Planean centenares de arrestos
Indocumentados de Colorado en la mira
EFE
14 de noviembre de 2008
DENVER - Un alguacil del norte de Colorado confirmó el viernes que las
investigaciones sobre denuncias de robo de identidad podrían llevar al arresto
de hasta 1.300 inmigrantes presuntamente indocumentados desde ahora y durante el
2009.
Verifican datos
Según el alguacil John Cooke, del condado Weld, los arrestos - hasta el
momento 13- se deben a que "los inmigrantes ilegales están usando al Servicio de
Rentas Internas (IRS) para obtener reembolsos de impuestos por trabajos que no
deberían haber tenido en primer lugar".
En rueda de prensa, Cooke confirmó que hace dos días comenzó el Operativo
Juegos de Números, con la colaboración de la fiscalía de distrito y de agentes
de distintas agencias federales, para poner fin a un "complicado esquema de robo
de identidad que le costó al gobierno $2.7 millones".
Cooke dijo que el pasado 13 de agosto la policía de la localidad de Greeley
detuvo a Servando Trejo, un inmigrante mexicano buscado en Texas por haber usado
un número de seguro social que no le correspondía.
Decenas de casos
Al ser interrogado, Trejo habría dicho que él adquirió ese número en Texas en
1995 cuando ingresó a Estados Unidos y que lo incluyó desde hace cuatro años en
su declaración de impuestos, que este año completó utilizando los servicios de
una empresa hispana local.
El 17 de octubre, las autoridades incautaron los archivos de Amalia's
Translation and Tax Services, en Greeley, y encontraron "numerosos casos de
documentos de identidad sospechosos".
Cooke indicó que con esa información se procedió al arresto de trece
individuos en los últimos dos días y que "se esperan más detenciones este fin de
semana, en lo que resta del año y durante gran parte del 2009".
Proceso lento
El lento paso de las investigaciones, explicó el funcionario, se debe a que
la Administración del Seguro Social provee cada semana la verificación de sólo
diez nombres de los 1,300 ahora investigados por Cooke y por el fiscal de
distrito Ken Buck.
"Y lo único que nos dicen es si el número es válido o ficticio, pero no a
quién realmente le pertenece ese número", comentó Buck.
La fiscalía y el alguacil del condado Weld incrementaron sus investigaciones
sobre robos de identidad tras la redada del Servicio de Inmigración y Aduanas
(ICE) el 12 de diciembre del 2006 en el frigorífico Swift de Greeley.
En esa ocasión, 262 trabajadores fueron detenidos y luego, en enero del 2007,
formalmente acusados de usar documentos que no les pertenecían. Los trabajadores
que no fueron condenados a prisión por el crimen de robo de identidad fueron
deportados.
¿Piensa usted que la promesa de un debate de reforma migratoria en 2009 frene
la planificación y ejecución de redadas de indocumentados? Comente aquí.
Dato desconocido
Buck reconoció que "no se sabe" cuántos de los 1.300 archivos de impuestos
incautados en las oficinas de la empresa hispana "contienen números de seguro
social inválidos, pero dijo que la fiscalía está trabajando con ICE para que se
determine si cada una de esas personas está legalmente en el país.
Según Buck, los sospechosos serían indocumentados que "por medios
fraudulentos obtenían el número de identificación personal de impuestos (ITIN)
del IRS para luego recibir hasta $2 mil de reembolso de impuestos".
Pero, según la página de Internet del IRS, el número ITIN se otorga
precisamente para "los extranjeros y para otras personas que tienen que cumplir
con la declaración federal de impuestos y que no califican para obtener un
número de seguro social".
No son elegibles
El formulario W-7 del IRS, que se usa para obtener el ITIN, indica que
recibir este número no hace que el solicitante sea elegible para reembolsos
impositivos.
La discrepancia entre las declaraciones del fiscal Buck y la información
oficial del IRS provocó una dura reacción por parte de John Bach, un empresario
hispano de Greeley y fundador de Colorado HUG, una organización de ayuda a
adolescentes.
"Este es un claro ejemplo del gobierno federal diciendo una cosa y haciendo
otra", declaró Bach.
Decaen esperanzas
Por su parte, Fidel "Butch" Montoya, dirigente de la Coalición de Colorado
por los Derechos de los Inmigrantes, opinó que la referencia del alguacil a que
los operativos continuarán en el 2009 "contradice las esperanzas de quienes
creían que una nueva administración podría fin a estas redadas".
Para Montoya, resulta "muy problemático que se esté investigando precisamente
a personas que quieren cumplir con la ley".
"Más que una investigación es intimidación", expresó.
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