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Preparan un boicot contra las redadas
Continúan las detenciones en centros de trabajo en
Arizona
Más fuerza. Organizaciones proinmigrantes reinician sus actividades también
en LA. (CHRIS MARTÍNEZ/La Opinión)
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Servicios de La Opinión
10 de marzo de 2007
WASHINGTON, D.C. (EFE).— Una coalición de activistas proinmigrantes de
Estados Unidos anunció ayer un boicot nacional para el próximo 1 de mayo, a fin
de protestar contra las recientes redadas y deportaciones de inmigrantes
indocumentados.
Ayer mismo, por ejemplo, las autoridades federales allanaron una empresa en
Tucson, Arizona, acusada de contratar a inmigrantes indocumentados, tres días
después que agentes de inmigración detuvieran a más de 360 trabajadores en una
fábrica de artículos de cuero en New Bedford, Massachusetts.
Lauren Mack, portavoz de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas
(ICE), dijo que los agentes federales arrestaron a personas en el área de Sierra
Vista y Douglas, en Arizona, pero no informó cuántas fueron detenidas.
Tampoco fueron suministrados el nombre de la empresa, el tipo de negocio a
que se dedica, ni otros detalles. La fiscalía federal anunció que próximamente
dará detalles sobre la investigación realizada durante 16 meses.
Ante esa situación, líderes del Movimiento del 1 de Mayo han pedido que, en
el denominado Gran Boicot Estadounidense, Segunda Parte, los inmigrantes se
ausenten de los trabajos, escuelas o centros comerciales, como medida de presión
a favor de una reforma migratoria integral.
La movilización nacional —que equivale a un día sin inmigrantes— coincidirá
con la fecha en la que muchos países celebran el Día Internacional del Trabajo,
y tiene como objetivo destacar las contribuciones de la comunidad inmigrante a
la economía y tejido social y cultural de Estados Unidos.
En Massachusetts, la redada en la fábrica de productos de cuero provocó
fuertes críticas por los niños que quedaron abandonados en las escuelas y
centros de cuidado infantil, tras la detención de sus padres.
El gobernador Deval Patrick dijo que había una "crisis humanitaria".
Una madre fue localizada en Texas después de que su hijo de 7 años de edad
llamó a una línea de teléfono estatal creada para ayudar a reunir a las
familias.
Patrick expresó que la mujer volvería a Massachusetts junto a otra decena de
adultos detenidos durante el operativo.
Al menos 60 personas han sido ya liberadas por razones humanitarias, en su
mayoría porque los niños quedaron abandonados. Sin embargo, deberán presentarse
ante un juez de inmigración.
El gobernador dijo que las autoridades estatales habían recibido la lista
completa de los nombres, direcciones y fechas de nacimiento de los
detenidos.
Marc Raimondi, también portavoz de ICE, no realizó comentarios sobre el
anuncio de Patrick.
Las autoridades alegaron que la empresa, Michael Bianco Inc., de New Bedford,
empleaba a inmigrantes indocumentados para cumplir con la demanda de un contrato
militar por 91 millones de dólares para la fabricación de chalecos de seguridad
y mochilas.
Los agentes federales también allanaron el jueves un negocio de fiestas en el
sur de California y arrestaron a 11 trabajadores por transgredir las leyes de
inmigración.
Desde 2003, las autoridades han detenido a más de 800 personas que laboraban
sin permiso de trabajo.
Para el 1 de mayo se llevarán a cabo manifestaciones en todo el país,
incluyendo ciudades con alta concentración de inmigrantes.
Se ha mencionado a Los Ángeles y San Francisco, en California; Chicago,
Illinois; Boston, Massachusetts; Nueva York; San Antonio y Houston, Texas.
También en Seattle, Washington; Phoenix, Arizona; Detroit, Michigan, y el
estado de Rhode Island.
La coalición que organiza la protesta dijo en un breve comunicado que la
manifestación además responde a lo que percibe como una "creciente hostilidad"
hacia los trabajadores inmigrantes y "da continuidad a las protestas masivas del
año pasado" en contra de medidas antiinmigrantes.
Las protestas "demostrarán la creciente unión de los trabajadores extranjeros
en EU contra un enemigo común: el gobierno estadounidense", indicó la
coalición.
Las manifestaciones del año pasado, que pusieron el problema de la
inmigración indocumentada en la palestra nacional, estaban dirigidas
principalmente contra la legislación de carácter policial que patrocinó el
republicano James Sensenbrenner.
Esa medida, que fue aprobada sólo en la Cámara de Representantes, entonces
bajo control republicano, convertía en delincuentes a los inmigrantes
indocumentados y penalizaba a quienes los contratasen u ofreciesen servicios
sociales.
Los activistas quieren repetir el éxito de la convocatoria de las marchas del
año pasado que, aunque no lograron la aprobación de la reforma migratoria,
crearon conciencia entre los legisladores sobre la necesidad de corregir el
problema de quienes viven y trabajan en la sombra en este país.
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