Abogados pro DDHH demandan a EEUU por la autorización de
Trump a sanciones "draconianas" contra el CPI
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de abogados pro Derechos Humanos ha presentado este jueves una demanda contra el Gobierno de
Estados Unidos por la decisión del presidente, Donald Trump, de autorizar la
imposición de sanciones "draconianas" contra miembros del Corte Penal
Internacional (CPI) que estén implicados en investigaciones contra el país norteamericano.
"Estamos llevando a la Administración Trump ante los tribunales por su orden ejecutiva que autoriza
sanciones draconianas contra aquellos que apoyan al CPI", ha dicho la Open
Society Justice Initiative a través de su cuenta en la red social Twitter.
La demanda, presentada por esta organización junto a los profesores en Derecho Diane Marie Amann, Gabor
Rona, Milena Sterio y Margaret de Guzman, es la primera contra la orden
ejecutiva 13928 y llega un mes después de que Washington impusiera sanciones
contra miembros del tribunal, incluida la fiscal jefe, Fatou Bensouda.
Así, ha sido presentada contra Trump y otros altos cargos del Ejecutivo, incluidos los secretarios de
Estado y del Tesoro, Mike Pompeo y Steven Mnuchin, respectivamente; la
directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Andrea Gacki;
y el procurador general de Estados Unidos, William Barr.
Los demandantes han recalcado que la autorización de sanciones es inconstitucional y "daña
irreparablemente su trabajo profesional", al tiempo que han agregado que
"es el último de una serie de ataques del Gobierno de Estados Unidos
contra el CPI".
El director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, James Goldston, ha manifestado que "al
emitir esta orden indignante, la Administración Trump traicionó el apoyo de
Washington a la justicia internacional, desairó a los aliados y violó la
Constitución de Estados Unidos". "Vamos a los tribunales para poner
fin a este asalto imprudente contra una institución judicial y las víctimas a
las que sirve", ha zanjado.
En este sentido, Amann ha indicado en declaraciones concedidas al diario británico 'The Guardian' que la
orden "es un golpe, un puñetazo en el estómago". "Es silenciar
las actividades que han sido el trabajo de mi vida", ha sostenido.
"Es triste pensar que el país en el que nací, en una ciudad llamada Libertyville, en Illinois, me
prohíbe hace ese trabajo", ha lamentado Amann, quien es asesora de
Bensouda sobre niños y conflicto desde 2012. "Trabajo en nombre de niños
afectados por el conflicto armado, asesinados, torturados, abusados sexualmente,
forzados a convertirse en niños soldado y objeto de tráfico de personas",
ha detallado.
La abogada ha resaltado que, a raíz de las sanciones impuestas contra Bensouda, "ha dejado de
asesorarla". "Me he retirado de presentaciones públicas a las que me
había comprometido por temor a que una discusión pública sobre el trabajo del
CPI sea presentada como una violación del régimen de sanciones", ha explicado.
"He evitado hacer que asistentes de investigación me ayuden en los trabajos sobre un asunto por temor
a que queden expuestos de alguna forma (a las sanciones del Gobierno
estadounidense)", ha resaltado.
Trump firmó el 11 de junio una orden ejecutiva que abría la puerta a sanciones contra Bensouda, a la que
Washington ha recriminado de forma específica unas pesquisas por los posibles
crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de
Estados Unidos. Las sanciones fueron aplicadas el 2 de septiembre.
Tras ello, el secretario general de la ONU, António Guterres, mostró su "preocupación" por el
anuncio de las autoridades estadounidenses. "Siempre hemos abogado por la
necesidad de una justicia internacional, de la rendición de cuentas y de la
lucha contra la impunidad", dijo su portavoz, Stéphane Dujarric.
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