Órdenes ejecutivas peligrosas
De David Swanson
27 de enero de 2009
AfterDowningStreet.org
El Centro para los Derechos Constitucionales ha expresado su preocupación por
el hecho de que la orden ejecutiva de prohibición de la tortura, dictada por el
presidente Obama, podría contener alguna laguna jurídica. Pero el quid de la
cuestión es que ningún presidente tiene derecho a declarar la tortura legal o
ilegal, tanto con lagunas jurídicas como sin ellas. Porque si consentimos que
los presidentes ejerzan semejante poder, entonces aún cuando el nuevo presidente
haga un buen uso del mismo, la existencia o no de lagunas jurídicas ser la
menor de nuestras preocupaciones.
La tortura es y ha sido ilegal desde hace mucho tiempo en todos los casos,
sin excepciones. Está prohibida por nuestra Carta de Derechos, por la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra relativo
al trato debido a los prisioneros de guerra, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Sección 2340 A del Título 18 del Código de
Estados Unidos. Nada de lo que un presidente pueda hacer puede cambiar este
estado de cosas sea para reinstaurarlo, atenuarlo o reforzarlo, en ningún
sentido.
La prevención de la tortura no requiere de nueva legislación por parte del
Congreso o de nuevas órdenes por parte del presidente. Tan sólo requiere que se
apliquen las leyes existentes. De hecho, la adherencia a la Convención contra la
Tortura, que en virtud del artículo VI de nuestra Constitución es ley vigente de
los EE.UU., requiere que se procese penalmente a los torturadores y a cualquiera
que haya sido cómplice de un delito de tortura.
Gran parte de los aparentemente nobles pasos adoptados por el Congreso en los
últimos años, y por el presidente Obama en su primera semana, han servido para
enmascarar el hecho de que la tortura siempre ha sido, todavía es y seguir
siendo ilegal.
En 2005, John McCain lideró la presentación de la Enmienda McCain sobre
Detenidos a la Ley de Presupuestos de Defensa de 2005, que fue aprobada por el
Congreso y firmada por el presidente Bush. Ésta fue otra ley más que prohibía la
tortura. No era necesaria, pero no hacía ningún mal, ¿no es cierto? Incorrecto.
La aprobación de leyes como ésta sirven para crear la ilusión de que la tortura
había sido legal con anterioridad. Y eso posibilita que la nueva ley permita
excepciones. De hecho, McCain dejó la mayor laguna jurídica especialmente para
la CIA. Y con eso ya se habría infligido suficiente daño, si no fuera porque el
presidente Bush adjuntó una aclaración en el momento de la firma [*] lanzando la
prohibición entera de la tortura por la ventana. Así, con el Congreso intentando
prohibir la tortura y el presidente eliminando la prohibición, apenas se puede
culpar a la gente por haber creído que la tortura era legal.
El presidente Bush también firmó órdenes ejecutivas y mandó la elaboración de
informes de doctrina jurídica declarando que la tortura era legal. La nueva
orden del presidente Obama revoca la anterior de Bush, pero Obama no tiene más
derecho a deshacer la legalización de la tortura del que tuvo Bush a legalizarla
para empezar. Sólo el Congreso tiene o debería tener el poder de legislar. La
nueva orden de Obama exige la adherencia a las leyes, antes que proclamar el
derecho a violarlas, y sin embargo existe una gran distancia entre publicar una
orden exigiendo la adherencia a las leyes y hacer cumplir las leyes mediante la
imputación de los infractores.
La misma orden que el presidente Obama utiliza para prohibir la tortura
también ordena el cierre de todos los campos de detención de la CIA.
Instalaciones cuya creación el Congreso nunca autorizó para empezar. Ordenar su
clausura es lo correcto. Pero si el presidente puede dar la orden de cerrarlas,
entonces, ¿qué‚ impide que otro presidente d‚ la orden de reabrirlas? La
respuesta debería ser todos los tratados y las leyes que serían infringidos.
En gran parte, la orden ejecutiva de Obama ordena al gobierno que deje de
quebrantar ciertas leyes. Pero al hacer esto, antes que reforzarlas, el nuevo
presidente las erosiona casi hasta el extremo de volverlas inexistentes. Puesto
que, ¿qué poder tiene una ley de dirigir el comportamiento si nunca se hace
respetar? ¿Qué poder disuasivo puede tener una ley cuya violación simplemente
provoca la orden formal de empezar a obedecerla? ¿Y qué estatus se supone que
hemos de atribuir a otras leyes violadas para las que no se han promulgado estas
órdenes de acatamiento formales?
Antes que elegir ciertas órdenes ejecutivas inconstitucionales o
declaraciones en el momento de la firma de Bush para revocar, dejando otras en
aparente necesidad de ser revocadas, el presidente Obama debería anunciar,
simplemente, que no considerar ninguna orden o declaración anteriores que
afirmen el derecho a legalizar lo que es ilegal. Y el nuevo fiscal general
debería nombrar a un fiscal especial para imputar y procesar al antiguo
presidente, al vicepresidente y a todos los altos funcionarios que violaron las
leyes.
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[*] Nota de traducción: Una “aclaración” o “declaración’ en el momento de la
firma, signing statement en inglés, no es una figura legal sino una
controvertida práctica del presidente de los EE.UU., mediante la cual éste, en
cuanto jefe del poder ejecutivo, se reserva la prerrogativa de interpretar de
una determinada manera la ley aprobada por el legislativo que se le presenta
para su firma.
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David Swanson es el autor de un libro que está a punto de salir: Daybreak:
Undoing the Imperial Presidency and Forming a More Perfect Union en Seven
Stories Press y de la introducción a The 35 Articles of Impeachment and the Case
for Prosecuting George W. Bush publicado por Feral House y disponible en
Amazon.com. Swanson tiene una maestría en filosofía por la Universidad de
Virginia. Ha trabajado como reportero periodístico y director de comunicaciones
y ocupado diferentes puestos, entre los que se incluyen, el de secretario de
prensa de la campaña presidencial de Dennis Kucinich en 2004, coordinador
mediático con la International Labor Communications Association y tres años de
coordinador de comunicaciones con ACORN, la Association of Community
Organizations for Reform Now. Swanson es el cofundador de
AfterDowningStreet.org, el creador de ConvictBushCheney.org y director de
Democrats.com en Washington, miembro de la junta directiva de Progressive
Democrats of America, de Backbone Campaign y de Voters for Peace, miembro del
equipo de trabajo en asuntos legislativos de United for Peace and Justice y
convocante del equipo de trabajo sobre responsabilidad y denuncia de la misma
organización.
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