Julian Assange, refugiado político
20 de junio de 2012
Editorial
La Jornada
La sorpresiva aparición del fundador de Wikileaks, Julian Assange,
en la embajada de Ecuador en Londres, su solicitud formal de asilo político al
gobierno del país andino y el ofrecimiento de Quito de evaluar tal petición con
base en el respeto a las normas y principios del derecho internacional, así como
la tradicional política de Ecuador de precautelar los derechos humanos, disipan
el temor de que el periodista australiano fuese entregado en los próximos días a
Suecia –donde enfrenta cargos por presunto acoso sexual y violación–, lo cual
parecía un hecho consumado tras la negativa del Tribunal Supremo de Gran Bretaña
a la solicitud de reabrir el caso correspondiente, la semana pasada.
Con independencia de la respuesta que otorgue el gobierno de Rafael Correa a
Assange, la existencia de un refugiado político en la Europa contemporánea, el
encarnizamiento judicial emprendido en su contra por las autoridades de dos
países del viejo continente –Inglaterra y Suecia– y el silencio guardado ante
esta situación por el conjunto de las potencias occidentales dan cuenta de la
hipocresía y la miseria moral y política de gobiernos que se reivindican, con
frecuencia, como paladines de la libertad, la transparencia, la legalidad y el
respeto a los derechos humanos, pero que actúan como partidarios del
autoritarismo, defensores de la opacidad y responsables del uso faccioso de la
ley y de atropellos a las garantías individuales.
Cabe recordar que no existe, en rigor, una acusación penal contra Assange,
sino una mera demanda de presentación en el marco de una investigación que no
puede ocultar su motivo verdadero: llevarlo a territorio sueco para
posteriormente entregarlo al gobierno de Estados Unidos, cuyos portavoces no han
ocultado el propósito de Washington de fincarle cargos por terrorismo. Es
deplorable, pero indicativo del desorden mundial contemporáneo, que funcionarios
judiciales de la misma Suecia hayan sido inducidos a inventar delitos sexuales
en el contexto de lo que se ha evidenciado como una operación de venganza y de
control de daños de Washington, y como un claro intento por reprimir el
ejercicio de transparencia y libertad de expresión y de información que ha
llevado a cabo el comunicador australiano y su organización.
Dicha persecución se inició con el telón de fondo del escándalo mundial por
las pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras en Irak y
Afganistán; por la difusión de los papeles del Departamento de Estado en el que
se revelan toda suerte de prácticas inconfesables –conspiraciones, incitaciones
a la corrupción, actos de espionaje, allanamiento de soberanías, hostilidad
diplomática contra gobiernos críticos, encubrimiento de regímenes
impresentables–, y en general por la manifiesta irritación que la labor de
Wikileaks ha generado en Washington y en las máximas potencias
mundiales. Es significativo al respecto que, mientras Assange solicitaba ayer
asilo a la embajada ecuatoriana para evitar su extradición a territorio sueco,
algunos representantes de esos poderes asistían, en la cumbre del G-20 que se
desarrolla en Los Cabos, Baja California, a la confirmación de su incapacidad
para generar perspectivas de solución a la devastación económica y social que
enfrentan sus poblaciones en todo el mundo, particularmente en los países
europeos.
Por lo demás, es previsible que la solicitud de asilo de Assange configurará
un escenario de rispidez diplomática, en el mejor de los casos, entre los
gobiernos de Londres y Estocolmo, por un lado, y Quito, por el otro. En lo
inmediato, cabe esperar que este último logre sobreponerse a las presiones
exteriores de que sin duda será objeto, que haga honor a su historial de
dignidad, de soberanía, de respeto a los derechos humanos y de voluntad de
corrección del orden mundial actual, y que otorgue una respuesta favorable a la
solicitud del fundador de Wikileaks.
Para ello, Ecuador necesitará de la solidaridad de gobiernos honestos y de
sociedades que, como la nuestra, se han visto favorecidas por la labor de
Assange y su equipo; que han obtenido, por conducto de sus filtraciones, un
elemento invaluable de control social y de escrutinio público frente a
autoridades y poderes fácticos, y que se han visto fortalecidas en materia de
transparencia, libertad de expresión y derecho a la información, elementos
imprescindibles del desarrollo democrático y civilizatorio.
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