Berta Cáceres, víctima de las unidades militares entrenadas por EEUU
La investigación judicial del asesinato de la activista medioambiental hondureña conduce hasta las unidades
de élite del ejército hondureño formadas por Estados Unidos
Nina Lakhani
eldiario/The Guardian
01 de marzo de 2017
La activista fue asesinada a tiros en su casa hace un año.
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La filtración de los documentos judiciales demuestra que la ecologista hondureña Berta
Cáceres fue asesinada por expertos en inteligencia militar vinculados a las
fuerzas especiales del país, formadas por Estados Unidos. Así se desprende de
una investigación que ha llevado a cabo the Guardian.
Cáceres, que se oponía a la construcción de una presa hidroeléctrica, recibió un disparo mortal un año
atrás. Supuestamente se encontraba bajo protección del Estado, ya que había
recibido amenazas de muerte.
El asesinato de Cáceres, que en 2015 había sido distinguida con el prestigioso Premio Medioambiental Goldman,
provocó el clamor de la comunidad internacional y se hizo un llamamiento para
que Estados Unidos dejara de proporcionar apoyo militar a Honduras, un aliado
clave en la guerra contra las drogas.
Ocho hombres fueron detenidos por este crimen, entre ellos un militar en activo y dos militares retirados.
Las autoridades militares negaron cualquier implicación en el asesinato de la activista y restaron importancia al
hecho de que se hubiera detenido a un militar en activo, Mariano Díaz, que fue
expulsado del ejército.
Sin embargo, tanto el expediente militar de los detenidos como los documentos judiciales a los que ha tenido
acceso the Guardian revelan que:
- Díaz, un militar veterano y condecorado de las fuerzas
especiales fue nombrado jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército en 2015
y cuando Cáceres fue asesinada iba a ser ascendido a teniente coronel.
- Otro de los sospechosos, el teniente Douglas Giovanny
Bustillo, se alistó en el ejército el mismo día que Díaz y sirvieron juntos. La
acusación afirma que siguieron en contacto después de que Bustillo se retirara
en 2008.
- Tanto Díaz como Bustillo recibieron formación militar en Estados Unidos.
- Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández,
era un francotirador de las fuerzas especiales que había servido bajo las
órdenes directas de Díaz. La acusación cree que cuando dejó el ejército en 2013
siguió trabajando como informante de los Servicios de Inteligencia.
Los documentos judiciales también incluyen el registro de mensajes de teléfonos móviles. La acusación cree que
algunos mensajes en código hacen referencia al asesinato.
El registro de llamadas y la declaración de Hernández confirman que en las semanas anteriores al asesinato,
Bustillo y Hernández se desplazaron en varias ocasiones hasta la localidad de
La Esperanza, donde vivía Cáceres. “El asesinato de Berta Cáceres tiene
todos los elementos de una operación bien planeada y diseñada por los servicios
de inteligencia del ejército, donde es absolutamente normal contratar a civiles
para que asesinen a alguien”, explica a the Guardian una fuente
legal que conoce bien la investigación.
“Es inimaginable que alguien del perfil de Cáceres, cuyo activismo se había convertido en un problema para el
gobierno, pueda ser asesinada sin la autorización, aunque sea implícita, de los
altos mandos del ejército”.
El Ministro de Defensa de Honduras no ha querido hablar con the Guardian,
pero el responsable de las fuerzas armadas ha negado
recientemente que en el país operen escuadrones de la muerte.
La conexión Agua Zarca
También han sido detenidos cinco civiles sin antecedentes
militares. Uno de ellos es Sergio Rodríguez, uno de los responsables de Agua
Zarca, el proyecto financiado con capital extranjero para la construcción de
una presa hidroeléctrica que Cáceres quería frenar.
Dirige este proyecto Desarrollos Energéticos SA, (Desa), una empresa vinculada al gobierno y al ejército. El
presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un exoficial de los
servicios de inteligencia del ejército y el secretario, Roberto Pacheco Reyes, es un
exministro de justicia. De 2013 a 2015 el exteniente Bustillo trabajó como
responsable de los servicios de seguridad de la empresa.
En relación a su campaña contra la presa, Cáceres había denunciado 33 amenazas de muerte; en algunos casos habían
sido los mismos trabajadores de Desa los que la habían amenazado. Desa niega
tener nada que ver con su asesinato.
Cáceres fue asesinada sobre las 23.30 del 2 de marzo, cuando un grupo formado por al menos cuatro sicarios
entraron en la comunidad cerrada situada en las afueras de La Esperanza donde
se había mudado recientemente. Varios testigos han explicado a the Guardian
que, si bien el puesto de control situado en la entrada de la comunidad normalmente estaba custodiado por
soldados o policías, esa noche estaba vacío.
En un inicio, los investigadores sugirieron la hipótesis de que Cáceres había sido asesinada por un examante o
por un compañero de trabajo descontento. Sin embargo, tras el clamor de la
comunidad internacional, las autoridades detuvieron a Díaz, Bustillo y dos sospechosos
más en mayo de 2016.
Hernández, que semanas más tarde fue detenido en México, es el único
sospechoso que ha declarado ante un juez. Ha reconocido su participación, si
bien ha asegurado que lo hizo bajo coacción.
Los ocho detenidos han sido acusados de asesinato e intento de asesinato. Los otros siete detenidos han negado su
implicación con el crimen o no han declarado ante el juez. La acusación asegura
que el historial telefónico presentado ante el juez demuestra que la
comunicación entre los tres militares era constante. Este historial incluye un
mensaje de texto en el que se mandan mensajes claves sobre el pago a un
sicario.
La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa afirma que varios expertos estadounidenses han participado en la
investigación desde el principio.
El senador Ben Cardin, uno de los miembros de más alto
rango de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, ha indicado que
Estados Unidos no debe dar un apoyo incondicional a Honduras. “Es fundamental
que no solo reforcemos nuestros compromiso con el Estado de Derecho de Honduras
sino que exijamos una mayor rendición de cuentas cuando se cometen abusos
contra los derechos humanos y ataques contra la población civil”.
La lista negra
El año pasado, the Guardian publicó las declaraciones de
un soldado hondureño que aseguró que había visto el nombre de Cáceres en una
lista negra que circulaba entre las unidades del ejército formadas por Estados Unidos.
El sargento primero Rodrigo Cruz afirmó que las dos unidades de élite recibieron una lista con los nombres y las
fotografías de activistas, y también recibieron la orden de matarlos. El comandante de la unidad
de Cruz optó por desertar. Al resto de la unidad se les concedió un permiso.
En otra entrevista posterior con the Guardian, Cruz explicó que los jefes del Estado Mayor del
Ejército entregaron esta lista al comandante del equipo interinstitucional
especial Xatruch, de la que forma parte su unidad.
Cruz, que no quiso que the Guardian utilizara su nombre real por
miedo a represalias, desertó tras el asesinato de Cáceres y permanece oculto
desde entonces.
Después de que the Guardian publicara el reportaje,
James Nealon, el embajador de Estados Unidos en Honduras, se comprometió a
investigar lo sucedido. En una entrevista que concedió la semana pasada afirmó
que han removido cielo y tierra. “Creo que tanto yo como mi equipo
hemos hablado con todas las personas con las que podíamos hablar y nadie ha
elaborado esta lista”, indicó Nealon.
Sin embargo, Nealon reconoció que la embajada no ha hablado con el comandante de Xatruch. Además, ni la embajada ni
las autoridades hondureñas han hablado con activistas que tienen información
sobre la supuesta lista negra.
Lauren Carasik, profesora de Derecho en la Western New England University afirma que Estados Unidos apoya
incondicionalmente a Honduras y permitirá que los autores intelectuales del asesinato de Cáceres y de otros
destacados activistas sigan en libertad.
“Washington no puede dar la espalda a las pruebas cada vez más sólidas de la participación del ejército hondureño
en el asesinato extrajudicial de Cáceres”, concluye.
Apoyo militar
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de
seguridad, así como la impunidad de los autores, son algunas de las violaciones
de los derechos humanos más graves que se cometen en Honduras.
A pesar de ello, Estados Unidos es el país que brinda un mayor apoyo militar y policial a Honduras. El año pasado
la ayuda fue de 18 millones de dólares.
En los últimos años, la ayuda estadounidense se ha centrado en la formación de las fuerzas especiales, que
nacieron en la década de los ochenta, en el contexto de la “guerra sucia”. Estas
unidades de élite luchan contra el terrorismo, el crimen organizado y las bandas
de criminales. Sin embargo, los activistas afirman que en la actualidad estas
unidades también sirven para atacar a todos los líderes de la sociedad civil
que cuestionan la gestión del gobierno.
Los ataques contra los activistas no han hecho más que aumentar desde un golpe de Estado respaldado por militares en
2009, que derrotó al presidente Manuel Zelaya. Desde entonces, han sido
asesinados más de 124 ecologistas y defensores del derecho a la tierra.
Una investigación impulsada recientemente por la organización Global Witness, que lucha contra la
corrupción, mostró que las élites políticas, empresariales y militares del país
participan activamente en megaproyectos que son muy nocivos para el medio
ambiente. Este tipo de proyectos no han hecho más que crecer desde el golpe de Estado.
Una de las regiones más conflictivas del país es la de Bajo Aguán, situada en el norte de Honduras. Allí, los
campesinos y las compañías productoras de aceite de palma libran un conflicto
por el uso y tenencia de tierras que ya ha causado más de 130 muertes en los
últimos seis años.
En el Bajo Aguán está desplegado el 15º batallón; una de las dos unidades especiales del ejército hondureño, así
como el centro de entrenamiento de las fuerzas especiales.
Dos de los sospechosos, Díaz y Hernández, sirvieron juntos en el 15º batallón. La unidad de élite de Cruz
también estuvo desplegada en el Bajo Aguán.
El embajador Nealon afirma que no tiene constancia de que Díaz, Hernández o Bustillo hayan participado en los
cursos de formación ofrecidos por Estados Unidos en Honduras.
“Nuestros programas de formación para policías o soldados no están pensados para enseñarles a cometer
violaciones de derechos humanos o crear una atmósfera que les haga creer que
pueden hacerlo, de hecho, más bien todo lo contrario”, explica.
Los expedientes militares hondureños muestran que Díaz participó en varios cursos de contrainsurgencia en las bases
de las fuerzas especiales de Tegucigalpa y en el Bajo Aguán.
También participó en un taller de mando para cadetes en Fort Benning, en el estado de Georgia, en 1997, y un
curso de contraterrorismo en la Academia de Fuerzas Aéreas Interamericanas en 2005.
Los documentos del juzgado también muestran que cuando fue detenido, Díaz, de 44 años, estaba siendo investigado
por tráfico de droga y secuestro, y al mismo tiempo seguía estudiando para
tener opción a un ascenso.
Los expedientes militares muestran que en 1997 Bustillo participó en cursos de logística y artillería en la
Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, donde se entrenaron cientos
de soldados de América Latina que más tarde cometieron abusos contra los
derechos humanos.
Traducción de Emma Reverter
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