Más de 100 expertos en Derecho Internacional advierten: los ataques de
EE.UU. contra Irán violan la Carta de las Naciones Unidas y podrían constituir
crímenes de guerra
Por Tom Dannenbaum, Rebecca Hamilton, Adil Ahmad Haque, Oona A. Hathaway y Gabor Rona
De Just Security
13 de abril de 2026
Hace más de un mes, el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. El
ataque constituyó una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. La
forma en que se ha llevado a cabo la guerra, así como las declaraciones de los
funcionarios estadounidenses, suscitan además serias preocupaciones sobre
posibles violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles
crímenes de guerra. Hemos redactado la siguiente declaración junto con más de
100 expertos en derecho internacional con sede en Estados Unidos, para detallar
nuestra profunda preocupación por la guerra. La carta está firmada por expertos
en derecho internacional de todo Estados Unidos, entre los que se incluyen
catedráticos; líderes de destacadas asociaciones de derecho internacional,
organizaciones no gubernamentales y clínicas jurídicas; antiguos asesores
jurídicos del Gobierno; y expertos en derecho militar y antiguos jueces
abogados generales (JAG).
Carta de más de 100 expertos en derecho internacional sobre la guerra
en Irán
Nosotros, los expertos en derecho internacional, profesores y profesionales con sede en Estados Unidos
que firmamos a continuación, escribimos para expresar nuestra profunda
preocupación por las graves violaciones del derecho internacional y la
alarmante retórica de Estados Unidos, Israel e Irán en el actual conflicto
armado en Oriente Medio.
Debido a nuestra vinculación con Estados Unidos, nos centramos aquí en la conducta del Gobierno
estadounidense, pero seguimos preocupados por el riesgo de que se cometan
atrocidades en toda la región, incluidos los riesgos continuos que plantea el
Gobierno iraní para los iraníes mediante la represión violenta de la
disidencia, y para la población civil de todo Oriente Medio a través de los
continuos ataques ilegales de Irán contra infraestructuras civiles utilizando
armas explosivas en zonas densamente pobladas.
Ha pasado un mes desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques en todo Irán. El inicio de la campaña
constituyó una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas, y la
actuación de las fuerzas estadounidenses desde entonces, así como las declaraciones
realizadas por altos cargos del Gobierno, suscitan serias preocupaciones sobre
posibles violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del
derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra.
Afirmamos colectivamente la importancia de que el derecho internacional se aplique por igual a todos,
incluidos los países que se erigen en líderes mundiales. Las recientes
declaraciones de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que
califican de «estúpidas» las normas que rigen la intervención militar y dan
prioridad a la “letalidad” sobre la «legalidad» son profundamente alarmantes y
peligrosamente miopes. Estas afirmaciones, especialmente en combinación con la
conducta observable de las fuerzas estadounidenses, están dañando el orden
jurídico internacional y el sistema de derecho internacional que hemos dedicado
nuestras vidas a promover.
La guerra, que está costando
a los contribuyentes estadounidenses entre 1 000 y 2 000 millones de dólares al
día, está causando un daño significativo a la población civil de la región, ha
provocado la pérdida de cientos de vidas civiles en todo Oriente Medio y está
causando graves
daños medioambientales
y económicos.
Les escribimos para expresar nuestra preocupación por: 1) el jus ad bellum, es decir, la decisión
de entrar en guerra, 2) el jus in bello, o la conducción de las hostilidades,
3) la retórica y las amenazas de altos funcionarios estadounidenses y sus
aliados, que presagian nuevos abusos, y 4) la destrucción de las estructuras de
mitigación de daños a la población civil dentro del Gobierno de los Estados
Unidos como parte del enfoque de guerra “sin miramientos” del secretario de
Defensa estadounidense, Pete Hegseth.
1. Cuestiones relativas al jus ad bellum: Los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel el 28 de
febrero de 2026 violaron claramente la prohibición del uso de la fuerza
establecida en la Carta de las Naciones Unidas. El uso de la fuerza contra otro
Estado solo
está permitido en legítima defensa frente a un ataque armado real o
inminente, o cuando lo autorice el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Consejo de Seguridad no autorizó el ataque. Irán no atacó a Israel ni a
Estados Unidos. A pesar de las diversas
y, en ocasiones, contradictorias
afirmaciones de la administración Trump en sentido contrario, no
hay pruebas de que Irán representara una amenaza inminente que pudiera
justificar una alegación de legítima defensa. Numerosos
expertos en derecho internacional han concluido que las acciones de Israel y
Estados Unidos violan la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos el presidente
y el presidente
electo de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, y el presidente
de la rama estadounidense de la Asociación de Derecho Internacional; el
secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó
los ataques por socavar la paz y la seguridad internacionales.
2. Preocupación por las violaciones del Derecho internacional humanitario: Las normas del Derecho
de los conflictos armados regulan la conducción de las hostilidades por parte
de todas las partes implicadas en el conflicto actual. Nos preocupa que se
hayan infringido estas normas fundamentales, en particular en el contexto de
los ataques denunciados contra civiles y bienes de carácter civil, como líderes
políticos que no desempeñan ninguna función militar, infraestructuras
de petróleo y gas —incluido South
Pars— y plantas desalinizadoras
de agua. El 19 de marzo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Volker Türk, condenó
los ataques contra infraestructuras energéticas, señalando sus “desastrosas”
repercusiones para la población civil.
Nos preocupan seriamente los ataques que han alcanzado escuelas, centros de salud y viviendas. La Media
Luna Roja Iraní informa
de que “se han atacado 67 414 emplazamientos civiles, de los cuales 498 son
escuelas y 236 centros de salud”. Un informe
elaborado por las principales organizaciones de la sociedad civil reveló que al
menos 1 443 civiles iraníes, entre ellos 217 niños, fueron asesinados por las
fuerzas estadounidenses e israelíes entre el 28 de febrero y el 23 de marzo.
El ataque contra la escuela primaria de Minab es especialmente preocupante. El 28 de febrero, la escuela
primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, Irán, fue atacada, lo que provocó la
muerte de al menos 175 personas, muchas de ellas niños, según
fuentes oficiales iraníes. A juzgar por la información fácilmente
accesible en
Internet y las imágenes de satélite disponibles en el mercado, parece que
el edificio se había utilizado como escuela
durante una década. El presidente Trump negó la responsabilidad de EE.UU.,
afirmando falsamente
que “fue obra de Irán”. Sin embargo, una investigación preliminar del
Departamento de Defensa determinó,
según se informa, que Estados Unidos llevó a cabo el ataque y que la selección
del objetivo se basó en información de inteligencia obsoleta. Es probable que
el ataque viole
el derecho internacional humanitario y, si se encuentran pruebas de que los
responsables actuaron de forma imprudente,
también podría constituir un crimen
de guerra. El ataque se encuentra entre los ataques individuales más
mortíferos perpetrados por el ejército estadounidense contra civiles en las
últimas décadas.
3. Preocupación por la retórica y las amenazas de altos cargos. Nos preocupa profundamente
la peligrosa retórica que han utilizado los funcionarios del Gobierno durante
la guerra, entre la que se incluye:
a. Amenaza de no conceder cuartel: El 13 de marzo, el secretario de Defensa, Pete
Hegseth, declaró:
“Seguiremos presionando, seguiremos avanzando, sin cuartel, sin piedad para con
nuestros enemigos”. En el derecho
internacional, está “especialmente prohibido” “declarar que no se dará
cuartel”, una prohibición
que también se establece en el propio manual
de derecho de la guerra del Departamento de Defensa. Es probable que la
declaración de Hegseth viole el derecho internacional humanitario, así como la
ley estadounidense sobre crímenes de guerra 18 U.S.C. 2441. Ordenar
o amenazar con no dar cuartel constituye un
crimen de guerra.
b. Desprecio de las normas de combate y del derecho internacional: La
declaración del secretario de Defensa Hegseth de “no dar cuartel” se sumó a
otras declaraciones igualmente alarmantes del secretario, entre ellas las
realizadas el 25
de septiembre de 2025 y el 2
de marzo de 2026, en las que afirmó que Estados Unidos no combate siguiendo
“estúpidas normas de combate”. El 8 de enero de 2026, el presidente Trump había
hecho el inquietante comentario de que “no necesito el derecho internacional”.
El 13 de marzo, declaró
que EE.UU. podría lanzar ataques contra Irán “solo por diversión”.
c. Amenazas contra las infraestructuras energéticas: El presidente Trump amenazó el 13
de marzo de 2026: “Podría destruir cosas en la próxima hora, centrales
eléctricas que generan electricidad, que suministran agua… Podríamos hacer
cosas tan graves que, literalmente, nunca podrían volver a reconstruirse como
nación”. El derecho internacional protege de los ataques los objetos
indispensables para la supervivencia de la población civil, y los ataques con
los que amenazó Trump, de llevarse a cabo, podrían constituir crímenes de
guerra. El 21 de marzo, el presidente Trump amenazó
además con “destruir” las centrales eléctricas de Irán. El embajador de Estados
Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió
al día siguiente los ataques contra centrales eléctricas y afirmó también que
no se descartaba atacar centrales nucleares. Está prohibido atacar la
infraestructura energética civil. Si una central eléctrica tiene fines tanto
civiles como militares (“doble uso”), puede considerarse un objetivo militar
cuando “contribuya de manera efectiva a la acción militar” y el ataque “ofrezca
una ventaja militar definida”. Sin embargo, cualquier ataque debe respetar los
principios de proporcionalidad y precaución en el ataque. El principio de
proporcionalidad prohíbe
los ataques que se prevea que causen daños colaterales a la población civil que
sean excesivos en relación con la ventaja militar. Los daños a la población
civil que deben tenerse en cuenta incluyen los daños previsibles,
indirectos o de repercusión. En cualquier ataque, deben
tomarse “todas las precauciones posibles” para evitar daños a la población civil.
Los ataques contra centrales nucleares, aunque tengan fines militares, requieren un cuidado
especial debido al elevado riesgo de fuga de radiación y material
radiactivo y al grave perjuicio que ello supondría para la población civil. Un
ataque de este tipo podría poner en peligro la salud y la seguridad de millones
de civiles. El 23 de marzo de 2026, la presidenta del CICR, Mirjana
Spoljaric Egger ,
expresó su profunda preocupación, señalando que “la guerra contra las
infraestructuras esenciales es una guerra contra la población civil” y calificó
las amenazas a las centrales nucleares de “muy alarmantes”.
4. Preocupaciones sobren las garantías institucionales frente a nuevas violaciones:
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, el Departamento de Defensa, bajo
la dirección del secretario Hegseth, ha debilitado de forma deliberada y sistemática
las protecciones destinadas a garantizar el cumplimiento del derecho
internacional humanitario. Esto incluye la destitución de altos mandos
militares del ámbito jurídico sin alegar públicamente ninguna conducta
indebida, así como la sustitución de los fiscales generales del Ejército, la
Armada y la Fuerza Aérea, lo que socava directamente la supervisión jurídica de
las operaciones de combate. También ha abolido los “equipos de entorno civil” y
otros mecanismos diseñados específicamente para limitar los daños a la
población civil durante las operaciones. La Estrategia de Defensa Nacional de
2026 omite por completo las referencias a la protección de la población civil y
al derecho internacional. Estos cambios son especialmente preocupantes a la luz
de los comentarios del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de que las reglas
de combate interfieren con “luchar para ganar”.
Nos preocupa profundamente que la conducta y las amenazas aquí descritas estén causando un grave perjuicio
a la población civil en Oriente Medio, y que, además, contribuyan a agravar el
conflicto, perjudiquen al medio ambiente y a la economía mundial, y pongan en
peligro el Estado de derecho y las normas fundamentales que protegen a la
población civil de todas las naciones. Las declaraciones públicas de altos
cargos revelan una alarmante falta de respeto por las normas del Derecho
internacional humanitario aceptadas por los Estados, que protegen tanto a la
población civil como a los miembros de las fuerzas armadas.
Instamos a los funcionarios del Gobierno de EE.UU. a que respeten en todo momento la Carta de las Naciones
Unidas, el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos,
y a que dejen claro públicamente el compromiso y el respeto de EE.UU. por las
normas del derecho internacional.
Recordamos a todos los Estados sus obligaciones jurídicas de no prestar ayuda ni asistencia a los
Estados Unidos, Israel o Irán en la comisión de actos
internacionalmente ilícitos, así como de cooperar para poner fin, por
medios lícitos, a las graves violaciones de las normas
imperativas del Derecho internacional general (jus cogens), incluida la
prohibición de la agresión y las normas básicas del Derecho internacional humanitario.
Instamos asimismo a los aliados y socios colaboradores del Gobierno de los Estados Unidos a que adopten
medidas para respetar y garantizar el respeto del derecho internacional
humanitario, de conformidad con el artículo
1 común de los Convenios de Ginebra y el derecho internacional consuetudinario
conexo. Los propios Estados Unidos han reconocido
que los Estados deben procurar promover la adhesión de otros al derecho
internacional humanitario. El Comentario de 2016 del Comité Internacional de
la Cruz Roja sobre el Primer Convenio de Ginebra de 1949 establece que un
Estado se encuentra “en una posición única para influir en el comportamiento”
de los Estados socios cuando “participa en la financiación, el equipamiento, el
armamento o el entrenamiento de las fuerzas armadas de una Parte en un
conflicto, e incluso planifica, lleva a cabo y analiza las operaciones
conjuntamente con dichas fuerzas”.
Firmado,*
William J. Aceves
Chief Justice Roger Traynor Professor of Law
California Western School of Law
E. Tendayi Achiume
Professor of Law
Stanford Law School
Rabiat Akande
Wilson H. Elkins Chair and Associate Professor
University of Maryland School of Law
Susan Akram
Clinical Professor of Law
Director, International Human Rights Clinic
Boston University School of Law
Philip Alston
John Norton Pomeroy Professor of Law
NYU School of Law
José E. Alvarez
Herbert and Rose Rubin Professor of International Law
NYU School of Law
Faculty Director, US-Asia Law Institute
Diane Marie Amann
Visiting Professor, LSE Law School
Special Adviser to the International Criminal Court Prosecutor on Children in
& affected by Armed Conflict (2012-2021)
Kirby Anwar
Visiting Associate Professor
HRGJ Clinic
CUNY School of Law
Baher Azmy
Legal Director
Center for Constitutional Rights
Sandra L. Babcock
Clinical Professor of Law
Director, International Human Rights Clinic
Cornell Law School
Aslı Ü. Bâli
Howard M. Holtzmann Professor of Law
Yale Law School
Thomas B. Becker, Jr.
Legal & Policy Director, University Network for Human Rights
Carolyn P. Blum
Clinical Professor of Law, Emerita
Berkeley Law, University of California
Christopher J. Borgen
Professor of Law
Co-Director, Center for International and Comparative Law
St. John’s University School of Law
Ingrid Brunk
Helen Strong Curry Chair in International Law
Vanderbilt Law School
Reed Brody
Commissioner, International Commission of Jurists
United Nations human rights expert on Nicaragua
Elizabeth Brundige
Clinical Professor of Law
Cornell Law School
Christine Bustany
Senior Lecturer in International Law
Fletcher School of Law and Diplomacy
Glenn R. Butterton
Adjunct Professor of Law
Georgetown University Law Center
Senior Consultant, McArthur Foundation Law & Neuroscience Research Network
Charli Carpenter
Professor of Political Science
University of Massachusetts Department of Political Science
James Cavallaro
Visiting Professor, Yale Jackson School of Global Affairs
Executive Director, University Network for Human Rights
Christina M. Cerna
Adjunct Professor of Law (ret.)
Georgetown University Law Centre
Inter-American Commission on Human Rights (ret.), OAS
Sandra Coliver
Former Executive Director
Center for Justice and Accountability
Jorge Contesse
Professor of Law
Rutgers Law School
Michael D. Cooper
Executive Director and Executive Vice President
The American Society of International Law
Cody Corliss
Associate Professor of Law
West Virginia University College of Law
Avidan Y. Cover
Professor of Law
Case Western Reserve University School of Law
Rebecca Crootof
Nancy Litchfield Hicks Professor of Law
University of Richmond School of Law
Jamil Dakwar
Director, ACLU Human Rights Program
Adjunct Professor, New York University and Hunter College
Taylor R. Dalton
Assistant Professor of Law
Santa Clara University School of Law
Tom Dannenbaum
Professor of Law, Stanford Law School
Frank Stanton Professor of Nuclear Security
Senior Fellow, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University
Benjamin G. Davis
Emeritus Professor of Law
University of Toledo College of Law
Martha F. Davis
Distinguished Professor of Law
Northeastern University
Frederick T. Davis
Lecturer in Law, Columbia Law School
Principal, Fred Davis Law Office
Kathya Dawe
Professor of International Human Rights
University of St Thomas, Minnesota
Citizens for Global Solutions Minnesota, President
Christian M. De Vos
Visiting Assistant Professor
City University of New York School of Law
Yonah Diamond
Sr. Legal Counsel
Raoul Wallenberg Centre for Human Rights
Laura Dickinson
Lyle T. Alverson Professor of Law
The George Washington University Law School
Ejim Dike
Principal, EHD Advisory
Adjunct Professor
Hunter College
Joseph F.C. DiMento
Distinguished Professor of Law
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Stephanie Farrior
Professor of Law (ret.)
Susan H. Farbstein
Clinical Professor of Law
Harvard Law School
Eugene R. Fidell
Visiting Lecturer in Law
Senior Research Scholar
Yale Law School
Martin S. Flaherty
Charles and Marie Robertson Visiting Professor
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Laurel Fletcher
Chancellor’s Clinical Professor of Law
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Claudia Flores
Clinical Professor of Law
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Faculty Co-Director, Orville H. Schell Jr. Center for International Human
Rights
Yale Law School
Idriss Fofana
Assistant Professor of Law
Harvard Law School
Barbara Frey
Director Emerita, Human Rights Program
University of Minnesota
Hannah R. Garry
Clinical Professor of Law
Founding Faculty Director, Donna and Spencer Gilbert Global Justice & Human
Rights Center
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University of Southern California (USC) Gould School of Law
James A. Goldston
Executive Director
Open Society Justice Initiative
Rachel Gore Freed
Adjunct Professor, Northeastern University Law School
Vice President, Lead Program Officer, Unitarian Universalist Service Committee
Jonathan Hafetz
Professor of Law
Seton Hall Law School
Lisa Hajjar
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University of California – Santa Barbara
Christopher “Kip” Hale
Chief of Staff
The Reckoning Project
Rebecca Hamilton
Professor of Law
American University, Washington College of Law
Hurst Hannum
Professor Emeritus of International Law
Fletcher School of Law and Diplomacy
Tufts University
Farnoosh Hashemian
Iranian-American human rights lawyer
Oona A. Hathaway
Gerard C. and Bernice Latrobe Smith Professor of International
Law, Yale Law School
Professor, Yale University Department of Political Science
Faculty, Jackson School of Global Affairs, Yale University
Director, Center for Global Legal Challenges, Yale Law School
President-elect, American Society of International Law
Adil Haque
Distinguished Professor of Law and Judge Jon O. Newman Scholar
Rutgers Law School
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Rights and Justice Consulting
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Alexandra Huneeus
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Co-Director, Floersheimer Center for Constitutional Democracy
Senior Fellow, Reiss Center on Law and Security, NYU School of Law
Former Counselor, Office of the Legal Advisor, U.S Department of State
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Assistant Professor of Law
Georgia State University College of Law
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Human Rights Clinical Instructor
Director, TrialWatch Project
Columbia Law School
Brett Jones
Charles E. Scheidt Human Rights Visiting Assistant Clinical Professor
Benjamin N. Cardozo School of Law
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Columbia Law School
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David Kaye
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U.S. Member, European Commission for Democracy through Law (“Venice Commission”)
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Yale Law School
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Georgetown University Law Center
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Harvard Law School
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Co-Faculty Director, Miller Institute for Global Challenges and the Law
UC Berkeley, School of Law
Bert Lockwood
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Director of the Urban Morgan Institute for Human Rights
University of Cincinnati College of Law
Editor-in-Chief, Human Rights Quarterly
David Luban
Distinguished University Professor
Georgetown University Law Center
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Executive Director, Professor from Practice
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David G. Mandel-Anthony
Faculty Instructor, Binghamton University Institute for Genocide
and Mass Atrocity Prevention (I-GMAP)
Former Deputy to the Ambassador-at-Large for Global Criminal Justice, U.S.
Department of State
Sarah Margon
Founder and Principal, Windsong Advisory
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Joseph Margulies
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Cornell University
Craig Martin
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Washburn University School of Law
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Georgetown University Law Center
Daniel Maurer
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College of Law
Advisor, Center for Military Law & Policy, Texas Tech University School of Law
Board of Directors, National Institute of Military Justice
Lieutenant Colonel, U.S. Army (ret.)
Juan E. Mendez
Professor of International Law (ret.)
Former UN Special Rapporteur on Torture (2010-2016)
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Thomas M. McDonnell
Professor of Law
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Past Chair, International Law and International Human Rights Sections
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Gay J. McDougall
Former Vice Chair and 3-term Member, UN Committee on the
Elimination of Racial Discrimination
Former UN Special Rapporteur on Minorities (2005-2011)
MacArthur Award Fellow, 1999
Senior Fellow and Distinguished Scholar-in-Residence
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Justice
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St. John’s University School of Law
Daniel McLaughlin
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Fordham Law School
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Northeastern University
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UC Berkeley, School of Law
Bridget Moix
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Alberto Mora
Former General Counsel
U.S. Department of Navy
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Clinical Professor
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President Emeritus, Open Society Foundations
Former Executive Director, Human Rights Watch
Former Executive Director, American Civil Liberties Union
Citlalli Ochoa
Associate Professor of Law
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Mary Ellen O’Connell
Robert and Marion Short Professor of Law
Concurrent Professor of International Peace Studies
University of Notre Dame
Diane Orentlicher
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American University Washington College of Law
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Co-Director of the Human Rights Initiative
Princeton University
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Oxfam America
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UCLA School of Law
Dianne Post
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Stephen J. Rapp
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Lecturer
UC Berkeley, School of Law
Paul Rink
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Cardozo Law School
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UC Law San Francisco
Brad R. Roth
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Kenneth Roth
Charles and Marie Robertson Visiting Professor
Princeton School of Public and International Affairs
Former Executive Director, Human Rights Watch
Daniel Rothenberg
Professor of Practice
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Susana SáCouto
Professorial Lecturer-in-Residence
Director, War Crimes Research Office
Director, Summer Law Program in The Hague
American University Washington College of Law
Leila Nadya Sadat
James Carr Professor of International Criminal Law
Washington University School of Law
Director, Crimes Against Humanity Initiative
Chair, International Law Association (American Branch)
Former Special Advisor on Crimes Against Humanity to the ICC Prosecutor (2013-2023)
Margaret L. Satterthwaite
Professor of Law
NYU School of Law
Joachim J. Savelsberg
Professor Emeritus of Sociology and, by courtesy, Law
Past Arsham and Charlotte Ohanessian Chair
University of Minnesota
Beth Van Schaack
Former Ambassador-at-Large for Global Criminal Justice, U.S. State Department
Visiting Fellow (Feb. 2026 – June 2026)
European University Institute
Distinguished Fellow
Center for Human Rights & International Justice, Stanford University
Michael P. Scharf
President of the American Branch of the International Law Association
Joseph C. Hostetler – BakerHostetler Professor of Law
Case Western Reserve University School of Law
Michael N. Schmitt
Professor of International Law, University of Reading
Professor Emeritus, US Naval War College
Former G. Norman Lieber Distinguished Scholar, West Point
Steven M. Schneebaum
Adjunct Professor
Johns Hopkins School of Advanced International Studies
Visiting Professor, Tashkent State University of Law, Uzbekistan
Britton Schwartz
Deputy Director, International Human Rights Clinic
Santa Clara Law School
Eric Schwartz
Professor of Public Affairs
Chair, Global Policy
University of Minnesota
Elizabeth Shackelford
Distinguished Lecturer
Dartmouth College
Gregory Shaffer
Scott K. Ginsburg Professor of International Law
Georgetown University Law Center
Payal K. Shah
International Lawyer
Dinah Shelton
Manatt/Ahn Professor of Law (Emeritus)
The George Washington University Law School
Rebecca Shoot
Co-Convener, Washington Working Group for the International Criminal Court
Co-Convener, ImPact Coalition on Strengthening International Judicial Institutions
Mark R. Shulman
History Faculty
Sarah Lawrence College
James Silk
Binger Clinical Professor Emeritus of Human Rights
Yale Law School
Hansdeep Singh
Co-Founder, Legal Innovator
International Center for Advocates Against Discrimination (ICAAD)
Jaspreet K. Singh
Co-Founder, Advocacy Strategist
International Center for Advocates Against Discrimination (ICAAD)
Matiangai Sirleaf
Nathan Patz Professor of Law
University of Maryland Francis King Carey School of Law
Professor, Department of Epidemiology and Public Health
University of Maryland School of Medicine
David Sloss
John A. and Elizabeth H. Sutro Professor of Law
Santa Clara University School of Law
Doug Smith
Lecturer in Immigration and Human Rights
Brandeis University
Stephan Sonnenberg
Associate Professor of Practice
Wesleyan University
Milena Sterio
James A. Thomas Distinguished Professor of Law & LLM Programs Director
Cleveland State University College of Law
Anthony Tirado Chase
Professor, Diplomacy & World Affairs
Occidental College
Jonathan Tracy
Former Judge Advocate, U.S. Army
Jennifer Trahan
Clinical Professor and Director of the Concentration in International Law and Human Rights
NYU Center for Global Affairs
Convenor, The Global Institute for the Prevention of Aggression>
Enid Trucios-Haynes
Bernard Flexner Chair and Professor of Law
Louis D. Brandeis School of Law
University of Louisville
Cora True-Frost
Laura J. and L. Douglas Meredith Professor of Teaching Excellence
Syracuse University College of Law
Rachel E. VanLandingham
Lieutenant Colonel (USAF) (ret.)
Professor of Law & Associate Dean for Research, Southwestern Law School
President Emerita & Director, National Institute of Military Justice
Salma Waheedi
International Human Rights Lawyer and MENA Legal Advisor
University Network for Human Rights
Carrie Booth Walling
Director, Human Rights Program
University of Minnesota
Elisabeth Ward
Clinical Faculty
Founding Director, International Human Rights Law Clinic
Executive Director, International Human Rights Law Institute
DePaul University College of Law
Allen S. Weiner
Senior Lecturer in Law
Director, Stanford Program in International and Comparative Law
Stanford Law School
Alex Whiting
Professor of Practice
Harvard Law School
Elisabeth Wickeri
Executive Director, Leitner Center for International Law and Justice
Fordham Law School
Richard Ashby Wilson
Professor of Anthropology
Co-Director, Human Rights Initiative
Princeton University
Richard J. Wilson
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Katharine G. Young
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