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28-09-2008
El gobierno estadounidense afirma que seis años es un plazo insuficiente para preparar
pruebas
Los juicios de Guantánamo
Andy Worthington
CounterPunch
Traducido al inglés por Rebelión por Sinfo Fernández
Imagínese Vd. que le agarran en Afganistán o en Pakistán, donde Vd. era, posiblemente, un
hombre absolutamente inocente, y que le venden para conseguir una recompensa, o
que era un soldado musulmán combatiendo contra otros musulmanes en una guerra
civil cuyas raíces arrancan de la resistencia ante la ocupación soviética de la
década de 1980, que fue parcialmente financiada por los Estados Unidos.
Imagínese después que, tras ser tratado con atroz brutalidad por las fuerzas
estadounidenses, no le dan oportunidad alguna para poder demostrar que es un
hombre inocente atrapado por error, un soldado, o la víctima de cazadores de
recompensas, y a cambio le obligan a meterse en vuelo que le traslada al otro
confín del mundo hasta una prisión experimental situada fuera del país de sus
captores, donde le empiezan a interrogar sobre sus conexiones con al-Qaida y
Osama bin Laden.
En ningún momento se le ofrece la protección de las Convenciones de Ginebra (de las que
sus captores son signatarios), que se aprobaron para impedir el “trato
humillante y degradante” a los prisioneros atrapados durante tiempo de guerra y
también para impedir el empleo de la fuerza en los interrogatorios (se les
pueden hacer preguntas pero está prohibida cualquier forma de “coacción física
o mental”). Sin embargo, al esforzarse en contestar a las preguntas que le
hacen –quizá porque no sabe nada ni sobre al Qaida ni sobre Osama bin Laden-,
no sólo es interrogado implacablemente, sino que es sometido a toda una
colección de “técnicas de interrogatorio potenciadas” [*], que violan la
Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y otros Tratos o Castigos
Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la cual sus captores son también
signatarios.
Imagínese ahora que, después de seis años y medio de encarcelamiento –durante los cuales,
a diferencia de los criminales culpables del continente estadounidense, Vd.
nunca ha sido acusado ni juzgado y tampoco se le ha permitido ni una sola
visita de sus seres queridos-, el más alto tribunal legal estadounidense, en Boumediene v. Bush,
decide que Vd. tiene derecho al habeas corpus; es decir, derecho a saber
por qué se le mantiene detenido. Y finalmente, imagínese que, en respuesta a
esa legislación, cuando los jueces responsables de examinar las revisiones han ordenado que
esos casos deben abordarse “tan rápidamente como sea posible” y fijan unos
límites que el gobierno debe cumplir, sus captores dan media vuelta y dicen
que, después de mantenerle 2.444 días en Guantánamo, necesitan más tiempo para
preparar el caso contra Vd.
Creo que Vd. se sentiría horrorizado y llegaría a la conclusión de que ese gobierno está
dilatándolo todo por motivos políticos, confiando en evitar así una humillación
antes de las elecciones presidenciales y tratando, sobre todo, de impedir una
repetición del veredicto de Parhat v. Gates, el
único caso revisado desde que el Tribunal Supremo emitió su legislación en
junio, en el cual los jueces –ni más ni menos que dos conservadores y un
liberal- dictaminaron que la designación de Huzaifa Parhat, un musulmán chino,
como “enemigo combatiente” era “nula” y fustigó la calidad de la prueba
presentada por el gobierno como algo parecido a un poema disparatado de Lewis
Carroll, autor de “Alicia en el país de las maravillas”.
Y creo que no andaban muy descaminados con esa opinión. Cuando el Tribunal Supremo dictaminó
que los prisioneros tenían derecho a una “rápida vista del habeas corpus”
y añadió que “aunque fuera inevitable algún retraso a la hora de implementar
los nuevos procedimientos, los retenidos bajo vigilancia no deberían soportar
más los costes de esos retrasos”, es verdad que no pensaban, transcurridos ya
alrededor de tres meses, que el gobierno iba a continuar haciéndose el remolón.
Inmediatamente después de la sentencia del Tribunal Supremo, se fijaron una
serie de reuniones para designar los jueces que debían revisar los 250 casos y
fijar fechas para que el gobierno y los abogados defensores de los prisioneros
presentaran sus pruebas. El 11 de julio, la Corte del Distrito encargada de las
revisiones “le ordenó al gobierno que presentara los informes a un ritmo de
cincuenta por mes, y los primeros cincuenta en la fecha límite del 29 de agosto
de 2008”.
Sin embargo, “justo antes de la medianoche” del 29 de agosto, con sólo 22 informes entregados,
el gobierno presentó una “moción instantánea” pidiendo más tiempo, alegando que
“sencillamente no había sido consciente de la extensión de los desafíos
planteados por la gran necesidad que esos casos tenían de información
clasificada cuando propuso completar la primera serie de informes sobre los
hechos para finales de agosto”, y pidiendo un “alivio parcial y temporal” de la
orden del 11 de julio. Concretamente, como señaló el juez Hogan en su opinión
emitida el 19 de septiembre, el gobierno pidió una ampliación de treinta días.
Personalidades de alto nivel –el Consejo General en funciones del Departamento
de Defensa, el Ayudante del Fiscal General para la División Civil del
Departamento de Justicia, y el Director de la CIA- explicaron “los importancias
recursos y esfuerzos que el gobierno había dedicado a preparar los informes
sobre los hechos y el riesgo de dañar la seguridad nacional implícita en ellos
al tener que dar a conocer información clasificada a personas situadas fuera de
la Rama del Ejecutivo”.
El juez Hogan, después de señalar que aplazar el plazo un mes no suponía ningún alivio
“parcial” ni “temporal”, estuvo de acuerdo en conceder la petición del
gobierno. Afirmó que, tras revisar las declaraciones, “el Tribunal se siente
satisfecho de que el gobierno no esté dilatándose en un intento por retrasar
esas cuestiones más allá de lo que es necesario para establecer las
protecciones necesarias a la seguridad nacional asociadas con la
desclasificación de información reservada. Estos casos no son normales y
corrientes; implican cantidades importantes de información sensible y
clasificada sobre individuos de los que el gobierno afirma que eran parte o que
apoyaban a los talibanes o al-Qaida u otras organizaciones contra que EEUU está
inmerso en conflicto armado”.
Sin embargo, el juez Hogan afirmaba también que “el Tribunal admite, a su pesar, la moción
del gobierno”, explicando que “se sentía decepcionado por la falta de
cumplimiento por parte del gobierno del plazo fijado por el Tribunal, debido en
parte a las seguridades recibidas por el gobierno”. Citando declaraciones en
las que el gobierno proclamaba que había “intentado cumplir su objetivo” y que
“continuaría esforzándose por cumplir el requerimiento de cincuenta casos al
mes”, el juez Hogan añadió, mordazmente, que el Tribunal “no estaba simplemente
fijando un ‘objetivo’ para que el gobierno se ‘esforzara’”, sino que estaba,
más bien, “ordenando al gobierno que presentara al menos cincuenta informes de
hechos para finales de mes, seguidos, a partir de entonces, de al menos otros
cincuenta más cada mes hasta que la producción estuviera completa”.
En conclusión, aunque el juez Hogan reconocía que, como el gobierno había
explicado, desde el dictamen del Tribunal Supremo, sus “fiscales y otros
elementos de múltiples agencias han trabajado mucho y duro, noches y fines de
semana”, le recordaba al ejecutivo que “el gobierno mantiene detenidos más de
seis años ya a muchos de esos peticionarios, y ya va siendo hora de
proporcionarles la oportunidad de examinar completamente la legalidad de esa
detención de una manera rápida y significativa”.
Añadió, con un ápice de irritación, que la decisión de conceder a los prisioneros el
derecho a examinar completamente la legalidad de su detención mediante los
desafíos del habeas corpus” no “había caído como una bomba”, como el
gobierno argüía, porque el Tribunal Supremo había dictaminado ya, cuatro años
antes (en Rasul v. Bush), que tenían ese derecho. Este fue, parece, un
comentario mordaz sobre la legislación aprobada por el gobierno tras el caso de
Rasul (el Acta sobre el Trato a los Detenidos y el Acta de las Comisiones
Militares), que fue parcialmente revocada –y declarada inconstitucional- en Boumediene.
La decisión del Tribunal va a suponer muy poco alivio para los prisioneros que se pudren en
Guantánamo mientras el gobierno hace todo lo que está en su poder para evitar
exponer sus razones –o la falta de ellas- para retenerles allí, pero muestra,
al menos, que los jueces responsables de revisar sus casos están prestando
atención.
N. de la T.:
[*] Véase a ese respecto el artículo “Torturando en la oscuridad” de Stephen Soldz, Brad
Olson, Steve Reisner, Jean Maria Arrigo y Bryant Welch: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=70813
Andy Worthington es un historiador británico y autor del libro “The
Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in America’s Illegal
Prison”, publicado por Pluto Press. Su página en Internet es: www.andyworthington.co.uk.
Puede contactarse con él en:
andy@andyworthington.co.uk.
Enlace con texto original:
http://www.counterpunch.org/worthington09242008.html
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