Un juez de EEUU admite a trámite una demanda por las torturas de la CIA
La demanda civil de tres víctimas a dos psicólogos que trabajaron en el diseño del
programa de torturas puede llegar a juicio
"Ha habido muchos casos presentados por víctimas de torturas de muchos sitios y ninguno de ellos ha salido adelante por
motivos vergonzosos. Este es un gran logro para nuestros clientes", valora
la asociación que representa a las víctimas
Maria L. La Ganga (Spokane, Washington)
The Guardian
23 de abril de 2016
En 2012, el Departamento de Justicia anunció que los altos cargos de la CIA responsables
del régimen de torturas no afrontarían cargos penales EFE
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Un juez federal del Estado de Washington ha dictaminado por primera vez que una demanda civil presentada por víctimas del programa de
torturas de la CIA puede seguir adelante. Tras escuchar a los abogados de los
dos psicólogos que crearon el programa y a los de la Unión Estadounidense por
las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que representan a tres
víctimas de las técnicas más brutales del programa, el juez federal Justin L.
Quackenbush ha determinado que no puede desestimar el caso.
"No puedo desestimar de forma sumaria la denuncia presentada por los demandantes", dijo Quackenbush incluso antes de que
acabase la vista, que duró dos horas. "Es, cuando menos, rigurosa. En ella
se denuncia no solo la ayuda y la incitación, sino la participación y la
complicidad en la Administración de este programa reforzado de interrogatorios".
Los abogados de las tres víctimas –una de las cuales murió por congelación mientras la torturaban en un centro
clandestino de la CIA– se mostraron exultantes y un poco sorprendidos al acabar
la vista este viernes. "Esto nunca ha pasado antes", cuenta la directora
del proyecto de seguridad nacional de ACLU, Hina Shamsi. "Ha habido
muchos casos presentados por víctimas de torturas de Irak, de Afganistán y
de muchos otros sitios, y ninguno de ellos ha salido adelante por motivos
vergonzosos. Este es un gran logro para nuestros clientes".
ACLU presentó la demanda en representación de Suleiman Abdulá Salim, pescador tanzano; Mohamed Ahmed Ben Soud, libio exiliado del
régimen de Muamar Gadafi; y Gul Rahman, refugiado afgano que murió de
hipotermia bajo los denominados "interrogatorios reforzados".
Aunque fueron detenidos durante años y sometidos a lo que
en su denuncia se describe como "crímenes de guerra", los tres
hombres nunca fueron acusados de ser miembros de Al Qaeda. Nunca se les acusó
de ningún delito. Los dejaron con graves heridas psicológicas y físicas y
no han recibido ninguna indemnización del Gobierno estadounidense.
La demanda civil de las víctimas acusa a los psicólogos
James Elmer Mitchell y John "Bruce" Jessen, profesionales contratados por la CIA, de diseñar un programa
brutal de torturas que supuso un "proyecto criminal conjunto".
Durante cinco años, 119 hombres sufrieron abusos con sus técnicas. Los
tres demandantes forman parte de las 39 personas sometidas a la tortura
más dura y a la experimentación científica. Esto incluía penetración anal,
falsas ejecuciones, baños en agua congelada y algo similar al waterboarding. En
2012, el Departamento de Justicia anunció que los altos cargos de la CIA
responsables del régimen de torturas no afrontarían acusaciones penales.
El contrato entre la CIA y los psicólogos
La vista empezó con Quackenbush preguntando si importa quién tomó las decisiones en el programa de torturas. "¿Hay pruebas en
este caso de que el presidente de los Estados Unidos de América autorizó
específicamente las actividades?", planteó. James Smith, abogado de los
demandados, respondió: "En esencia, la CIA estaba autorizada por el
presidente de Estados Unidos para emprender esas acciones". Quackenbush
insistió en si el presidente de verdad dio las órdenes. "No he tenido
oportunidad de recopilar testimonios sobre eso", respondió Smith.
El juez se mostró molesto por el hecho de que ni los abogados de los psicólogos ni las víctimas habían leído el contrato entre la
CIA y los arquitectos del programa de torturas, ya que ese documento podría
aclarar preguntas cruciales, como quién seleccionaba a las víctimas, quién
decidía qué técnicas usar y quién estaba a cargo.
El misterioso contrato fue un punto muy discutido de qué hablar durante la sesión, en la que los acusados tenían
tres abogados vestidos de gris, los demandantes tenían cuatro y un único
abogado se sentó solo en una mesa en representación del Departamento de
Justicia. Ni los dos demandantes vivos ni los dos acusados estaban presentes.
El abogado de ACLU Dror Ladin argumentó que "aunque
firmen un contrato, las decisiones que derivan de él no están fuera de la
capacidad de revisión de este tribunal. Sería prematuro decidir si actuaban al
100% dentro de las condiciones". Insistió en que "lo que buscan los
demandados con la desestimación del caso es un cheque en blanco". "En
la autorización para el uso de la fuerza militar no pone en ningún sitio que se
pueda torturar a prisioneros", añadió.
Quackenbush respondió: "Pero si el Ejército torturó a personas no hay una solución civil" como a la que aspiran los tres
hombres que presentaron la demanda. Ladin replicó que Mitchell y Jessen
"no forman parte de ninguna cadena de mando militar. Son
profesionales independientes que vendieron sus conocimientos a la CIA.
Este no es un caso militar, sino de tres hombres que fueron secuestrados en
países extranjeros".
Como el caso ha avanzado un paso más hacia un posible juicio, Quackenbush ordenó a los abogados de ambas partes y al Departamento de
Justicia preparar un plan en los próximos 30 días para la recopilación de
pruebas, los testimonios de las víctimas, los psicólogos y otros y la obtención
de información clasificada.
"El juez ha dicho que estas demandas pueden seguir adelante", dice encantado Ladin. "Se decidirá sobre los hechos de
este caso, lo que no ha ocurrido nunca".
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo
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