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El Mundo no Puede Esperar organiza a las personas que viven en Estados Unidos para repudiar y parar el rumbo fascista iniciado durante el régimen de Bush y evidenciado en las ocupaciones asesinas, injustas e ilegítimas de Irak y Afganistán; la “guerra de terror” global de tortura, rendición extraordinaria y espionaje; y la cultura de discriminación, intolerancia y avaricia. A ese rumbo no le darán marcha atrás los líderes que nos instan a buscar puntos en común con fascistas, fanáticos religiosos e imperio. Solo es posible si la población forja una comunidad de resistencia –un movimiento independiente de grandes cantidades de personas—que, actuando en pro de los intereses de la humanidad, pone fin a dichos crímenes y demanda que se procese a los responsables por ellos.



Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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(Nuevo)
03-15-11

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Un llamamiento para poner fin a toda forma de rendición

Por Marjorie Cohn
10 de febrero de 2009
Jurist

Traducido del inglés para ¡El mundo no puede esperar!

Binyam Mohamed, un etíope residente en Gran Bretaña, dijo que fue torturado después de ser enviado a Marruecos y Afganistán en 2002 por el gobierno de los EE.UU.. Mohamed fue transferido a Guantánamo en 2004, y todas las acusaciones de terrorismo en su contra fueron retiradas el año pasado. Mohamed fue víctima de una rendición extraordinaria, en que una persona es secuestrada sin ningún procedimiento judicial y trasladada a un país extranjero para la detención y los interrogatorios, y a menudo torturada.

Mohamed y otros cuatro demandantes acusan al filial de Boeing Jeppesen Dataplan, Inc. de llevarlos en avión a otros países y campamentos secretos de la CIA, donde fueron torturados. En el caso de Mohamed, dos jueces británicos acusaron a la administración Bush de presionar al gobierno británico para que bloqueara la entrega de pruebas "pertinentes a las denuncias de tortura" de Mohamed.

En veinticinco líneas redactadas de los documentos del tribunal, se detalla que a Mohamed le cortaron los genitales con un bisturí y le aplicaron otras técnicas de tortura tan extremas que el submarino "está al fondo de la lista de lo que hicieron", según el funcionario británico citado por el Telegraph (Reino Unido).

La querella cita a un ex empleado de Jeppesen que dijo: "Nos encargamos de todos los vuelos de rendición extraordinaria - usted sabe, los vuelos de la tortura." Un alto funcionario de la empresa también admitió, al parecer, que la compañía transportaba a las personas a países donde serían torturados.

El lunes, unos funcionarios del Departamento de Justicia de Obama comparecieron ante un panel de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones acerca de la demanda Jeppesen. Pero en lugar de hacer una ruptura con las políticas oscuras del gobierno de Bush, la administración de Obama recurrió al mismo argumento de "secretos de estado" que Bush aprovechaba para bloquear la investigación de sus políticas de tortura y de espionaje ilegal. Es poco sincero afirmar que el programa de rendición extraordinaria es un secreto de estado, cuando se la ha documentado ampliamente en los medios de comunicación.

"Esta fue una oportunidad para que la nueva administración actuara conforme a su condena de la tortura y la rendición, pero al contrario ha optado por seguir el mismo rumbo", dijo Ben Wizner de la ACLU, el abogado de los cinco hombres.

Si los jueces aceptan el argumento de Obama sobre secretos de estado, se les negará a esos hombres su oportunidad de presentar su caso a los tribunales y cualquier posibilidad de recuperarse de los daños que sufrieron como consecuencia de la rendición extraordinaria.

Dos semanas y media antes de que el representante de Obama apareciera en el caso Jeppesen, el nuevo Presidente firmó la Orden Ejecutiva 13491, que estableció un grupo especial de trabajo para "estudiar y evaluar las prácticas de transferencia de personas a otras naciones, con el fin de garantizar que tales prácticas cumplan con las leyes nacionales, las obligaciones internacionales y las políticas de Estados Unidos, y que no resulten en el traslado de personas a otras naciones para ser torturado ni con el propósito, o el efecto, de socavar o eludir los compromisos u obligaciones de Estados Unidos en cuanto a garantizar el trato humano de las personas bajo su custodia o control."

Esa orden prohíbe la rendición extraordinaria. Además, garantiza el trato humano de las personas bajo la custodia o el control de EE.UU. Pero no garantiza específicamente que no se les tratará de una manera cruel, inhumana o degradante a los detenidos que Estados Unidos envía, aunque ese tratamiento no llega a ser tortura. Sin embargo, su propósito es garantizar que las prácticas de nuestro gobierno, al transferir a las personas a otros países, cumplen con las leyes y las políticas de EE.UU., y las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho internacional.

Una de esas leyes es el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, un tratado que Estados Unidos ratificó en 1992. El artículo 7 del Pacto prohíbe que los estados firmantes sometan a las personas "a la tortura ni al tratamiento o penas crueles, inhumanos, o degradantes." El Comité de Derechos Humanos, que es el organismo que supervisa el Pacto, ha interpretado que esa prohibición significa que no se puede exponer "a las personas al peligro de la tortura o de tratamiento o castigos crueles, inhumanos o degradantes cuando regresan a otro país por medio de la extradición, la expulsión o la devolución."

La orden 13491 también dice: "La CIA cerrará lo más rápidamente posible cualquier centro de detención que opera actualmente y no podrá operar ese tipo de centro de detención en el futuro". La orden no define el término "rápidamente" y la sección de definiciones de la orden dice que los términos "detención" y "centro de detención" no se refieren a las instalaciones utilizadas sólo para detener a la gente por un corto plazo o de forma transitoria. Una vez más, no define "a corto plazo" ni “transitorio".

En su audiencia de confirmación, el secretario de Justicia Eric Holder afirmó categóricamente que Estados Unidos no debe entregar a una persona a un país del cual tenemos razones para creer que será torturado. Leon Panetta, el nominado para ser director de la CIA, fue más específico y interpretó la Orden 13491 como una prohibición "a ese tipo de rendición extraordinaria en que enviamos a una persona para que sea torturado o para otro país tome acciones que violan nuestros valores humanos".

Al mismo tiempo, es preocupante que Panetta parecía abogar por el mismo estándar que utilizaba la administración Bush, la cual para marzo de 2005 supuestamente había realizado de 100 a 150 rendiciones extraordinarias. Después del 11 de septiembre de 2001, el Presidente Bush emitió una directiva clasificada que amplió la autorización de la CIA de entregar a otros estados a los sospechosos de terrorismo. El ex secretario de Justicia Alberto Gonzales dijo que la CIA y el Departamento de Estado recibieron garantías de que los reclusos serían tratados de manera humanitaria. Panetta dijo a los senadores: "Voy a pedir el mismo tipo de garantías de que no los tratarán inhumanamente".

González ha admitido, sin embargo: "No podemos controlar totalmente lo que ese país podría hacer. Claro que esperamos que un país, al cual hemos enviado a un detenido, cumpla con sus representaciones ante nosotros. Si me están preguntando si un país siempre cumple, no tengo una respuesta para eso."

La respuesta es no. El caso de Binyam Mohamed aparentemente es la punta del iceberg. Maher Arar, un canadiense nacido en Siria, fue detenido por las autoridades estadounidenses en Nueva York el 26 de septiembre de 2002, y transportado a Siria, donde fue brutalmente torturado durante meses. Arar usó una expresión árabe para describir el dolor que sufrió: "Se te olvida la leche que le alimentó el seno de su madre." Más tarde el gobierno canadiense le exoneró a Arar de  tener vínculos terroristas. En Italia detuvieron a trece agentes de la CIA por secuestrar a un egipcio, Abu Omar, en Milán y transportarlo a El Cairo, donde fue torturado.

Panetta dejó claro que la CIA seguirá usando la rendición para detener e interrogar a los sospechosos de terrorismo y transferirlos a otros países. Dijo: "Si capturamos a un prisionero de alto valor, creo que tenemos el derecho a detener esa persona temporalmente para poder interrogarle y asegurarnos que esté encarcelado debidamente". No aclaró cuánto tiempo es "temporalmente" ni qué significa “interrogar".

Cuando el senador Christopher Bond (R-Mo.) le preguntó acerca del uso de la CIA, durante la administración Clinton, para el traslado de presos a países donde fueron posteriormente ejecutados, Panetta respondió: "Creo que eso es un uso adecuado de la rendición." Jane Mayer, columnista de la revista New Yorker, ha documentado numerosos casos de rendición extraordinaria durante la administración Clinton, incluidos los casos en que los sospechosos fueron ejecutados en el país al cual Estados Unidos les había enviado. Una vez, cuando Richard Clarke, el principal asesor sobre la lucha contra el terrorismo del Consejo de Seguridad Nacional bajo el Presidente Clinton, "propuso un secuestro", el vicepresidente Al Gore dijo: "No es necesario pensarlo. Por supuesto, se trata de una violación del derecho internacional; por eso es una acción encubierta. El tipo es un terrorista. Agárrenlo."

El camino es corto entre la rendición ordinaria y la rendición extraordinaria. Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales, le dijo a Amy Goodman de Democracy Now!: "La rendición tiene que acabar. La entrega es una violación de soberanía. Se trata de un secuestro. Es fuerza y violencia ". Ratner preguntó si Cuba podría entrar en Estados Unidos y agarrar a Luis Posada, responsable de haber volado un avión comercial cubano en 1976, lo quemató a 73 personas. O si Estados Unidos podría ir a Cuba para secuestrar a Assata Shakur, que escapó de una acusación oficial de asesinato en Nueva Jersey. Es más, un ex funcionario de la CIA le dijo al Los Angeles Times: "La rendición en mayor parte no es muy productiva". Después de entregar a un detenido a las autoridades de Egipto, Jordania u otro país, la CIA tuvo muy poca influencia sobre el tratamiento a los prisioneros o si, en última instancia, fueron puestos en libertad o no.

El gobierno estadounidense debe revelar la identidad, el destino y el paradero actual de todas las personas que la CIA detuvo o envió a la custodia de otros países desde 2001. Quienes ordenaron la rendición deben ser enjuiciados. Y el grupo especial de trabajo debe recomendar, y Obama debe ponerse de acuerdo, un fin a todas las rendiciones.

Marjorie Cohn es profesora en la Escuela de Derecho Thomas Jefferson del Colegio Nacional de Abogados. Es autora de República Vaquera: Seis formas en que la Pandilla Bush ha desafiado la Ley y co-autora de Reglas para la Liberación: Las políticas y el Honor de la Disensión en el campo militar (junto a Kathleen Gilberd). Sus artículos pueden hallarse en http://www.marjoriecohn.com.


 

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