandas tras una redada en Micro Solutions Enterprises, firma que recicla
impresoras de computadoras en Van Nuys, California. Dicen que fueron arrestados
ilegalmente y piden 5,000 dólares cada uno en concepto de daños.
En el 2008, sindicatos que representan a los empleados de seis plantas
empacadoras de carne de Swift radicaron demandas en nombre de ocho ciudadanos o
residentes legales que fueron detenidos en redadas.
En un caso, tres ciudadanos y otras nueve personas, todos hispanos,
plantearon una demanda después de que agentes del ICE hicieron redadas en sus
casas de New Jersey. La demanda dice que un agente le apuntó con un arma a un
niño de nueve años, que es ciudadano.
Hay un programa por el cual se trata de deportar rápidamente a indocumentados
que cometieron delitos y algunos sectores temen que los agentes de inmigración
cometan excesos y expulsen a cualquiera por cualquier motivo, pues consideran a
los detenidos mala semilla, incluso si son ciudadanos estadounidenses.
Rennison Castillo llegó temprano en la mañana a una oficina del Servicio de
Inmigración de Seattle el 28 de octubre de 1998 para jurar como ciudadano. Lucía
un uniforme del Ejército almidonado y quería conseguir un buen asiento. Se sentó
en la segunda fila.
Castillo nació en Belice y vive en Estados Unidos desde que tenía siete años.
Sirvió dos años en el Ejército. Pero sus superiores le dijeron que no podía
permanecer en esa fuerza si no se hacía ciudadano. Tomó entonces el examen de la
ciudadanía y lo pasó con facilidad. No pudo responder una sola pregunta, el
nombre de un funcionario electo local.
"Me sentí orgulloso" de sacar la ciudadanía, comentó.
Siete años después, Castillo fue encerrado en una celda del Servicio de
Inmigración de Tacoma, Washington, tras pasar ocho meses preso en el condado de
Pierce por violar una orden de que no se acerque a alguien y por el robo de una
residencia.
Una empleada de la prisión le preguntó si quería regresar casa. Pensó que
aludía a su residencia de Lakewood, Washington, y respondió: "Sí, me
encantaría".
La empleada lo encadenó y le dijo que sería deportado.
Una y otra vez Castillo dijo que era ciudadano y pidió que corroboraran sus
datos en las computadoras.
Pero las autoridades afirmaron que no había nada que confirmase que era
ciudadano o que hubiera hecho el servicio militar. Un agente incluso reconoció a
Castillo, con quien había servido en el ejército en Fort Lewis, Washington, y
mencionó el batallón, pero señaló que no podía ayudarlo.
Castillo finalmente consiguió que un amigo buscase en el baúl de su automóvil
sus documentos militares y logró ser liberado, pero casi ocho meses después de
haber sido detenido por el ICE.
Descubrió seguidamente que el Servicio de Inmigración tenía dos archivos
sobre él, con diferentes números, y radicó una demanda.
"Sé que nada es perfecto ni lo será, pero no entiendo cómo pueden haber
cometido semejante error", declaró. "Me pasó a mí y estoy seguro de que le puede
suceder a cualquiera".
Martínez vivió en México entre los cinco y los 17 años de edad.
Como tantos otros residentes de la frontera con familia en México, Martínez
visitó con frecuencia ese país. Pero cuando intentó regresar luego de una visita
en julio de 1999, no lo dejaron entrar en el puesto de Nogales, Arizona, porque
los agentes del servicio de inmigración descubrieron dos copias de su
certificado de nacimiento, emitidas en distintos años y con diferentes fechas.
Martínez, quien no habla muy bien inglés, dijo que nunca había notado el
error.
Finalmente mostró su pasaporte y pudo ingresar el país. Pero sus problemas no
acabaron allí.
En enero del 2006 volvió a México para ver a su abuela, quien estaba al borde
de la muerte. Cuando intentó regresar por Laredo, en marzo, llevaba consigo sus
certificados de nacimiento, otra tarjeta que se da al nacer, su pasaporte y
tarjetas de identificación de Nebraska, California y Texas, ya que había
trabajado en esos tres estados.
A esa altura las medidas de seguridad en la frontera eran más estrictas y
cuando los agentes vieron en la computadora el problema que había tenido
previamente en Nogales, dijeron que el pasaporte era falso, indicó Martínez.
Fue llevado entonces a un salón donde le hicieron sacar los zapatos, lo
revisaron, lo encadenaron a una silla y lo retuvieron dos horas, mientras los
agentes inspeccionaban sus documentos. Le dijeron que si no confesaba el fraude,
estaría preso entre seis y ocho meses, según una demanda que radicó Martínez
contra el gobierno.
"Me dijeron que si no confesaba que era de allí (México), me mandarían a la
cárcel. Estaba asustado", relató.
Agregó que pidió llamar a su madre para corroborar su nacionalidad, y se lo
negaron.
El padrastro de Martínez, Florentino Mireles, dijo que llamó a los
inspectores y les preguntó por qué se habían quedado con los documentos del
muchacho. Le respondieron que los agentes no creían que era estadounidense
porque no hablaba inglés.
Martínez no quería ir a la cárcel y firmó los documentos. Posteriormente dijo
que no sabía que al firmar, estaba admitiendo que no había nacido en Estados
Unidos.
A sus padres les tomó dos años encontrar un abogado barato que pudiese
defender a su hijo. Finalmente, en una oficina de Hidalgo, la abogada Lisa
Brodyaga le mostró a los agentes fronterizos un certificado de nacimiento de
Martínez en poder de sus padres, con sus huellas dactilares, y documentos que
corroboran que había trabajado legalmente en Estados Unidos y pagado impuestos.
Los agentes admitieron que era ciudadano y le permitieron regresar.
Como en los otros casos, el ICE no comenta el tema porque hay un caso
judicial pendiente. Pero un portavoz del organismo dijo que Martínez nunca había
denunciado irregularidades.
Brodyaga sostiene que la detención y/o deportación de ciudadanos es algo más
que una torpeza burocrática.
"Trabajo en esto desde hace 30 años y sé lo que es un error burocrático",
afirmó. "Esto va más allá. En la frontera hay una atmósfera de desconfianza y
hostilidad, especialmente hacia los mexicano-estadounidenses".
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