La caza de los inmigrantes sin papeles en EEUU se
extiende a los lugares donde antes se sentían protegidos
El Servicio de Inmigración y Aduanas persigue en iglesias, hospitales y escuelas a
inmigrantes sin antecedentes penales que llevan décadas en el país
"Bajo el mandato del presidente Trump, la agencia se ha convertido en una fuerza
policial política que tiene una única misión: destruir familias", dice una
ONG
Sabrina Siddiqui – Washington
eldiario.es/The Guardian
19 de julio de 2018
Manifestación contra la deportación de inmigrantes. EFE
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Era un viernes de trabajo más para Pablo Villavicencio,
repartidor de la pizzería Nonna Delia de Queens, en Nueva York.
Villavicencio, que tiene dos hijos, llevó un pedido a
Fort Hamilton, una base militar situada a media hora del restaurante. A
diferencia de entregas anteriores, en esta ocasión Villavicencio, que es un
inmigrante sin papeles, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y trasladado a una cárcel
de Nueva Jersey.
A Villavicencio, de 35 años, le abrieron un expediente de
deportación a pesar de que no tiene antecedentes penales. De no haber sido por
la atención mediática que ha despertado este caso, tal vez un juez federal no
hubiera aplazado el proceso el mes pasado. Se ha frenado, por el momento,
la deportación, pero él sigue preso. Y no es un caso aislado.
De hecho, un mes después de la detención de
Villavicencio, una pareja de ancianos decidió ir a visitar a su hijo y su
nuera, que está embarazada, en otra base militar de Nueva York.
Margarito Silva y su esposa, Concepción Barrios, ambos
inmigrantes sin papeles, llegaron a Fort Drum coincidiendo con la festividad
del 4 de Julio (Día de la Independencia). Los dos llevaban un documento de
identidad que concede la ciudad de Nueva York sin importar el estatus
migratorio, que ya habían utilizado para visitar a familiares en otras bases
militares. El ICE también les arrestó.
Casos como los de Villavicencio, Silva y Barrios ponen
nombres y apellidos a la campaña de Donald Trump contra la inmigración ilegal,
que ha sembrado el miedo en las comunidades de inmigrantes de Estados Unidos.
Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes afirman que la campaña de
la Administración de Trump tiene una agresividad sin precedentes, como lo
demuestra el hecho de que haya aumentado la cifra de detenciones de inmigrantes
sin antecedentes penales.
Bajo las directrices del presidente, que ha ampliado las
competencias del ICE, las detenciones han aumentado un 41% en 2017 en comparación al mismo periodo del año anterior.
Las detenciones a inmigrantes sin papeles que no han cometido
un delito han aumentado un 171%.
"A pesar de su discurso, las deportaciones del
Servicio de Inmigración no tienen por objetivo abordar amenazas a la seguridad
ciudadana", indica Lynn Tramonte, responsable del grupo de defensa de los
derechos de los inmigrantes America's Voice.
"Bajo el mandato del presidente Trump, la agencia se
ha convertido en una fuerza policial política que tiene una única misión:
destruir a familias de Estados Unidos que tienen miembros que son inmigrantes,
sin importar el coste que tiene para los niños", denuncia Tramonte.
Félix García, que tiene tres hijos, fue detenido en enero
en un punto de control ordinario en el que nunca había tenido problemas
con los servicios de Inmigración. Rogó a un trabajador de la agencia que le permitiera quedarse en Estados Unidos, donde había vivido
durante 23 años, para asistir a la graduación de su hija mayor en la Facultad
de Medicina. Le negaron esta solicitud y fue deportado a Guatemala en abril.
"Me van a dejar detenido, mija. Sigue adelante, mija. Tú
puedes", escribió a su hija en un mensaje de texto.
Syed Ahmed Jamal, que también tiene tres hijos, fue
detenido en febrero delante de su casa en Lawrence, Kansas, tras llevar a sus hijos a la escuela. Natural de Bangladesh,
había llegado a Estados Unidos hace treinta años y, según su abogado, no tiene
antecedentes penales, solo algunas multas por exceso de velocidad.
Las autoridades también detuvieron a un
inmigrante sin papeles con síndrome de Down tras una inspección en
una empresa de instalación de tiendas de campaña en Florida. Juan
Gaspar-García, de 30 años, fue una de las 28 personas detenidas en la redada de
marzo que, según las autoridades federales, fue un "registro porque tenían
indicios de criminalidad". Gaspar-García, que llegó a Estados Unidos desde
Guatemala cuando tenía 14 años, permaneció tres semanas en un centro de
detención y quedó en libertad después de que su hermana hiciera campaña por
internet.
Cuando ha tenido que justificar casos como los
anteriores, la agencia ha emitido un comunicado genérico en el que afirma que
cuando hace cumplir la ley no "diferencia entre inmigrantes".
"Todos los que vulneran las leyes migratorias pueden ser arrestados,
detenidos y, si es el caso, deportados", indica la agencia.
Las polémicas medidas empezaron a aplicarse cuando
todavía no hacía ni una semana que Trump había llegado a la Casa Blanca. El 25
de enero de 2017 el presidente pasó de las palabras a los hechos y firmó un
decreto que allanó el camino para que el ICE pudiera detener a inmigrantes
con independencia de que tuvieran o no antecedentes penales. Esta medida supuso
un cambio evidente de la política migratoria de los últimos años de la
Administración de Barack Obama.
En los primeros años como presidente, Obama fue muy
criticado por deportar un número récord de inmigrantes indocumentados. Los
activistas señalan que en su segundo mandato la política migratoria se centró
en detener a aquellos inmigrantes con antecedentes penales graves.
4.143 inmigrantes sin antecedentes detenidos al mes
El periódico USA Today ha analizado los datos de la agencia y calcula que desde que Trump está en la Casa Blanca,
el ICE ha arrestado a unos 4.143 inmigrantes ilegales sin antecedentes penales
al mes. En comparación, en los últimos dos años de la presidencia de Obama la
media fue de 1.703 arrestos.
La agencia rechaza la noción de que los arrestos de
inmigrantes sin papeles "no criminales" no sean prioritarios, al
considerar que están justificados por el hecho de que estas personas han
entrado ilegalmente al país o se han quedado más de lo permitido por ley.
Otro cambio en la política migratoria que ha sido muy
criticado es el arresto de inmigrantes indocumentados en los llamados
"lugares sensibles", incluyendo lugares de culto, escuelas,
hospitales y tribunales. La agencia asegura que estos espacios no se encuentran
en su radio de acción, pero algunas informaciones sugieren lo contrario.
Un inmigrante de 19 años, que en el pasado había sido
detenido por conducir borracho fue arrestado al salir de un hospital. Dos
padres fueron detenidos cuando llevaban a sus hijos a la escuela. Los servicios de Inmigración también intentaron detener a un tercer padre, que
consiguió escapar y se refugió en una iglesia. De hecho, la detención de un
padre que acababa de dejar a su hija en la escuela fue grabada por su propia familia mientras
otra de sus hijas lloraba dentro del coche.
Sarah Mehta, que estudia cuestiones relacionadas con los
derechos humanos para la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos
(ACLU), explica que este tipo de arrestos han generado mucho miedo entre las
comunidades de inmigrantes.
"Con el presidente actual, los inmigrantes no se
sienten protegidos cuando están en lugares que hasta ahora se habían
respetado", indica Mehta, explicando que hasta ahora la agencia había
evitado hacer arrestos en escuelas, iglesias y otros lugares
"sensibles". "Ahora es como si los estuvieran esperando",
indica.
Un informe de ACLU evidencia que la
creciente presencia de agentes del ICE en los juzgados ha tenido un efecto
particularmente corrosivo en la relación entre las comunidades inmigrantes y
las fuerzas del orden.
El informe, que se hizo a partir de entrevistas con
miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y abogados a lo largo y
ancho del país, muestra que los inmigrantes son ahora menos propensos a
denunciar delitos o ayudar en las investigaciones policiales, en comparación con 2016.
Más de la mitad de los jueces que participaron en este
estudio afirman que algunos casos se interrumpieron debido al miedo de un
inmigrante a personarse ante un juez, comparado con el 43% en 2016. Y un
abrumador 82% de los fiscales explicaron que desde que Trump llegó a la Casa
Blanca, muchas inmigrantes ya no denuncian casos de violencia machista.
"El ambiente es cada vez más tóxico, los inmigrantes
y sus familias tienen miedo de los servicios que supuestamente deberían
proteger sus derechos", indica Mehta. En algunos de los casos que el ICE
ha podido argumentar que el detenido tenía antecedentes penales, no ha tenido
en cuenta los matices.
Armando Núñez-Salgado, de 39 años, fue detenido mientras cuidaba el jardín de su casa en el condado de Napa, California. Según los Servicios de
Inmigración, en los últimos 18 años Núñez-Salgado había ido
acumulando condenas penales y ya le habían deportado cuatro veces. Su
esposa, Helena Ponce, que grabó la detención con el móvil, reconoce que su
marido había tenido problemas en el pasado, pero señala que eso ocurrió hace mucho tiempo.
Ponce explica que Núñez-Salgado no había pisado una cárcel
en 15 años y que ahora era un padre pendiente de su hija adolescente y que en
su tiempo libre asesoraba a jóvenes sobre cómo mantenerse alejados de bandas
criminales. Sin embargo, la detención confirmó los peores temores de la
familia. "Siempre tuvo la sensación de que en algún momento iban a llegar
y lo iban a detener", afirma su mujer.
Traducido por Emma Reverter
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