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22 de febrero del 2009
EEUU: Robo de identidad, pretexto para deportaciones expeditas
Por MARK SHERMAN
AP
Ignacio Carlos Flores, un mexicano indocumentado, tomó una decisión tan rara
como inapropiada: Después de trabajar seis años bajo un nombre falso, decidió
usar su nombre verdadero y consiguió documentos nuevos, pero falsos.
El cambio llamó la atención a sus patrones, que llamaron a las autoridades.
Los números de sus documentos viejos eran inventados, pero los nuevos
correspondían a gente real. Los fiscales dijeron que eso era suficiente para
acusarlo de robo de identidad, un delito mucho más grave que el de usar
documentos falsos.
La Corte Suprema escuchará el miércoles los argumentos de fiscales, que están
apelando una ley nueva diseñada para combatir el robo de identidad.
En al menos un centenar de casos ventilados el año pasado, personas
indocumentadas acusadas de violaciones a las leyes de inmigración debieron
responder al cargo de robo de identidad, pese a que no había nada que indicase
que estaban al tanto de que los números empleados en sus documentos no habían
sido inventados, sino que pertenecían a los de personas reales.
El robo de identidad conlleva una condena mínima, obligatoria, de dos años de
prisión. El gobierno estadounidense está recurriendo a ese cargo para convencer
a las personas de que se declaren culpables de acusaciones menores y acepten una
deportación pronta. Muchas de las personas acusadas de ese delito fueron
detenidas durante redadas en sitios de trabajo.
Los jueces deberán responder a un interrogante: ¿Es relevante el que una
persona sepa o no que las identificaciones falsas que usa pertenecen a
alguien?
El gobierno y las agrupaciones que defienden los derechos de las víctimas de
estos robos dicen que no. "Los trastornos que sufre la vida de la víctima son
los mismos", afirmó el abogado de Los Angeles Stephen Masterson en un informe
preparado para las víctimas.
En el otro extremo, Flores y más de 20 organizaciones defensoras de los
derechos de los inmigrantes, abogados y expertos en temas de privacidad aducen
que la ley aprobada por el Congreso en 2004 apuntaba a los casos en los que
alguien consigue acceso a información privada de las personas para retirar
dinero de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
Distintos estudios estiman que más de ocho millones de personas sufren el
robo de identidad cada año en Estados Unidos.
Flores admite que usó documentos falsos para poder trabajar en una planta
siderúrgica de East Moline, Illinois, pero asegura que "no tuvo la intención de
robarle la identidad a nadie", según la presentación de su abogado. El mexicano
viajó a Chicago y se puso en contacto con alguien que vendía documentos
falsos.
De haber sido pillado usando el nombre de otro y los números correspondientes
a ese nombre, hubiera podido ser acusado de un delito más grave.
Tribunales de apelaciones de San Luis, Atlanta y Richmond (Virginia) fallaron
a favor del gobierno en casos de este tipo, mientras que tribunales de Boston,
San Francisco y Washington, D.C., lo hicieron a favor de los acusados.
El uso del cargo de robo de identidad en casos de inmigración se puso en
evidencia el año pasado, luego de una redada en una planta empacadora de carne
de Postville, Iowa. Las autoridades acusaron a 270 de las personas detenidas en
esa ocasión de robo de identidad.
Chuck Roth, director de litigación del Centro Nacional de Justicia para los
Inmigrantes, con sede en Chicago, dijo que el cargo era un instrumento de
presión para hacer que la gente se declare culpable de delitos menores. Eso fue
lo que hicieron los 270 acusados de Postville, quienes además se comprometieron
a no resistir su deportación.
Otras 100 personas detenidas en la misma redada usaban números que no
pertenecían a nadie y fueron acusadas de delitos menores, que difícilmente
deriven en su deportación.
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