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21 de agosto de 2015

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Debra Sweet


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Aumentan programas de deportación

Charlotte/EFE — El número de acuerdos entre agencias locales e Inmigración para identificar y deportar indocumentados desde las cárceles independientemente del crimen cometido sigue aumentando en Carolina del Norte.

Desde 2006, un total de 15 agencias del orden público han firmado “Memorandos de Entendimiento” o establecido acuerdos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para operar los programas 287 g y Comunidades Seguras.

La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde 1996 permite a los gobiernos locales firmar convenios con el federal para adiestrar a alguaciles o policías para que ejerzan funciones de agentes de inmigración para localizar extranjeros sin documentos.

El pasado 10 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que 11 nuevas agencias a nivel nacional implementarán el 287g, y una de éstas fue la oficina del alguacil del condado Guilford.

Esto aumentó a 9 el número de 287g que funcionan en los centros penitenciarios de Carolina del Norte que junto a Virginia son los estados con mayor participación de este programa que identifica y da inicio al proceso de deportación de indocumentados.

Otro estados que han implementado el 287g son: Arizona (7), Florida y Arkansas (6), Georgia (5), Texas, California (4), Massachusetts, New Jersey, Carolina del Sur (3), Tennesse, Nevada, Colorado y Alabama (2).

Además, Missouri, Nuevo México, Rhode Island, Maryland, Ohio, New Mexico, Oklahoma, Maryland, New Hampshire (1).

Según Tony Asion, director de El Pueblo, con sede en Raleigh, que este estado tenga tantos programas de deportación tiene que ver con “los políticos que quieren ganar votos”.

“Los hispanos son el argumento de muchos políticos para ganar el apoyo de la gente y estas medidas migratorias han ayudado”, enfatizó Asion.

De acuerdo con cifras de ICE, más de 1,000 agentes en 66 jurisdicciones en todo el país han recibido el entrenamiento de 4 semanas del 287g para cuestionar y determinar el estado migratorio de extranjeros arrestados por no cumplir alguna ley.

La medida ha identificado a más de 120,000 indocumentados que se sospechan que viven ilegalmente en el país.

En cuanto a Comunidades Seguras, que ICE comenzó a implementar como programa piloto en el 2008 en 4 estados, ahora funciona en 9 zonas del país.

La medida otorga a las cárceles locales acceso instantánea a la base de datos de la Agencia Federal de Investigación (FBI) y de ICE para conocer los antecedentes criminales y migratorios del detenido.

De acuerdo con Iván Ortiz, portavoz de ICE, aunque ambos programas —287g y Comunidades Seguras— identifican a indocumentados, la diferencia es que Comunidades se concentra en ilegales que están ya encarcelados.


 

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