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Comunicados de prensa
Afganistán: Sin justicia para los miles de
civiles muertos en operaciones de EE. UU. y la OTAN
Amnistía Internacional
11 agosto 2014
No se ha hecho justicia para las familias de los miles de civiles afganos muertos a manos de
las fuerzas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán, afirma Amnistía
Internacional en un nuevo informe publicado hoy. Dedicado sobre todo a los
ataques aéreos y las incursiones nocturnas realizadas por las fuerzas
estadounidenses, incluidas las Fuerzas de Operaciones Especiales, Unfinished
Business revela que ni siquiera se han investigado ni castigado crímenes de guerra manifiestos.
“Miles de afganos han muerto o resultado heridos a manos de las fuerzas estadounidenses desde la
invasión, pero las víctimas y sus familias tienen pocas oportunidades de
obtener una reparación. El sistema de justicia militar estadounidense casi
nunca hace rendir cuentas a sus soldados por homicidios ilegítimos y otros
abusos”, declaró Richard Bennett, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
“Ninguno de los casos que analizamos —que abarcan más de 140 muertes de civiles— fueron
enjuiciados por el ejército estadounidense. Aparentemente, se ha hecho caso
omiso de los indicios de posibles crímenes de guerra y homicidios ilegítimos.”
El informe documenta con detalle las deficiencias en la rendición de cuentas por las
operaciones militares estadounidenses en Afganistán y pide al gobierno afgano
que se asegure que garantiza la rendición de cuentas por homicidios ilegítimos
de civiles en cualquier acuerdo de seguridad bilateral que firme en el futuro
con la OTAN y Estados Unidos.
Amnistía Internacional investigó con detalle 10 incidentes producidos entre 2009 y 2013
en los que las operaciones militares estadounidenses causaron la muerte de al
menos 140 civiles, entre los que había mujeres embarazadas y al menos 50 niños.
La organización entrevistó a alrededor de 125 testigos, víctimas y familiares,
muchos de los cuales nunca habían prestado declaración ante nadie hasta ese momento.
Dos de los casos —el ataque de las Fuerzas de Operaciones Especiales contra una vivienda en la
provincia de Paktia en 2010 y las desapariciones forzadas, torturas y
homicidios cometidos en los distritos de Nerkh y Maidan Shahr (provincia de
Wardak) desde noviembre de 2012 hasta febrero de 2013— contienen indicios
abundantes y de peso de crímenes de guerra. Nadie ha sido enjuiciado penalmente
por ninguno de ellos.
Qandi Agha, que estuvo detenido bajo custodia de las Fuerzas Especiales estadounidenses en Nerkh
a finales de 2012, habló de las sesiones de tortura a que fue sometido a
diario. “Cuatro personas me pegaban con cables. Me ataban las piernas y me
pegaban en las plantas de los pies con un palo. Me daban puñetazos en la cara y
patadas. Me golpeaban la cabeza contra el suelo.” También dijo que le metieron
la cabeza en un barril de agua y que le aplicaron descargas eléctricas.
Agha declaró que en las sesiones de tortura participaron fuerzas estadounidenses y afganas. También
afirmó que cuatro de los ocho presos que estaban recluidos con él murieron bajo
custodia estadounidense, y que presenció la muerte de Sayed Muhammed, uno de ellos.
Las investigaciones penales formales sobre muertes de civiles en Afganistán son muy poco
frecuentes. Amnistía Internacional sólo tiene información de seis casos desde
2009 en los que se ha juzgado a personal militar estadounidense.
Según el derecho internacional humanitario (las leyes de la guerra), no todas las muertes de
civiles ocurridas en un conflicto armado implican una infracción legal. No
obstante, si hay datos que indiquen que la muerte de civiles ha sido deliberada
o indiscriminada, o parte de un ataque desproporcionado, el incidente exige una
investigación sin demora, exhaustiva e imparcial. Si dicha investigación concluye
que se violaron las leyes de la guerra, debe iniciarse un enjuiciamiento.
De las decenas de testigos, víctimas y familiares con los que habló Amnistía Internacional
durante su investigación para este informe, sólo dos personas dijeron que
habían sido entrevistadas por investigadores militares estadounidenses. En
muchos de los casos incluidos en el informe, el ejército estadounidense o los
portavoces de la OTAN anunciaron que se iba a abrir una investigación, pero no
facilitaron más información sobre sus progresos o sus conclusiones, dejando a
las víctimas y familiares en la ignorancia.
“Instamos al ejército estadounidense a que investigue inmediatamente todos los casos
documentados en nuestro informe, y todos los demás casos de muertes de civiles.
Las víctimas y sus familias merecen justicia”, afirmó Richard Bennett.
El principal obstáculo para que se haga justicia a las víctimas afganas y sus familias es el
sistema de justicia militar estadounidense, lleno de graves deficiencias.
Este sistema es en esencia una forma de autorregulación impulsada por los mandos militares y, en gran
medida, se basa en las versiones de los propios soldados de sus actuaciones
para evaluar la legalidad de una operación determinada. Al carecer de un
ministerio fiscal independiente, los soldados y mandos deben informar por
propia iniciativa de posibles violaciones de derechos humanos. El conflicto de
intereses es evidente.
En las excepcionales ocasiones en que un caso llega a la fase de enjuiciamiento, la
ausencia de independencia de los tribunales militares estadounidenses suscita
gran preocupación. Es muy poco frecuente que se invite a los propios afganos a
testificar en estos casos.
“Existe la necesidad urgente de reformar del sistema de justicia militar estadounidense. Estados Unidos debería aprender de
otros países, muchos de los cuales han dado pasos gigantescos en los últimos
años para dotar de carácter civil a sus sistemas de justicia militar”, concluyó
Richard Bennett.
El informe documenta también la falta de transparencia de las investigaciones y
enjuiciamientos por homicidios ilegítimos de civiles en Afganistán. El ejército
estadounidense oculta los datos globales sobre rendición de cuentas por
víctimas civiles y rara vez facilita información sobre casos individuales. El
sistema de libertad de información estadounidense, creado para garantizar la
transparencia cuando los organismos oficiales no proporcionan información, no
funciona efectivamente cuando se trata de víctimas civiles.
Amnistía Internacional insta también al gobierno afgano a que establezca de inmediato su
propio mecanismo para investigar los abusos cometidos por las Fuerzas de
Seguridad Nacionales Afganas, que asumirán toda la responsabilidad de combate a
finales de 2014.
Fuente: http://www.amnesty.org/es/for-media/press-releases/afganistan-no-justicia-miles-civiles-muertos-operaciones-eeuu-otan-2014-08-11
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