Inmigrantes indocumentados rechazan
ayudas alimenticias por miedo a las deportaciones de Trump
Las oficinas del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños reciben incontables
llamadas de inmigrantes indocumentados que quieren que sus nombres desaparezcan de los registros
En febrero, un borrador filtrado de una orden ejecutiva pretendía expulsar a los inmigrantes que reciben asistencia
pública, incluidos aquellos con residencia legal
Molly Redden
eldiario.es/The Guardian
10 de mayo de 2017
"Hemos tenido a gente que se ofrece a devolver las ayudas que han recibido", señala el presidente de la iniciativa. EFE
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Las llamadas telefónicas empezaron en febrero: “No voy a
volver”. “No merece la pena asumir el riesgo”. “Borren mi nombre de sus
registros”. Una persona trajo un fajo de cupones e insistió en devolverlos. En
todo Estados Unidos, inmigrantes indocumentados llaman a las oficinas del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños
(Wic) y ruegan que les saquen de la iniciativa.
Desde que Donald Trump llegó a la presidencia con la
promesa de ejercer mano dura contra los inmigrantes indocumentados, el miedo ha
generado cientos de historias como estas, de personas que se retiran a las
sombras para evitar ser detectadas por las autoridades.
Las deserciones de Wic —un programa federal que ayuda a más de ocho millones de madres de bajos ingresos a comprar leche de fórmula y alimentos nutritivos— ponen
de manifiesto las primeras consecuencias de las promesas de deportación de
Trump. Consecuencias de amplio alcance y potencialmente devastadoras para el
bienestar de las personas afectadas.
De las 90 agencias locales que gestionan Wic, alrededor
de un cuarto ha transmitido a la asociación nacional que los beneficiarios
indocumentados se están saltando los encuentros y, por consiguiente, perdiendo
las ayudas.
Muchas oficinas han registrado una aguda caída en el
número de casos gestionados y, en zonas con una amplia proporción de
inmigrantes, algunos centros están prácticamente vacíos. “Esto está pasando en
todo Estados Unidos”, asegura Elisabet Eppes, miembro destacado de política
pública de la Asociación Nacional Wic. “Estamos muy preocupados”, añade.
Los beneficios en juego son bastante modestos; la mayoría
de los participantes apenas recibe unos 45 dólares al mes en cupones. Pero
décadas de estudio han vinculado el programa a bajadas en la obesidad infantil,
en el número de nacimientos por debajo del peso normal, en nacimientos
prematuros y en la mortalidad, así como a un incremento en la inmunización
infantil.
Las madres y los hijos que cumplen los requisitos para
participar en el programa están en riesgo no solo de pobreza, sino también de
malnutrición a causa de una dieta pobre o una afección médica. Lanie Smith, una
nutricionista de Wic en Kansas, ha tratado recientemente a un joven con
epilepsia, una enfermedad que empeora con una dieta pobre. Mientras Smith se
sienta con el chico, su madre, que tiene miembros de su familia indocumentados,
discute con Smith si saca a su hijo del programa.
Miedos justificados
“Hemos escuchado muchas historias de personas que, o bien
no se presentan a las citas, o bien piden que se les saque del programa, que se
cancelen las ayudas y que se les borre del registro”, explica Douglas
Greenaway, presidente y consejero delegado de la Asociación Nacional Wic. “Hemos
tenido a gente que se ofrece a devolver las ayudas que han recibido, diciendo
'Esperen, encontraré dinero para devolvéroslo'”, relata.
Las agencias del programa y los empleados empezaron a
tener conversaciones como estas en febrero, tras los rumores que afirmaban que
la administración Trump se centraría en deportar a los inmigrantes que reciben
asistencia pública.
Los rumores no eran ciertos. Pero la Casa Blanca está
contemplando acciones ejecutivas para hacerlos realidad. En febrero, un
borrador filtrado de una orden ejecutiva facilitaría la expulsión de los inmigrantes que reciban asistencia pública ,
incluidos aquellos con residencia legal. Aquello fue suficiente para que miles de inmigrantes
indocumentados dudasen si merecía la pena asumir el riesgo por Wic.
Los temores han aumentado y las agencias Wic intentan
desesperadamente convencer a los participantes sin papeles de que sigan
utilizando el programa. No va en contra de la ley que los inmigrantes
indocumentados participen en Wic. Además, Wic no pregunta ni hace un
seguimiento del estatus migratorio de los participantes.
Pero el pánico puede superar a la política. Cuando el
miedo a la deportación es elevado, es menos probable que los inmigrantes
indocumentados utilicen prestaciones públicas sanitarias a las cuales tienen
derecho. Incluso inmigrantes con su situación regularizada evitarán los
subsidios si tienen a miembros de su familia indocumentados.
Defensores de la sanidad pública temen que Wic no sea un
caso aislado, sino la vanguardia de las posibles consecuencias de marginar a
los inmigrantes indocumentados.
Otros defensores de la sanidad y la seguridad de este
colectivo están empezando a registrar tendencias similares. Este lunes, el
programa nacional de línea directa contra la violencia machista, el recurso más
importante del país para las víctimas de abusos a manos de sus parejas, ha
informado que en 2016 registró más de 7.000 llamadas relacionadas con la
situación legal de inmigración, lo que supone un incremento del 30% respecto a
2015. Esta línea directa, establecida por el Congreso en los años '90 con
financiación federal, respondió el año pasado a 323.660 llamadas.
Una presunción errónea
Los defensores de la mano dura de Donald Trump argumentan
que los inmigrantes indocumentados no deberían tener el derecho a utilizar
prestaciones públicas financiadas con los dólares de los contribuyentes.
La legislación estadounidense ya veta a los inmigrantes
de muchos programas de asistencia diseñados para ayudar a los pobres. La orden
ejecutiva filtrada argumenta que es necesario ampliar e imponer estas
exclusiones porque es probable que los inmigrantes utilicen la asistencia
pública más que los residentes legales.
Pero esa afirmación no está apoyada por pruebas, que precisamente sugieren lo contrario. La orden también ignora que muchos inmigrantes, indocumentados o no,
tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses pero que no pueden acceder a
las prestaciones sociales por su cuenta.
Si las familias indocumentadas siguen saliendo del programa
Wic, la mayor parte de las consecuencias caerán probablemente sobre niños muy
pequeños, incluido un número no calculado de personas que han nacido de padres
indocumentados pero que tienen la ciudadanía estadounidense.
“Como pediatras, deberíamos intentar animar a las
familias a acceder a todos los programas para los que cumplen los requisitos,
al margen de su situación legal”, explica la doctora Lanre Falusi, presidenta
de la división de Washington DC de la Academia Estadounidense de Pediatras. “Es
desgarrador escuchar a un paciente afirmar que aunque su hijo tiene el derecho
a acceder a este programa vital, aunque su hijo nació aquí y es ciudadano
estadounidense... tienen demasiado miedo”.
Smith, de la agencia Wic en Kansas, afirma que más de 100
personas han dejado de ir a su centro en Kansas City, lo que equivale a las
personas que acuden al centro en un solo día. Muchos de ellos llamaron al
centro para señalar que simplemente tenían demasiado miedo.
Los temores son aún más significativos en California,
donde numerosas agencias locales han recibido solicitudes de beneficiarios que
quieren salir del registro de Wic. Un padre incluso ha llamado a la agencia
para preguntar si algún día los hijos tendrán que devolver el dinero al Gobierno.
“Hay bebés ciudadanos que no van a recibir las
prestaciones a las que tienen derecho porque sus madres tienen demasiado miedo
de venir”, explica Karen Farley, directora ejecutiva de la Asociación Wic de
California. “No importa que sus padres participen o no en la economía local,
estamos hablando de niños y bebés”.
Traducido por Javier Biosca Azcoiti
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