Brutalidad aumentará en las cárceles del condado de Los Ángeles — ICE
deportará a presos
14 de octubre de 2015 | Periódico Revolución |
revcom.us
Carta de lector:
Hace cuatro meses, los Supervisores del condado de Los Ángeles decidieron
prohibir a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas – la migra) entrar
en cárceles del condado. Ahora, en un cambio ultrajante, el Sheriff del condado
de Los Ángeles Jim McDonnell dijo que se permitirá a ICE entrar en las cárceles
para deportar a presos inmigrantes.
Como había informado Revolución anteriormente, las cárceles del
condado de Los Ángeles han sido denunciadas por su flagrante brutalidad contra
presos y visitantes. (Vea "La
brutalidad de las mazmorras de Los Ángeles: ¡Hay que parar esto!", 24 de
diciembre de 2013.) Dieciocho ayudantes del sheriff fueron arrestados por
encubrir estas golpizas así como desaparecer a presos. En julio de 2014, seis de
esos capataces de la mazmorra fueron declarados culpables y posteriormente
condenados a prisión.
 |
McDonnell matizó su pronunciamiento al decir que “la nueva política permitirá
a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos
acceso a presos que han cometido delitos graves y que no son amparados bajo una
ley estatal de 2013 que restringe la colaboración entre policías locales y
oficiales federales de inmigración”. Dicha ley, la California Trust Act (Acta de
Confianza de California), prohíbe a autoridades locales retener a presos a
petición de la migra a menos que el preso haya sido declarado culpable de un
delito grave o violento. Al mismo tiempo, McDonnell dijo que “agentes de ICE
tendría acceso completo a los presos en las cárceles y el lugar de liberación de
presos, y a las bases de datos del departamento”. Afirmó que se adheriría a la
California Trust Act.
Sin embargo, un editorial de Los Angeles Times cuestionó si
permitirle a ICE “acceso completo” no viola la California Trust Act. Por otro
lado, el editorial calificó de “razonable” el enfocarse en “los que han cometido
delitos graves”. ¡Mierda! No es nada razonable deportar a gente — y es más, el
Los Angeles Times no tiene ni idea sobre cómo la migra ha definido a
“los que han cometido delitos graves”.
Las categorías de dichas definiciones se encuentran en el memorándum
“Policies for the Apprehension, Detention and Removal of Undocumented
Immigrants” (Políticas por la aprehensión, detención y deportación de
inmigrantes indocumentados, 20 de noviembre de 2014), en el que la migra detalla
cómo dedicará recursos para la deportación:
- extranjeros condenados de tres delitos menores o
más, sin incluir infracciones de tránsito menores o delitos estatales o locales
en que el elemento esencial era el estado migratorio del extranjero, siempre y
cuando los delitos surgen de tres incidentes separados;
- extranjeros condenados de un “delito menor
importante”, lo que es para los presentes propósitos un delito de violencia
doméstica; abuso o explotación sexual; robo; posesión o uso ilegal de un arma;
distribución o tráfico de drogas; o manejar bajo la influencia; o si el delito
no se incluye en la lista arriba, uno por el cual el individuo fue sentenciado a
detención de 90 días o más (la sentencia debe ser para tiempo en detención, y no
incluye una sentencia suspendida);
- extranjeros aprehendidos en cualquier parte de
Estados Unidos después de entrar o volver a entrar de manera ilegal a Estados
Unidos y que no pueden establecer para la satisfacción de un oficial de
migración que han estado presentes en Estados Unidos continuamente desde el 1 de
enero de 2014; y
- extranjeros que, según la opinión de un director
de rama de ICE, director de distrito de USCIS o director del centro de servicios
USCIS, han abusado de manera significativa el programa de visas o de exención de
visa.
También deportarán a los que han recibido un orden final de deportación
(legalmente ordenado ser removido de Estados Unidos) a partir del 1 de enero de
2014. Incluidos en ese grupo son todos los que fueron detenidos al cruzar la
frontera, retenidos y mandados a corte.
Estas categorías definen “delitos graves” tan ampliamente que
prácticamente incluyen todo inmigrante que esté en una cárcel
actualmente.
Los Ángeles no es la única jurisdicción que ha revocado recientemente
decisiones previas de prohibir la entrada de la migra a las cárceles. Más de 340
comunidades previamente aprobaron semejantes estipulaciones. Pero ahora, ante la
nueva dictamen de ICE y una campaña política venenosa anti-inmigrante, más de la
mitad de esas comunidades han revocado sus decisiones anteriores y ahora están
dando a ICE “acceso completo” a sus cárceles.
¿Cómo llegamos a esta situación en tan poco tiempo, en que en un período de
cuatro meses estas comunidades invirtieron su posición para ahora permitir que
deporten a inmigrantes desde las cárceles?
El programa de Comunidades Seguras entró con la administración de Obama, y
estableció un procedimiento para deportar a cualquier inmigrante que fuera
considerado un “peligro para la seguridad pública”. Asignaron recursos y
financiamiento al programa para deportaciones masivas. Durante la administración
de Obama, de 2009 a 2014 deportaron a casi tres millones de personas, de las
cuales un poco más de la mitad no las habían condenado de ningún crimen.
Oposición a dicho programa se aumentó al luchar en su contra grupos pro
derechos migratorios, los Soñadores (jóvenes indocumentados que llegaron a este
país de niños), y otros indignados por ese pogromo anti-inmigrante, exigiendo
que se respetara a los inmigrantes y que se los tratara como plenos seres
humanos con derechos. Ya para 2011, comunidades empezaron a decidir que no iban
a participar en ningún programa de deportación, y para fines de 2014, el número
de esas comunidades llegó a su punto más alto de 340. Algunas de esas ciudades
se declararon “ciudades santuario” para inmigrantes.
Esa oposición obligó a Obama a cambiar de canción y decir que esas
deportaciones masivas estaban separando familias y sacando del país a
trabajadores productivos y respetuosos de la ley, y que la política migratoria
estadounidense estaba “rota” y necesitada de reforma. Al mismo tiempo, su
administración continuó deportando cientos de miles de personas cada año, hasta
un máximo de 438.000 en 2013. (Para más análisis, vea “Las
medidas de Obama acerca de la inmigración — y la mayor resistencia que hace
falta”, 8 de diciembre de 2014.)
A fines de 2013, abandonaron el Programa de Comunidades Seguras. Lo
remplazaron en el verano de 2014 con el Programa de Ejecución Prioritaria (PEP)
de ICE, visto como un programa de deportación “a menor escala y más bondadoso”.
En vez de deportar a todos los que se podría deportar, como hacía el de
Comunidades Seguras, el papel del PEP, según se anunció, era de facilitar que
“DHS [Departamento de Seguridad de la Patria] trabajara con agencias locales y
estatales de seguridad para asumir la custodia de individuos que representan un
peligro para la seguridad pública antes de que liberen a esos individuos en
nuestras comunidades”.
El 14 de noviembre del año pasado, Jeh Charles Johnson, secretario del DHS,
publicó un memorándum con “nuevas políticas para la aprehensión, detención y
deportación de extranjeros desde este país”. Como vimos arriba, estas “nuevas
políticas” agregan una muy amplia gama de personas que ahora pueden ser
deportadas. Además, la manera en que PEP identifica a las personas no es
diferente a la de Comunidades Seguras ya que continúa permitiendo que agentes
migratorios tengan acceso a todo los datos biométricos de huellas digitales que
los cuerpos de seguridad estatales y locales mandan al FBI para verificación de
antecedentes. Por lo tanto, la base de datos de ICE tendrá datos
biométricos de toda persona que pase por al sistema carcelario sin importar la
razón por qué fue arrestada ni si sea culpable o no.
Además, esta nueva política “requiere que ayudantes del sheriff asignados a
cárceles notifiquen a ICE hasta siete días antes de se vaya a liberar un preso
que podría ser deportado, para que los oficiales migratorios puedan iniciar el
proceso de deportación”. Es ridículo declarar, como lo hacen DHS e ICE,
que PEP “se enfoca en terroristas, criminales violentos, pandilleros y los que
recién cruzaron la frontera”, visto que sabemos que cualquier indocumentado “con
sentencia de 90 días o más en detención” será deportado.
Pero, a pesar de este programa de deportación “más suave y bondadoso”, aún se
les dificultaba convencer a todas esas jurisdicciones que se habían negado a
cooperar con ICE que ahora le dejaran entrar en sus cárceles. Por eso DHS e ICE
hicieron toda una campaña, asignando recursos y fondos para convencer a
gobiernos y sheriffs locales de que no iban a sufrir una reacción popular si
cambiaron sus decisiones previas. Aun así, la mayoría de las comunidades se
negaron a cambiar.
De ahí ocurrieron unas cosas que favorecían al esfuerzo de DHS e ICE: Donald
Trump, la campaña presidencial republicana, y un asesinato en San Francisco.
Trump arrancó su campaña presidencial tachando a indocumentados de “violadores,
traficantes de drogas, y delincuentes”, y anunció que deportaría a 11,3 millones
de indocumentados y revocaría la Enmienda 14 de la constitución, así acabando
con la ciudadanía para los bebés nacidos en Estados Unidos de padres
indocumentados, y que construiría un muro impenetrable en la frontera con
México. Luego, una mujer fue asesinada a balazos en San Francisco por un
indocumentado que fue puesto en libertad por la policía a pesar de una petición
de detención por parte de ICE; Trump lo aprovechó para vomitar más veneno contra
inmigrantes y alborotar al público para que apoyara su programa anti-inmigrante.
Lo copiaron otros candidatos presidenciales republicanos —Chris Christie, Carly
Fiorina, Ben Carson, y Ted Cruz— todos a vociferar chorreos racistas y proponer
pogromos odiosos contra inmigrantes.
Quizás este programa anti-inmigrante parezca delirios de lunáticos, y sí los
son Trump y otros. Pero, como hemos declarado previamente, esas “diatribas
idiotas... son calculadas, y la campaña de Trump es en serio, letalmente en
serio” y este “es un plan serio de pogromos masivos, al estilo estadounidense,
contra los inmigrantes y gente de ascendencia mexicana. Este es el programa que
un sector de la clase dominante estadounidense está acogiendo. Y como parte de
esto trabajan para conseguir el apoyo de amplios sectores de la población en
este país en el nombre de ‘hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande’ y poner
‘en primer lugar a los trabajadores estadounidenses’. (Vea "La
14a Enmienda les otorgó la ciudadanía a los ex-esclavos; Trump dice que hay que
triturarla", 5 de septiembre de 2015, y "Trump: la
vileza ES la idea", 19 de agosto de 2015.)
Todo ese proceso electoral, que actualmente se enfoca principalmente en los
candidatos del partido Republicano, ha envalentonado a un sector de la población
que desea unificar el país a base de la supremacía blanca abierta, la Biblia y
soluciones fascistas a las contradicciones sociales claves que existen
actualmente en esta sociedad —la opresión del pueblo negro, guerras globales de
imperio, un regreso a la maternidad obligatoria, la destrucción del medio
ambiente, y la deportación en masa de inmigrantes— contradicciones sociales que
son profundamente arraigadas en el modo de producción actual, este sistema de
capitalismo-imperialismo. A base de estas contradicciones ha surgido Donald
Trump y otros de su índole.
Ahora que el proceso electoral ha “legitimado” ese debate y lo ha declarado
“serio”, municipios y comunidades están revocando sus decisiones previas de
prohibir a ICE entrar en sus cárceles. Joe Guzzardi de Californians for
Population Stabilization (Californianos por la estabilización de la población),
que aboga por limitar más la inmigración, dice que, “La acción del Sheriff del
Condado de Los Ángeles podría abrir el camino para otras jurisdicciones que
quisieran cooperar con oficiales federales migratorios bajo el nuevo programa
pero temen ser criticados por hacerlo”.
Jennie Pasquarella, una abogada en plantilla de la Unión Americana de
Libertades Civiles, dice que, “Los Ángeles es una jurisdicción de prioridad para
ICE, y creo que será un modelo que otros condados seguirán, para bien o para
mal”.
Solamente durante esta semana, el senado de Carolina del Norte votó para
prohibir “ciudades santuario” en ese estado. Y otras comunidades por todo el
país están haciendo lo mismo. En los condados californianos de Fresno y Kern,
oficiales del sheriff ahora permiten a ICE trabajar en las cárceles para asumir
directamente la custodia de los presos. Los condados de San Diego y San
Bernardino dicen que “están notificando a ICE cuando vayan a ser liberados
inmigrantes los que la agencia busca, para que oficiales de deportación puedan
llegar a tiempo para recogerlos”. El departamento del sheriff en el condado de
Dallas, Texas, dice que permitirán a ICE detener a inmigrantes que son
“delincuentes más graves”.
Pero no todos los municipios y condados están acatando la máquina arrolladora
de deportación. San Francisco y el condado de Cook, Illinois, están diciendo al
ICE: ¡Para nada! No vamos a participar en PEP, no los permitiremos en nuestras
cárceles.
No se debe tolerar esa intensificación de deportación. Tenemos que poner alto
a que la migra se meta a las cárceles y deporte a nuestros hermanos y hermanas.
Tenemos que respirar, vivir y luchar por lo que exige uno de los “5 Altos”: ALTO
a la satanización, criminalización y deportación de inmigrantes, y la
militarización de la frontera.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
