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Residen en la entidad unas 120 mil personas sin papeles, según cálculos del centro Pew

Alabama promulga la ley antimigrante más severa en EU

Estoy orgulloso del Congreso estatal: gobernador Bentley

Criminaliza a indocumentados

Revés al progreso del estado en cuanto a derechos civiles: ONG

Será impugnada en tribunales

David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 10 de junio de 2011, p. 25

Nueva York, 9 de junio. El gobierno de Alabama promulgó hoy la ley más antimigrante del país, basada en el modelo de Arizona, ante denuncias de que con ello el estado resucita lo peor de su pasado racista.

El gobernador Robert Bentley alabó que la nueva ley antimigrante es las más severa del país al promulgarla esta mañana. Tenemos un problema real con la inmigración ilegal en este país. Yo hice campaña a favor de las leyes de inmigración más severas, y estoy orgulloso de la legislatura (estatal) que trabajó incansablemente para crear el proyecto de ley de inmigración más fuerte en el país.

La ley permite a la policía apresar a cualquier sospechoso de ser inmigrante indocumentado que haya sido interceptado por alguna falta administrativa, obliga a las escuelas públicas a determinar la condición migratoria de los estudiantes y establece como delito ofrecer transporte a cualquier indocumentado. También obliga a caseros a verificar la condición legal de sus inquilinos y obliga a los patrones a usar un sistema federal (E-Verify) para identificar si un empleado o alguien que desean contratar esta documentado.

Entra en vigor en septiembre

De inmediato, agrupaciones de defensa de derechos civiles anunciaron que cuestionarán la constitucionalidad de la nueva ley en los tribunales. Mary Bauer, directora legal del Southern Poverty Law Center –agrupación que se dedica a esfuerzos antirracistas– informó que se presentarán demandas legales contra la ley en los tribunales antes de que ésta entre en vigencia a principios de septiembre, cuestionando su constitucionalidad y calificándola de racista.

Bauer comentó en teleconferencia de prensa que “esta ley es un revés al progreso que Alabama ha logrado durante años sobre derechos civiles…”. Wade Henderson, presidente del Leadership Conference on Civil and Human Rights, agregó que esta ley está diseñada sólo para aterrorizar a la comunidad latina del estado y dejar sin derechos a miles de trabajadores.

Cecilia Wang del American Civil Liberties Union –organización que se sumará a las demandas legales contra la ley– acusó que esto es un retorno atroz a la era de antes de los derechos civiles, y va más allá en las prácticas policiacas discriminatorias e inconstitucionales que lo que hemos visto en otros estados... Al promulgar la ley, el gobernador Bentley ha codificado la discriminación oficial en el estado de Alabama.

Críticos, entre ellos agrupaciones como el Foro Nacional de Inmigración y el Consejo Nacional de la Raza, critican que esto es otro ejemplo de cómo políticos utilizan el sentimiento antimigrante que se ha generado ante el vacío político en el país por falta de una reforma integral de inmigración.

Mientras tanto, los promotores de la ley argumentan que es una ley pro empleo, ya que creará nuevas oportunidades para residentes legales de Alabama ahora desempleados. A la vez, como en todos estos casos, afirman que los gobiernos estatales han tenido que asumir mayor responsabilidad para el control de la migración al acusar que Washington no ha hecho lo suficiente para resolver el problema.

Según cifras del Censo, 3.9 por ciento de la población estatal de 4.8 millones es identificada como latina –casi 200 mil– la cual se ha duplicado en la última década. Según el Pew Hispanic Center, 70 por ciento de esta comunidad latina es de origen mexicano. Pew calcula que Alabama tiene unos 120 mil inmigrantes indocumentados, un incremento de más de cinco veces de los presentes hace una década.

La ley en Alabama fue elaborada con base en la famosa ley antimigrante promulgada en Arizona que detonó un debate nacional. Las partes más severas de la ley de Arizona fueron congeladas por un juez federal después de que el gobierno de Barack Obama presentó demandas legales en su contra el año pasado. Ese fallo fue endosado por un juez de apelaciones y ahora la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha indicado que apelará esos fallos ante la Suprema Corte de Estados Unidos.

Mientras tanto, varios estados formulan y promueven leyes antimigrantes, incluida la ya promulgada en Georgia, estado vecino de Alabama, y en Utah, ambas enfrentan disputas ante los tribunales.

Pero como hoy señaló Ali Noorani, director del Foro Nacional sobre Inmigración, esta ley extrema va mucho más lejos que cualquiera de los otros proyectos de ley antimigrantes, y añadió que mientras que esta ley será retada ante los tribunales, todo esto es resultado directo del fracaso espectacular del Congreso (en promover una reforma migratoria federal) y comprueba que su juego de culpar al otro tiene consecuencias desastrosas reales.


 

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