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Revolución #130, 25 de mayo de
2008
Controversia por negativa de la Escuela de Derecho de Berkeley de despedir
al “facilitador” de Bush
¡El profesor John Yoo tiene sangre en las
manos!
Reggie Dylan
La publicación el 1º de abril del tristemente célebre “memorando de tortura”
redactado en marzo de 2003 por John Yoo, ex abogado general del Departamento de
Justicia, ha llevado al Gremio Nacional de Abogados (NLG), al Centro pro
Derechos Constitucionales, así como a muchos individuos y organizaciones como El
Mundo No Puede Esperar, a demandar que lo despidan de su cátedra en la
prestigiosa Escuela de Derecho Boalt Hall de la Universidad de
California-Berkeley. La demanda de despedirlo (y de inhabilitarlo para el
ejercicio de la abogacía y que lo procesen por crímenes de guerra) ha prendido
una controversia y oposición de unos expertos y académicos en derecho que lo
consideran un intento de despedirlo por sus reaccionarias opiniones políticas y,
por tanto, un ataque a la “libertad académica”.
Pero la demanda de despedirlo no se debe a sus conocimientos académicos. John
Yoo ha cometido crímenes de guerra. Es el principal arquitecto de la política de
tortura, abierta, legal de Estados Unidos.
El memorándum de “tortura” que escribió Yoo en marzo de 2003 aconsejó al
Pentágono que las leyes y tratados que prohíben la tortura y otras formas de
abuso no aplican a los interrogadores estadounidenses debido a los supuestos
poderes del presidente en tiempo de guerra. También aseguró al gobierno de Bush
que la Oficina del Consejero Jurídico (OLC) del Departamento de Justicia no lo
acusaría bajo leyes criminales estadounidenses, entre ellas estatutos federales
contra la tortura, el asalto, la mutilación y el acecho, en la detención e
interrogación de combatientes enemigos “ilícitos”.
Según Human Rights Watch, más de cien personas han muerto en detención
estadounidense durante la supuesta guerra contra el terror. Encontró 11 casos en
que la muerte resultó de la tortura, y otros conectados con la tortura. El
documental premiado Taxi al lado oscuro descubre lo extendidas que son
estas prácticas escalofriantes de Estados Unidos que se han calificado de
“tortura a una escala industrial”. Se desenvuelve a través de la historia de un
taxista inocente a quien lo interrogaron y mataron interrogadores
estadounidenses en el reclusorio Bagram en Afganistán1 . Muchas
otras películas y libros están sacando a la luz estos crímenes de guerra.
John Yoo jugó un papel activo, deliberado y dirigente en posibilitar todo
eso. Como ayudante adjunto al fiscal del procurador general del Departamento d
Justicia, escribió memorandos clave y dictó opiniones clave que asesoraban a
altos oficiales del gobierno sobre la interpretación de la OLC de lo que era y
no era legal.
El “Consejo de guerra” jurídico de Bush
Yoo no es el único —específicamente no el único abogado—culpable de
crímenes de guerra en el gobierno de Bush. Las decisiones más importantes de
política jurídica en la “guerra contra el terror” las hizo el autonombrado y
selecto “Consejo de guerra”: el abogado de la Casa Blanca Alberto Gonzales; Yoo;
David Addington, abogado general de Cheney; y Jim Haynes, abogado general de
Rumsfeld. Para este grupo de abogados de la cúpula, unas leyes estadounidenses
e internacionales que entraron en vigor por Vietnam y Watergate eran el
obstáculo que más ataban las manos del gobierno de Bush tras el 11-S. Por ende
se empeñaron a crear las teorías e “interpretaciones” jurídicas para
burlarlas.
John Yoo y los otros abogados asesoraron al gobierno de Bush que podía pasar
por alto las leyes estadounidenses tanto como internacionales. Por ejemplo, el
1º de agosto de 2002, una opinión que escribió Yoo declaró que las técnicas
usadas para interrogar a miembros de al Qaeda no violaron la Convención de la
ONU Contra la Tortura, que Estados Unidos ratificó en 1994. Otra opinión que
escribió Yoo conjuntamente con otro y que se publicó el mismo día contenía su
tristemente famosa “reinterpretación” de lo que constituye la tortura. Según
Yoo, ahora solo se podría definir la tortura estrechamente como “la intensidad
del dolor que equivale al dolor provocado por una grave herida física, como la
insuficiencia o la incapacidad de funcionar de un órgano vital, o incluso la
muerte”. En un diálogo público con un profesor de Notre Dame, Douglass Cassel,
en 2006, Yoo dijo que no hay ninguna ley que prohíba al presidente autorizar que
le machaquen los testículos a un niño frente al padre para sacarle
información.
El memorándum de Yoo era típico del método que han usado los asesores
jurídicos de Bush: reinterpretar leyes para eliminar su efecto o hacerlas servir
a las necesidades de su gobierno, sin anularlas. En este caso, no aprobaron la
tortura, simplemente la “redefinieron”. Esto permitió que Bush y otros
torturaran a combatientes enemigos y que a la vez declararan que “No
torturamos”.
He aquí un ejemplo del papel dirigente del “Consejo de guerra”: una opinión
que escribió Yoo conjuntamente con otro que se publicó el 9 de enero de 2002
concluyó que la Convención de Ginebra no se aplica a los detenidos de al Qaeda o
el Taliban. Dos semanas más tarde, Alberto Gonzales firmó un memorándum a Bush
que calificó la “guerra contra el terror” de un “nuevo tipo de guerra” y un
“nuevo paradigma”, por el cual las “estrictas limitaciones sobre la
interrogación de prisioneros enemigos” que impone Ginebra son “obsoletas”, hasta
“curiosas”. Estos abogados captaban que sin Ginebra, habría mucho menos peligro
de acusaciones criminales bajo la Ley Estadounidense de Crímenes de Guerra.
Ya protegido por estos argumentos jurídicos, Bush anunció el 7 de febrero de
2002 que ninguno de los detenidos en Guantánamo, sin importar si se les
sospechara o no de ser del Taliban o al Qaeda, podría contar con las
protecciones de la Convención de Ginebra, ni siquiera la parte conocida como el
Artículo Común 32 . De nuevo con su modus operandi típico de doble faz, los
asesores y funcionarios jurídicos de peso seguían diciendo que defendían de
lleno la Convención de Ginebra Contra la tortura. De plano concluyeron que las
protecciones de la Convención no se aplicaban a los combatientes enemigos
“ilícitos” que actúan fuera del ámbito de un estado.
En testimonio ante un subcomité del Comité de Asuntos Jurídicos de la Cámara
de Representantes el 6 de mayo, la profesora de derecho y presidenta del Gremio
Nacional de Abogados Marjorie Cohen demostró claramente lo que sabían plenamente
los asesores jurídicos de Bush: que la tortura se prohíbe en toda
circunstancia y cualquier violación constituye un crimen de guerra. Explicó
que la tortura, al igual que el genocidio, la esclavitud y las guerras de
agresión, está sujeta al principio jurídico internacional de jus
cogens, frase latina que significa “derecho más alto” o “derecho
imperioso”: “Significa que ningún país puede aprobar nunca una ley que permita
la tortura. No puede haber inmunidad de responsabilidad criminal por violar una
prohibición de jus cogens”. Citó la Convención de la ONU Contra la
Tortura: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales
como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o
cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.
Sin embargo es precisamente lo que asesoraron Yoo y los otros miembros del
Consejo de guerra que sí se podría hacer, y lo que hizo a su vez el gobierno de
Bush. En referencia al memorándum de Yoo de marzo de 2003 y el previo del agosto
de 2002, la profesora Cohen dijo que Yoo y otros abogaods de la OLC “escribieron
memoranda a petición de autoridades de alto rango para protegerlos de
acusaciones en el futuro por someter a la tortura a los detenidos”. Estos
memoranda abrieron el camino para Abu Ghraib y otros crímenes, y proveeron la
justificación jurídica para la tortura que ya había sucedido.
De hecho sí existe una prueba irrefutable de culpabilidad: un “Memorándum de
Acción” del 2 de diciembre de 2002 titulado “Técnicas contra la resistencia”,
redactado por Jim Haynes del Consejo de Guerra para la aprobación de Rumsfeld.
El autor y profesor de derecho Philippe Sands, en una entrevista en
Democracy Now! (Democracia ahora), el 8 de mayo, señaló que Haynes se
basó en el memorándum de Yoo de agosto de 2002 para escribir ese memorando, al
cual adjuntó 18 nuevas técnicas específicas que violan el Artículo común 3 de
Ginebra, como el submarino. Se aprobaron en el acto todas, menos tres, y no se
descartó ninguna, ni siquiera el submarino. Rumsfeld escribió a mano en el
margen de este memorándum: “Estoy a favor de 8 a 10 horas al día. ¿Por qué no
hay que mantenerlos parados solo 4 horas?”. En realidad, obligar a presos a
estar parados durante mucho tiempo es una técnica de tortura de la CIA.
Las bitácoras que recién salieron a la luz revelan que 10 días antes
de que se aprobaran estos métodos, ya empezaron a someter a un prisionero en
Guantánamo a lo que serían 57 días de estos nuevos procedimientos “mejorados”.de
interrogación. Y muchos de ellos ya los habían usado sístematicamente con el
“detenido 063”, alias Mohammad al-Qahtani, acusado de ser el “pirata áereo
número 20”. En un comunicado de prensa del 13 de mayo, el Centro pro Derechos
Constitucionales (CCR), como representante de al-Qahtani, señaló que entre las
técnicas de tortura “aprobadas” figuraban golpizas, privación severa del sueño
combinada con interrogatorios de 20 horas durante meses seguidos; amenazas
contra él y su familia; revisión corporal y desnudarse para la misma;
humillación sexual; ataques con perros; posiciones sumamente dolorosas durante
horas; sometimiento a bajas temperaturas y música a todo volumen durante largos
períodos de tiempo; y más. Esto indica que el memorándum del 2 de diciembre de
2002 daba un aval jurídico por violaciones ya cometidas de la Ley de Crímenes de
Guerra.
Muchas de estas técnicas de tortura son idénticas a las que usaron en Ahu
Ghraib que al descubrirse horrorizaron al mundo, pero —según juraban las
autoridades estadounidenses— eran actos no autorizados de soldados rasos
aislados.
Un criminal de guerra, no un académico
controvertido
La demanda de despedir a John Yoo, inhabilitarlo para el ejercicio de la
abogacía y procesarlo por crímenes de guerra (en compañía de otros abogados y
autoridades del gobierno de Bush) ha prendido una fuerte controversia entre unos
académicos en derecho, que desafortunamente desde un punto de vista muy estrecho
consideran el caso un ataque a la titularidad y la “libertad académica”, es
decir, castigar a un catedrático por sus ideas, por repugnantes que sean. Unos
han comparado el caso con el despido injusto en julio de 2007 del profesor Ward
Churchill de su cátedra con titularidad en la Universidad de Colorado.
Pero no existe fundamento alguno para comparar la demanda para despedir y
procesar a Yoo con la cacería de brujas derechista que atacó a Churchill
solamente por los comentarios controvertidos que escribió tras el 11-S y los usó
para despedirlo3 . El despido de Churchill es parte de una embestida contra la
libertad académica y el pensamiento crítico encabezada por fuerzas
reaccionarias, como David Horowitz, estrechamente vinculadas con la cúpula de
poder. Como escribió el presidente del CCR Michael Ratner en el libro próximo a
salir, The Trial of Donald Rumsfeld (El juicio de Donald Rumsfeld), los
memoranda que escribió Yoo no eran simplemente actividades académicas. “Los
escribieron abogados de alto rango en un contexto en el cual las opiniones
representaban la ley gobernante y las emplearía el presidente para formular la
política sobre los detenidos. No era simplemente interpretar mal el derecho sino
instigar y segundar al cliente en la violación de la ley justificando la
comisión de un delito con una retórica jurídica falsa”.
No sería correcto pedir el despido de Yoo si fuera simplemente un académico
derechista que había escrito y expresado opiniones muy reaccionarias y
repugnantes (en el curso de trabajo académico y en otras esferas), aunque
aprobara la tortura. Habría que discutir con una persona de esa posición en el
debate, pero hay que oponerse al despido de un profesor por sus opiniones. Sin
embargo, Yoo no es simplemente un académico con ideas controvertidas. Como
miembro importante del equipo de abogados del gobierno de Bush, estaba
activamente involucrado en la legalización de la tortura y otros horrores.
Otro argumento que ha recibido apoyo se encuentra en la declaración del
decano de Boalt Hall, Christopher Edley, Jr., en la cual se opone al llamado a
despedir a Yoo. Edley, que ha tenido dos puestos en la Casa Blanca en el pasado,
afirma que existe “una línea divisora compleja e indescriptible entre la
formulación de la política y la aprobación de la ley”. Argumentó que cómo se
comportó Yoo al dar asesoraría jurídica no es moralmente equivalente a las
acciones de Rumsfeld o de los interrogadores de Guantánamo. Dice: “Sí importa
que Yoo haya sido un jurisconsulto, pero el presidente Bush y los encargados de
la securidad nacional que él nombró eran los que decidieron”.
Pero sí hay precedente para procesar a abogados que han jugado este tipo de
papel de asesor para poner los cimientos jurídicos por posteriores delitos. Como
parte de los juicios de Nuremberg que procesaron a líderes, oficiales y
funcionarios nazis tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos enjuició a 16
abogados del Departamento de Justicia de Alemania por crímenes de guerra y de
lesa humanidad y por militar en organizaciones criminales. No los exoneró el
hecho de que no manejaban por su cuenta las cámaras de gas sino que solo crearon
el marco jurídico que protegían a aquellos que sí las manejaban. (El caso,
E.U. v. Josef Altstotter y otros, mejor conocido como el “Juicio de los
ministros”, se hizo famoso por la película de 1961 El juicio de
Nuremberg, un relato novelado del juicio.)
Philippe Sands, en su nuevo libro Torture Team: Rumsfeld’s Memo and the
Betrayal of American Values (Equipo de tortura: El memorándum de Rumsfeld y
la traición a los valores estadounidenses), escribe: “La acusación [en el
“Juicio de los ministros”]... era que aquellos que encabezaban el sistema
jurídico alemán habían ‘suprimido la ley de manera consciente y deliberada’ y
contribuido a crímenes, como la tortura, que ‘se cometieron con el aval del
proceso jurídico’”. El fiscal argumentó que “No por la toga puede más escaparse
de su responsabilidad el hombre del sistema jurídico que el general por el
uniforme”.
Sin embargo, en este país tanto el “general uniformado” como “el hombre
togado” continúan escapándose de la responsabilidad de sus crímenes pasados,
presentes y planeados para el futuro. El hecho de que aún no se les imputa la
responsabilidad no tiene que ver con su culpabilidad. El gobierno de Bush, con
su “guerra contra el terror”, ha puesto a Estados Unidos en el camino de
extender el imperio y ha establecido un marco con el cual se ha comprometido la
clase dominante en conjunto. Dentro de eso, hay riñas intestinas sobre cómo
mejor lograr los fines del imperio, y el tema de la tortura figura en ellas.
Urge transformar esta fea realidad actual y, como parte de eso, hay
que apoyar y unirse a la campaña para despedir a Yoo y responsabilizar a los
criminales de guerra. No hacerlo —o peor, defender o proteger a criminales y
facilitadores como Yoo hoy día, ante sus horribles crímenes— es hacerse
cómplice. La falta de indignación en toda la sociedad contra la tortura a estas
alturas no augura nada bueno; indica lo legítimo y lo normal que ha llegado a
ser, como parte de los preparativos generales para normas facistas. Ya es muy
tarde. Ya es hora de los héroes, ya es hora de que millones del pueblo vean la
realidad como es, para que se pueda cambiar radicalmente.
Fuentes:
Chronicle
of Higher Education blog, “Should John Yoo Be Fired?”, 17 de abril de
2008
Cohn, Marjorie, testimonio ante el Subcomité sobre la Constitución, Comité de
la Cámara sobre asuntos jurídicos de derechos civiles y libertades civiles, 6 de
mayo de 2008
Cohn, Marjorie, “Centro pro Derechos Constitucionales Rights apoya demanda
del NLG para el despido y juicio a John Yoo,” Centro de Noticisas Common Dreams,
17 de abril de 2008
Horton, Scott, “Which
came first: memos or torture?” Los Angeles Times, 21 de abril de
2008
Jaschik, Scott, “Torture or Tenure,”
InsideHigherEd.com
Leiter, Brian, “‘American Freedom Campaign’ Organizing E-Mail-Campaign to
Fire John Yoo,” leiterreports.typepad.com/blog/2008/04/american-freedo.html
Rosen, Jeffrey, “Conscience of a Conservative,”The New York Times, 9 de septiembre de 2007
Sands, Philippe, Torture Team: Rumsfeld’s Memo and the Betrayal of
American Values, (New York: Palgrave MacMillan, 2008)
Sands, Philippe, “The Green Light,” Vanity
Fair, mayo de 2008
Sands, Philippe, entrevista por Scott Horton, The
New Republic, 22 de abril de 2008
Van Bergen, Jennifer, “John Yoo: The President’s Executioner,” http://jvbline.org/line/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
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