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COMUNICADOS DE PRENSA
ACLU pide al Corte Suprema que atienda la demanda de un abogado de
Guantánamo contra el excesivo secretismo de la CIA
Esta petición en el caso Connell contra la CIA es consecuencia de una sentencia de un tribunal de apelación que permitió a
la CIA seguir abusando de las respuestas de Glomar para eludir la rendición de
cuentas.
Caso: Connell contra la CIA - Demanda
FOIA en busca de documentos sobre el "control operativo" de la CIA
sobre un centro de detención en la Bahía de Guantánamo
Affiliate: ACLU de Washington, D.C
4 de noviembre de 2024
WASHINGTON - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Unión Americana de Libertades
Civiles del Distrito de Columbia (ACLU) solicitan al Corte Suprema de los
Estados Unidos que revise el caso Connell contra la CIA, un caso que podría
poner límites importantes a la capacidad del gobierno para esconderse tras
respuestas de "ni confirmar ni negar" a las solicitudes de la Ley de
Libertad de Información (FOIA) cuando las pruebas públicas dejan claro que los
registros solicitados existen.
El caso tiene su origen en una solicitud FOIA de 2017 de James G. Connell III, abogado de uno de los
hombres detenidos en la prisión militar de Guantánamo que fue sometido al
programa de tortura de la CIA y enviado, junto con otros "detenidos de
alto valor", al centro Camp VII de la prisión. El Sr. Connell presentó una
solicitud FOIA a la CIA en busca de información sobre el "control
operativo" de la agencia sobre ese centro de detención. A pesar de las
numerosas pruebas públicas sobre el papel de la CIA allí -incluidos un informe
del Comité de Inteligencia del Senado, testimonios de comisiones militares y
documentos gubernamentales desclasificados-, la CIA presentó algunos registros,
pero emitió la denominada "respuesta Glomar", negándose a confirmar o
negar la existencia de otros registros.
"La pretensión de la CIA de mantener el secreto en este caso es tan extrema como absurda, habida
cuenta de la amplia información pública sobre la conexión de la CIA con Camp
VII", dijo Brett Max Kaufman, abogado del Centro para la Democracia de
la ACLU. "Una vez más, la CIA ha llevado a Glomar más allá de su punto
de ruptura, y los tribunales no deberían verse obligados a respaldar una farsa
de secreto patente como ésta. Esperamos que el Tribunal aproveche esta rara
oportunidad para acabar con la mala costumbre de la CIA de usar y abusar de
Glomar para eludir la transparencia y la responsabilidad cruciales."
El Sr. Connell se representó a sí mismo en el tribunal de distrito, y la ACLU se convirtió en el
abogado en la apelación ante el Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el
Circuito de DC. En agosto de 2024, el Circuito D.C. falló a favor de la CIA,
concluyendo que los tribunales sólo pueden considerar las propias declaraciones
oficiales de la CIA al evaluar la legalidad de las respuestas de Glomar. La
petición de certificación de la ACLU pide al Corte Suprema que resuelva una
división entre el Circuito de Washington DC y el Segundo Circuito, que ha
sostenido que los tribunales deben considerar todas las pruebas pertinentes,
independientemente de su fuente, al evaluar la plausibilidad de una respuesta
Glomar. Como explica la petición de la ACLU, la norma del Circuito del Distrito
de Columbia obliga a los jueces a "esconder la cabeza bajo el ala",
ignorando incluso los documentos oficiales del Gobierno que contradicen las
alegaciones de secreto de una agencia.
La petición
de certificación hace hincapié en que el Congreso pretendía que la FOIA
pusiera fin a lo que denominaba un "período de revelaciones selectivas, noticias
controladas, medias verdades y distorsiones admitidas" por parte de los
gobernantes. La ACLU sostiene que la decisión del Circuito de Washington, D.C.,
en cambio, da rienda suelta a las agencias para mantener tales distorsiones a
través de reclamaciones de secreto inverosímiles. Si no se controla, este fallo
amenaza con socavar aún más la eficacia de la FOIA como herramienta de
supervisión pública de las actividades del gobierno.
Este caso forma parte del expediente Joan
and Irwin Jacobs Supreme Court Docket de la ACLU.
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