Se forran el bolsillo con muertos
JEREMY SCAHILL
[edición de The Nation del 15 de octubre del 2007)
Están llamándolo el “domingo sangriento de Bagdad.” El 16 de septiembre un
convoy del Departamento de Estado, fuertemente armado y escoltado por la
compañía Blackwater USA, iba a gran velocidad en el sentido opuesto por una
carretera cerca de la plaza Nisour en el atestado barrio Mansour de la capital
de Irak. La policía iraquí buscaba cómo bloquear el tráfico y darle paso al
convoy. En esa situación caótica, un vehículo iraquí entró en la plaza y
supuestamente no obedeció con suficiente rapidez las repetidas instrucciones de
la policía. Los agentes de Blackwater, protegiendo a su cliente estadounidense,
un alto funcionario del Departamento de Estado, abrieron fuego al vehículo,
matando al conductor. Según los testigos, las tropas de Blackwater luego
lanzaron algún tipo de granada al coche, que estalló en llamas. Pero los
pasajeros del vehículo no era una secta pequeña de Al Qaeda en Mesopotamia ni
del Ejército Mahdi, los “insurgentes armados” que Blackwater dijo haber matado
en el informe oficial sobre el incidente. Era una familia iraquí --un hombre,
una mujer y un niño-- y aparentemente su crimen fue asustarse durante una
situación de tráfico caótica. Los testigos dijeron que los cuerpos de la madre y
del niño se fundieron abrazados por las llamas que envolvieron al vehículo.
Se escucharon disparos en la plaza Nisour mientras la gente huía a
protegerse. Los testigos describieron una escena horripilante en que los agentes
de Blackwater disparaban indiscriminadamente. El total de iraquíes muertos
podría ser veintiocho y los doctores dijeron que esa cifra podría aumentar, ya
que unas víctimas continúan en un estado crítico. Un portavoz de Blackwater dijo
que sus agentes “actuaron apropiada y legalmente” y “defendieron heroicamente la
vida de americanos en una zona de guerra.” La versión de Blackwater se la
disputan enérgicamente el gobierno Iraquí, que dice que tiene cintas grabadas
que comprueban que los disparos no se provocaron, y los sobrevivientes también.
“Vi a mujeres y niños que saltaron de los vehículos y se arrastraban por la
carretera para escapar del ataque” --dijo Hassan Jabar Salman, un abogado iraquí
que recibió cuatro disparos en la espalda durante el incidente. “Pero
continuaban disparando y mataron a muchos. Vi a un niño de alrededor de 10 años
que saltó de un microbús por pánico; le dispararon en la cabeza. Su madre le
gritaba. Saltó para seguirle y la mataron también.”
Salman dijo que iba detrás del convoy de Blackwater cuando éste se detuvo.
Los testigos dijeron que oyeron algo como una explosión en la distancia, pero
que fue demasiado lejos para considerarla una amenaza. Salman dijo que los
agentes de Blackwater le ordenaron dar la vuelta y salir de ahí. Un poco
después, comenzaron los disparos. Preguntó: “¿Por qué abrieron fuego? No lo sé.
Nadie – repito nadie – les disparó a ellos. Los forasteros nos dijeron que
volviéramos para atrás y yo me iba a mi coche y por eso no había ninguna razón
para disparar.” En total, añadió, su vehículo recibió doce impactos de bala,
incluyendo cuatro disparos que le penetraron la espalda.
Los disparos en la plaza Nisour han colocado a las fuerzas militares privadas
en Irak – y específicamente las de Blackwater – en las portadas de los
periódicos de todo el mundo, pero ese incidente está lejos de ser una novedad
para la compañía. Lo que es nuevo es la respuesta tajante del gobierno iraquí.
El ministro del interior de Irak anunció dentro de 24 horas del incidente que
iba a expulsar Blackwater del país; el primer ministro Nuri al-Maliki denunció
que su conducta fue “criminal.”
Al día siguiente, el Departamento de Estado ordenó que todos los funcionarios
estadounidenses no militares permanecieran en la Zona Verde, y se suspendieron
todos los convoyes diplomáticos. El gobierno iraquí, actuando como si estuviera
en control del país, anunció que iba a iniciar procedimientos criminales contra
los agentes de Blackwater responsables por los asesinatos. “No permitiremos que
asesinen a los iraquíes a sangre fría,” dijo Maliki. “Hay tensión e ira entre
los iraquíes, incluyendo el gobierno, a raíz de ese crimen.”
Pero deshacerse de Blackwater no será fácil. Cuatro días después de retirarla
de servicio, Blackwater estaba de nuevo en las calles de Irak. Después de todo,
Blackwater no es una compañia de seguridad cualquiera en Irak; es la compañía
mercenaria más importante de la ocupación estadounidense. Asumió ese papel
durante el verano del 2003 después de recibir un contrato de $27 millones para
proteger al embajador Paul Bremer, el primer director del Gobierno Provisional
de Coalición. Desde entonces, ha protegido la vida de todo embajador, de John
Negroponte a Ryan Crocker. También protege a la secretaria del Estado Condolezza
Rice y a las delegaciones del Congreso cuando viajan al país. Desde el contrato
original, el Departamento del Estado le ha dado más de $700 millones en
contratos para la “seguridad diplomática” en Irak.
La influencia política que tiene Blackwater en Estados Unidos ha sido una
pieza clave de su éxito. El dueño es Erik Prince, un solitario derechista
evangélico cristiano que ha sido uno de los principales financieros de las
campañas de George W. Bush y sus aliados. Los directores más altos de la
compañía incluyen a J. Cofer Black, el ex funcionario de la CIA que estuvo a
cargo del programa de rendición extraordinaria y dirigió la búsqueda de Osama
bin Laden después del 11 de septiembre (y que actualmente es el asesor principal
en cuestiones del antiterrorismo del candidato republicano a la presidencia Mitt
Romney), y Joseph Schmitz, quien fue inspector general del Pentágono bajo el
mando de Donald Rumsfeld.
Blackwater está tan metida en el aparato estadounidense en Irak que el
incidente de la plaza Nisour ha provocado una crisis tanto práctica como
política para la ocupación. Ahora que el nombre de Blackwater se conoce (y se
odia) en todo Irak, los guardaespaldas pueden convertirse en blanco de ataque de
la resistencia y quizás correr más peligro que los funcionarios que deben
proteger. Esto hará que su trabajo sea mucho más difícil. Pero más allá de esas
preocupaciones de seguridad están las preocupaciones políticas, ya que la
presencia de Blackwater en las calles de Irak unos días después de que Maliki
exigiera su expulsión queda como un símbolo contundente de la falta de soberanía
iraquí.
Estados Unidos le ha estado presionando mucho a Maliki para que retractara su
demanda inicial. Rice le llamó inmediatamente para ofrecer profusas disculpas,
pero también enfatizó públicamente “la necesidad de proteger a nuestros
diplomáticos”. Unos días después, Tahseen Sheikhly, un representante del
gobierno de Maliki, declaró: “Si expulsamos inmediatamente a esta compañía,
habrá un vacío de seguridad que creará un desequilibrio muy grande en la
seguridad del país.” Después de la carnicería del 16 de septiembre, esa
declaración es un poco difícil de comprender.
Maliki aceptó postergar su decisión final sobre Blackwater hasta la
conclusión de una investigación estadounidense-iraquí sobre el incidente. Si al
final accede a Washington y decide tolerar la presencia de Blackwater, las
consecuencias políticas serán muy graves. Entre los que exigen la expulsión de
la compañía está Muqtada al-Sadr. Una capitulación de parte de Maliki podría
debilitar su tenue dominación del gobierno y reforzar la percepción generalizada
de que es simplemente un títere de la ocupación estadounidense. Claramente
consciente de eso, Maliki dijo, en su visita a EEUU una semana después del
incidente, que la situación “es un desafío muy grave a la soberanía de Irak” que
“no debe aceptarse.”
En Bagdad hay una determinación muy grande para llevar a la justicia a los
autores de la matanza de la plaza Nisour. Un equipo de investigación iraquí
compuesto de funcionarios de los ministerios del Interior, Seguridad Nacional y
de Defensa dijeron en un reporte preliminar que “el asesinato a sangre fría de
ciudadanos en la zona de Nisour de parte de Blackwater se considera una acción
terrorista contra civiles como cualquier otra operación terrorista.” Pero los
investigadores iraquíes dicen que han recibido escasa o ninguna información del
gobierno estadounidense y que se les negó hablar con los agentes de Blackwater
involucrados. Un funcionario estadounidense dio la impresión de menospreciar la
validez de la investigación iraquí cuando le dijo al New York Times:
“Sólo tenemos la investigación conjunta con los iraquíes.”
Aún así, los iraquíes anunciaron su intención de presentar cargos criminales
contra los agentes involucrados, y el informe añadió: “Los criminales se
presentarán ante el sistema de justicia iraquí.” Abdul Sattar Ghafour Bairaqdar,
miembro del Supremo Consejo Judicial de Irak, el tribunal más alto del país,
dijo recientemente: “La compañía está sujeta a las leyes de Irak, el crimen se
cometió en territorio iraquí y el sistema judicial de Irak es responsable por
este caso.”
Desafortunadamente, las cosas no son tan sencillas.
El 27 de junio del 2004, un día antes de que Paul Bremer se escabullara de
Bagdad, emitió un decreto conocido como la Orden 17, que les da impunidad amplia
a los contratistas privados que trabajan para EEUU en Irak y efectivamente
prohíbe que el gobierno iraquí los enjuicie en los tribunales iraquíes. La fecha
de ese decreto da para pensar, ya que Bremer estaba saliendo del país a raíz de
una supuesta “transferencia de soberanía” al gobierno de Irak.
Un poco después de la matanza de Nisour, Maliki dijo que quería cambiar la
Orden 17 y permitir que los tribunales iraquíes enjuicien a los contratistas por
actividades criminales. Es posible también que el parlamento iraquí apruebe una
ley que la anula. Michael Ratner, presidente del Centro pro Derechos
Constitucionales, caracteriza la Orden 17 como una clara violación de la
soberanía iraquí, pero señala que contiene una disposición que le permite a EEUU
suspender la inmunidad de individuos. Ratner dijo: “Como primer paso, Irak
podría pedir que el gobierno de EEUU suspenda la inmunidad de los individuos
involucrados en los asesinatos” --admitió que tal decisión estadounidense es
poco probable-- “ya que podría asustar a otros contratistas privados”. Dijo
también que dicha inmunidad es parte de la estrategia de Washington de usar
compañías privadas como Blackwater para impedir ataques de la resistencia contra
las fuerzas de ocupación. “Nada de eso es por casualidad; su propósito es
brutalizar y sembrar terror en la población iraquí – por eso están de nuevo en
las calles.”
Robert Baer, ex agente de la CIA, dice que la solución más fácil para EEUU
sería revocar la Orden 17. Preguntó: “Y nosotros, ¿permitimos que los agentes
privados de seguridad de la embajada iraquí manejan a toda velocidad por las
calles de Washington o Nueva York, apuntando las metralletas por las
ventanillas, para prevenir los secuestros de coches? Efectivamente, eso haría
cerrar a las compañías privadas de seguridad. No hay ninguna razón porque el
Departamento del Estado no pueda proveer su propia seguridad.” Añadió que los
agentes de seguridad del Departamento del Estado gozan de inmunidad diplomática,
pero en el caso de algún tiroteo dudoso, el gobierno de Irak tendría la opción,
de acuerdo a la convención de Viena, de expulsar a los autores del crimen.
La discusión sobre la Orden 17 es importante pero en la práctica puede ser un
caso perdido, ya que es difícil imaginar que el gobierno de EEUU permita el
procesamiento en tribunales iraquíes de fuerzas de seguridad privadas
estadounidenses. Representantes de la industria dicen que en las situaciones
donde supuestamente los contratistas hayan cometido algún crimen o actuado de
manera indebida, Washington les ha dicho que deben sacar de Irak inmediatamente
a los individuos involucrados. Hace poco, un contratista le dijo al
Washington Post: “Desde un principio, siempre nos dijeron que si por
alguna razón algo pasara y los iraquíes querían juzgarnos, nos esconderían en un
coche a medianoche para sacarnos del país.”
Eso es precisamente lo que pasó tras un incidente en la Nochebuena, cuando un
agente de Blackwater fuera de servicio supuestamente disparó y mató al
guardaespaldas iraquí del vicepresidente Adil Abdul-Mahdi dentro de la Zona
Verde. Los funcionarios de Blackwater confirmaron que al agente se le sacó del
país a toda prisa para su protección y según órdenes de Washington. Los
funcionarios iraquíes calificaron la muerte de un “homicidio”.
Blackwater dice que le despidió al contratista, pero todavía no se le ha
acusado públicamente de ningún crimen. El representante Dennis Kucinich, del
comité para la Supervisión y la Reforma del Gobierno, sugirió que “existe la
posibilidad de que los altos funcionarios (de Blackwater) sean cómplices por
ayudarle a escapar de la justicia a una persona que cometió un homicidio.” Según
un memorándum de la embajada estadounidense a la secretaria de Estado Rice
después del homicidio, Abdul-Mahdi intentó callar la noticia porque consideraba
que “los iraquíes no iban a comprender por qué un extranjero pudiera matar a un
iraquí y regresar impune a su país.”
Aunque se puede debatir si o no se debe procesar a fuerzas privadas en
tribunales iraquíes, existen mecanismos legales para procesarlas en los
tribunales estadounidenses por los crímenes cometidos en Irak. Sin embargo, para
eso el Departamento de Justicia de Bush tendría que presentar las acusaciones, y
eso no ha pasado. Los contratistas estadounidenses tienen un lema: ”Lo que aquí
pasa, aquí se queda.”
La mayoría de la atención mediática surgida de los asesinatos del 16 de
septiembre se centra en la crisis actual, pero no es una situación nueva. Sólo
en los últimos 9 meses, agentes de Blackwater han estado involucrados en varios
incidentes fatales que provocaron protestas del gobierno iraquí.
Está el incidente de Nochebuena y, después, en mayo, los agentes de
Blackwater participaron en dos acciones mortales en un barrio de Bagdad cerca
del Ministerio del Interior. En un incidente los agentes de Blackwater
dispararon a un vehículo iraquí que, según ellos, se había aproximado demasiado
al convoy, y mataron al conductor civil. Al igual que el incidente del 16 de
septiembre, los testigos afirman que no se los provocó. En el subsiguiente caos,
los agentes de Blackwater, según se dice, se negaron a dar sus nombres ni los
detalles del incidente a los oficiales iraquíes, lo que provocó una
confrontación tensa entre las fuerzas de Blackwater y las fuerzas iraquíes, las
dos armadas con fusiles automáticos. Podría haber sido aún más sangriento si no
fuera por la intervención de un convoy militar estadounidense que pasaba por
ahí. Y un día antes, casi en el mismo barrio, los agentes de Blackwater se
encontraron en medio de otra confrontación de casi una hora, entre las fuerzas
militares estadounidenses y las iraquíes, con un saldo de al menos cuatro
iraquíes muertos. Las fuentes estadounidenses dijeron que las fuerzas de
Blackwater “cumplieron con su trabajo,” evitando que se mataran a los oficiales.
Los funcionarios iraquíes afirman que en solo un año, Blackwater se ha
involucrado en seis incidentes mortales, incluyendo el del 16 de septiembre, con
un saldo de diez iraquíes muertos. Un funcionario iraquí dice que Blackwater
tiene “una trayectoria criminal”. Miremos, por ejemplo, el tiroteo del 4 de
febrero que mató a Hana al-Ameedi, un periodista iraquí, cerca del Ministerio de
Relaciones Exteriores; otro el 7 de febrero en que murieron tres guardias a la
entrada de las oficinas de televisión estatales; uno el 9 de septiembre en que
cinco iraquíes murieron cerca de un edificio del gobierno de Bagdad; y un
tiroteo el 12 de septiembre que dejó a cinco iraquíes heridos en el este de la
ciudad.
Se informa que funcionarios de EEUU y de Irak discutieron la impunidad de
Blackwater meses antes del incidente de septiembre. El ministro del Interior
Hussein Kamal dijo: “Intentamos contactarle al gobierno estadounidense varias
veces por vías administrativas y diplomáticas para protestar la implicación de
Blackwater en repetidos incidentes que resultaron en la muerte de muchos
iraquíes.” Sin embargo, Mirembe Nantongo, portavoz de la embajada
estadounidense, dijo: “No tenemos en nuestros archivos ningún documento oficial
en que nuestros colegas iraquíes soliciten clarificación de ningún incidente.”
Esta afirmación la contradijo otro funcionario, Matthew Degn, hasta agosto el
enlace con el ministro del Interior, que declaró al Washington Post que
mucho antes del 16 de septiembre los funcionarios iraquíes les mandaron una
serie de memorandos a Blackwater y a los altos funcionarios estadounidenses, y
que estos rechazaron las peticiones de tomar acción. Dijo: “Tuvimos varias
discusiones (con el gobierno de Irak) sobre su frustración con Blackwater, pero
cada vez que (los iraquíes) le contactaron al gobierno (estadounidense), no se
llevó a nada.”
La indignación del gobierno de Irak se podría entender incluso si el único
incidente que implicaba a Blackwater fuera el de la plaza Nisour – y más aún si
se tomaran en cuenta las acciones del año pasado. Pero se trata de un patrón de
cuatro años que va mucho más allá de una sola compañía. El sistema de “seguridad
privada”, que recibe miles de millones de dólares de los contribuyentes, no sólo
continúa operando a pesar de los abundantes abusos, sino que ha prosperado.
Blackwater y las otras compañías de esa calaña funcionan en un mercado de
demanda, y, dado que las fuerzas armadas estadounidenses se han estirado al
máximo, esa demanda va en aumento. Según la Oficina de Contabilidad del
Gobierno, hay hasta 180 empresas mercenarias en Irak que emplean a decenas de
miles de personas. Si no fuera por la ocupación y los fondos proporcionados
continuamente para la guerra, esas compañías no estarían en el país.
A pesar de que este escándalo se debe a un sistema y no a una compañía o
“unos malos individuos” en particular, Blackwater destaca por su importancia. No
hace falta la competencia de otras compañías inglesas o estadounidenses en la
región, pero esas compañías no han tenido el impacto en los acontecimientos de
Irak que ha tenido la compañía de Carolina del Norte. El objetivo principal de
Blackwater en Irak, y es muy eficaz en esto, es mantener vivos, a como dé lugar,
a los oficiales estadounidenses más odiados de la ocupación. Ese objetivo ha
favorecido acciones que ponen la vida de los estadounidenses en un plano
infinitamente más alto que la de los civiles iraquíes, incluso en situaciones
donde el único crimen iraquí es haber conducido demasiado cerca al convoy de una
personalidad protegida por los guardias de Blackwater.
Las acciones de Blackwater no han encolerizado solamente al gobierno de Irak
y la población civil. El coronel Thomas Hammes, que en un tiempo supervisó la
creación de un nuevo ejército iraquí, describió sus encuentros con los guardias
de Blackwater cuando llevaba a iraquíes en el vehículo: “A la fuerza nos hacían
salir de la carretera. Nos amenazaban e intimidaban”. Añadió: “Estaban
cumpliendo con su trabajo; hacían exactamente lo que se les paga por hacer y de
la misma manera que se les paga por hacerlo, y estaban haciendo enemigos en cada
vuelta por la ciudad.” Al final, Hammes concluyó: “Están dañando nuestro trabajo
de contrainsurgencia.”
Al mismo tiempo que se informaba mundialmente sobre el incidente del 16 de
septiembre en Bagdad, estalló en Estados Unidos otro escándalo relacionado a
Blackwater. Se publicaron acusaciones de que ciertas armas que Blackwater llevó
a Irak pudieran haber acabado en manos de los militantes curdos del PKK, que el
Departamento del Estado ha declarado una “organización terrorista extranjera.”
Una carta del representante Henry Waxman al inspector general del departamento
de Estado Howard Krongard, fechada el 18 de septiembre, afirma que Krongard
obstruyó una investigación federal para ver si Blackwater “pasaba armas a Irak
de contrabando ilegal”. Waxman acusó a Krongard de operar de una manera
partidista y de tener lazos muy estrechos con la administración de Bush*. Waxman
citó un correo electrónico en julio en que Krongard les ordenó a sus empleados
“parar INMEDIATAMENTE” su cooperación con el fiscal federal que investigaba
Blackwater hasta que Krongard pudiera hablarle. Waxman dijo que las acciones de
Krongard causaron un “retraso de varias semanas” y que con la asignación
posterior de un enlace mediático en lugar de un investigador para ayudarle al
fiscal, Krongrad “impidió el avance de la investigación.” Por su parte,
Blackwater niega cualquier “asociación o complicidad en actividades ilegales de
armas” y está cooperando con la investigación federal. Waxman ha anunciado que
convocará una audiencia sobre el asunto en octubre.
Al igual que Krongard, el Departamento del Estado ha respondido a la
creciente investigación de Blackwater con bloqueos y evasivas. De hecho, el
abogado de Blackwater le dijo al Comité para la Supervisión y la Reforma del
Gobierno, que preside Waxman, que el Departamento de Estado ordenó a la compañía
“no divulgar ninguna información” sobre el contrato de seguridad en Irak sin una
autorización escrita. Cuando Waxman protestó contra eso, el departamento
especificó que esa restricción se aplicaba sólo a la información secreta.
Waxman, por su parte, está buscando respuestas del jefe máximo: Mandó una carta
al director ejecutivo de Blackwater, Erik Prince, en que solicita que vaya a la
audiencia. Waxman le dijo a Prince: “Por un lado, se examinará si la fuerte
dependencia del gobierno en las compañías privadas de seguridad beneficia a los
intereses estadounidenses en Irak. Por el otro, se examinará si las acciones
específicas de su compañía han favorecido o impedido los esfuerzos
estadounidenses.”
Esas son buenas preguntas. Pero es lamentable que al Congreso le costó cuatro
años de la guerra más privatizada de la historia del país para levantarlas. La
última vez que se le invitó a Prince a comparecer ante del Congreso, mandó a su
abogado. Esta vez Waxman podría optar por aprovechar la autoridad de un
citatorio. Como por fin les ha quedado claro a unos miembros del Congreso, con
los contratos de guerra no sólo se juegan cuestiones del despilfarro de dinero
de los contribuyentes. Se juegan la vida y la muerte. Y ese es un precio
demasiado alto para dejar que Prince o sus amigotes lleven la batuta, y mucho
menos que disparen otros tiros.
*Nota del traductor: El inspector general, aunque es parte del Departamento
de Estado, tiene la autoridad de hacer investigaciones independientes
relacionadas al trabajo del departamento.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
